El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia y cuatro operadores de telecomunicaciones por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales de restringir las señales de comunicación en los establecimientos penitenciarios del país.
La decisión se produjo después de que las autoridades encontraran seis antenas de Starlink durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, junto con cientos de dispositivos electrónicos que no estaban autorizados.
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Luego, las verificaciones técnicas del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones del MinTIC identificaron conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
Por estos hallazgos, el Ministerio abrió una actuación administrativa contra Starlink Colombia S.A.S. para establecer si la compañía adoptó las medidas técnicas necesarias para impedir que su servicio facilitara comunicaciones no autorizadas desde estos centros de reclusión.
La cartera de Telecomunicaciones también formuló cargos contra Partners Telecom Colombia, Colombia Telecomunicaciones, Comunicación Celular COMCEL (que opera Claro en el país) y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones (Tigo), por el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en la cárcel La Picota.
¡NO MÁS SEÑAL PARA LOS DELINCUENTES DESDE LAS CÁRCELES!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 22, 2026
He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios.
El Estado de Derecho no puede… pic.twitter.com/B3SC7yioem
De acuerdo con el Ministerio, durante los operativos realizados en ese penal fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos.
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Con el anuncio de las indagaciones, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró desde su cuenta de X que impartió instrucciones para utilizar todas las herramientas legales y tecnológicas disponibles con el propósito de impedir que las personas privadas de la libertad continúen realizando actividades delictivas mediante comunicaciones desde las cárceles.
El mandatario señaló que las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente desde las prisiones deben ser desactivadas y que las conexiones satelitales no autorizadas deben ser restringidas. “La responsabilidad es de todos: operadores, MinTIC, INPEC, Ministerio de Justicia y Fuerza Pública”, aseguró.
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Las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones e incluso cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, dependiendo de las obligaciones incumplidas y de lo que se establezca en cada proceso.