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Tras revisar el informe, la Procuraduría General de la Nación encontró que varias de las respuestas resultaron poco claras e insuficientes frente a los puntos que fueron solicitados.
Para el Ministerio Público, en el documento no se detallaron las propuestas encaminadas a evitar una eventual liquidación de la compañía, ni se explicaron con precisión las razones que han motivado los cambios de agentes especiales desde el inicio del proceso de intervención por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Además, la Procuraduría señaló que el informe no especificó las medidas adoptadas para garantizar la continuidad administrativa, la coherencia en la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso durante los relevos en la interventoría.
Por esta razón, y de manera preventiva, las Procuradurías delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios pidieron nuevamente a la Superservicios informar si existe actualmente un plan estructurado de solución para AIR-E, encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Si la respuesta es afirmativa, la Procuraduría fue clara en pedir que se remitan los soportes técnicos y administrativos que respalden dicha propuesta.
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