Mediante un comunicado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que iniciarán una serie de inspecciones a las empresas prestadoras del servicio de gas, así como de los procesos de comercialización del recurso natural en el país.Por ello, la Superservicios realizará durante este viernes 7 y el lunes 10 de febrero, una inspección en la sede de la empresa Vanti, que fue la primera que anunció un aumento en las tarifas de gas natural de hasta un 36% por cuenta de la importación del recurso y los riesgos de desabastecimiento.“La entidad ha hecho y continuará haciendo los debidos requerimientos a las empresas prestadoras del servicio de gas domiciliario por redes y analiza los diferentes procesos relacionados con la contratación de gas por parte de las comercializadoras”, señala la entidad inspectora en su comunicado.Paralelo a esta inspección, la Superservicios se encuentra también en la sede de XM, operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, para verificar la implementación de los cambios regulatorios en las tarifas de energía.Estas inspecciones van en concordancia con la instrucción hecha por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas, Andrés Camacho, quienes sostienen que no hay riesgo de desabastecimiento de gas en el país durante 2025, que Ecopetrol puede garantizar el suministro y la demanda del recurso, así como una instrucción tanto a la Superservicios como a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investiguen las acciones de las empresas comercializadoras, que según ellos, están especulando con importar gas para aumentar las tarifas y afectar el bolsillo de los colombianos.
La polémica tasa para inversión en seguridad en Antioquia que a finales de 2024 fue aprobada por la Asamblea Departamental sigue generando controversia. Esta vez por cuenta de una circular externa de la Superintendencia de Servicios.En el documento la entidad cerró una vez más la posibilidad a que el tributo que pretende recaudar más del billón de pesos en tres años, sea recaudado vía factura de energía, como varios sectores opositores a esta iniciativa han sostenido.En la circular la entidad reiteró que los prestadores de estos servicios, como EPM, “no podrán incluir en la factura cobros distintos a los originados por la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios”.Además, que “la inclusión de cobros no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios deberá estar autorizada previamente de manera expresa y escrita por el suscriptor y/o usuario” y que en aquellos casos donde no hay un consentimiento expreso frente al cobro, los cargos adicionales “deberán totalizar por separado a fin de que el usuario o suscriptor pueda realizar el pago del servicio público domiciliario de manera independiente al pago de los otros conceptos”.Ante estas disposiciones inicialmente advertidas por EPM en una primera instancia, el gobernador manifestó que se buscarían otras alternativas para llevar a cabo este cobro.La tasa de seguridad que se cobrará solo esa estratos 4, 5 y 6 del departamento empezó a regir desde el 1 de enero y la adelanta Valor+, la dependencia del IDEA que cobra el impuesto vehicular en Antioquia. Sin embargo, se está a la espera de los registros de consumo de energía durante el primer mes del año para que lleguen las primeras facturas a usuarios que también pueden ser comerciales.Los recursos recaudados por esta iniciativa irán destinados a proyectos como la adquisición de equipos tecnológicos para la seguridad, el mejoramiento de estaciones de policía, la construcción de placas polideportivas y de una cárcel departamental de sindicados, entre otros.
La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó separar del cobro de las facturas de servicios públicos, los montos adicionales que son recaudados para pagos de impuestos o créditos, que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio cobrado.Para esto, a través de una circular externa expedida el pasado 17 de enero, la entidad declaró como “obligatorio” la totalización “por separado” de cada servicio extra que es cobrado a través de estas facturas, de tal modo que no podrá ser suspendido el servicio si no se cancelan estos conceptos adicionales. Esto, por ejemplo, implica un cambio relevante en el modo en el que procederá el cobro de facturas para los usuarios del servicio de Air-e, siendo que a estos les cobran mensualmente el impuesto de tasa de seguridad a través de dicha facturación. Es decir, será elección del usuario cumplir con este aporte, sin que el no pago del mismo comprometa la continuidad en la prestación del servicio de energía. Para el caso del recaudo del impuesto de alumbrado público, desde la SuperServicios se plantea que este puede ir como un concepto adicional en la factura de energía, pero que aún así, su no pago no puede ser causal de suspensión del servicio. Ante esto, plantean como posibilidad de que se sume como una sobretasa al impuesto predial. Esta situación podría generar un impacto en las dinámicas de recaudo que se manejan en varias zonas del país, incluyendo el departamento del Atlántico, ante el retiro de la obligatoriedad en el cumplimiento de estos pagos para evitar suspensiones.
La intervención de Air-e, la empresa encargada del servicio eléctrico en el Caribe colombiano, ha generado incertidumbre sobre su futuro. Con una administración temporal por parte del agente interventor Edwin Palma, designado por la Superintendencia de Servicios Públicos, se busca evitar su liquidación inmediata y encontrar alternativas que garanticen el suministro de energía a más de cinco millones de personas en Atlántico, Guajira y Magdalena.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, enfatizó la necesidad de establecer “reglas claras” para definir el camino de la compañía y destacó que la Gobernación está dispuesta a asumir un rol activo si es necesario.¿Cuál es la situación de Air-e?Según la Superintendencia, las pérdidas de Air-e para este año se estiman en 2 billones de pesos, atribuibles al robo de energía y la baja tasa de recaudo. Esta crisis ha llevado a revisar los modelos de gestión, tanto públicos como privados, que han sido implementados sin resultados satisfactorios en la región Caribe.“La situación es muy compleja. No podemos improvisar una solución si no tenemos cifras claras y un esquema definido por el Gobierno Nacional”, señaló el gobernador Verano, dejando claro que cualquier propuesta dependerá del apoyo y la coordinación con el Ejecutivo.El mandatario del Atlántico resaltó la importancia de que las gobernaciones de Atlántico, Guajira y Magdalena participen activamente en las discusiones sobre el futuro de Air-e. "Es nuestro máximo interés resolver el tema del servicio de energía eléctrica en nuestra región", afirmó Verano.La propuesta que se ha venido estructurando en conjunto con otros mandatarios de la región Caribe incluye la posibilidad de crear una empresa energética enfocada en la transición hacia energías renovables. "Creemos que es esencial promover energías como la solar y otras fuentes limpias, aprovechando el potencial de la región para liderar esta transformación", añadió.Finalmente, Eduardo Verano hizo énfasis en que la transición energética es fundamental no solo para superar la crisis actual, sino también para garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo. “Esta es una etapa compleja y difícil, pero también una oportunidad para establecer un modelo que permita resolver los problemas estructurales del servicio eléctrico en la costa Caribe”, explicó.Sin embargo, el gobernador advirtió que cualquier plan deberá ser precedido por una revisión detallada de las condiciones actuales de la empresa y las proyecciones de inversión necesarias. “Hasta ahora, todo está en manos de la Superintendencia, y necesitamos claridad en los criterios para poder construir el esquema que vendrá”, reiteró.
Este jueves se conoció que el Gobierno administrará Air-e hasta por un año, pero con el fin de liquidarla. Según la Superservicios, la administración temporal permitirá promover la recuperación de la empresa y que, durante todo este periodo, el agente interventor Edwin Palma será el encargado de administrar la compañía.Ante esta posición, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, propuso que la compañía regrese a lo público y que está dispuesto a intervenir si hay la necesidad.“No hemos sido partícipes del proceso de cómo se va a manejar Air-e hacia el futuro. Ojalá que nosotros nos den la oportunidad a futuro, de incluso, si es necesario, hasta de invertir. Yo creo que vamos a tener que regresar nuevamente lo público y si es necesario nosotros estamos dispuestos a invertir”, dijo Verano.El mandatario también se refirió al cobro de la tasa de seguridad que se hace a través de la factura de Air-e intervenida. Frente a esto señaló que insistirán ante la compañía de energía para que no sea retirado este cobro pues de hacerlo, el recaudo del impuesto se reduciría a la mitad y con ello, dijo, el número de obras e inversión en el departamento.
El Gobierno nacional, a través del agente interventor Edwin Palma, administrará a Air-e hasta por un año mientras se liquida a la compañía.La Superintendencia de Servicios Públicos tomó la decisión de establecer que la modalidad de toma de posesión de la empresa Air-e será con fines liquidatorios. Sin embargo, incluyó una etapa de administración temporal.Según el comunicado oficial de la entidad, el objetivo de esa administración temporal es que se ”dé la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.Esto quiere decir, en términos prácticos, que la compañía va a seguir operando como hasta ahora bajo la administración del agente interventor Edwin Palma.Durante esta etapa, Palma tiene el reto de garantizar el servicio de energía para la costa y de revertir una situación financieramente compleja.De acuerdo con los informes que le entregó Palma a la Superintendencia de Servicios Públicos, el año pasado Air-e perdió 1,4 billones de pesos y este año sus pérdidas podrían llegar a los 2,5 billones de pesos. El faltante de caja, hacia el año 2026, podría llegar a los 6 billones.Según el reporte, Air-e tiene un elevado endeudamiento y dificultades para generar caja de forma sostenible. Mientras tanto, las inversiones, serían insuficientes para garantizar la prestación del servicio.Lo que concluye la Superintendencia de Servicios Públicos es que “se observa la incapacidad de Aire para desarrollar su objeto social y prestar los servicios a su cargo”, conforme a la normativa que actualmente la rige. Por tanto, la referida empresa requiere una solución estructural e integral de corto y largo plazo.Este viernes el agente interventor y la Superintendencia de Servicios Públicos adelantarán una reunión con el Ministerio de Hacienda en la que, muy posiblemente, se va a hablar de cuánto puede destinar el Gobierno de Gustavo Petro a soportar o acompañar a Aire para que preste el servicio de electricidad en los próximos meses y así evitar que la mitad de la costa, incluida Barranquilla, se apague.
Este 5 de noviembre fue inscrita, ante el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, la “Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención”, la cual busca vigilar la ejecución correcta, legal, efectiva y oportuna de las acciones que se decidan para superar las causas que originaron dicha intervención por parte de la superintendencia de Servicios Públicos.La veeduría la conforman diferentes gremios del Atlántico y Magdalena, además de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico- Magdalena.Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico, habló sobre los puntos críticos que han identificado en el proceso de intervención y que deben ser priorizados. “La caja de la empresa es fundamental, es clave que el Gobierno nacional asegure los recursos para el buen funcionamiento de Aire, nutriendo el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. También el Gobierno nacional debe cancelar esas deudas que tiene por concepto de subsidios con la empresa y también mejorando los niveles de recaudo de la empresa. La compra de energía es otro de los temas críticos, se deben asegurar los contratos de largo plazo para reducir la exposición en bolsa que tiene Aire y que es superior al 50% y afecta a los usuarios por la variabilidad de la bolsa”, indicó el director ejecutivo de Intergremial.Cepeda Tarud indicó que la inversión en infraestructura eléctrica para mejorar el servicio y reducir las pérdida técnicas debe ser otra de las prioridades de la intervención, por lo que estarán vigilantes al tema.La veeduría operará en función de la actual toma de posesión para administración e igualmente en el caso de que se determine la liquidación de la empresa, velará por la celeridad y transparencia de esos procesos.
“Una situación bastante compleja” es la que dice haber encontrado el nuevo agente interventor de Air-e a su llegada a las instalaciones de la compañía en Barranquilla, donde se refirió a los diversos problemas y retos que enfrenta esta empresa en crisis.Palma se pronunció, por ejemplo, a los inconvenientes que ha tenido Air-e con la emisión de los recibos de luz, advirtiendo que una doble factura es la que probablemente les pasarán en noviembre a aquellos usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira a los que no les llegó el cobro en octubre, como consecuencia de esos problemas que aún sigue teniendo la compañía tras haber sido hackeada hace unas semanas.El interventor sostuvo que fue tal la magnitud del hackeo que la empresa aún carece de los servicios de telefonía e internet."Pues en efecto parecería que eso va a suceder, que se junte la facturación, pues todos sabemos que hubo un ataque cibernético. Esto hará parte de las reuniones que tendré para saber cómo va eso, cuándo vamos a tener restablecido todo el área comercial, porque no tenemos ni wifi, ni teléfono fijo, es decir, la situación es bastante compleja", sostuvo.De otra parte, y respondiendo a las críticas que ha recibido Air-e por la ampliación de cargos directivos en medio de la crisis, Palma aseguró que también está revisando este tema y que por lo pronto ha podido constatar que hubo una reducción de salarios en dicho cuerpo directivo."Pasaron de 12 cargos a 16, pero con una igualdad en gasto. He pedido a talento humano que nos ayude para saber cómo fue esto. Lo que sí he podido saber es que hubo reducción de los salarios del cuerpo directivo, algo consecuente con una compañía que está en crisis", dijo.Palma pidió a los usuarios armarse de “mucha paciencia” para esperar las soluciones definitivas, porque los temas que enfrenta Air-e “son bastante complejos y estructurales, con muchas deudas de municipios, departamentos y entidades” pendientes por resolver.“Responderles a los usuarios en un mes y medio de intervención es absolutamente imposible y tampoco vamos a hacer milagros. Nosotros tenemos la obligación de cumplir una misión en el marco de la Ley, pero no se va cumplir rápidamente”, dijo.Agregó que “el reto más importante es garantizar la compra de energía”, porque la empresa está “muy expuesta a la bolsa y el precio de la energía en bolsa está elevado, por las nubes”.“Hay que garantizar la compra de energía y que nuestros proveedores nos sigan prestando los servicios, es decir, estamos funcionando hoy en los mínimos y, bueno, confío en que todos los actores del sistema nos ayuden”, dijo.Otro de los temas que estará revisando el nuevo interventor son los polémicos cobro de terceros que el Gobierno busca retirar de los recibos de luz, para lo que espera reunirse en los próximos días con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en busca de acuerdos.
Aunque en el Atlántico hay confianza en el papel que desempeñará el líder sindical Edwin Palma Egea, quien fue designado este viernes como el nuevo agente interventor de la empresa Air-e por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, diferentes sectores —tanto políticos como económicos— han salido 'al paso' para manifestar que la salida de Carlos Diago, entre otras cosas, deja más preguntas que respuestas.En breve diálogo con BLU Radio durante la mañana de este sábado, el gobernador Eduardo Verano aseguró que ojalá se tenga la posibilidad de garantizar mejoras en el servicio de energía eléctrica con tarifas justas, destacando la experiencia de Palma Egea, a quien catalogó como una persona preparada y que “conoce muy bien el sector”.Sin embargo, señaló que quisiera “entender qué fue lo que pasó” a la luz de las declaraciones entregadas en su momento por el saliente agente interventor Carlos Diago. "Pues quisiera entender qué fue lo que pasó, a la luz de las declaraciones y todo lo que dijo en su momento, pero yo creo que lo que corresponde es seguir avanzando". Por su parte, Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, lamentó que el “compás de espera” no fuera suficiente para que Carlos Diago ejecutara las acciones requeridas, por lo que no descarta que, en efecto, sus posiciones hayan motivado su salida."De todas maneras entró en una cantidad de polémicas respecto a unos temas que de pronto lo desgastaron. Pero habíamos dicho que había que darle tiempo al tiempo para ver qué iba a ocurrir, y en ese transcurso precisamente de tiempo fue que el Gobierno decidió hacer el cambio del agente interventor", dijo Alarcón.Así las cosas, Alarcón reiteró que la intervención de Air-e debe darse con fines de liquidación, pues no ve posible que se intervenga una empresa para devolvérsela, según dijo a BLU Radio, a quienes defraudaron los recursos del Estado con maniobras “irregulares”.Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia.El nuevo agente especial trabajó para Ecopetrol en diferentes roles durante más de 20 años y, hasta agosto de 2024, se desempeñó como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo.Como se recordará, la intervención de la empresa Air-e, con fines administrativos, inició el pasado 12 de septiembre con la llegada a Barranquilla del entonces superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, siendo que ese mismo día asumió como agente interventor el ingeniero Carlos Diago, en medio de un acto protocolario de posesión en las oficinas administrativas de Air-e.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios posesionó este viernes en Bogotá al abogado Edwin Palma Egea como agente interventor de la Empresa Air-e, en reemplazo de Carlos Diago, quien ocupaba el puesto desde el pasado 13 de septiembre cuando se anunció la intervención de la compañía encargada del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado estudios para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla–La Mancha, en España. Además, ha sido docente universitario y columnista.El nuevo agente especial trabajó para Ecopetrol en diferentes roles por más de 20 años y, hasta agosto de 2024, se desempeñó como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.: “Palma Egea llega a liderar la intervención de la empresa Air-e, en toma de posesión por la Superservicios desde septiembre de 2024, cuando se determinó que no contaba con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para prestar el servicio de energía a los habitantes de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.”, informó la empresa Air-e.Entre los principales retos que enfrentará están la estabilización del servicio y la implementación de tarifas justas para la región.