Un juez de Santander admitió para su trámite una acción de tutela presentada contra la Junta Directiva y la Gerencia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, mediante la cual se busca proteger los derechos fundamentales de los usuarios frente al incremento en las tarifas del servicio de agua potable y la falta de respuesta a una solicitud de diálogo sobre este tema.La acción fue interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez Giraldo, quien asegura que, junto con Lino Mosquera Quiroga, solicitó el pasado 24 de junio la realización de una mesa de trabajo para conocer las razones del aumento en el valor del metro cúbico de agua en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Según el accionante, la petición no fue respondida dentro de los términos establecidos por la ley.En la tutela se argumenta que esta omisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a la información, el derecho de petición y la participación ciudadana en las decisiones que afectan a los usuarios de un servicio público esencial. Además, el demandante sostiene que los ciudadanos tienen derecho a recibir explicaciones claras sobre las razones que motivaron el incremento tarifario.Como principal pretensión, el accionante solicita que el juez ordene al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga realizar la mesa de trabajo solicitada y brindar información detallada sobre el manejo de la empresa y los criterios que sustentaron el aumento en las tarifas del agua.El incremento en las tarifas del servicio de agua potable ha generado inconformidad entre usuarios del área metropolitana de Bucaramanga durante las últimas semanas. Diversos sectores ciudadanos han solicitado mayor transparencia sobre la estructura tarifaria y los factores que incidieron en el ajuste del valor del metro cúbico de agua.El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Juan Carlos Suárez, confirmó la implementación del nuevo marco regulatorio nacional que reestructurará las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.Esta medida, basada en la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entrará en vigencia el primero de julio tras finalizar el esquema de la Resolución 688. Según explicó el directivo, el ajuste responderá a una nueva metodología diseñada por el Gobierno Nacional la cual implicará un incremento promedio ponderado del 25 % al término de una transición de seis meses.Suárez aclaró que la fórmula matemática del nuevo marco modificará los dos componentes principales de la factura. Por un lado, el cargo fijo experimentará una reducción cercana al 22 % o 23 %, pero, por el otro, el cargo por consumo sufrirá un incremento del 37 %. El promedio ponderado de ambas variables arroja el citado aumento global, el cual afectará de manera generalizada a los usuarios de los estratos uno al seis, así como a los sectores comercial e industrial de la ciudad.Con la admisión de la tutela, el despacho judicial iniciará el estudio del caso para determinar si existió vulneración de derechos fundamentales y si corresponde impartir órdenes al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios en este proceso.
Las facturas del servicio de acueducto comenzaron a subir en varias ciudades del país y el impacto ya encendió las alarmas entre los alcaldes de las capitales. Por esta razón, Asocapitales solicitó al Gobierno nacional revisar el nuevo marco tarifario al considerar que sus efectos ya se reflejan en el bolsillo de miles de usuarios y podrían extenderse a más hogares.La preocupación surge por la entrada en vigencia de la nueva metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA. El modelo cambia la forma en que se calcula la tarifa al incorporar costos actualizados a 2024, modificar la rentabilidad reconocida a las empresas prestadoras y permitir que las inversiones ejecutadas sean reconocidas dentro de la factura. Debido a estas variables, el incremento no será igual en todas las ciudades.Los primeros efectos ya empezaron a evidenciarse. Empresas de acueducto en distintas regiones han informado ajustes en las tarifas y uno de los casos más representativos es el de Bucaramanga, donde el incremento será gradual durante el periodo de transición al nuevo esquema. En otras capitales también crece la preocupación por el impacto que tendrán estos cambios sobre el valor final que pagan los usuarios.Frente a este escenario, Asocapitales, que representa a los alcaldes de las 32 ciudades capitales, pidió abrir una revisión técnica del modelo tarifario. La asociación recordó que, aunque las administraciones municipales son las primeras en recibir las reclamaciones de los ciudadanos, no tienen la facultad legal para modificar las tarifas, ya que estas son definidas por la regulación nacional y aplicadas por las empresas prestadoras.El gremio propuso instalar una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional entrante, la CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos, las empresas del sector y las ciudades capitales para evaluar los efectos de la nueva metodología. El objetivo, según Asocapitales, es encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los sistemas de acueducto y la protección de la capacidad de pago de millones de colombianos, teniendo en cuenta que las capitales concentran cerca de la mitad de la población del país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puso en marcha en la capital antioqueña una evaluación integral a Empresas Públicas de Medellín, con la llegada del superintendente Felipe Durán Carrón, quien encabezó personalmente el inicio de este proceso de inspección.El funcionario lidera la revisión del desempeño de la empresa en sus principales frentes: acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible. La auditoría abordará componentes financieros, técnicos y administrativos, con el objetivo de verificar que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad, eficiencia y continuidad exigidos por la normativa vigente.Junto a Durán estuvieron delegadas especializadas de la entidad en materia de agua, saneamiento, energía, gas y protección al usuario, encargadas de examinar en detalle la operación de la compañía que hace parte del conglomerado público de la ciudad.Entre los puntos clave están la gestión de la infraestructura, los procesos operativos y el cumplimiento de los marcos regulatorios. En el componente de servicios públicos domiciliarios, la Superservicios revisa la calidad y estabilidad del suministro, así como la correcta aplicación de tarifas y el desarrollo de los planes de inversión y expansión.También hay seguimiento de parte de la entidad a las estrategias previstas frente al Fenómeno del Niño y al avance en la entrada en operación de las cuatro unidades de generación de energía pendientes del proyecto Hidroituango, en el Norte de Antioquia.La auditoría incluye, además, la evaluación de la atención a los usuarios, especialmente en la gestión de peticiones, quejas y recursos, y la aplicación adecuada del sistema de estratificación.La Superservicios indicó que a través de este tipo de actuaciones busca fortalecer la vigilancia sobre EPM y garantizar la protección de los derechos de los usuarios en uno de los principales operadores de servicios públicos del país.
Enel Colombia respondió a la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos, que le ordenó pagar una multa de $2.847 millones por presuntamente alterar el precio de la energía en bolsa a través de la operación de la Central Hidroeléctrica Betania. Por su parte, Enel aseguró que los hechos investigados ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2022 y no tienen ninguna relación con el aumento reflejado en las facturas de marzo de 2026.La Superservicios argumentaba que Betania, operada por Enel, presentó ofertas de energía con precios más altos de lo que correspondía a sus condiciones reales de operación, pese a que el embalse se encontraba cerca de su capacidad máxima y tenía disponibilidad suficiente para generar energía a menor costo.Según la entidad, esta decisión dejó por fuera a la hidroeléctrica del despacho económico y obligó la entrada de plantas térmicas más costosas para cubrir la demanda, lo que elevó artificialmente el precio de bolsa de la energía y terminó impactando el costo final que pagan los usuarios. Simulaciones realizadas por XM, operador del sistema eléctrico nacional, confirmaron que si Betania hubiera ofertado a un precio acorde con su realidad operativa, el precio de bolsa habría sido menor en todos los periodos analizados, de acuerdo con la posición de la Superintendencia.Sin embargo, Enel insistió en que esta investigación no tiene relación con el comportamiento reciente de las tarifas. La empresa explicó que el incremento reflejado en la factura de marzo se debió principalmente a dos factores. En primer lugar, en enero se aplicó un saldo a favor extraordinario de 40 pesos por kWh, es decir, un descuento temporal que redujo de manera excepcional el valor de la tarifa; y segundo, en febrero ese beneficio dejó de aplicarse y además entró en vigor la actualización de los costos de los contratos de compra de energía.En palabras sencillas, lo que argumenta Enel es que los usuarios pagaron menos en enero por ese descuento extraordinario, por lo que al desaparecer ese beneficio en febrero la tarifa volvió a su comportamiento normal, reflejándose en la factura de marzo como un aumento. Aun así, la compañía aseguró que su tarifa sigue estando por debajo del promedio del mercado eléctrico colombiano y que continúa siendo una de las más competitivas del país.La compañía también afirmó que el valor actual por kWh es más de 9 pesos menor frente al mismo periodo del año anterior. Además, señaló que ya entregó toda la información requerida a las entidades de control, reiteró que cumple con la regulación vigente y anunció que agotará las acciones judiciales permitidas por la ley frente a esta decisión.Desde el Grupo Energía de Bogotá, accionista de Enel con participación del 42 % en su junta directiva, también defendieron a la empresa. Su presidente, Juan Ricardo Ortega, aseguró que es falso que Enel esté elevando injustificadamente los precios y sostuvo que la compañía recurrirá la sanción.La respuesta de Ortega se dio después de que el presidente Gustavo Petro arremetiera contra Enel y afirmara que la compañía “estaba estafando a los usuarios”. “Desafortunadamente no se ha dado la conversación de buena fe y transparente que permita entender lo complejo que es manejar el uso del agua en represas en Colombia”, concluyó Ortega en entrevista para Mañanas Blu 10 AM.
La falta de acceso a agua potable sigue siendo una de las principales preocupaciones en la zona rural de Girón. Ante esta situación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició un proceso de diálogo para buscar soluciones que permitan garantizar el servicio en varias comunidades.El encuentro, liderado por la Territorial Oriente de Superservicios, reunió a más de 60 habitantes de sectores como Palogordo, Chocoa, Chocoita, Acapulco y veredas de la parte alta de Ruitoque, quienes expusieron las dificultades que enfrentan diariamente por la falta de agua potable.Durante la jornada también participaron la piedecuestana de Servicios Públicos y Aqualia, las cuales señalaron que actualmente no cuentan con las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio hacia estas zonas rurales.Ante este panorama, una de las principales conclusiones fue abrir mesas de trabajo con la Alcaldía de Girón para evaluar alternativas junto al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, con el objetivo de explorar opciones que permitan llevar agua potable a estas comunidades que hoy no cuentan con el servicio.Además, se planteó revisar la viabilidad de construir un tanque de almacenamiento que permita garantizar reservas de agua entre dos y tres días, especialmente frente a las afectaciones que se han venido presentando por las obras de ampliación del anillo vial que adelanta la Gobernación de Santander, las cuales han generado interrupciones en el suministro.Desde Superservicios se destacó la importancia de escuchar directamente a la comunidad para avanzar en soluciones reales. “El objetivo es articular esfuerzos entre las entidades y encontrar alternativas que mejoren la calidad de vida de estas familias”, señaló la directora territorial, Eugenia Aguilar Rueda.Mientras avanzan los diálogos, las comunidades esperan que estas mesas de trabajo se traduzcan en soluciones concretas que les permitan acceder, de manera continua, a un servicio básico como el agua potable en zona rura de Girón..
Tras revisar el informe, la Procuraduría General de la Nación encontró que varias de las respuestas resultaron poco claras e insuficientes frente a los puntos que fueron solicitados.Para el Ministerio Público, en el documento no se detallaron las propuestas encaminadas a evitar una eventual liquidación de la compañía, ni se explicaron con precisión las razones que han motivado los cambios de agentes especiales desde el inicio del proceso de intervención por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.Además, la Procuraduría señaló que el informe no especificó las medidas adoptadas para garantizar la continuidad administrativa, la coherencia en la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso durante los relevos en la interventoría.Por esta razón, y de manera preventiva, las Procuradurías delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios pidieron nuevamente a la Superservicios informar si existe actualmente un plan estructurado de solución para AIR-E, encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.Si la respuesta es afirmativa, la Procuraduría fue clara en pedir que se remitan los soportes técnicos y administrativos que respalden dicha propuesta.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios les solicitó a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo activar de forma inmediata los Planes de Emergencia y Contingencia por la crisis climática que hay en el país.Esta medida preventiva, que también solicitó la entidad a prestadores de energía y gas, espera que las más de 2.400 empresas de servicios públicos garanticen estar preparadas y puedan mitigar las posibles afectaciones en la prestación de estos, asegurando la continuidad y calidad para todos los usuarios en medio de esta temporada de lluvias.Entre las acciones claves que la Superservicios le pidió a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo están asegurar el buen estado del mantenimiento y operación de toda la infraestructura, teniendo en cuenta el estado de las bocatomas, canales, tuberías, plantas de tratamiento de agua potable y residual, así como de la maquinaria y las vías de acceso a los rellenos. En ese sentido, también deben garantizar la correcta gestión de residuos, para evitar taponamientos de canales en zonas urbanas, que son causados por la acumulación de lodo o la inadecuada disposición de los residuos sólidos.Además, les pidió mantener una comunicación permanente con las autoridades territoriales y monitorear las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para así tomar decisiones de manera oportuna.Es importante destacar que esta medida responde al incremento de las precipitaciones durante el inicio del 2026, las cuales son inesperadas y podrían extenderse durante todo el mes de febrero, afectando especialmente las regiones del Caribe, Andina y Orinoquía, según los reportes del Ideam.
La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para que aceleren su preparación frente a la transición hacia un modelo de libre competencia en la prestación del servicio de aseo en Bogotá, que entrará en vigencia en febrero de 2026, una vez finalicen los contratos actuales de concesión.El organismo de control advirtió que este cambio implica retos regulatorios, financieros y operativos que deben resolverse con antelación, a fin de garantizar la continuidad del servicio y proteger a los usuarios más vulnerables. Según el exhorto, la UAESP y la SuperServicios deben coordinar acciones con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para ajustar los marcos normativos, tarifarios y de supervisión que permitan una transición ordenada hacia la libre competencia.El nuevo esquema reemplazará el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASES), mediante el cual la ciudad se dividía en zonas adjudicadas a un único operador. En adelante, los ciudadanos podrán elegir entre diferentes prestadores del servicio, lo que busca fomentar la eficiencia, la calidad y la innovación en la recolección de residuos. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que la apertura del mercado podría generar riesgos de inequidad si los operadores se concentran en zonas con mayor rentabilidad, dejando rezagados a sectores con menor capacidad económica.Por su parte, el director de la UAESP, Armando Ojeda, afirmó que la entidad trabaja en la estructuración técnica y financiera del nuevo modelo, que incluirá ajustes tarifarios y mecanismos de control para asegurar la cobertura integral del servicio. Asimismo, recalcó que el objetivo principal es modernizar el sistema y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de escoger el operador que mejor se adapte a sus necesidades.La Procuraduría insistió en que la implementación de la libre competencia debe ir acompañada de medidas que eviten la interrupción del servicio y garanticen la prestación continua y equitativa en todos los sectores de la ciudad. El llamado busca anticipar posibles fallas en la planeación institucional y asegurar que la transformación del modelo de aseo se realice con responsabilidad, transparencia y en beneficio de la ciudadanía.
Un año después de la intervención de la empresa Air-e, el Gobierno nacional reportó una reducción del 25% en las tarifas de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según las cifras oficiales, el kilovatio hora, que en agosto de 2024 llegó a $1.072, una de las tarifas más altas del país en ese momento, se ubicó en septiembre de 2025 en $796.El anuncio fue señalado desde la Superintendencia de Servicios Públicos como un alivio para los hogares y sectores productivos de la región."El logro se da gracias a la articulación institucional del Gobierno del Cambio entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superservicios y la misma empresa, que en el marco de la intervención redujeron también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria", indicó la Superintendencia a través de un comunicado. Sin embargo, expertos advierten que las disminuciones no obedecen únicamente a la gestión de la intervención estatal. Parte de la rebaja se explica por la decisión del Tribunal Superior del Atlántico de derogar el régimen tarifario especial, tras la acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira.Aun así, el Ministerio de Minas y Energía señaló que bajo la intervención se logró negociar un precio más competitivo del kilovatio en el mercado de bolsa, factor que también contribuyó a la reducción.Por otro lado, la semana pasada la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó nuevamente que Air-e pueda comprar energía de manera directa, lo que, según el Gobierno, permitirá garantizar precios más bajos y estables para el año 2026.
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.