Uno de los decretos de emergencia económica en La Guajira establece un cambio en las tarifas de luz que afectará a los estratos 4, 5 y 6, así como a la industria y el comercio y sobre esto habló en Mañanas Blu el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga."La Constitución Nacional consagra el principio de solidaridad, consagra a Colombia como un estado social de derecho fundamentado en la dignidad de las personas y la solidaridad entre los habitantes del territorio. Es decir, que los que tienen más deben subsidiar a los que no tienen. Eso es el principio de los mandatos constitucionales. La Constitución busca ordenar al Estado colombiano la igualdad y buscar la equidad", dijo el funcionario.En relación con la forma en que se llevará a cabo este aporte, Quiroga indicó que se cobrarán 1.000 pesos adicionales en el recibo de luz a los estratos 4, 5 y 6 en el país."Estos estratos han sido identificados como aquellos que, de acuerdo a los estudios, pueden aportar 1.000 pesos más en su recibo sin tener las mismas dificultades que otros estratos. Además, se destinará un fondo exclusivo para mejorar el suministro de agua en la región", afirmó el superintendente.Cuando se le preguntó sobre la base para determinar la cantidad exacta de mil pesos, Quiroga respondió: "Se realizaron estudios económicos y análisis sobre las necesidades. Esta suma fue el resultado de dichos estudios para estos estratos, mientras que para los centros comerciales y empresas se determinó una sobretasa de 5.000 pesos".Respecto a la duración de este aporte y su posible extensión, Quiroga manifestó que espera a que sean suficientes seis meses para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región del país.“No se trata de un pago obligatorio, sino de un acto de solidaridad entre todos los habitantes del territorio nacional. La ley busca promover la equidad y la justicia social", explicó.
Los usuarios en el Caribe sienten que hace años están padeciendo el más grande de los colmos al pagar la energía más costosa del país y la que presenta más fallas en el servicio, y aún así ahora se verían obligados a sufrir racionamientos que seguramente no se verán reflejados en una disminución de la tarifa.Es cierto, las altas temperaturas han disparado el consumo eléctrico, sobre todo de equipos de ventilación y refrigeración. Tanto así que los comerciantes del centro de Barranquilla reportan que en junio las ventas de aires acondicionados y abanicos aumentaron en un 100 % y que en lo corrido de julio el aumento ya es del 80 % en comparación con otros meses del año en los que el calor no es tan intenso.Sin embargo, los usuarios critican que haya racionamiento cuando en la región ya son frecuentes los cortes en el servicio."Imponernos unas medidas de racionamiento en el Caribe es devolvernos en el tiempo, a décadas atrás, es una falta de respeto", opinó Claudia Hernández, usuaria en Barranquilla."Imagínate, si en la Costa pagamos la energía más cara del país y ahora con este calor quieren hacer racionamiento, pues la idea al parecer es acabarnos", expresó José Pájaro, usuario en La Guajira.Los habitantes y expertos de esta costa norte colombiana se preguntan cómo van a ciencia cierta las inversiones a las que se comprometieron las empresas Aire y Afinia cuando asumieron la operación del servicio eléctrico para los costeños.Carlos Diago, experto en temas energéticos, afirma que si bien el alto consumo puede explicar la sobrecarga de la infraestructura eléctrica que hoy mantiene en riesgo el sistema, vale la pena que el Gobierno entre a revisar y emita su concepto sobre cómo avanza el plan de inversiones de cada operador, a ver si los trabajos están contribuyendo o no en el fortalecimiento que exigen las redes."La Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que debe hacer vigilancia de las inversiones en la red, no se pronuncia. Entonces, lo que reclamamos es que haya una vigilancia estrecha y explicaciones a la ciudadanía porque nosotros somos los que pagamos los platos rotos", expresó Diago.Aunque el racionamiento sería inminente, los expertos coinciden en que esta situación debe servir de escarmiento para obligar a los operadores de red a agilizar los planes de expansión, de modo que estas contingencias no sean recurrentes.El plan de inversiones de la empresa Afinia, cuya meta está fijada en 2025, está avaluado en $4 billones, de los cuales la compañía asegura haber invertido más de 1.5 billones de pesos en los últimos dos años.La empresa Aire también afirma que ha invertido más de un billón de pesos en mejoramiento de la infraestructura eléctrica en La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde presta sus servicios.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Electrohuila y al menos otras 4 comercializadoras de energía están en riesgo de 'colapsar' financieramente en medio del fenómeno de El Niño, según advertencias de la Superindentencia de Servicios Públicos.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – Asocodis, entregó detalles sobre los problemas de liquidez que presenta este sector.“Es grave el problema, no obstante, los avances que hemos tenido, hoy tenemos graves problemas de liquidez”, dijo sobre el riesgo en torno a las electrificadoras del país.Explicó que mucho de la crisis se da por causa de la opción tarifaria, subsidio y deudas. Desde el punto de vista de energía y de cara al fenómeno de El Niño, aseguró que hay un parte de tranquilidad con respecto al suministro del servicio.En este sentido, advierten que los recursos para los subsidios a la electricidad en estrato 1, 2 y 3 se acabará en julio y es indispensable que el gobierno amplíe el presupuesto.Hay que recordar que el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, pidió hace unos días medidas de 'liquidez' para el sector. Por ejemplo, la posibilidad de que estas compañías (que son clientes de sus agremiados) puedan acceder a créditos con Findeter.Hasta ahora tanto Andeg como el gobierno nacional dicen que la capacidad del país para generar energía está garantizada.Le puede interesar:
La reforma a los servicios públicos que prepara el Gobierno nacional incluirá un 'mínimo vital' de agua, electricidad, gas y saneamiento básico, así como un debido proceso antes de suspender el servicio a un usuario y la modificación de algunos apartes de la fórmula de las tarifas, según reveló el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. "El mínimo vital tampoco va a ser muy grande. No va a ser para la mayoría de la población o para todos los pobres, solamente el mínimo vital a quien no pueda pagarla", dijo Quiroga.Según el superintendente, aún están trabajando con el Gobierno para definir de cuántas personas estamos hablando y cómo se van a ubicar e identificar; asimismo, hace falta definir qué cantidad de servicios públicos podrán tener de forma gratuita. Se estima que podrían ser seis litros de agua diaria por personas, pero aún no sé es claro de cuánta electricidad.El mínimo vital será financiado por el Estado y se buscará que los servicios públicos tengan una tarifa "solidaria y redistributiva".La reforma también incluirá medidas para sacar 'la corrupción' de la fórmula tarifaria', pues, según Quiroga, hoy los usuarios no solo pagan por generación y comercialización de energía, sino también por la corrupción y las malas prácticas de empresas públicas y privadas. Además, se buscará fomentar que las comunidades puedan gestionar iniciativas para generar energía o gestionar su propio acueducto.Por ahora, la redacción de la reforma aún está en etapa preliminar y pasará por varias mesas de trabajo más antes de llegar al Congreso. Quiroga está confiado en que podrá tener un diálogo con las compañías del sector.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por el partido Conservador y ponente del proyecto 'Dejen de fregar', entregó detalles sobre la iniciativa que busca que no e hagan llamadas en horario no hábil.La plenaria de Senado de la República aprobó en su último debate el proyecto que busca que las entidades financieras, de bienes y servicios no puedan contactar a ningún ciudadano en horario no hábil. Es decir, solo lo podrán hacer de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.El congresista señaló que con el proyecto buscan respetar los tiempos de descanso de los usuarios, “protegemos ese derecho a la intimidad que se ha venido vulnerando, no solo por los entes financieros sino por los comerciales”.En este mismo sentido, señaló que en caso de que el usuario no tenga problema con que lo contacten en horarios no hábiles se lo podrá hacer saber a la entidad, sin embargo esto no quedará estipulado en ningún tipo de contrato.“Si el consumidor quiere ser contactado, lo puede hacer después de la firma de contrato o por medio escrito. Si la gente quiere recibir información comercial se abrió la posibilidad de una base donde la gente puede incluirse en esa lista”, aclaró.El proyecto, que fue aprobado con una pequeña modificación, deberá ser votado en su conciliación en los próximos días y de esa manera pasará a sanción presidencial. Esta propuesta busca beneficiar a alrededor de 15 millones de personas que han adquirido créditos con estas entidades y que en muchas ocasiones se ven angustiados por cuenta de las llamadas.Escuche aquí la entrevista:
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizará este sábado, 25 de marzo, el primer diálogo de 'Servicios Públicos por la Vida' en la Universidad Reformada de Barranquilla, cuyo evento arrancará a partir de las 10:00 de la mañana.El objetivo del encuentro es concertar soluciones a las dificultades que tiene la región en materia de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas combustible, con la participación de representantes de la comunidad, autoridades y empresas prestadoras de servicios públicos como Air-e y Triple A.El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, confirmó que, además, se recogerán las principales preocupaciones de la ciudadanía respecto al suministro de servicios públicos en el país para establecer una hoja de ruta concertada entre el Gobierno nacional, usuarios y veedurías sociales y civiles."Quiero invitarlos al primer diálogo de 'Servicios Públicos por la Vida' en la Universidad Reformada de Barranquilla, con el fin de encontrarnos con los usuarios y las empresas de servicios públicos para mejorar la prestación de ellos a todos los colombianos", manifestó Quiroga.Previo a este encuentro público, la Superintendencia llevó a cabo unas mesas de trabajo este viernes, 24 de marzo, en Barranquilla. Allí, se analizó el diagnóstico realizado por la entidad sobre los problemas más comunes y las reclamaciones reiterativas de la población en departamentos del Atlántico y Magdalena.Las mesas estuvieron coordinadas por los superintendentes delegados para la Protección al Usuario, Ulver Triviño Hermida; para Energía y Gas, Orlando Velandia Sepúlveda; y para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Carlos Betancourt Galeano.“Con estos diálogos regionales iniciamos una nueva etapa de relacionamiento con los actores de los servicios públicos domiciliarios. Es una mirada institucional participativa enfocada a priorizar la gestión de todos los actores hacia la mejora de las condiciones de prestación de estos servicios. Estamos dando prioridad a los derechos de las comunidades, eje de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control”, dijo el superintendente Dagoberto Quiroga.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La conexión fraudulenta fue descubierta por funcionarios de la ESSA, quienes en una inspección de rutina identificaron que el local de Tiendas Ara estaba ´pegado’ directamente a las redes de energía, en Bucaramanga. La entidad expresó en un comunicado que: “apropiarse de energía eléctrica a través de conexiones ilegales configura el delito de defraudación de fluidos; y modificar o alterar instalaciones eléctricas sin autorización de la ESSA afecta la seguridad de las personas, sus bienes y la calidad del servicio”.En medio del procedimiento los funcionarios de la Electrificadora suspendieron el servicio, retiraron los elementos que les permitía cometer el fraude y adicionalmente la Policía les impuso un comparendo. La ESSA invitó a los responsables del supermercado a realizar los trámites pertinentes para legalizar el servicio de energía.El año pasado fueron identificadas 23.367 conexiones irregulares o anómalas en Bucaramanga y el área metropolitana. Empresas de plásticos, arroz, harina, vidrio, hielo, así como restaurantes, moteles y hoteles, se estaban robando la energía.“Este tipo de conexiones, que implican manipulación de las redes de energía o la alteración de los sistemas de control sin autorización de ESSA, configuran en delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256, del Código Penal Colombiano; el cual establece pena privativa de la libertad entre 16 y 72 meses de prisión y multa de 1,33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, informó la Electrificadora de Santander.Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'
Aunque no se mostraron completamente satisfechos tras conocerse la decisión de la SAE respecto a la devolución de las acciones de la empresa Triple A al Distrito de Barranquilla, la cual fue negada, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico celebra que la entidad "no se haya prestado para que dichas acciones caigan en manos de privados, como lo representa la empresa Alumbrado Público de Barranquilla".En tal sentido, advierten que les generaba suspicacia el hecho de que la empresa Alumbrado Público de Barranquilla participara de la junta accionaria, ya que, el manejo de la composición debe ser entre el Distrito de Barranquilla y los ciudadanos, en un 50/50. Sin embargo, insisten en que las acciones deben volver al Distrito de Barranquilla, pues la ciudad fue víctima de un “despojo desmedido” de su empresa de agua potable, alcantarillado y aseo.Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico, aseguró que "es muy importante que se esté pensando en devolverle las acciones al Distrito de Barranquilla, pero sin la participación de privados, ya que eso no garantizará que el suministro de agua potable se garantice como derecho fundamental". Asimismo, Alarcón precisó que la participación de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla despertaba la preocupación de gremios y usuarios en el Atlántico, en medio de lo que habría sido, según él, una compra extraña y con más dudas que respuestas. "Era como extraño poner a participar a una empresa privada en la adquisición de más del 80 % de las acciones".Es así como desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe proponen que los 14 municipios en los que opera Triple A hagan parte de la composición accionaria, al igual que Barranquilla, para garantizar el suministro de agua potable como un derecho fundamental, tal como lo han expresado.Por otro lado, quienes sí se mostraron muy complacidos fueron los accionistas minoritarios de la empresa Triple A en Barranquilla como Hernando Acuña, quien aseguró que esto es una “medida provisional” para que la Contraloría General de la República entre a revisar el presunto detrimento patrimonial por $1.4 billones que denunció el Gobierno nacional a través del secretario de Transparencia, Andrés Idarraga. "Gracias a Dios nos escucharon y esa investigación debe finiquitarse para conocer las implicaciones que tendrían Barranquilla y los 14 municipios del Atlántico en los que tiene injerencia Triple A. Lo celebramos, lo aplaudimos, lo agradecemos; porque no veíamos posible que con artimañas se la hayan quitado a unos privados, para entregársela a otros privados con artimañas". Es importante mencionar que la decisión de no ceder las acciones de la compañía fue anunciada por el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, quien advirtió este lunes en rueda de prensa que se abstiene de ceder la participación accionaria de la Triple A. "El estudio de valoración de la empresa basado en los supuestos macroeconómicos del Banco de República, en un escenario conservador, arroja una valoración por $2,4 billones y como el 82 % lo administra la SAE, podríamos decir que administramos una propiedad valorada en $1,9 billones, este contrato se suscribió en algo cercano a los $500.000 millones y allí encontramos una primera preocupación por presunto detrimento patrimonial".Asimismo, Rojas señaló que "se se trata de un contrato que se dejó establecido desde 2021 y la SAE no hace parte de los procesos penales, porque se ha dicho que nuestra intención es devolverle la Triple A a los españoles, lo que es injusto: nuestra labor es administrarla como un bien público para garantizar el derecho al suministro de agua potable". Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'
Muy molestos se dejaron ver miembros del Frente Amplio de Usuarios en el Caribe tras sostener una reunión con delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios en Barranquilla, respecto a la "nula respuesta" que ha habido frente a las altas tarifas de energía eléctrica, lo que llevó a que "se rebotaran" para exigir garantías en el debido proceso.Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico, aseguró que la colectividad manifestó su preocupación frente al tiempo que estaría pasando sin definirse aún qué sucederá, por ejemplo, con el Régimen Especial Tarifario en el Caribe.Alarcón señaló, además, que la instalación de los medidores ‘inteligentes’, sin ley vigente, "son un salto al vacío", cargado supuestamente de vicios de ilegalidad e imposiciones. "Presentamos unos documentos en los cuales comprobamos que la empresa Air-e está violando el debido proceso respecto a la instalación de los llamados medidores inteligentes que vienen imponiendo sin estar aún vigente, incluso, poniéndolos a la intemperie en los postes, cuando los usuarios se niegan a que sean instalados".Asimismo, piden que se mantenga el parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo anterior en el que quedó consignado que los recursos por concepto de regalías de las empresas mineras sean utilizados para mejorar la infraestructura eléctrica en el Caribe sin afectar el bolsillo de los usuarios.La suspensión del servicio, los cortes reiterativos de energía, las fluctuaciones del voltaje y el rezago de la infraestructura fueron otro de los puntos consignados en dichos documentos, a lo que se sumaron las denuncias por el mal color y sabor con el que sale el agua de los grifos.Le puede interesar:
Las empresas de servicios ya no tendrán el plazo extra que se otorgó durante la pandemia para atender las peticiones, quejas y reclamos de sus clientes, y ahora tendrán que responderles con mayor rapidez, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos.Según la entidad, tras la aprobación de la ley que normaliza los tiempos de respuesta a los derechos de petición, las compañías de acueducto, gas natural, alcantarillado, aseo, electricidad y telecomunicaciones, tendrán que retomar los tiempos de atención previos a la pandemia.Esto quiere decir: 10 días hábiles para la petición de documentos e información y 15 días hábiles para la atención de peticiones generales.Recuerde que, si no le responden en los tiempos que dice la ley, se entiende que deben darle la razón, eso se llama silencio administrativo positivo.Además, la Superservicios le hizo un fuerte llamado de atención a las empresas del sector porque algunas llevan meses sin reabrir sus oficinas de servicio al cliente, a pesar de las órdenes de Gobierno nacional.“Por ello, conminamos a estos prestadores a reabrir sus oficinas de atención, conservando las medidas de bioseguridad. Haremos seguimiento e impondremos sanciones a las empresas que no cumplan esta instrucción”, dijo la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló en primicia que el presidente Gustavo Petro cambió la terna para fiscal general de la Nación. Sacó a Amparo Cerón e incluyó a la exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, quien trabajó en Guatemala con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.En desarrollo...
La juez Vivian Polanía fue suspendida por tres meses debido a un incidente en el que se presentó un show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. En un video que ha generado considerable controversia, se puede ver a la jueza sonriente mientras participa en el evento. Esta no es la primera vez que se involucra en conductas de este tipo.La Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander tomó la decisión de suspender a la juez Polanía debido a la inapropiada exhibición que tuvo lugar durante cinco minutos en el Palacio de Justicia. Este acto, realizado frente a sus colegas, se percibe como calculado y abusivo, dice el organismo. Según la Comisión, la repercusión social de este comportamiento está causando daño a la administración de justicia.Es importante mencionar que la juez ya había sido suspendida por tres meses el año anterior debido a otro incidente en el que apareció con poca ropa y fumando durante una audiencia virtual. Vivian Polanía, de 42 años, es una abogada especializada en derecho constitucional y cuenta con un máster en derechos humanos. Además, se encarga de casos relacionados con bandas criminales en el departamento.
La explosión de varios químicos, que estaban guardados en dos canecas, dejó a dos personas gravemente heridas en un establecimiento comercial ubicado en el centro de Bucaramanga.Según la versión de familiares del propietario del establecimiento, la explosión se generó tras guardar los químicos en un rincón del lugar.“Mi tío es el dueño del restaurante, a él le pidieron que guardara unos potes con un líquido. Él prestó el restaurante para guardarlos y, al parecer, explotaron los dos potes”, indicó Jennifer Supelano, familiar del propietario del establecimiento comercial.Al lugar llegaron dos máquinas del cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y atendieron la emergencia.“Los heridos, uno fue identificado como Daniel Montañez y otra persona como Katherine Aguilar, fueron llevados a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander”, señaló una fuente de Bomberos.Las autoridades acordonaron la zona mientras investigan las causas de la emergencia.
El próximo viernes, 29 de septiembre, la junta directiva del Banco de la República se reunirá para definir qué pasará con la tasa de interés (13.25 %) y son muchos sectores, desde el presidente Gustavo Petro hasta diferentes gremios, que le piden a la entidad que baje estas tasas.Para referirse a estas peticiones y a lo que posiblemente se decidirá de esa reunión, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría, quien fue la cabeza de esta entidad desde el 2017-2021.Echeverría fue claro y dijo que el Banco de la República debe hacer su tarea, la cual es controlar la inflación, y que la presión de los diferentes sectores para bajar estas tasas no afecta a los codirectores al momento de tomar una decisión.“En todos los países del mundo, los productores desean que el Banco de la República no suba tanto, pero la pregunta que hay que hacer siempre es: ¿qué hacemos con la inflación? La cual en Colombia es una de las más altas de América Latina y del mundo. El banco tiene una meta de 3 y estamos en 11 %”, inició explicando el exdirectivo.En ese mismo sentido, el expresidente del Banco de la República detalló cuáles son los aspectos que se miran para poder decidir si bajan, o no, las tasas de interés.“Los codirectores lo que miran con especial cuidado son las proyecciones que hace el equipo técnico del banco de inflación hacia el futuro y de qué va a pasar con el PIB hacia el futuro. Eso es lo que el banco mira todo el tiempo. Ahora, proyectar el PIB y proyectar la inflación, pues es difícil y tiene incertidumbre”, argumentó.Sobre la pregunta de cómo él haría para bajar la inflación, teniendo en cuenta la realidad económica que vive el país y otras variables a tener en cuenta como el desempleo y la activación económica, respondió que lo haría “suavemente sin producir una recesión”.“Lo haría como lo está haciendo la Junta del Banco, y es tratando de bajar la inflación suavemente sin producir una recesión. Yo creo que el doctor Ocampo sabe que el Banco de la República tiene un grupo de 50, 55 técnicos dedicados a esa tarea, a ver cómo se pronostica inflación y crecimiento”, puntualizó.“Cada que los bancos centrales tratan de controlar las tasas de interés, como decía Juan Camilo Restrepo, a sombrerazos, pues les va mal. Básicamente hay que dejar que los mercados funcionen y que los bancos privados tengan competencia entre ellos”, explicó Echevarría sobre la posibilidad de que el banco intervenga para bajar la tasa de usura.Finalmente, el exdirectivo concluyó confirmando que la tasa de interés en Colombia no va a bajar tras la reunión que se sostendrá en el Banco de la República, porque a este le “toca hacer su tarea para el beneficio del país”.“Al banco le toca hacer su tarea, quizá al presidente también le toca decir lo que está diciendo y los gremios pues que digan lo que crean, pero al banco le toca hacer su tarea para el beneficio del país”, sentenció.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Estados Unidos sancionó este martes, 26 septiembre, al líder del Clan del Golfo, Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', por traficar con cocaína a través de "una de las organizaciones criminales más grandes de Colombia".El Gobierno de Joe Biden anunció además sanciones contra nueve mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo, un opioide sintético potencialmente mortal.Según relató el Departamento estadounidense del Tesoro en un comunicado, 'Chiquito Malo' lidera el Clan del Golfo, desde donde "suministra cocaína a las principales organizaciones del narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa".'Chiquito Malo' fue sancionado por haber participado en actividades que representan "un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas".Jesús Ávila Villadiego, declaró en mayo de 2022 un violento "paro armado" tras el anuncio de la extradición a Estados Unidos del anterior líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", recordó el Tesoro.Las autoridades colombianas han ofrecido una recompensa de 1,2 millones de dólares por información que ayude a localizar y capturar a 'Chiquito Malo', quien está acusado de narcotráfico en un tribunal de Florida y uno de Nueva York.Paralelamente, el Tesoro sancionó a nueve integrantes del Cártel de Sinaloa a los que acusa de traficar con fentanilo bajo las órdenes de 'los Chapitos', como se conoce a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas sus prioridades y activos en Estados Unidos y se prohíbe realizar transacciones comerciales con estas personas.Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue extraditado hace dos semanas a Estados Unidos y la Administración de Joe Biden ha pedido a México la captura de sus hermanos, Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán."Estados Unidos está liderando los esfuerzos globales para detener la fabricación y el tráfico ilícitos de fentanilo, una de las principales causas de muerte entre personas de 18 a 49 años", declaró el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un comunicado.Le puede interesar "La reacción de Petro a polémica por supuesto viaje a Disney con su familia en avión de la FAC":
