La Procuraduría General de la Nación lanzó una contundente alerta sobre la gravedad de la explotación sexual y la trata de personas en Colombia, calificándolas como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
"El trabajo realizado en los territorios ha permitido advertir que factores como la desigualdad de género, la pobreza, la migración irregular, el desplazamiento y el conflicto armado incrementan el riesgo de captación y explotación", indicó el Ministerio Público.
Por lo que, la entidad instó a los organismos competentes del Estado a articular acciones inmediatas que permitan identificar riesgos de manera oportuna.
A la par, exigió la implementación de rutas de atención integral con enfoques de género y diferenciales, al tiempo que pidió mayor celeridad e investigación judicial para juzgar y sancionar con rigor a las bandas dedicadas a este flagelo.
Esta problemática impacta con mayor severidad a las zonas rurales y fronterizas, donde la presencia del conflicto armado genera un escenario de doble victimización para la población más vulnerable.
A estas vulnerabilidades territoriales se suma la rápida evolución de la delincuencia organizada transnacional, la cual ha migrado hacia el entorno digital.
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De esta forma, alertando que las estructuras criminales emplean activamente redes sociales y plataformas electrónicas para contactar a sus víctimas, utilizando anzuelos engañosos como falsas ofertas de empleo, viajes atractivos, supuestas relaciones sentimentales o promesas de superación académica.
Por lo que, instó a la sociedad civil, y en especial a los padres de familia con sus hijos, a adoptar medidas de autocuidado e informarse sobre los entornos virtuales. Además, recomendó verificar la autenticidad de cualquier propuesta laboral o de viaje difundida en internet y acudir de inmediato a los canales oficiales para reportar conductas sospechosas.