La Procuraduría General de la Nación lanzó una contundente alerta sobre la gravedad de la explotación sexual y la trata de personas en Colombia, calificándolas como violaciones sistemáticas a los derechos humanos."El trabajo realizado en los territorios ha permitido advertir que factores como la desigualdad de género, la pobreza, la migración irregular, el desplazamiento y el conflicto armado incrementan el riesgo de captación y explotación", indicó el Ministerio Público. Por lo que, la entidad instó a los organismos competentes del Estado a articular acciones inmediatas que permitan identificar riesgos de manera oportuna.A la par, exigió la implementación de rutas de atención integral con enfoques de género y diferenciales, al tiempo que pidió mayor celeridad e investigación judicial para juzgar y sancionar con rigor a las bandas dedicadas a este flagelo.Esta problemática impacta con mayor severidad a las zonas rurales y fronterizas, donde la presencia del conflicto armado genera un escenario de doble victimización para la población más vulnerable.A estas vulnerabilidades territoriales se suma la rápida evolución de la delincuencia organizada transnacional, la cual ha migrado hacia el entorno digital. De esta forma, alertando que las estructuras criminales emplean activamente redes sociales y plataformas electrónicas para contactar a sus víctimas, utilizando anzuelos engañosos como falsas ofertas de empleo, viajes atractivos, supuestas relaciones sentimentales o promesas de superación académica.Por lo que, instó a la sociedad civil, y en especial a los padres de familia con sus hijos, a adoptar medidas de autocuidado e informarse sobre los entornos virtuales. Además, recomendó verificar la autenticidad de cualquier propuesta laboral o de viaje difundida en internet y acudir de inmediato a los canales oficiales para reportar conductas sospechosas.
La Policía de Nigeria ha rescatado a dos ciudadanas colombianas tras desmantelar una red de trata de personas en la ciudad de Lagos, informaron este sábado las fuerzas del orden del país africano.En una operación calificada como "un importante avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional", agentes adscritos a la oficina de la Interpol en Nigeria rescataron a las dos mujeres "engañadas para viajar a Nigeria y mantenidas cautivas por una red de trata de personas", señaló la Policía en un comunicado.La misión se llevó a cabo tras recibir información de inteligencia de la Interpol en Bogotá el pasado 26 de agosto sobre dos mujeres colombianas, identificadas como María Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Ríos Mesa. Las víctimas -precisó- se hallaban "retenidas contra su voluntad y sus documentos de viaje fueron confiscados por ciudadanos chinos que actualmente se encuentran prófugos".Tras recibir la información, los agentes iniciaron una operación encubierta de rastreo y localizaron la red criminal en Lagos, donde "ambas víctimas fueron rescatadas sanas y salvas ese mismo día".Los sospechosos lograron huir, aunque "se han intensificado los esfuerzos para localizar y arrestar a todos los miembros de la banda", enfatizó el cuerpo de seguridad.Las dos víctimas -aseguró- "se encuentran bajo custodia y reciben el apoyo necesario".Asimismo, la Embajada de Colombia en Ghana colabora estrechamente con la Policía nigeriana para "conseguir alojamiento en hoteles para las víctimas y gestionar la documentación de viaje de emergencia para garantizar su regreso seguro a Bogotá", según la nota oficial.Tras el éxito del rescate, el inspector general de la Policía de Nigeria, Olatunji Rilwan Disu, reafirmó la importancia de "la colaboración con socios internacionales encargados de la aplicación de la ley para combatir la delincuencia transfronteriza"
La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público de República Dominicana acordaron crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá a las autoridades de ambos países trabajar de manera coordinada contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras. El mecanismo tendrá como una de sus principales prioridades las investigaciones relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual.El acuerdo fue firmado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).La creación de este equipo se realiza en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, un instrumento internacional que busca fortalecer la cooperación entre los países para enfrentar a las organizaciones criminales que actúan más allá de sus fronteras.Con este nuevo mecanismo, las autoridades colombianas y dominicanas podrán trabajar conjuntamente en casos específicos, intercambiar de manera directa información, evidencias físicas y elementos materiales probatorios, además de coordinar actuaciones investigativas y medidas procesales, siempre de acuerdo con las leyes de cada país.La medida busca facilitar el esclarecimiento de hechos y avanzar en la judicialización de los responsables de delitos transnacionales. También permitirá que los equipos de investigación compartan metodologías, experiencias y capacidades para hacer más efectivas las investigaciones.Uno de los principales focos será la trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de un delito que puede involucrar el traslado de víctimas entre diferentes países y que, de acuerdo con la Fiscalía, requiere que las autoridades actúen de manera coordinada.Durante la firma del acuerdo, la fiscal general Luz Adriana Camargo resaltó que los delitos transnacionales no pueden ser enfrentados de manera aislada por un solo país. Señaló que instrumentos como este permiten realizar un intercambio ordenado de información y desarrollar investigaciones conjuntas en los territorios involucrados.Camargo también hizo énfasis en la necesidad de perseguir las finanzas de las organizaciones dedicadas a la trata de personas, debido a que estas estructuras necesitan recursos para facilitar el traslado y la explotación de sus víctimas en diferentes países.Por su parte, la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el acuerdo representa el compromiso de los dos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva contra la delincuencia organizada. Reynoso señaló además que la trata de personas es una prioridad para su gestión y advirtió que este delito atenta contra la dignidad humana, por lo que requiere una respuesta integral de las autoridades.Con este acuerdo, Colombia suma su décimo tercer Equipo Conjunto de Investigación con países que hacen parte de la Convención de Palermo.La Fiscalía General de la Nación señaló que la estrategia busca sumar capacidades con autoridades extranjeras y fortalecer la cooperación jurídica internacional para enfrentar estructuras de criminalidad organizada que utilizan las fronteras entre países para cometer sus delitos.
La Procuraduría dio un plazo de 15 días a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales para informar qué acciones han adelantado y cuáles implementarán para prevenir la trata de personas. Las autoridades deberán reportar los casos identificados, los resultados obtenidos y las actividades programadas para fortalecer la prevención y atención de posibles víctimas.La decisión se da luego de que en el departamento se conocieran varios casos de personas desaparecidas que, presuntamente, habrían sido captadas mediante ofertas de trabajo o servicios relacionadas con el conflicto entre Ucrania y Rusia.Para el ente de control, estos casos podrían ser indicios de trata de personas con fines de explotación, por lo que pidieron reforzar las medidas de prevención y detección temprana.La Procuraduría y la Defensoría señalaron que las entidades territoriales deben liderar la coordinación entre la Gobernación, las alcaldías, la Fuerza Pública, el ICBF, las personerías, las entidades de salud y educación y demás entidades con responsabilidades frente a esta problemática.Entre las primeras medidas solicitadas está verificar que los comités territoriales de lucha contra la trata estén conformados y funcionen de manera efectiva, siendo este el principal espacio de coordinación local territorial para que se prevenga este tipo de delito, proteger y asistir a las víctimas y facilitar las acciones para que los responsables sean judicializados.También deberán formular o actualizar los planes de acción territoriales y desarrollar campañas permanentes de prevención y sensibilización dirigidas especialmente a las personas que puedan estar en riesgo. Otro de los llamados es a identificar los factores de riesgo presentes en cada municipio y adoptar medidas oportunas. Además, las entidades deberán capacitar a sus servidores públicos para identificar todas las señales de alerta, conocer los mecanismos de denuncia y activar correctamente los procedimientos de atención.Los casos identificados o relacionados de trata que puedan estar relacionados con este delito deberán ser registrados y activar las rutas correspondientes, mientras las autoridades deberán reportar y coordinar con las entidades competentes las acciones emprendidas.Debido a este cruel panorama, el ente de control, junto con la Defensoría, ofreció acompañamiento a las autoridades del Tolima y pidió respuestas coordinadas y oportunas para evitar nuevos casos.
Rescataron dos ciudadanas colombianas que eran víctimas de trata de personas en México. Una de ellas tiene 19 años y viajó a ese país tras aceptar una supuesta oportunidad de trabajo ofrecida por una conocida. Al llegar descubrió que había sido engañada y que sería explotada sexualmente. Aunque permanecía bajo vigilancia, logró ocultar su celular y envió un mensaje de auxilio que activó de inmediato la alerta ante la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.A partir de ese momento se desplegó una operación conjunta con la Cancillería, el Consulado de Colombia en México y las autoridades mexicanas y mientras la víctima enviaba en tiempo real detalles sobre el lugar donde permanecía retenida, los investigadores lograron ubicar el inmueble, realizar un operativo y rescatar no solo a la joven que pidió ayuda, sino también a otra colombiana que era explotada en el mismo lugar. Durante la intervención fueron capturados los criminales responsables y ambas víctimas fueron repatriadas a Colombia para recibir atención integral.Le puede interesar: Extinción de dominio a bienes de red de trata de personas en Bucaramanga: $4.500 millonesJuan Carlos Gutiérrez, integrante de la Dirección de Seguridad, explico que la prioridad fue mantener comunicación constante con la víctima, tranquilizarla y obtener información sobre su ubicación mientras las autoridades coordinaban las acciones con las entidades colombianas y mexicanas. Agregó que las autoridades lograron actuar antes de que la joven fuera trasladada a otro estado de México, donde su ubicación habría sido aún más difícil.Un segundo casoOtro caso permitió evitar que otra víctima cayera en manos de una organización dedicada a la trata de personas. Se trató de una joven peruana que llegó a Bogotá en tránsito hacia Londres, convencida de que viajaría a Europa para acceder a un empleo con altos ingresos.La alerta fue emitida por una auxiliar de vuelo, quien notó la preocupación de la madre de la joven y sospechó que se trataba de un posible caso de trata de personas. Antes del aterrizaje en Bogotá, las autoridades ya habían activado el protocolo de atención. Con apoyo de Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno, la joven fue ubicada en un hotel cercano al aeropuerto El Dorado, donde esperaba abordar su siguiente vuelo. Tras verificar que la oferta laboral era falsa, las autoridades lograron persuadirla de desistir del viaje y, apenas tres horas después de la llegada de su madre al país, ambas pudieron reencontrarse.Las autoridades advirtieron que las redes de trata de personas han cambiado sus métodos de captación y ahora recurren principalmente a falsas ofertas de empleo, promesas de altos salarios y contactos a través de redes sociales para engañar a sus víctimas. Por ello, hicieron un llamado a verificar cualquier propuesta laboral en el exterior y denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda estar relacionada con este delito.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en cerca de 4.500 millones de pesos que, presuntamente, fueron utilizados por la estructura criminal conocida como "La Colonia", dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial.Los operativos fueron desarrollados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) en el barrio Antonia Santos y el sector Centro de Bucaramanga, donde las autoridades ocuparon establecimientos de comercio, inmuebles y dos vehículos, un taxi y un automóvil particular- que, según la investigación, habrían servido para facilitar las actividades ilícitas de la organización.Le puede interesar: Capturan a reconocida influencer por delicada red de trata de personas y narcotráficoDe acuerdo con la Policía, las medidas son el resultado de un proceso investigativo que incluyó labores de inteligencia judicial, entrevistas, análisis y recolección de elementos materiales probatorios, con los que se logró establecer la presunta relación de estos bienes con la operación de la red criminal.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que la afectación patrimonial busca debilitar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas a este delito."Con estas medidas no solo afectamos el patrimonio de quienes, presuntamente, obtuvieron beneficios económicos de actividades criminales, sino que enviamos un mensaje claro de que la trata de personas y la explotación sexual serán perseguidas de manera integral. Nuestro compromiso es proteger la dignidad, la libertad y los derechos de las víctimas, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirmó el oficial.La Policía recordó que la estructura criminal "La Colonia" fue desarticulada en 2025 mediante una operación conjunta con la Fiscalía, en la que fueron capturadas 11 personas por orden judicial, entre ellas nueve ciudadanos colombianos y dos extranjeros, señalados de integrar esta organización.Durante la investigación fueron identificadas 20 víctimas, nueve de ellas menores de edad. Según las autoridades, la red se dedicaba a la explotación sexual comercial de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, tanto colombianas como extranjeras, incluyendo niñas y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.Las pesquisas también establecieron que las actividades ilegales se desarrollaban principalmente en establecimientos comerciales, zonas turísticas y parques de Bucaramanga.Las autoridades explicaron que la extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite retirar del patrimonio de las organizaciones criminales los bienes presuntamente adquiridos o utilizados para la comisión de delitos, con el propósito de impedir que continúen financiando este tipo de estructuras delincuenciales.
La trata de personas continúa siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Colombia y, contrario a la percepción de que se trata de un delito asociado únicamente al tráfico internacional de personas, la mayoría de los casos ocurre dentro del territorio nacional. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su más reciente boletín, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio.El organismo señaló que durante 2025 sus duplas de género atendieron 268 casos de trata de personas, cifra que evidencia que este delito mantiene un fuerte impacto sobre las mujeres y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Del total de víctimas atendidas, el 94,4 % fueron mujeres, mientras que el 74 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual.Uno de los principales hallazgos del informe es que el 69,4 % de los casos corresponde a trata interna, es decir, situaciones en las que la captación, el traslado y la explotación ocurren dentro de Colombia y no necesariamente implican cruzar una frontera. Para la Defensoría, este dato desmonta uno de los mitos más extendidos sobre este delito y demuestra que muchas víctimas permanecen incluso en sus propias comunidades o lugares de residencia mientras son explotadas.La entidad encontró que el 92,9 % tenía entre 19 y 59 años, mientras que el 81,7 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que evidencia cómo la pobreza, la falta de oportunidades y las falsas promesas laborales siguen siendo factores aprovechados por las redes criminales para captar personas.El informe también establece una estrecha relación entre la trata de personas y el conflicto armado. Según la Defensoría, el 40,7 % de las atenciones estuvo asociado directa o indirectamente con estas dinámicas.En algunos territorios, por ejemplo, grupos armados ilegales participan en la captación y explotación de víctimas o utilizan redes de trata para trasladarlas hacia zonas bajo su control, donde son sometidas a explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de violencia.A esto se suma la situación de la población migrante. El boletín muestra que el 43 % de las víctimas atendidas era de nacionalidad venezolana, aunque la mayoría contaba con un estatus migratorio regular. Para la Defensoría, esto evidencia que el riesgo no depende únicamente de la situación migratoria, sino también de la ausencia de redes de apoyo, las dificultades para acceder a derechos y las condiciones de vulnerabilidad económica. Las cifras recopiladas por otras entidades muestran la magnitud del fenómeno. Durante 2025, la Fiscalía General de la Nación registró 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres, mientras que el Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior reportó 435 casos en todo el país.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas, mejorar la regularización migratoria de las personas en riesgo, incorporar un enfoque de género e interseccional en la atención institucional y robustecer el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas para contar con datos más completos y facilitar la formulación de políticas públicas.Bogotá reporta 77 casos atendidos desde 2024En la capital la Secretaría Distrital de Salud informó que, entre 2024 y lo corrido de 2026, Bogotá ha identificado y canalizado 77 casos de trata de personas. El 81 % de las víctimas son mujeres y el 62 % de los casos está relacionado con explotación sexual.La administración distrital explicó que la población entre 18 y 29 años es la más afectada y que gran parte de las captaciones se realiza mediante falsas ofertas laborales o de migración difundidas a través de plataformas digitales.Además, recordó que las víctimas reciben atención médica, psicológica y psicosocial, incluso cuando no están afiliadas al sistema de salud o se encuentran en condición migratoria irregular, con el propósito de garantizar el acceso a los servicios sin barreras y evitar la revictimización.
En un operativo entre Interpol, Policía de Perú y autoridades de Bélgica se logró la captura de la reconocida influencer Nadeska Widausky, quien se dedicaba y hacia parte de una delicada red de trata de personas, extorsión y narcotráfico, mientras en redes sociales presumía de una vida llena de excentricidades.No era un simple miembro de esta red, sino que era una de las piezas clave de todo en el entramado, de acuerdo con una investigación del medio local El Comercio. Ella era la encargada de reclutar mujeres en Perú y luego las llevaba a Bélgica en donde terminaban siendo explotadas sexualmente, en su mayoría víctimas de la región de la Amazonia.El historial criminal de Nadeska WidauskyMientras en redes sociales gozaba de una vida de lejos, según el general PNP Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la mujer construyó parte de su riqueza desde dineros ilícitos en donde ha estado relacionada con personas al narcotráfico, lavado de activos y delitos concurrentes.“Con (personas de) esos perfiles esta dama se rodeaba. En cada concurrencia a esta dama, sus compañeros de esa noche, al salir, resultaban asesinados. Asi está (señalado) en la cronología de la investigación”, dijo Revoredo.Además, su participación en esta red, según datos de Interpol, vendría desde 2022-2023 por varios documentos en donde su nombre apareció relacionado con Junior Polo García, uno de los cabecillas de la organización y que era ella la que llevaba a Bruselas a las mujeres a una “zona roja” en donde las obligaban a ejercer y sostener relaciones sexuales para “mantenerlas con vida” y evitar problemas en sus familias.La influencer se declaró inocenteEn una reciente audiencia, esta mujer sostuvo que todo esto es falso y su dinero se ha construido gracias a las redes sociales. “Le pido por favor que me dé la oportunidad de poder hacer el seguimiento desde aquí, desde Perú porque tengo derechos. Yo allá en Bélgica no tengo familia, no tengo a nadie”, dijo.Aseguró que “no tiene miedo” porque, según ella, no tiene relación con ninguna persona y menos de hacerle daño a “otras mujeres”, menos queriendo hacer riqueza con eso.
El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial.«El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)», declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.La audiencia para el inicio del juicio contra Morales (2006-2019) se instaló a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en Tarija, en ausencia del exmandatario y de sus abogados, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país.Gutiérrez explicó que el cumplimiento de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía y «no es una atribución» del Ministerio Público.La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron «ninguna clase de justificativo» por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, se decidió que el político fuera asistido por abogados de defensa pública.Por su parte, Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Morales, indicó a los medios en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un «edicto» judicial, lo que, a su juicio, constituye un «vicio causal de fondo».Además, mencionó que el juicio contra el exmandatario fue «desempolvado» en un momento en el que hay varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, por lo que consideró que «es un tema político».Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera del centro de Bolivia considerada su bastión político y sindical, bajo la custodia de cientos de sus seguidores para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por el proceso por presunta trata agravada de personas.En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de detención contra Morales porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a la región donde permanece resguardado.El exmandatario está acusado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.Durante la fase preliminar de investigación del caso, a principios de 2025, un juez ya había declarado en rebeldía al exmandatario después de que no compareciera en dos ocasiones a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, alegando problemas de salud.En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y la Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.
Un video colombiano fue reconocido como el mejor en un concurso internacional de cortometrajes enfocado en la sensibilización sobre la trata de personas, una problemática que afecta a miles de víctimas en la región. La iniciativa fue liderada por Abogados Sin Fronteras Canadá, con el respaldo de la Embajada de Canadá en Colombia, el Ministerio del Interior de Colombia y la aerolínea Air Canada.Participación regional y enfoque del proyectoEl concurso logró reunir un total de 60 videos provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, países donde se desarrolla el proyecto FINTRATA. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención del delito mediante estrategias de comunicación y participación ciudadana.Los participantes, en su mayoría jóvenes creadores, estudiantes y ciudadanos, abordaron la problemática desde diferentes perspectivas. Los contenidos exploraron factores de riesgo, mecanismos de identificación, acciones de prevención y los impactos que la trata de personas tiene sobre las víctimas.El uso del lenguaje audiovisual se consolidó como una herramienta clave para transmitir mensajes de alto impacto, facilitando la comprensión de un delito complejo y promoviendo una mayor conciencia social.Un esfuerzo articulado entre sectoresDe acuerdo con voceros de Abogados Sin Fronteras Canadá, la iniciativa representa una oportunidad para involucrar a distintos sectores, incluyendo el académico y el empresarial, en la lucha contra la trata de personas.Por su parte, la Embajada de Canadá destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia de la cooperación internacional para enfrentar delitos que trascienden fronteras. La articulación entre gobiernos, organizaciones civiles y sector privado resulta fundamental para fortalecer las estrategias de prevención y protección de las víctimas.En ese mismo sentido, Air Canada subrayó el rol de la industria aérea en la detección de posibles casos de trata, señalando la importancia de capacitar al personal en tierra y a bordo para identificar señales de alerta dentro del ecosistema de viajes.Resultados del concurso: ganadores y reconocimientoTras un proceso de evaluación que valoró la creatividad, el impacto y la claridad del mensaje, el jurado definió a los tres ganadores del certamen:Primer lugarGeidy Vanessa Cabrales PayaresCorporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal (UNISARC) Video: “La trata roba sueños: abre los ojos, denuncia y actúa”Premio: viaje a un destino operado por Air CanadaSegundo lugarJaime Bernal PachecoUniversidad del Magdalena Video: “No lo ignores: Infórmate y llama”Tercer lugarDaniel David Bosiga GarzónUniversidad CompensarVideo: “Nada es lo que parece”Estos trabajos destacaron por su capacidad de generar reflexión y movilizar a la audiencia frente a una problemática que requiere atención urgente.Impacto social y proyección de la iniciativaEl concurso no solo premió el talento creativo, sino que también abrió un espacio de participación ciudadana para fortalecer la cultura de denuncia y la protección de los derechos humanos.Desde el Ministerio del Interior se enfatizó que la prevención de la trata de personas no depende únicamente de la institucionalidad, sino también del compromiso ciudadano para visibilizar y transformar realidades a través de narrativas que informen y alerten.Tras el éxito de esta edición, las organizaciones impulsoras anunciaron su intención de consolidar el concurso como una plataforma permanente. El objetivo es mantener una estrategia sostenida de sensibilización que contribuya a la educación pública y a la reducción de este delito en la región.Un llamado a la acción colectivaLas entidades organizadoras reiteraron la necesidad de sumar esfuerzos entre instituciones, organizaciones y ciudadanía para enfrentar la trata de personas. El fortalecimiento de la denuncia, la educación y la cooperación internacional se posicionan como pilares fundamentales para erradicar esta grave violación de los derechos humanos.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
La reforma tributaria de Bogotá avanza en el Concejo Distrital con uno de sus componentes centrales ya aprobado: la sobretasa al alumbrado público, un nuevo cobro que recaerá sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como sobre inmuebles comerciales, industriales y financieros. La medida busca garantizar recursos durante los próximos 10 años para modernizar el sistema de iluminación de la capital, pero ha generado reparos entre sectores como los centros comerciales, que advierten sobre un posible incremento de sus costos.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la propuesta hace parte de una transformación del sistema de alumbrado público hacia un modelo que incorpore tecnología, sensores y cámaras, además de herramientas para mejorar la movilidad y responder ante situaciones como incendios o inundaciones.“Lo que nosotros le estamos apostando acá es a transformar la ciudad y transformarla a partir de una columna vertebral que es su alumbrado”, señaló Cadena durante una entrevista con Mañanas Blu.La funcionaria explicó que actualmente el alumbrado público se financia con recursos ordinarios del Distrito, es decir, con recursos que hacen parte del presupuesto general. Con la nueva sobretasa se busca establecer una fuente específica de financiación que no pueda ser destinada a otros sectores.¿Cuánto se pagará por el alumbrado público en Bogotá?De acuerdo con las estimaciones entregadas por la Secretaría de Hacienda, el cobro comenzaría a aplicarse a partir de 2027, siempre y cuando la reforma tributaria sea aprobada en su totalidad por el Concejo de Bogotá.Para los predios residenciales, el promedio estimado sería de $133.000 anuales para el estrato 4, $227.000 para el estrato 5 y $348.000 para el estrato 6. En términos mensuales, la Secretaría de Hacienda ha calculado aproximadamente $11.000, $19.000 y $29.000, respectivamente.La sobretasa también alcanzaría a otros tipos de predios. El promedio anual estimado sería de $807.000 para inmuebles comerciales, $1.672.000 para industriales, $2.342.000 para financieros, $577.000 para lotes y $2.400.000 para predios dotacionales.La medida, sin embargo, contempla mecanismos para proteger a propietarios que no tengan capacidad de pago. Cadena explicó que los propietarios de predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 que estén clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén podrán acceder a una tarifa de cero pesos. También se contemplan excepciones para predios comerciales cuyos propietarios carezcan de capacidad de pago, en los casos establecidos, y para establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.“Hemos tenido el cuidado (...) de buscar que este cobro, pues si bien significa un esfuerzo para todos, sea muy cuidadoso en no afectar a quienes menos capacidad de pago tienen”, afirmó la secretaria de Hacienda.Bogotá busca modernizar su alumbrado públicoUno de los argumentos de la Administración Distrital para defender la sobretasa es la necesidad de pasar de un sistema tradicional de iluminación a uno de carácter inteligente. Según Cadena, la modernización permitiría implementar sensores, cámaras y sistemas de telegestión, con los que sería posible detectar fallas de manera remota y optimizar el consumo de energía.“¿Qué queremos? Telegestionar nuestro alumbrado. Eso genera eficiencias, ahorro en consumo de energía, y los recursos para eso ya van a estar determinados”, sostuvo. La funcionaria también explicó que la reforma tributaria no define quién será el operador del servicio de alumbrado público. Actualmente, buena parte de la infraestructura está relacionada con Enel, en el marco de un convenio que lleva cerca de 30 años.El contrato vigente, según la secretaria, llega a una etapa de cambio a finales de noviembre. La definición del nuevo esquema contractual corresponde al proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el Distrito. Cadena señaló que uno de los objetivos será garantizar que las inversiones que haga Bogotá sobre la infraestructura queden para la ciudad.Centros comerciales advierten por aumento de costosMientras la Administración Distrital defiende la sobretasa como una fuente de financiación para modernizar Bogotá, los centros comerciales han expresado su oposición al mecanismo de cobro.Carlos Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, cuestionó que la sobretasa se calcule sobre el avalúo catastral y no sobre el consumo efectivo de energía: “La sobretasa (...) en este caso en particular es un 1% sobre el valor del avalúo catastral”, explicó Betancourt, quien considera que los avalúos de algunos inmuebles comerciales en Bogotá pueden generar cargas tributarias elevadas.El dirigente puso como ejemplo locales con avalúos de hasta $60 millones por metro cuadrado. Según su explicación, un local de 100 metros cuadrados podría representar un avalúo de $6.000 millones y, bajo el cálculo planteado, una sobretasa de $60 millones.Para Betancourt, esta situación puede generar una presión adicional sobre establecimientos que ya enfrentan elevados costos de operación: “Yo creo que no estamos para más impuestos, estamos en un momento en el que hay que recuperar actividad, preservar empleo, seguir trabajando en construir oportunidades”, manifestó.Acecolombia alerta por posible traslado del costo al consumidorEl representante de los centros comerciales también advirtió que el impacto de la sobretasa podría trasladarse a otros integrantes de la cadena comercial. De acuerdo con Betancourt, algunos establecimientos podrían verse obligados a aumentar precios para compensar el incremento de sus obligaciones tributarias, mientras que otros negocios con menores márgenes podrían enfrentar dificultades para mantenerse en el mercado.“Inevitablemente todo termina en una cadena de traslado de costos. Entonces vamos a tener una presión de inflación por esa vía”, afirmó. El dirigente también señaló que el modelo de cobro basado en el avalúo podría tratar de la misma manera a establecimientos comerciales con realidades económicas diferentes.Como ejemplo, mencionó negocios de accesorios, bisutería o joyería que pueden ocupar áreas similares, pero que no necesariamente tienen los mismos niveles de ventas, arriendos o márgenes de rentabilidad.Reforma tributaria aún tiene artículos pendientesAunque la sobretasa al alumbrado público ya fue aprobada dentro del debate, la reforma tributaria distrital todavía tiene artículos pendientes de discusión. La secretaria de Hacienda explicó que el proyecto contempla 54 artículos, de los cuales 27 habían sido aprobados durante la sesión mencionada en la entrevista. Entre los principales componentes de la reforma están el alumbrado público, las modificaciones relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y los incentivos a la inversión.Sobre este último punto, la Administración Distrital calcula que durante los próximos 10 años Bogotá podría atraer inversiones por más de $70 billones y generar alrededor de 215.000 empleos, de acuerdo con sus propias proyecciones.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.