El megaoperativo liderado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en Medellín dejó cerca de 100 personas capturadas en la ciudad y, entre ellos, está alias 'Zapata' a quien el mandatario confrontó por su vínculo con una red de trata de personas."Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente. Para nada. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad. Esclavizar a las mujeres. Bueno, vas a ver cómo termina este proceso. Bienvenido a la Patria Milagro, 'Zapata'", manifestó el mandatario.Tras este episodio la Policía Nacional entregó más detalles de esta banda delincuencial e indicó que alias ‘Zapata’ es señalado de cumplir funciones de financiación y logística dentro de la organización que llevaba a mujeres hasta España en donde eran sometidas a encierros forzosos.Según las autoridades, el hombre capturado en la capital de Antioquia se encargaba de gestionar tiquetes aéreos, reservas hoteleras y contactos con los enlaces de la red en territorio español.Sin embargo, no es la única personas capturada, también está en poder de las autoridades alias ‘Ana’ o ‘Ana María’, quien presuntamente utilizaba un salón de belleza en Medellín como fachada para identificar y reclutar mujeres.Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Ana' engañaba a las mujeres a través de falsas ofertas de empleo como modelos, bartenders, niñeras y damas de compañía, les prometía atractivas oportunidades laborales en el exterior.Luego de la vinculación de estas dos personas y una vez las mujeres llegaban a España, las condiciones cambiaban. Las víctimas eran recibidas por integrantes de la organización, alojadas en inmuebles y sometidas a restricciones de su libertad. Además, eran obligadas a prestar servicios sexuales bajo disponibilidad permanente.
En Barranquilla se han encendido las alertas tras las denuncias por redes sociales de varias mujeres que dicen haber sido intimidadas por hombres que empiezan pidiendo ayudas con una dirección y luego en una actitud muy sospechosa empiezan a pedir información personal.La defensora de derechos de la mujer, Alejandra Moreno, detalló que ya la Policía tiene pleno conocimiento de las intimidaciones que varias mujeres han dado a conocer. De igual forma, confirmó que como medida de prevención, patrullas púrpura de la Policía permanecen afuera de las universidades Simón Bolívar y de la Costa, así como en Puerto Mocho, donde una mujer que montaba bicicleta afirmó en un video en redes sociales que fue víctima de un sujeto que le hizo tocamientos indebidos.“La Policía Nacional me acaba de informar que ya se tienen activadas las patrullas en los alrededores de la Universidad Simón Bolívar, la CUC, y, asimismo, se van a activar alrededor de los centros comerciales”.Moreno también resaltó que hasta el momento no hay una denuncia formal, tampoco hay una desaparición, “lo que hay es una alerta de situaciones que han estado viviendo las estudiantes fuera de la universidad, que demuestran que sí existe intenciones de intimidarlas y de llevárselas”.Desde la Alcaldía de Barranquilla, Nicolás Martín Eljadue, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló que al acompañamiento en las universidades se sumó el gaula militar, buscando información puntual sobre los hechos alertados y poder dar con los responsables.El funcionario también hizo un llamado a las afectadas a presentar las denuncias ante las autoridades competentes.Hay que recordar que la Policía tiene activada la línea púrpura con el número 317 372 5692, para hacer denuncias de acoso o cualquier tipo de violencia o intimidación, ya sea por llamada normal o WhatsApp.
Estados Unidos mantiene reparos a Colombia por trata de personas y reclutamiento. Según la clasificación del Gobierno de Donald Trump, Colombia permanece en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de Estados Unidos de este año. Categoría que indica que el país aún tiene retos pendientes para cumplir plenamente los estándares mínimos establecidos para combatir este delito.Colombia figura en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta categoría reúne a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos establecidos por la Ley de Protección de Víctimas de la Trata estadounidense, pero realizan esfuerzos significativos para alcanzar esos requisitos.La clasificación evalúa las acciones del Gobierno colombiano durante el período comprendido entre el primero de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.Esto significa que el país aún tiene trabajo por hacer para cumplir plenamente los estándares establecidos por Estados Unidos. Entre los aspectos que contempla la evaluación están fortalecer la investigación y judicialización de los responsables, lograr condenas adecuadas, mejorar la identificación y protección de las víctimas y reforzar las medidas de prevención. Sin embargo, el documento general no especifica cuáles de estos aspectos representan las principales dificultades de Colombia durante el período evaluado.En esta misma categoría se encuentran países como México, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras, India, Japón, Italia, Suiza, Tailandia, Ucrania y Nueva Zelanda, entre otros.La clasificación no depende exclusivamente de la magnitud del delito en cada país, sino de los esfuerzos gubernamentales para cumplir los estándares establecidos. El informe también aclara que estar en el nivel 1, la categoría más alta, no significa que un país haya eliminado la trata de personas ni que sus acciones sean suficientes para combatirla.En cuanto al hemisferio occidental, que comprende los países y territorios de América y el Caribe, las cifras generales del informe muestran que, entre 2024 y 2025, las judicializaciones por delitos relacionados con la trata de personas en esta región disminuyeron de 1.860 a 1.493. En contraste, las condenas aumentaron de 662 a 855. Por su parte, el número de víctimas identificadas pasó de 22.417 a 20.910.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una contundente alerta sobre la gravedad de la explotación sexual y la trata de personas en Colombia, calificándolas como violaciones sistemáticas a los derechos humanos."El trabajo realizado en los territorios ha permitido advertir que factores como la desigualdad de género, la pobreza, la migración irregular, el desplazamiento y el conflicto armado incrementan el riesgo de captación y explotación", indicó el Ministerio Público. Por lo que, la entidad instó a los organismos competentes del Estado a articular acciones inmediatas que permitan identificar riesgos de manera oportuna.A la par, exigió la implementación de rutas de atención integral con enfoques de género y diferenciales, al tiempo que pidió mayor celeridad e investigación judicial para juzgar y sancionar con rigor a las bandas dedicadas a este flagelo.Esta problemática impacta con mayor severidad a las zonas rurales y fronterizas, donde la presencia del conflicto armado genera un escenario de doble victimización para la población más vulnerable.A estas vulnerabilidades territoriales se suma la rápida evolución de la delincuencia organizada transnacional, la cual ha migrado hacia el entorno digital. De esta forma, alertando que las estructuras criminales emplean activamente redes sociales y plataformas electrónicas para contactar a sus víctimas, utilizando anzuelos engañosos como falsas ofertas de empleo, viajes atractivos, supuestas relaciones sentimentales o promesas de superación académica.Por lo que, instó a la sociedad civil, y en especial a los padres de familia con sus hijos, a adoptar medidas de autocuidado e informarse sobre los entornos virtuales. Además, recomendó verificar la autenticidad de cualquier propuesta laboral o de viaje difundida en internet y acudir de inmediato a los canales oficiales para reportar conductas sospechosas.
La Policía de Nigeria ha rescatado a dos ciudadanas colombianas tras desmantelar una red de trata de personas en la ciudad de Lagos, informaron este sábado las fuerzas del orden del país africano.En una operación calificada como "un importante avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional", agentes adscritos a la oficina de la Interpol en Nigeria rescataron a las dos mujeres "engañadas para viajar a Nigeria y mantenidas cautivas por una red de trata de personas", señaló la Policía en un comunicado.La misión se llevó a cabo tras recibir información de inteligencia de la Interpol en Bogotá el pasado 26 de agosto sobre dos mujeres colombianas, identificadas como María Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Ríos Mesa. Las víctimas -precisó- se hallaban "retenidas contra su voluntad y sus documentos de viaje fueron confiscados por ciudadanos chinos que actualmente se encuentran prófugos".Tras recibir la información, los agentes iniciaron una operación encubierta de rastreo y localizaron la red criminal en Lagos, donde "ambas víctimas fueron rescatadas sanas y salvas ese mismo día".Los sospechosos lograron huir, aunque "se han intensificado los esfuerzos para localizar y arrestar a todos los miembros de la banda", enfatizó el cuerpo de seguridad.Las dos víctimas -aseguró- "se encuentran bajo custodia y reciben el apoyo necesario".Asimismo, la Embajada de Colombia en Ghana colabora estrechamente con la Policía nigeriana para "conseguir alojamiento en hoteles para las víctimas y gestionar la documentación de viaje de emergencia para garantizar su regreso seguro a Bogotá", según la nota oficial.Tras el éxito del rescate, el inspector general de la Policía de Nigeria, Olatunji Rilwan Disu, reafirmó la importancia de "la colaboración con socios internacionales encargados de la aplicación de la ley para combatir la delincuencia transfronteriza"
La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público de República Dominicana acordaron crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá a las autoridades de ambos países trabajar de manera coordinada contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras. El mecanismo tendrá como una de sus principales prioridades las investigaciones relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual.El acuerdo fue firmado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).La creación de este equipo se realiza en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, un instrumento internacional que busca fortalecer la cooperación entre los países para enfrentar a las organizaciones criminales que actúan más allá de sus fronteras.Con este nuevo mecanismo, las autoridades colombianas y dominicanas podrán trabajar conjuntamente en casos específicos, intercambiar de manera directa información, evidencias físicas y elementos materiales probatorios, además de coordinar actuaciones investigativas y medidas procesales, siempre de acuerdo con las leyes de cada país.La medida busca facilitar el esclarecimiento de hechos y avanzar en la judicialización de los responsables de delitos transnacionales. También permitirá que los equipos de investigación compartan metodologías, experiencias y capacidades para hacer más efectivas las investigaciones.Uno de los principales focos será la trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de un delito que puede involucrar el traslado de víctimas entre diferentes países y que, de acuerdo con la Fiscalía, requiere que las autoridades actúen de manera coordinada.Durante la firma del acuerdo, la fiscal general Luz Adriana Camargo resaltó que los delitos transnacionales no pueden ser enfrentados de manera aislada por un solo país. Señaló que instrumentos como este permiten realizar un intercambio ordenado de información y desarrollar investigaciones conjuntas en los territorios involucrados.Camargo también hizo énfasis en la necesidad de perseguir las finanzas de las organizaciones dedicadas a la trata de personas, debido a que estas estructuras necesitan recursos para facilitar el traslado y la explotación de sus víctimas en diferentes países.Por su parte, la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el acuerdo representa el compromiso de los dos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva contra la delincuencia organizada. Reynoso señaló además que la trata de personas es una prioridad para su gestión y advirtió que este delito atenta contra la dignidad humana, por lo que requiere una respuesta integral de las autoridades.Con este acuerdo, Colombia suma su décimo tercer Equipo Conjunto de Investigación con países que hacen parte de la Convención de Palermo.La Fiscalía General de la Nación señaló que la estrategia busca sumar capacidades con autoridades extranjeras y fortalecer la cooperación jurídica internacional para enfrentar estructuras de criminalidad organizada que utilizan las fronteras entre países para cometer sus delitos.
La Procuraduría dio un plazo de 15 días a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales para informar qué acciones han adelantado y cuáles implementarán para prevenir la trata de personas. Las autoridades deberán reportar los casos identificados, los resultados obtenidos y las actividades programadas para fortalecer la prevención y atención de posibles víctimas.La decisión se da luego de que en el departamento se conocieran varios casos de personas desaparecidas que, presuntamente, habrían sido captadas mediante ofertas de trabajo o servicios relacionadas con el conflicto entre Ucrania y Rusia.Para el ente de control, estos casos podrían ser indicios de trata de personas con fines de explotación, por lo que pidieron reforzar las medidas de prevención y detección temprana.La Procuraduría y la Defensoría señalaron que las entidades territoriales deben liderar la coordinación entre la Gobernación, las alcaldías, la Fuerza Pública, el ICBF, las personerías, las entidades de salud y educación y demás entidades con responsabilidades frente a esta problemática.Entre las primeras medidas solicitadas está verificar que los comités territoriales de lucha contra la trata estén conformados y funcionen de manera efectiva, siendo este el principal espacio de coordinación local territorial para que se prevenga este tipo de delito, proteger y asistir a las víctimas y facilitar las acciones para que los responsables sean judicializados.También deberán formular o actualizar los planes de acción territoriales y desarrollar campañas permanentes de prevención y sensibilización dirigidas especialmente a las personas que puedan estar en riesgo. Otro de los llamados es a identificar los factores de riesgo presentes en cada municipio y adoptar medidas oportunas. Además, las entidades deberán capacitar a sus servidores públicos para identificar todas las señales de alerta, conocer los mecanismos de denuncia y activar correctamente los procedimientos de atención.Los casos identificados o relacionados de trata que puedan estar relacionados con este delito deberán ser registrados y activar las rutas correspondientes, mientras las autoridades deberán reportar y coordinar con las entidades competentes las acciones emprendidas.Debido a este cruel panorama, el ente de control, junto con la Defensoría, ofreció acompañamiento a las autoridades del Tolima y pidió respuestas coordinadas y oportunas para evitar nuevos casos.
Rescataron dos ciudadanas colombianas que eran víctimas de trata de personas en México. Una de ellas tiene 19 años y viajó a ese país tras aceptar una supuesta oportunidad de trabajo ofrecida por una conocida. Al llegar descubrió que había sido engañada y que sería explotada sexualmente. Aunque permanecía bajo vigilancia, logró ocultar su celular y envió un mensaje de auxilio que activó de inmediato la alerta ante la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.A partir de ese momento se desplegó una operación conjunta con la Cancillería, el Consulado de Colombia en México y las autoridades mexicanas y mientras la víctima enviaba en tiempo real detalles sobre el lugar donde permanecía retenida, los investigadores lograron ubicar el inmueble, realizar un operativo y rescatar no solo a la joven que pidió ayuda, sino también a otra colombiana que era explotada en el mismo lugar. Durante la intervención fueron capturados los criminales responsables y ambas víctimas fueron repatriadas a Colombia para recibir atención integral.Le puede interesar: Extinción de dominio a bienes de red de trata de personas en Bucaramanga: $4.500 millonesJuan Carlos Gutiérrez, integrante de la Dirección de Seguridad, explico que la prioridad fue mantener comunicación constante con la víctima, tranquilizarla y obtener información sobre su ubicación mientras las autoridades coordinaban las acciones con las entidades colombianas y mexicanas. Agregó que las autoridades lograron actuar antes de que la joven fuera trasladada a otro estado de México, donde su ubicación habría sido aún más difícil.Un segundo casoOtro caso permitió evitar que otra víctima cayera en manos de una organización dedicada a la trata de personas. Se trató de una joven peruana que llegó a Bogotá en tránsito hacia Londres, convencida de que viajaría a Europa para acceder a un empleo con altos ingresos.La alerta fue emitida por una auxiliar de vuelo, quien notó la preocupación de la madre de la joven y sospechó que se trataba de un posible caso de trata de personas. Antes del aterrizaje en Bogotá, las autoridades ya habían activado el protocolo de atención. Con apoyo de Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno, la joven fue ubicada en un hotel cercano al aeropuerto El Dorado, donde esperaba abordar su siguiente vuelo. Tras verificar que la oferta laboral era falsa, las autoridades lograron persuadirla de desistir del viaje y, apenas tres horas después de la llegada de su madre al país, ambas pudieron reencontrarse.Las autoridades advirtieron que las redes de trata de personas han cambiado sus métodos de captación y ahora recurren principalmente a falsas ofertas de empleo, promesas de altos salarios y contactos a través de redes sociales para engañar a sus víctimas. Por ello, hicieron un llamado a verificar cualquier propuesta laboral en el exterior y denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda estar relacionada con este delito.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en cerca de 4.500 millones de pesos que, presuntamente, fueron utilizados por la estructura criminal conocida como "La Colonia", dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial.Los operativos fueron desarrollados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) en el barrio Antonia Santos y el sector Centro de Bucaramanga, donde las autoridades ocuparon establecimientos de comercio, inmuebles y dos vehículos, un taxi y un automóvil particular- que, según la investigación, habrían servido para facilitar las actividades ilícitas de la organización.Le puede interesar: Capturan a reconocida influencer por delicada red de trata de personas y narcotráficoDe acuerdo con la Policía, las medidas son el resultado de un proceso investigativo que incluyó labores de inteligencia judicial, entrevistas, análisis y recolección de elementos materiales probatorios, con los que se logró establecer la presunta relación de estos bienes con la operación de la red criminal.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que la afectación patrimonial busca debilitar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas a este delito."Con estas medidas no solo afectamos el patrimonio de quienes, presuntamente, obtuvieron beneficios económicos de actividades criminales, sino que enviamos un mensaje claro de que la trata de personas y la explotación sexual serán perseguidas de manera integral. Nuestro compromiso es proteger la dignidad, la libertad y los derechos de las víctimas, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirmó el oficial.La Policía recordó que la estructura criminal "La Colonia" fue desarticulada en 2025 mediante una operación conjunta con la Fiscalía, en la que fueron capturadas 11 personas por orden judicial, entre ellas nueve ciudadanos colombianos y dos extranjeros, señalados de integrar esta organización.Durante la investigación fueron identificadas 20 víctimas, nueve de ellas menores de edad. Según las autoridades, la red se dedicaba a la explotación sexual comercial de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, tanto colombianas como extranjeras, incluyendo niñas y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.Las pesquisas también establecieron que las actividades ilegales se desarrollaban principalmente en establecimientos comerciales, zonas turísticas y parques de Bucaramanga.Las autoridades explicaron que la extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite retirar del patrimonio de las organizaciones criminales los bienes presuntamente adquiridos o utilizados para la comisión de delitos, con el propósito de impedir que continúen financiando este tipo de estructuras delincuenciales.
La trata de personas continúa siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Colombia y, contrario a la percepción de que se trata de un delito asociado únicamente al tráfico internacional de personas, la mayoría de los casos ocurre dentro del territorio nacional. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su más reciente boletín, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio.El organismo señaló que durante 2025 sus duplas de género atendieron 268 casos de trata de personas, cifra que evidencia que este delito mantiene un fuerte impacto sobre las mujeres y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Del total de víctimas atendidas, el 94,4 % fueron mujeres, mientras que el 74 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual.Uno de los principales hallazgos del informe es que el 69,4 % de los casos corresponde a trata interna, es decir, situaciones en las que la captación, el traslado y la explotación ocurren dentro de Colombia y no necesariamente implican cruzar una frontera. Para la Defensoría, este dato desmonta uno de los mitos más extendidos sobre este delito y demuestra que muchas víctimas permanecen incluso en sus propias comunidades o lugares de residencia mientras son explotadas.La entidad encontró que el 92,9 % tenía entre 19 y 59 años, mientras que el 81,7 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que evidencia cómo la pobreza, la falta de oportunidades y las falsas promesas laborales siguen siendo factores aprovechados por las redes criminales para captar personas.El informe también establece una estrecha relación entre la trata de personas y el conflicto armado. Según la Defensoría, el 40,7 % de las atenciones estuvo asociado directa o indirectamente con estas dinámicas.En algunos territorios, por ejemplo, grupos armados ilegales participan en la captación y explotación de víctimas o utilizan redes de trata para trasladarlas hacia zonas bajo su control, donde son sometidas a explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de violencia.A esto se suma la situación de la población migrante. El boletín muestra que el 43 % de las víctimas atendidas era de nacionalidad venezolana, aunque la mayoría contaba con un estatus migratorio regular. Para la Defensoría, esto evidencia que el riesgo no depende únicamente de la situación migratoria, sino también de la ausencia de redes de apoyo, las dificultades para acceder a derechos y las condiciones de vulnerabilidad económica. Las cifras recopiladas por otras entidades muestran la magnitud del fenómeno. Durante 2025, la Fiscalía General de la Nación registró 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres, mientras que el Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior reportó 435 casos en todo el país.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas, mejorar la regularización migratoria de las personas en riesgo, incorporar un enfoque de género e interseccional en la atención institucional y robustecer el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas para contar con datos más completos y facilitar la formulación de políticas públicas.Bogotá reporta 77 casos atendidos desde 2024En la capital la Secretaría Distrital de Salud informó que, entre 2024 y lo corrido de 2026, Bogotá ha identificado y canalizado 77 casos de trata de personas. El 81 % de las víctimas son mujeres y el 62 % de los casos está relacionado con explotación sexual.La administración distrital explicó que la población entre 18 y 29 años es la más afectada y que gran parte de las captaciones se realiza mediante falsas ofertas laborales o de migración difundidas a través de plataformas digitales.Además, recordó que las víctimas reciben atención médica, psicológica y psicosocial, incluso cuando no están afiliadas al sistema de salud o se encuentran en condición migratoria irregular, con el propósito de garantizar el acceso a los servicios sin barreras y evitar la revictimización.
Las personas con diabetes tipo 2 podrían reducir hasta en un 53 % el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves si reciben un tratamiento que controle varios factores de riesgo y no solamente los niveles de azúcar en la sangre.Así lo evidencian los resultados de estudios sobre el abordaje integral de esta enfermedad, que también han identificado una reducción cercana al 65 % en la progresión del daño renal cuando se interviene de manera simultánea sobre diferentes condiciones de salud.La recomendación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según la Federación Internacional de Diabetes, cerca del 90 % de las personas diagnosticadas con diabetes tienen el tipo 2, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en los riñones.Uno de los principales problemas es que estas afectaciones pueden avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por eso, una persona puede sentirse bien y, al mismo tiempo, tener alteraciones en su presión arterial, colesterol o función renal que todavía no han sido identificadas.El estudio Steno-2 también encontró beneficios de este enfoque. En su seguimiento a largo plazo, los pacientes que recibieron una intervención intensiva sobre varios factores de riesgo tuvieron una supervivencia mediana cercana a ocho años mayor frente a quienes recibieron un tratamiento convencional.Esto significa que el manejo de la diabetes no debería limitarse a medir la glucosa. También requiere revisar periódicamente la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, el peso corporal y el funcionamiento de los riñones.En el marco del Mes de la Diabetes, Giovanni Colucci, líder de Asuntos Médicos en Servier, planteó cinco preguntas que los pacientes pueden llevar a sus consultas médicas para ampliar el seguimiento de la enfermedad: cómo está su riesgo cardiovascular, cómo están funcionando sus riñones, qué indicadores deben vigilar además de la glucosa, si están identificando a tiempo posibles complicaciones y qué cambios en sus hábitos pueden ayudar a proteger su salud a futuro.Dentro de estas revisiones también se encuentran los controles de la visión, la sensibilidad en los pies y el funcionamiento de los nervios, debido a que la diabetes puede afectar diferentes partes del organismo.La recomendación es que los pacientes mantengan controles periódicos y conversen con sus médicos sobre la alimentación, la actividad física y el cumplimiento de los tratamientos, con el propósito de identificar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones.
La emergencia por las fuertes lluvias mantiene en dificultades a las comunidades rurales de Simacota, Santander. El colapso total de la banca en una vía de la vereda San Pascual dejó sin vía terciaria este sector del municipio.La situación no es aislada. De acuerdo con Diana Jiménez Gutiérrez, secretaria de Gobierno de Simacota, las afectaciones en la movilidad se extienden a siete veredas de la región, lo que tiene en declibe la economía de diferentes campesinos que vienen sorteando trayectos en pésimas condiciones.Considerando que el municipio es el tercero más grande de Santander, la situación es lamentable y se busca el apoyo del Gobierno Departamental para revisar y actuar de manera oportuna en los puntos donde se registran fallas geológicas.Uno de los puntos más afectados es la vereda El Guamo, donde cerca de 200 familias tienen dificultades para transportar y comercializar sus productos, por lo que varios agricultores ya adviertes de pérdidas económicas a falta de vías.En San Pascual, el desplome de la banca dejó interrumpido el tránsito y complicó las actividades cotidianas de los habitantes, especialmente el transporte de la producción agrícola y el desplazamiento de los estudiantes.La secretaria de Gobierno explicó que la Administración Municipal ha intentado atender las emergencias con recursos propios y maquinaria; sin embargo, la intensidad y continuidad de las precipitaciones superaron la capacidad de respuesta del municipio.Ante la magnitud de los daños, durante un comité extraordinario de gestión del riesgo fue declarada la calamidad pública, con el propósito de fortalecer la atención de las emergencias y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la movilidad en las zonas rurales.Mientras tanto, las comunidades esperan una intervención urgente de las autoridades departamentales y los organismos competentes para recuperar el paso y evitar que las afectaciones a las vías sigan golpeando la economía y las condiciones de vida de las familias campesinas.Las lluvias también han provocado emergencias en otros municipios de Santander, donde las autoridades mantienen el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal.
El país aspira reglamentar por primera vez el manejo de abejas nativas sin aguijón. La iniciativa busca establecer reglas para quienes desarrollan esta actividad ancestral, facilitar el aprovechamiento sostenible de productos como la miel, el polen y el cerumen, y fortalecer la protección de estas especies, fundamentales para la polinización y la conservación de los bosques.El proyecto contempla un procedimiento único y gratuito para registrar los meliponarios, obtener el permiso de funcionamiento e identificar cada colonia mediante un número único. Además, establece la obligación de llevar un libro de manejo que permita hacer seguimiento a las poblaciones y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad.El trámite podrá realizarse ante las autoridades ambientales de cada territorio y estará disponible tanto para quienes ya ejercen la meliponicultura como para las personas interesadas en comenzar.Según el Ministerio de Ambiente, esta reglamentación también busca evitar prácticas que ponen en riesgo las colonias, como la tala de árboles para extraerlas, su traslado a lugares donde no sobreviven y el uso de agroquímicos cerca de las colmenas.En Colombia se ha documentado la existencia de cerca de 166 especies de abejas nativas sin aguijón. Además, se reportan al menos 175 meliponarios activos en 23 departamentos, con 4.823 colonias y 44 especies bajo manejo.Estas abejas cumplen una función esencial en los ecosistemas, pues contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales. De acuerdo con cifras citadas de la FAO y la plataforma IPBES, cerca del 75 % de los cultivos alimentarios y el 90 % de las plantas silvestres con flor dependen, en alguna medida, de la polinización.Con esta propuesta, el Gobierno busca establecer condiciones para desarrollar esta actividad, generar alternativas económicas para las comunidades y proteger la biodiversidad. El proyecto de resolución se encuentra en etapa de comentarios antes de avanzar en su reglamentación definitiva.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevos daños en la vía que comunica al corregimiento de Nuevo Antioquia con el casco urbano de Turbo, en Urabá. La emergencia dejó tres puntos críticos en la carretera, uno de ellos con pérdida total de la banca, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades rurales.Según denunció el concejal de Turbo, Dairo Vargas, en diálogo con Blu Radio, la afectación más grave se presenta en el sector conocido como La Arenera, donde el terreno cedió y dejó un barranco que impide el tránsito normal de vehículos. Aunque maquinaria trabaja en el lugar para habilitar un paso provisional, las condiciones de movilidad siguen siendo difíciles: en uno de los tramos solamente pueden pasar motocicletas y en otro no hay paso ni siquiera para estos vehículos.El concejal estimó que entre 15.000 y 20.000 personas de las veredas de las partes alta y baja podrían estar afectadas por esta situación. Además de las dificultades para movilizarse, la emergencia compromete el transporte de productos agrícolas y las actividades ganaderas de esta zona rural."En estos momentos pues hay una máquina interviniendo, pero paso provisional pues como para para que las comunidades no queden pues como tan aisladas de del sector urbano y puedan sacar sus productos,.Hay muchos cultivos agrícolas para para este sector, pues va hasta no más hasta allá, también va la ganadería. Incluso a la misma comunidad nos ha tocado desde ayer con algunos enfermos también pasarlos por ahí, arriesgando la vida tanto del enfermo como la de las demás personas tratando de pasarlos por ahí por un por un barranco", detalló. La situación también representa un riesgo para la atención de emergencias. Vargas relató que habitantes tuvieron que trasladar a personas enfermas por un barranco, exponiendo tanto a los pacientes como a quienes los ayudaban, ante la falta de condiciones para transitar. Señaló que esta es la segunda vez que se registra una afectación de estas características en el sector de La Arenera y pidió intervención de la Alcaldía de Turbo y del Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad a cargo de esta carretera.Aunque existe una ruta alterna por San José de la Antioquia, el concejal advirtió que tampoco ofrece garantías de movilidad durante las lluvias. Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional desembolse los recursos para un proyecto de pavimentación de esta vía, que, según indicó, quedó aprobado desde la administración anterior.
A 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una tragedia que aún tiene muchas incógnitas sin resolver, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) rindió homenaje a Fanny González Franco, la primera mujer en ocupar una magistratura titular de la Corte Suprema de Justicia y una de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.Durante el encuentro conmemorativo, realizado el pasado viernes 6 de noviembre, la entidad entregó a la familia de la magistrada una placa con las palabras que, según sus allegados, pronunció desde su despacho mientras el edificio permanecía tomado por integrantes de la guerrilla del M-19.El reconocimiento fue entregado por D'Mar Córdoba Salamanca, director general del CNMH, a María Jozame González, sobrina nieta de la magistrada, quien ha trabajado en los últimos años por mantener viva su memoria.¿Quién fue Fanny González Franco, la primera magistrada de la Corte Suprema?Nacida en el departamento de Caldas, Fanny González Franco fue una de las mujeres que abrió camino en la justicia colombiana, en una época en la que los principales cargos judiciales estaban ocupados mayoritariamente por hombres.Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y desarrolló parte de su carrera como jueza en Manizales. En 1984 llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una magistratura titular en el alto tribunal.Su trayectoria se vio interrumpida el 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Durante la toma y posterior retoma militar, la magistrada perdió la vida junto a otros funcionarios judiciales y personas que se encontraban dentro del edificio.Las últimas palabras de Fanny González que su familia busca preservarUno de los momentos centrales del homenaje fue la entrega de una placa que reproduce las palabras que, de acuerdo con el relato de su familia, la magistrada le transmitió por teléfono a su hermano Otoniel.La conversación habría ocurrido hacia las 4:36 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, cuando González Franco permanecía en su despacho."Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia", señala uno de los apartados de su mensaje.Las palabras terminan con una frase que sus familiares han conservado como símbolo de su carácter y compromiso con la justicia."Muero, pero no me doblego".El director del CNMH anunció que la entidad espera llevar una copia de la placa a la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el mensaje también permanezca en las salas de la corporación.Familia de la magistrada habló sobre la responsabilidad del M-19Durante la conmemoración, María Jozame González también se refirió a las circunstancias de la muerte de su tía abuela y sostuvo que su familia siempre ha atribuido la responsabilidad al M-19."Nosotros nunca pensamos que el Ejército fuera responsable", afirmó durante el encuentro.La familiar cuestionó algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre la toma del Palacio de Justicia y pidió que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante aquellos días.Para María Jozame González, el homenaje también representa una oportunidad de recordar el papel que desempeñó su tía abuela en la historia judicial del país y la importancia de su trayectoria para las mujeres que posteriormente llegaron a estos cargos."Que sus palabras y su legado sean un mensaje para los jóvenes y para las mujeres, sobre todo", expresó al finalizar el encuentro.