La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra siete Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para determinar la responsabilidad disciplinaria de varios funcionarios frente a presuntas irregularidades en contratos y otorgamiento de licencias ambientales en varias regiones del país.
Según la Procuraduría, en la CAR Cundinamarca se evidencian presuntas irregularidades en la construcción de plantas de tratamiento en los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.
Además, el Ministerio Público encontró presuntas irregularidades por parte de Corpocesar con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.
Entre tanto, en el departamento del Magdalena, la Procuraduría buscará la presunta responsabilidad de funcionarios en el proceso de ocupación de bienes públicos de Pozos Colorados.
En otro caso, la Procuraduría determinó que en el Cauca y Tolima hubo irregularidades en el cobro por daños ambientales; al parecer, no cumplieron con lo establecido en las normas.
El ente anunció también que determinará la responsabilidad de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.
“Lo que es importante es que ese foco de corrupción, que son máquinas de extorsión en poder de la clase política departamental y municipal, hay que eliminarlas”, señaló el procurador Fernando Carrillo.