En las últimas horas falleció el reconocido exmagistrado y exministro colombiano Hernando Yepes Arcila.El jurista fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, ministro de Trabajo y director de la Federación Nacional de Cafeteros.El fallecimiento de Yepes genero la reacción de diferentes personalidades como el exprocurador Fernando Carrillo y el senador y exjefe negociador con las Farc Humberto de la Calle.“Se nos fue el gran Hernando Yepes Arcila. Inigualable jurista, eterno maestro, íntegro ser humano y ejemplar Constituyente de 1991. Paz en su tumba y nuestro dolor profundo por su desaparición. Todo nuestro afecto a su querida familia”, escribió Carrillo en su cuenta de X.Por su parte, de la Calle, se refirió a través de la misma red social, “se nos ha ido nuestro gran amigo Hernando Yepes Arcila. Un destacado personaje, pensador, jurista. Compartimos reflexiones desde la Universidad. Un saludo a su familia. Desde orillas distintas, manifiesto que es una gran pérdida para Colombia”.Yepes Arcila también es recordado y reconocido en sus últimos días por su labor como profesor de derecho en La Universidad Javeriana.Le puede interesar:
Este sábado 4 de julio se cumplen 30 años de la promulgación de la última Constitución de Colombia. A esta Carta Magna se llegó gracias a la Séptima Papeleta, que fue impulsada por un movimiento estudiantil de aquella época.Cabe recordar que la función de la Septima Papeleta era generar un plebiscito para formar la asamblea constituyente.A propósito de esta fecha, políticos que participaron en esa Constituyente expresaron su opinión sobre cómo fue el proceso de creación y el cumplimiento que se le ha dado durante todo este tiempo.El exprocurador Fernando Carrillo aseguró que la Constitución de 1991 fue un “momento mágico (…) porque la clase política quedó a un lado y eso nunca había pasado en Colombia”.Por su parte, Antonio Navarro Wolff, en cuanto al cumplimiento, señaló que la Constitución del 91 sí “cambió la institucionalidad, pero no se ha aplicado de la manera profunda en la que se debe haber aplicado en estos 30 años".A su vez, el exmagistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao advirtió que en estos años no ha funcionado “el equilibrio de poderes, pero no es culpa de la Constitución”.Henao, además, agregó: “En el presidencialismo usualmente el presidente domina el Congreso. Realmente el legislativo no ha cumplido como en otros países”.Escuche el análisis del tema en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Escuche en La Intérprete:
La Procuraduría General de la Nación informó que la indagación que se adelantaba contra miembros de las Fuerzas Militares por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados, fue archivada por “términos más que vencidos, la falta de recaudo oportuno de pruebas pertinentes, lo cual impide establecer en este momento que las irregularidades que originaron su apertura, efectivamente fueron cometidas”.Además de esto, mencionó que la Sala Disciplinaria de la Entidad había advertido de la "existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa".De acuerdo a la información, este proceso disciplinario se había iniciado por parte de la delegada para las Fuerzas Militares, en diciembre de 2017, pero en marzo de 2018 se remitió al despacho del procurador general de ese momento, es decir, Fernando Carrillo, al advertir "que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general".“El 18 de agosto de 2018, el despacho del viceprocurador general citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar”, expresó la Procuraduría en un comunicado.Además, aclaró que cuando esta administración reanudó el proceso, advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.Asimismo, la entidad señaló que en 2021, debido a estas presuntas irregularidades, de las que se acusa a al exprocurador Carrillo, debió declararse el archivo del proceso, esto debido a que la investigación tiene términos definidos y de obligatorio cumplimiento.Este lunes, a las 7:00 de la mañana, Noticias Caracol revelará detalles de los motivos que alega la Procuraduría de Margarita Cabello para archivar la investigación contra varios altos oficiales del Ejército por posibles irregularidades en el manejo de gastos reservados.Así se anunció la noticia:
La Fiscalía llamó a juicio a Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, como presunto responsable del delito de concusión, del cual se declaró inocente.El primer hecho por el que lo llaman a juicio ocurrió en diciembre del 2019, cuando Garzón Rincón quien, según la Fiscalía, sustancia algunos de los casos más importantes que llevaba el despacho del exprocurador Carrillo, realizó una exigencia de 300 millones de pesos induciendo al senador Richard Aguilar. Según la investigación, la exigencia la habría hecho a través de Carlos Arturo rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas en una reunión en Bucaramanga. La promesa era que sustanciaría favorablemente la revocatoria del fallo de primera instancia dentro de una investigación disciplinaria que le llevaban al congresista por un contrato ejecutado cuando era gobernador de Santander en el 2012.“Desplegó varias actividades de investigación con las que pudo establecer que en efecto el funcionario hizo la anterior exigencia, induciendo al hoy senador, pero, además, realizó otras dentro de las que se logró corroborar que este funcionario se aprovecha de su cargo para exigir o inducir a que le entreguen dinero a cambio de sustanciar a favor de los disciplinados, lo que también se le imputa como segundo hecho jurídicamente relevante”, dice el documento.El segundo hecho lo descubrió al Fiscalía a través de una interceptación. Al parecer, el 20 de abril del 2020, Garzón Rincón sostuvo una conversación con el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón, quien le preguntó qué trámite debía realizar con el fin de solicitar el reintegro de los saberes prestacionales dejados de recibir durante el tiempo que fue suspendido de la Policía por un proceso disciplinario, lo anterior, teniendo en cuenta que él fue el abogado sustanciador de la Procuraduría en el proceso que se absolvió al mayor.Además, dice el documento, la Fiscalía estableció que el 26 de abril de 2020, el funcionario Garzón Rincón se comunicó con el celular perteneciente a la señora Aura Matilde Garzón Rincón y quien, al parecer, es su hermana, acordando cobrar la suma de cinco millones de pesos al mayor Manuel Alejandro Rondón Hormaza, por la realización de la anterior acción de tutela, con el fin de solicitar el reintegro de la totalidad de las prestaciones, haberes y componentes prestacionales dejados de percibir por parte del citado oficial de la PONAL en el periodo en el que se encontraba suspendido.
BLU Radio pudo confirmar que se vienen tres nuevas imputaciones de cargos contra personas que estarían relacionadas con el presunto soborno al senador Richard Aguilar y que harían parte de una presunta red de corrupción que operaba en la Procuraduría por la cual fue capturado el abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, Jesús Alejandro Garzón Rincón.La audiencia de imputación de cargos está citada para el próximo 26 de abril y deberán responder por los hechos ante un juez de garantías los abogados Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas, quienes, al parecer, fueron los encargados de extorsionar al senador Richard Aguilar, a quien le pidieron 300 millones de pesos para favorecerlo en un proceso disciplinario que estaba al alcance del sustanciador capturado y que tenía que ver con un contrato de celaduría en el que intervino cuando fungía como gobernador del departamentos de Santander.Asimismo, también le imputarán cargos a Aura Matilde Garzón, hermana del sustanciador detenido y quien, al parecer, habría ayudado a instaurar una acción de tutela a un mayor de la Policía al que Jesús Alejandro Garzón “habría inducido a dar la suma exigida (5 millones de pesos) para la elaboración de la tutela”, recurso que era en contra de la Procuraduría.Por los hechos, que se habrían llevado a cabo en el 2019, estas tres a personas tendrán que responder como presuntos responsables del delito de concusión en calidad de intervinientes.
BLU Radio conoció las declaraciones que tiene la Fiscalía en la investigación que llevan por la supuesta red de corrupción en la Procuraduría y que dio como primer resultado la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, quien, supuestamente, extorsionaba a cambio de decisiones disciplinarias favorables.Funcionaria de la Procuraduría, denuncianteLa primera declaración es la de la procuradora para asuntos disciplinarios, Nasly Hoyos, quien le narró a la Fiscalía que los funcionarios investigados habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo. Desde que se enteró de las anomalías puso en marcha un plan pensado por la Policía que consistía en poner en acetatos transparentes los procesos más sensibles para que quedaran marcadas las huellas de quienes estaban manipulándolos.Caso SantrichLa funcionaria Hoyos en el primer caso que pensó fue en el de Santrich. La decisión sobre el proceso la añadió al sobre transparente y lo marcó visiblemente. Los involucrados, al parecer, cayeron en la trampa.“Le dije a la secretaria María Patricia Ríos que esa iba a ser la forma en que íbamos a obtener las huellas de las personas que podrían estar filtrando información. Ella dejó los documentos en una carpeta y al día siguiente me mostró que el correspondiente al proceso de Santrich, que estaba guardado en el sobre, ya presentaba otra perforación de cosedora, lo que mostraba que había sido sacado del sobre de acetato. Lo saqué y se lo entregué al mayor Bonilla (seguridad del procurador Carrillo)”, dijo Nasly Hoyos.Luego, hicieron la misma operación en un caso que llevaban contra el congresista Didier Lobo. Según la Fiscalía, en este caso se desaparecieron los alegatos de conclusión y, dada la insistencia de la búsqueda, aparecieron en una fila de documentos donde no debían estar. Sobre el tema, la funcionaria Hoyos contó lo siguiente:“Este mismo procedimiento lo volví a hacer con otra decisión proferida dentro del proceso del congresista Didier Lobo. Cuando el señor procurador profirió la decisión de ese expediente decidí meterla en el sobre de acetato e ir personalmente al escritorio de María Patricia (secretaria) y, en voz alta, con el objeto que tanto John y César y los demás presentes en esa área pudieran escucharme, le dije que ese era el fallo de Didier Lobo”, narró."Finalmente, cuenta que salió a hacer una actividad, así que dejó el sobre encima de su escritorio y en horas de la tarde, cuando llegó a la oficina, le pasan en el acetato mostrándole que la decisión se veía en gran parte fuera del sobre y que la esquina inferior derecha del documento mostraba las hojas dobladas, lo que, según ella, evidenciaba que había sido manipulada. Igual que en el caso Santrich, dijo, procedió a meterla en el sobre y se lo entregó al mayor Bonilla".Entre otras presuntas irregularidades, cuenta la funcionaria, el funcionario Kevin Andrés Amado, que se encontraba adelantando estudios en derecho y que en días asumiría unas funciones distintas, fue cambiado de su cargo y antes de cambiarse de oficina, al parecer, eliminó documentos importantes de procesos que estaban en curso.“Se le pidió que los asuntos que tuviera pendientes se los entregará otra persona de la secretaría y que cambiara de escritorio al final de ese día. Luego llegó al despacho María Patricia Ríos (secretaria) y me manifiesta que pudo darse cuenta que el señor Kevin Andrés Amado había destruido, en la máquina picadora de papel, una gran cantidad de documentos que había arrojado a la caja de papel reciclado", contó la funcionaria."Me dirigí al bote de basura y pude ver que habían documentos completos que deberían estar al interior de procesos, igualmente gran cantidad de papel picado", continúo."Este papel tenía que haber sido, recientemente, destruido, porque esos hechos fueron el día martes y esa caja la desocupan todos los viernes, entonces procedía a llamar al general y al mayor Bonilla, dado que me percaté que estaban frente a la comisión de un delito y requería que funcionarios de la policía judicial acudieron a conocer el caso y fijar la evidencia. Fue así que llegaron funcionarios de la Sijin y recibieron la denuncia a María Patricia y se apersonaron del caso”, narró Hoyos.Declaración del senador Richard AguilarEl senador Aguilar fue el primer denunciante de esta red de la Procuraduría que ya tiene, con medida de aseguramiento, al abogado sustanciador Jesús Alejandro Garzón y en la mira a otros tantos funcionarios. Cuenta que el sustanciador lo contactó a través de terceros y le pidió 300 millones de pesos para beneficiarlo con una decisión en medio de un proceso que le llevaban por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.“Directamente no, fui contactado a través de terceros. Se comunicó mi coordinador político desde Piedecuesta, el señor Raúl Cardozo, quien me manifestó que se encontró con un abogado que es muy prestigioso y reconocido acá en Santander que se llama Carlos Rojas y que estaban preocupados porque lo contactó alguien de la Procuraduría diciéndole que iban a sacar rápidamente la sanción en mi contra", indicó Aguilar. "Yo le comenté al señor Raúl Cardozo que de qué proceso se trataba porque tenía muchos procesos, entonces él me dijo que muy bueno sería reunirse con el doctor Carlos Rojas, pero que yo me encontraba en Bogotá, que me quedaba difícil. Ellos encuentran acá en Bucaramanga y pues yo le dije, averigüé muy bien y me dice que pasó. Yo me comuniqué con el doctor Héctor Carvajal (su abogado de confianza) y le preguntó si había sido notificado alguna decisión en mi contra", relató."Después, nuevamente, Raúl Cardozo me comenta: mire, lo van a sancionar, el que contactó al doctor Carlos Rojas es prácticamente una persona de confianza del procurador, se llama Alejandro Garzón y se trata de un proceso de celaduría y yo le dije, no, averigüemos muy bien porque mi abogado en este momento no me ha confirmado. Entonces Raúl Cardozo tenía un contacto, yo nunca tuve contacto directo con Carlos Rojas y pues Raúl le pidió el favor a Carlos indagar un poco más, porque Alejandro Garzón contactó directamente a Carlos", enfatizó. "Entonces, después me dice Raúl, no, van a sacar la sanción inmediatamente, hable con su abogado, yo le dije: pregúntele porque no sé si Alejandro Garzón está llamando el nombre del procurador para notificar o simplemente era una persona que nos quería dar alguna información. A los dos días, el señor Raúl Cardozo me dice no, logré hablar con Carlos Rojas y no, es un extorsionista, está pidiendo dizque 300 millones para evitar el proceso. Eso decía que él era el que sustanciaba, que prácticamente él ya tenía para cambiar el sentido del fallo y, a partir de ese momento, el propio Raúl y el doctor Carlos Rojas me dijeron que no", contó."Disculpe no senador, nosotros no sabíamos que íbamos a toparnos con este tipo de personaje. Yo lo que hice de inmediato fue contactar a mi abogado y le dije, venga, hay que informarle al señor procurador. Le di el nombre de Alejandro Garzón, no tengo el nombre completo y pues procedió mi abogado a informarle al señor procurador”, contó el senador a la Fiscalía.Abogado del senador Richard AguilarEn primer lugar, aparece la declaración de Héctor Carvajal, abogado del senador Richard Aguilar, el primer denunciante extorsionado. Cuenta el abogado que estaban esperando el fallo de primera instancia de la Procuraduría en una investigación que le llevaban al parlamentario por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.“Cuando estábamos pendientes de esa decisión, el senador me remitió vía WhatsApp una fotografía en la que figuraba una comunicación que le hacía una persona, cuyo nombre aparecía como Lalo o Alejo, no recuerdo bien, pero lo que quería decir era que se movieran rápido a tomar una decisión frente a una exigencia que él había hecho", afirmó."El senador me explicó que ese funcionario era de la Procuraduría, del despacho del señor procurador, y que, a través de un abogado suyo, cuyo nombre no me dio, y que es de Bucaramanga, le había mandado ese mensaje a él para que le dieran un dinero con el ánimo de qué colaborara para que la decisión fuera absolviendo al senador. El senador me pidió que sacar una cita con el procurador y le llevará el mensaje de lo que está ocurriendo”, contó Carvajal.Asimismo, añadió que solicitó una cita al entonces procurador Fernando Carrillo, quien le mostró el chat y le contó que el senador le había pedido el favor de denunciar al hecho y que Carrillo le agradeció y le dijo que estaban adelantando unas pesquisas en el despacho. Llamó al mayor Bonilla y el abogado Carvajal le hizo entrega del chat en donde estaban extorsionando al senador.Otros investigadosOtros funcionarios que están siendo investigados por los hechos son John Edward Valdez, Cesar Díaz y Kevin Andrés Amado. Este último ya tiene un proceso penal por destrucción de documentación pública porque, al parecer, destruyó en maquina picadora documentación completa que debería estar al interior de los procesos de la Procuraduría.
La Fiscalía legalizó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, el funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios. En la diligencia también fueron legalizados los allanamientos.El próximo lunes a las 2:30 de la tarde continúa la audiencia de imputación de cargos en su contra. El funcionario deberá responder como presunto responsable del delito de concusión.La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander. Por esos hechos será imputado Garzón Rincón, aunque la investigación continúa porque, al parecer, habrían abordado a muchos funcionarios más.Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.La investigación inició desde diciembre del 2019 cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, un funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios.BLU Radio conoció que, hasta el momento, se han logrado identificar cinco supuestas víctimas de la red de la que haría parte Garzón.La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo los hechos fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander.En lista le siguen la entonces senadora, hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano y el también hoy prófugo de la justicia ‘Jesús Santrich’. Además, esta red de la que haría parte Garzón Rincón habría intentado abordar al general de la Policía Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Polfa, quien dijo a BLU Radio que no alcanzaron a contactarlo para extorsionarlo, y también habría tratado de influenciar en una revocatoria que se estaba haciendo en el departamento de Córdoba contra un mayor de Policía.Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.“Vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, dijo la Fiscalía en un comunicado.La investigación inició desde diciembre del 2019, cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.Según la investigación, el funcionario, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a funcionarios públicos, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.A pesar de que la denuncia se hizo en el 2019, Garzón permaneció en el cargo hasta enero de este año. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría explicaron que por recomendación directa de los investigadores de la Dijín no se hizo ningún movimiento del funcionario, mientras se avanzaba en la recolección de pruebas en su contra.BLU Radio también conoció un documento en el que consta que la orden de captura en su contra fue expedida desde el 24 de noviembre del año pasado, aunque se hizo efectiva este viernes.Fuentes de la investigación confirmaron que la siguiente etapa que se viene en el proceso es la de rastrear las propiedades que tendría Garzón Rincón fuera del país adquiridas, presuntamente, con dineros ilícitos.
El funcionario de la Procuraduría capturado este viernes, través de dos personas, le exigió 300 millones de pesos al congresista Richard Aguilar con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.Así lo confirmó el propio senador en diálogo con BLU Radio, quien dijo que los hechos ocurrieron hace año y medio y que el proceso por el que le pedía dinero se relacionaba con un contrato de celaduría en su primera gobernación. “Esta persona, mediante un tercero, trató de comunicarme alertándome que iba a salir un fallo en mi contra y pidió una suma a cambio de que ayudara a sustanciar dicho fallo. Junto a mi abogado logramos comunicarnos con el señor procurador Fernando Carrillo, quien puso su equipo a disposición se hizo un trabajo articulado con la Fiscalía y Policía Judicial. Se hizo la denuncia y después de un tiempo de investigación se logró la captura. Él utilizó su cargo, la injerencia que podría tener y por eso procede a hacer la exigencia”, dijo el senador en Mañanas BLU.Aguilar manifestó que la solicitud del dinero lo hizo a través de un tercero, con el que mandó un chat con una foto del proceso.“Él fue muy insistente en reunirse conmigo, para sorpresa mandó una fotografía de la sustanciación del fallo y del número del proceso. Verifiqué y fue tan insistente que a mi se me hizo muy extraño y luego de una semana procedió a hacer la exigencia”, manifestó.El senador manifestó que el proceso al que hacía referencia terminó con un fallo a su favor, contrario a lo que el funcionario le manifestaba.Según la investigación, el funcionario, Jesús Alejandro Garzón, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a otros funcionarios, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.Además del senador Aguilar, Aida Merlano y Jesús Santrich, habrían sido víctimas del funcionario, según conoció BLU Radio.Según un comunicado de la Fiscalía, el hoy sindicado vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.“El fallo fue favorable un año después, para que no vaya haber mala interpretación. Era un proceso sobre un contrato de celaduría en el primer año de mi gobernación”, aclaró.“Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas. Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora”, dijo el ente acusador.
La Fiscalía y la Dijín capturaron en Bogotá a Jesús Alejandro Garzón, exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, quien se desempeñó hasta hace una semana como sustanciador en el despacho de Fernando Carrillo, exjefe del Ministerio Público.De acuerdo con el ente acusador, el detenido es investigado por presuntamente exigirle $ 300 millones a un senador para resolver a su favor un proceso disciplinario que databa de 2012 cuando el congresista desempeñaba otro cargo público.Por los hechos, el exfuncionario tendrá que responder por el delito de concusión.Por el posible ilícito, tres abogados son también investigados en calidad de intervinientes.“El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, comunicó la Fiscalía.“Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas”, agregó la entidad.Según la Fiscalía, desde junio de 2019 el funcionario estaría cometiendo ilícitos en el Ministerio Público.Conozca el comunicado de la Fiscalía:
El Festival Internacional de Cine de Cartagena fue el escenario del estreno nacional de ‘Igualada’, el documental inspirado en la lucha social y la vida política de la vicepresidenta Francia Márquez.La también ministra de la igualdad y la equidad, quien fue ovacionada por el público del festival, asistió a la gala de estreno este viernes 19 de enero en el Teatro Adolfo Mejía, en compañía de su esposo y la ministra de educación, Aurora Vergara.Durante un conversatorio con el público asistente, Márquez recordó que inicialmente no quería hacer esta película, sin embargo, señaló que no todo el tiempo se cuentan estas historias y tampoco sobre mujeres como ella.La vicepresidenta a su vez aseguró que ‘Igualada’ es una invitación a las mujeres de Colombia a atreverse a soñar.“Para mí es un documental de mucha nostalgia, de mucha alegría, porque vi a muchas personas que ya no están, que estuvieron presentes en ese momento, y creo que ‘Igualada’ es parte de lo que hay que hacer en este país, una invitación a las mujeres de Colombia a atreverse a soñar, a desafiar las barreras y a atreverse a construir un futuro posible”, dijo en declaración a medios de comunicación.Tras la presentación de la cinta que se encuentra en competencia en la selección oficial del festival, la vicepresidenta además señaló que este documental también muestra la lucha de las comunidades, la lucha por la justicia social, por la dignidad y la paz.“Es atrevernos como mujeres, como pueblos a romper las barreras, a romper estereotipos, y a decir sí se puede, a ser igualadas”.‘Igualada’ es una película documental dirigida por Juan Mejía Botero, que se presentó por primera vez en el Festival de Sundance.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) principal coalición opositora de Venezuela, ratificó este viernes a Edmundo González Urrutia como su candidato a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en sustitución de María Corina Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular."Venezuela y a los demócratas del mundo, quiero darles una muy buena noticia al pueblo de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática por unanimidad acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad, apoyado por todos los factores", señaló el secretario ejecutivo de la PUD, Omar Barboza, en declaraciones a los medios.González Urrutia había sido postulado por la PUD como un candidato provisional, luego de denunciar la imposibilidad de inscribir a la historiadora Corina Yoris, quien fue nombrada como la sustituta de Machado.Ante esta decisión de la PUD, Barboza anunció que el gobernador del estado Zulia (oeste), Manuel Rosales, declinará su postulación por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que forma parte de la alianza mayoritaria, para apoyar a González Urrutia."Queremos hacer un reconocimiento al gobernador Rosales, un hombre que cumple con su palabra, que luego de oír la exposición de todos los miembros de la Plataforma decidió declinar su candidatura para sumarse a la de Edmundo González Urrutia", señaló.Por lo tanto, prosiguió, el partido liderado por Rosales modificará la postulación para apoyar al exembajador, cuyo plazo vente este sábado."A partir de ahora, todos los que queremos un cambio en el país tenemos que unirnos a esta candidatura y que próximamente daremos las orientaciones básicas para organizar el comando de campaña y las otras actividades", sostuvo.El pasado 26 de marzo, la PUD inscribió a González Urrutia como su candidato provisional ante la "clara imposibilidad" de postular a Corina Yoris elegida al no poder competir María Corina Machado por estar inhabilitada.La coalición explicó entonces que tomó esta decisión con el fin de mantenerse "dentro de la ruta electoral" y "seguir luchando" para "garantizar la inscripción" de la "candidatura elegida por los factores democráticos".Con González Urrutia son 13 los candidatos inscritos para las elecciones, además de Manuel Rosales, Luis Brito, Luis Ratti, Enrique Márquez, Benjamín Rausseo, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci, Claudio Fermín y el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Un atentado sicarial se registró en la noche de este viernes a las afueras del coliseo Manuel Victoria Rojas del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, cuando hombres armados dispararon indiscriminadamente contra un concejal que se encontraba en el lugar.Se trata del cabildante Carlos Arturo Londoño, del partido Conservador, quien murió minutos después del ataque. Los hechos se registraron posterior al evento de los 100 días de gestión del alcalde de ese municipio, Gustavo Vélez.El concejal fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica inmediata debido a la gravedad de sus heridas, pero falleció. Por su parte, a través de su cuenta de “X”, el actual mandatario, Gustavo Vélez, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional.“Informo al país que estoy bien y que, pese a los lamentables hechos de esta noche, debemos continuar trabajando, porque somos la esperanza de Tuluá. Al gobierno nacional y departamental, nuestro llamado de apoyo en favor del pueblo tulueño", escribió Vélez.La Policía en este momento realiza un plan candado en todo el municipio en búsqueda de los sujetos que cometieron el ataque contra el cabildante, quien cumplía su tercer periodo en el hemiciclo del concejo, y para prevenir que se presenten otros hechos de alteración al orden público, se han desplegado fuertes operativos.
La experta en marketing digital y ventas Natasha Sánchez compartió en La Nube los detalles que le han ayudado a ser una emprendedora exitosa hasta el punto de llegar a ser conocida como la joven del millón de dólares.Luego de emigrar y dejar atrás su vida en Venezuela, llegó a Ecuador donde, desde hace cuatro años, se dedicó al marketing digital y las ventas, ayudando a las mujeres a alcanzar su independencia financiera. Falta de confianzaUno de los factores más importantes para que una mujer sea una emprendedora exitosa está relacionada con la confianza que se debe tener en las habilidades y así ponerlas en práctica en el proyecto."Nosotras emprendemos diferente a los hombres y pongo mi ejemplo cuando inicié en este mundo. Yo quería hacer jornadas de 16 horas porque quería tener resultados rápidos porque en ese momento estaba desempleada. Entonces necesitaba ayudar a mi familia en Venezuela y no me daba cuenta de que también tenía que permitirme descansar porque nosotros somos cíclicas, el tema de las hormonas es totalmente diferente. Yo creo que cuando entendemos nuestra naturaleza como mujer y la aprovechamos, podemos confiar más en nuestras habilidades en lugar de verlas como debilidades", detalló Natasha Sánchez.Creación academiaPor esta razón, Natasha creó la Academia Mujer Millonaria donde enseña a las mujeres a ser emprendedoras, a tener los conocimientos necesarios para ser exitosas y, sobre todo, confiar en sí mismas.La joven de 25 años también recalcó la importancia de estar educándose continuamente, pues nadie nace aprendido. Además, señaló que la edad no es un impedimento para emprender, se puede en cualquier momento, pues lo más importante es la disciplina y confianza."Cuando tú no confías en ti mismo, pues no crees que realmente puedas ser capaz de aprender algo nuevo. Creo que cuando empezamos a trabajar en eso entendemos que no importa la edad que tengamos, porque mientras estemos vivos siempre hay algo que podamos hacer y siempre hay habilidades que podremos mejorar", concluyó.
Este viernes, Fecode, el gremio que representa a los maestros en el país, dio a conocer que se mantiene el acuerdo logrado con el Gobierno nacional para los cambios en el sistema de salud de los docentes y sus familias.Ya el pasado 1 de abril, la ministra de Educación, Aurora Vergara, había anunciado que uno de los principales logros era integrar la atención en salud, el sistema de salud y seguridad en el trabajo.El nuevo modelo, que comenzará a regir el 1 de mayo, elimina los copagos, cuotas moderadoras, suprime la intermediación de prestadores que reciben el valor de la UPC del magisterio, y pagarán y mantendrán sedes exclusivas sobre todo en el nivel primario de atención.Así mismo, establece la conformación de una red nacional de prestadores, con su respectiva subred, de la cual harán parte todas las IPS, ESE, ya sean de carácter público, privadas o mixtas y de profesionales independientes que cumplan los requisitos de habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS.“El docente podrá acudir a la libre elección, sin sujetarse a la imposición de determinada clínica o profesional de salud; de esta forma vamos superando la nefasta integración vertical que terminó convirtiéndose en una barrera de acceso al derecho a la salud con calidad y oportunidad”, señaló Fecode.Actualmente, la prestación del servicio de salud del magisterio está a cargo de la Fiduprevisora, que opera en 10 regiones del país y beneficia a más de 825.000 personas y ahora esta entidad administrará también los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.Los acuerdos logrados, además, van de la mano con los cambios que ha buscado el Gobierno nacional con su proyecto de reforma a la salud; es que habrá prioridad en tareas de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, a través de la adscripción de los docentes y sus familias a un Centro de Atención Primaria en salud – CAP y 319 Equipos de Cuidado Integral de Salud del Magisterio.Este es el comunicado completo: