Este sábado 4 de julio se cumplen 30 años de la promulgación de la última Constitución de Colombia. A esta Carta Magna se llegó gracias a la Séptima Papeleta, que fue impulsada por un movimiento estudiantil de aquella época.Cabe recordar que la función de la Septima Papeleta era generar un plebiscito para formar la asamblea constituyente.A propósito de esta fecha, políticos que participaron en esa Constituyente expresaron su opinión sobre cómo fue el proceso de creación y el cumplimiento que se le ha dado durante todo este tiempo.El exprocurador Fernando Carrillo aseguró que la Constitución de 1991 fue un “momento mágico (…) porque la clase política quedó a un lado y eso nunca había pasado en Colombia”.Por su parte, Antonio Navarro Wolff, en cuanto al cumplimiento, señaló que la Constitución del 91 sí “cambió la institucionalidad, pero no se ha aplicado de la manera profunda en la que se debe haber aplicado en estos 30 años".A su vez, el exmagistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao advirtió que en estos años no ha funcionado “el equilibrio de poderes, pero no es culpa de la Constitución”.Henao, además, agregó: “En el presidencialismo usualmente el presidente domina el Congreso. Realmente el legislativo no ha cumplido como en otros países”.Escuche el análisis del tema en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Escuche en La Intérprete:
La Procuraduría General de la Nación informó que la indagación que se adelantaba contra miembros de las Fuerzas Militares por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados, fue archivada por “términos más que vencidos, la falta de recaudo oportuno de pruebas pertinentes, lo cual impide establecer en este momento que las irregularidades que originaron su apertura, efectivamente fueron cometidas”.Además de esto, mencionó que la Sala Disciplinaria de la Entidad había advertido de la "existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa".De acuerdo a la información, este proceso disciplinario se había iniciado por parte de la delegada para las Fuerzas Militares, en diciembre de 2017, pero en marzo de 2018 se remitió al despacho del procurador general de ese momento, es decir, Fernando Carrillo, al advertir "que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general".“El 18 de agosto de 2018, el despacho del viceprocurador general citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar”, expresó la Procuraduría en un comunicado.Además, aclaró que cuando esta administración reanudó el proceso, advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.Asimismo, la entidad señaló que en 2021, debido a estas presuntas irregularidades, de las que se acusa a al exprocurador Carrillo, debió declararse el archivo del proceso, esto debido a que la investigación tiene términos definidos y de obligatorio cumplimiento.Este lunes, a las 7:00 de la mañana, Noticias Caracol revelará detalles de los motivos que alega la Procuraduría de Margarita Cabello para archivar la investigación contra varios altos oficiales del Ejército por posibles irregularidades en el manejo de gastos reservados.Así se anunció la noticia:
La Fiscalía llamó a juicio a Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, como presunto responsable del delito de concusión, del cual se declaró inocente.El primer hecho por el que lo llaman a juicio ocurrió en diciembre del 2019, cuando Garzón Rincón quien, según la Fiscalía, sustancia algunos de los casos más importantes que llevaba el despacho del exprocurador Carrillo, realizó una exigencia de 300 millones de pesos induciendo al senador Richard Aguilar. Según la investigación, la exigencia la habría hecho a través de Carlos Arturo rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas en una reunión en Bucaramanga. La promesa era que sustanciaría favorablemente la revocatoria del fallo de primera instancia dentro de una investigación disciplinaria que le llevaban al congresista por un contrato ejecutado cuando era gobernador de Santander en el 2012.“Desplegó varias actividades de investigación con las que pudo establecer que en efecto el funcionario hizo la anterior exigencia, induciendo al hoy senador, pero, además, realizó otras dentro de las que se logró corroborar que este funcionario se aprovecha de su cargo para exigir o inducir a que le entreguen dinero a cambio de sustanciar a favor de los disciplinados, lo que también se le imputa como segundo hecho jurídicamente relevante”, dice el documento.El segundo hecho lo descubrió al Fiscalía a través de una interceptación. Al parecer, el 20 de abril del 2020, Garzón Rincón sostuvo una conversación con el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón, quien le preguntó qué trámite debía realizar con el fin de solicitar el reintegro de los saberes prestacionales dejados de recibir durante el tiempo que fue suspendido de la Policía por un proceso disciplinario, lo anterior, teniendo en cuenta que él fue el abogado sustanciador de la Procuraduría en el proceso que se absolvió al mayor.Además, dice el documento, la Fiscalía estableció que el 26 de abril de 2020, el funcionario Garzón Rincón se comunicó con el celular perteneciente a la señora Aura Matilde Garzón Rincón y quien, al parecer, es su hermana, acordando cobrar la suma de cinco millones de pesos al mayor Manuel Alejandro Rondón Hormaza, por la realización de la anterior acción de tutela, con el fin de solicitar el reintegro de la totalidad de las prestaciones, haberes y componentes prestacionales dejados de percibir por parte del citado oficial de la PONAL en el periodo en el que se encontraba suspendido.
BLU Radio pudo confirmar que se vienen tres nuevas imputaciones de cargos contra personas que estarían relacionadas con el presunto soborno al senador Richard Aguilar y que harían parte de una presunta red de corrupción que operaba en la Procuraduría por la cual fue capturado el abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, Jesús Alejandro Garzón Rincón.La audiencia de imputación de cargos está citada para el próximo 26 de abril y deberán responder por los hechos ante un juez de garantías los abogados Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas, quienes, al parecer, fueron los encargados de extorsionar al senador Richard Aguilar, a quien le pidieron 300 millones de pesos para favorecerlo en un proceso disciplinario que estaba al alcance del sustanciador capturado y que tenía que ver con un contrato de celaduría en el que intervino cuando fungía como gobernador del departamentos de Santander.Asimismo, también le imputarán cargos a Aura Matilde Garzón, hermana del sustanciador detenido y quien, al parecer, habría ayudado a instaurar una acción de tutela a un mayor de la Policía al que Jesús Alejandro Garzón “habría inducido a dar la suma exigida (5 millones de pesos) para la elaboración de la tutela”, recurso que era en contra de la Procuraduría.Por los hechos, que se habrían llevado a cabo en el 2019, estas tres a personas tendrán que responder como presuntos responsables del delito de concusión en calidad de intervinientes.
BLU Radio conoció las declaraciones que tiene la Fiscalía en la investigación que llevan por la supuesta red de corrupción en la Procuraduría y que dio como primer resultado la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, quien, supuestamente, extorsionaba a cambio de decisiones disciplinarias favorables.Funcionaria de la Procuraduría, denuncianteLa primera declaración es la de la procuradora para asuntos disciplinarios, Nasly Hoyos, quien le narró a la Fiscalía que los funcionarios investigados habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo. Desde que se enteró de las anomalías puso en marcha un plan pensado por la Policía que consistía en poner en acetatos transparentes los procesos más sensibles para que quedaran marcadas las huellas de quienes estaban manipulándolos.Caso SantrichLa funcionaria Hoyos en el primer caso que pensó fue en el de Santrich. La decisión sobre el proceso la añadió al sobre transparente y lo marcó visiblemente. Los involucrados, al parecer, cayeron en la trampa.“Le dije a la secretaria María Patricia Ríos que esa iba a ser la forma en que íbamos a obtener las huellas de las personas que podrían estar filtrando información. Ella dejó los documentos en una carpeta y al día siguiente me mostró que el correspondiente al proceso de Santrich, que estaba guardado en el sobre, ya presentaba otra perforación de cosedora, lo que mostraba que había sido sacado del sobre de acetato. Lo saqué y se lo entregué al mayor Bonilla (seguridad del procurador Carrillo)”, dijo Nasly Hoyos.Luego, hicieron la misma operación en un caso que llevaban contra el congresista Didier Lobo. Según la Fiscalía, en este caso se desaparecieron los alegatos de conclusión y, dada la insistencia de la búsqueda, aparecieron en una fila de documentos donde no debían estar. Sobre el tema, la funcionaria Hoyos contó lo siguiente:“Este mismo procedimiento lo volví a hacer con otra decisión proferida dentro del proceso del congresista Didier Lobo. Cuando el señor procurador profirió la decisión de ese expediente decidí meterla en el sobre de acetato e ir personalmente al escritorio de María Patricia (secretaria) y, en voz alta, con el objeto que tanto John y César y los demás presentes en esa área pudieran escucharme, le dije que ese era el fallo de Didier Lobo”, narró."Finalmente, cuenta que salió a hacer una actividad, así que dejó el sobre encima de su escritorio y en horas de la tarde, cuando llegó a la oficina, le pasan en el acetato mostrándole que la decisión se veía en gran parte fuera del sobre y que la esquina inferior derecha del documento mostraba las hojas dobladas, lo que, según ella, evidenciaba que había sido manipulada. Igual que en el caso Santrich, dijo, procedió a meterla en el sobre y se lo entregó al mayor Bonilla".Entre otras presuntas irregularidades, cuenta la funcionaria, el funcionario Kevin Andrés Amado, que se encontraba adelantando estudios en derecho y que en días asumiría unas funciones distintas, fue cambiado de su cargo y antes de cambiarse de oficina, al parecer, eliminó documentos importantes de procesos que estaban en curso.“Se le pidió que los asuntos que tuviera pendientes se los entregará otra persona de la secretaría y que cambiara de escritorio al final de ese día. Luego llegó al despacho María Patricia Ríos (secretaria) y me manifiesta que pudo darse cuenta que el señor Kevin Andrés Amado había destruido, en la máquina picadora de papel, una gran cantidad de documentos que había arrojado a la caja de papel reciclado", contó la funcionaria."Me dirigí al bote de basura y pude ver que habían documentos completos que deberían estar al interior de procesos, igualmente gran cantidad de papel picado", continúo."Este papel tenía que haber sido, recientemente, destruido, porque esos hechos fueron el día martes y esa caja la desocupan todos los viernes, entonces procedía a llamar al general y al mayor Bonilla, dado que me percaté que estaban frente a la comisión de un delito y requería que funcionarios de la policía judicial acudieron a conocer el caso y fijar la evidencia. Fue así que llegaron funcionarios de la Sijin y recibieron la denuncia a María Patricia y se apersonaron del caso”, narró Hoyos.Declaración del senador Richard AguilarEl senador Aguilar fue el primer denunciante de esta red de la Procuraduría que ya tiene, con medida de aseguramiento, al abogado sustanciador Jesús Alejandro Garzón y en la mira a otros tantos funcionarios. Cuenta que el sustanciador lo contactó a través de terceros y le pidió 300 millones de pesos para beneficiarlo con una decisión en medio de un proceso que le llevaban por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.“Directamente no, fui contactado a través de terceros. Se comunicó mi coordinador político desde Piedecuesta, el señor Raúl Cardozo, quien me manifestó que se encontró con un abogado que es muy prestigioso y reconocido acá en Santander que se llama Carlos Rojas y que estaban preocupados porque lo contactó alguien de la Procuraduría diciéndole que iban a sacar rápidamente la sanción en mi contra", indicó Aguilar. "Yo le comenté al señor Raúl Cardozo que de qué proceso se trataba porque tenía muchos procesos, entonces él me dijo que muy bueno sería reunirse con el doctor Carlos Rojas, pero que yo me encontraba en Bogotá, que me quedaba difícil. Ellos encuentran acá en Bucaramanga y pues yo le dije, averigüé muy bien y me dice que pasó. Yo me comuniqué con el doctor Héctor Carvajal (su abogado de confianza) y le preguntó si había sido notificado alguna decisión en mi contra", relató."Después, nuevamente, Raúl Cardozo me comenta: mire, lo van a sancionar, el que contactó al doctor Carlos Rojas es prácticamente una persona de confianza del procurador, se llama Alejandro Garzón y se trata de un proceso de celaduría y yo le dije, no, averigüemos muy bien porque mi abogado en este momento no me ha confirmado. Entonces Raúl Cardozo tenía un contacto, yo nunca tuve contacto directo con Carlos Rojas y pues Raúl le pidió el favor a Carlos indagar un poco más, porque Alejandro Garzón contactó directamente a Carlos", enfatizó. "Entonces, después me dice Raúl, no, van a sacar la sanción inmediatamente, hable con su abogado, yo le dije: pregúntele porque no sé si Alejandro Garzón está llamando el nombre del procurador para notificar o simplemente era una persona que nos quería dar alguna información. A los dos días, el señor Raúl Cardozo me dice no, logré hablar con Carlos Rojas y no, es un extorsionista, está pidiendo dizque 300 millones para evitar el proceso. Eso decía que él era el que sustanciaba, que prácticamente él ya tenía para cambiar el sentido del fallo y, a partir de ese momento, el propio Raúl y el doctor Carlos Rojas me dijeron que no", contó."Disculpe no senador, nosotros no sabíamos que íbamos a toparnos con este tipo de personaje. Yo lo que hice de inmediato fue contactar a mi abogado y le dije, venga, hay que informarle al señor procurador. Le di el nombre de Alejandro Garzón, no tengo el nombre completo y pues procedió mi abogado a informarle al señor procurador”, contó el senador a la Fiscalía.Abogado del senador Richard AguilarEn primer lugar, aparece la declaración de Héctor Carvajal, abogado del senador Richard Aguilar, el primer denunciante extorsionado. Cuenta el abogado que estaban esperando el fallo de primera instancia de la Procuraduría en una investigación que le llevaban al parlamentario por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.“Cuando estábamos pendientes de esa decisión, el senador me remitió vía WhatsApp una fotografía en la que figuraba una comunicación que le hacía una persona, cuyo nombre aparecía como Lalo o Alejo, no recuerdo bien, pero lo que quería decir era que se movieran rápido a tomar una decisión frente a una exigencia que él había hecho", afirmó."El senador me explicó que ese funcionario era de la Procuraduría, del despacho del señor procurador, y que, a través de un abogado suyo, cuyo nombre no me dio, y que es de Bucaramanga, le había mandado ese mensaje a él para que le dieran un dinero con el ánimo de qué colaborara para que la decisión fuera absolviendo al senador. El senador me pidió que sacar una cita con el procurador y le llevará el mensaje de lo que está ocurriendo”, contó Carvajal.Asimismo, añadió que solicitó una cita al entonces procurador Fernando Carrillo, quien le mostró el chat y le contó que el senador le había pedido el favor de denunciar al hecho y que Carrillo le agradeció y le dijo que estaban adelantando unas pesquisas en el despacho. Llamó al mayor Bonilla y el abogado Carvajal le hizo entrega del chat en donde estaban extorsionando al senador.Otros investigadosOtros funcionarios que están siendo investigados por los hechos son John Edward Valdez, Cesar Díaz y Kevin Andrés Amado. Este último ya tiene un proceso penal por destrucción de documentación pública porque, al parecer, destruyó en maquina picadora documentación completa que debería estar al interior de los procesos de la Procuraduría.
La Fiscalía legalizó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, el funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios. En la diligencia también fueron legalizados los allanamientos.El próximo lunes a las 2:30 de la tarde continúa la audiencia de imputación de cargos en su contra. El funcionario deberá responder como presunto responsable del delito de concusión.La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander. Por esos hechos será imputado Garzón Rincón, aunque la investigación continúa porque, al parecer, habrían abordado a muchos funcionarios más.Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.La investigación inició desde diciembre del 2019 cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, un funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios.BLU Radio conoció que, hasta el momento, se han logrado identificar cinco supuestas víctimas de la red de la que haría parte Garzón.La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo los hechos fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander.En lista le siguen la entonces senadora, hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano y el también hoy prófugo de la justicia ‘Jesús Santrich’. Además, esta red de la que haría parte Garzón Rincón habría intentado abordar al general de la Policía Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Polfa, quien dijo a BLU Radio que no alcanzaron a contactarlo para extorsionarlo, y también habría tratado de influenciar en una revocatoria que se estaba haciendo en el departamento de Córdoba contra un mayor de Policía.Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.“Vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, dijo la Fiscalía en un comunicado.La investigación inició desde diciembre del 2019, cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.Según la investigación, el funcionario, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a funcionarios públicos, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.A pesar de que la denuncia se hizo en el 2019, Garzón permaneció en el cargo hasta enero de este año. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría explicaron que por recomendación directa de los investigadores de la Dijín no se hizo ningún movimiento del funcionario, mientras se avanzaba en la recolección de pruebas en su contra.BLU Radio también conoció un documento en el que consta que la orden de captura en su contra fue expedida desde el 24 de noviembre del año pasado, aunque se hizo efectiva este viernes.Fuentes de la investigación confirmaron que la siguiente etapa que se viene en el proceso es la de rastrear las propiedades que tendría Garzón Rincón fuera del país adquiridas, presuntamente, con dineros ilícitos.
El funcionario de la Procuraduría capturado este viernes, través de dos personas, le exigió 300 millones de pesos al congresista Richard Aguilar con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.Así lo confirmó el propio senador en diálogo con BLU Radio, quien dijo que los hechos ocurrieron hace año y medio y que el proceso por el que le pedía dinero se relacionaba con un contrato de celaduría en su primera gobernación. “Esta persona, mediante un tercero, trató de comunicarme alertándome que iba a salir un fallo en mi contra y pidió una suma a cambio de que ayudara a sustanciar dicho fallo. Junto a mi abogado logramos comunicarnos con el señor procurador Fernando Carrillo, quien puso su equipo a disposición se hizo un trabajo articulado con la Fiscalía y Policía Judicial. Se hizo la denuncia y después de un tiempo de investigación se logró la captura. Él utilizó su cargo, la injerencia que podría tener y por eso procede a hacer la exigencia”, dijo el senador en Mañanas BLU.Aguilar manifestó que la solicitud del dinero lo hizo a través de un tercero, con el que mandó un chat con una foto del proceso.“Él fue muy insistente en reunirse conmigo, para sorpresa mandó una fotografía de la sustanciación del fallo y del número del proceso. Verifiqué y fue tan insistente que a mi se me hizo muy extraño y luego de una semana procedió a hacer la exigencia”, manifestó.El senador manifestó que el proceso al que hacía referencia terminó con un fallo a su favor, contrario a lo que el funcionario le manifestaba.Según la investigación, el funcionario, Jesús Alejandro Garzón, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a otros funcionarios, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.Además del senador Aguilar, Aida Merlano y Jesús Santrich, habrían sido víctimas del funcionario, según conoció BLU Radio.Según un comunicado de la Fiscalía, el hoy sindicado vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.“El fallo fue favorable un año después, para que no vaya haber mala interpretación. Era un proceso sobre un contrato de celaduría en el primer año de mi gobernación”, aclaró.“Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas. Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora”, dijo el ente acusador.
La Fiscalía y la Dijín capturaron en Bogotá a Jesús Alejandro Garzón, exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, quien se desempeñó hasta hace una semana como sustanciador en el despacho de Fernando Carrillo, exjefe del Ministerio Público.De acuerdo con el ente acusador, el detenido es investigado por presuntamente exigirle $ 300 millones a un senador para resolver a su favor un proceso disciplinario que databa de 2012 cuando el congresista desempeñaba otro cargo público.Por los hechos, el exfuncionario tendrá que responder por el delito de concusión.Por el posible ilícito, tres abogados son también investigados en calidad de intervinientes.“El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, comunicó la Fiscalía.“Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas”, agregó la entidad.Según la Fiscalía, desde junio de 2019 el funcionario estaría cometiendo ilícitos en el Ministerio Público.Conozca el comunicado de la Fiscalía:
El general en retiro Rodolfo Palomino dijo en BLU Radio que es sorpresivo e inexplicable el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos.El exdirector de la Policía Nacional expresó que, al firmar el fallo, el ya exprocurador Fernando Carrillo, se contradijo, dado que, en noviembre de 2018, lo absolvió por la misma investigación, que él mismo solicitó.“Fui yo quien, desde octubre de 2015, no solamente a la Procuraduría, sino a la Fiscalía, que investigara, eso que fue publicitado en su momento por parte de una periodista, si en eso había una irregularidad. El 30 de octubre de 2015 la Procuraduría abre una investigación formal y, al mismo tiempo, la Fiscalía. La Fiscalía cierra esa investigación el 5 de abril de 2017 porque consideró que no había méritos para ello. En noviembre de 2018, la Procuraduría me absuelve. Con marcada sorpresa, debo decir que ese fallo lo firmó el procurador Carillo. De manera inexplicable saca otro fallo ahora, contradiciendo el que ya había firmado hace dos años”, dijo.A la pregunta de por qué considera que Carrillo cambió su versión con el nuevo fallo, el exdirector de la Policía dijo que le parece sospechoso y no descartó que tenga un propósito electoral."Tengo derecho a saber qué fue lo que hizo cambiar de opinión a una persona que firmó un fallo absolviéndome y ahora lo firma condenándome. Ahí hay algo raro. O le está pagando un favor a alguien, o cree, equivocadamente, que con eso consigue votos. Los colombianos no somos tontos, estas jugadas ruines, torticeras y traicioneras no las puede tener un colombiano de bien porque eso es actuar, si no con bajeza, con indelicadeza e irrespeto. Los seres humanos merecemos respeto y yo merezco respeto, me hago respetar y exijo respeto porque yo respeté y sigo respetando y respeté a todos los colombianos. Dediqué 39 años de mi vida a defender la vida y el honor de los colombianos y hoy me corresponde hacer respetar mi propia honorabilidad", dijo.Sobre el caso por el que fue destituido, Palomino manifestó que en ningún momento presionó para que un subalterno cambiara sus declaraciones sobre un caso de supuesto acoso.“Si yo hubiese ejercido alguna presión indebida, ¿por qué me absolvió la Procuraduría y por qué cerro la investigación de la Fiscalía? Yo no les di en ningún momento”, dijo.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Un terremoto de magnitud 6,5 fue registrado en el nordeste de Taiwán el domingo, según la agencia de meteorología, y los habitantes indicaron que se sintieron fuertes temblores en la capital, Taipéi.Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo fue de magnitud 6.El epicentro del sismo se situó en el condado de Yilan, según la agencia de meteorología, que precisó que se produjo a las 13H11 (05H11 GMT) y a una profundidad de 67 km.El temblor duró unos 10 segundos y fue sentido como el más fuerte de año, según un periodista de la AFP en Taipéi.Los terremotos son recurrentes en Taiwán, puesto que la isla está situada en plena unión de dos placas tectónicas.Hualien, un lugar muy turístico, fue sacudido en 2018 por un sismo de magnitud 6,4, que causó 17 muertos y casi 300 heridos.En septiembre de 1999, un terremoto de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas, en la peor catástrofe natural de la historia de la isla.Un sismo de 6,2 fue registrado en diciembre de 2020, pero no se produjeron heridos ni daños importantes.
Este sábado, 23 de octubre, se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería de Boyacá, Baloto y Lotería del Cauca.Estos son los resultados: verifique si ganó o, de lo contrario, pruebe suerte en el próximo sorteo.Baloto:Baloto RevanchaResultados completos de la Lotería de BoyacáResultados completos Lotería del CaucaLa Lotería de Boyacá juega todos los sábados, a las 10:40 de la noche, mientras que la Lotería del Cauca, juega también los sábados a las 11:00 de la noche.Baloto y Baloto Revancha juegan los miércoles y los sábados, entre las 11:00 y 11:15 de la noche.
Estos son los resultados del sorteo Dorado Noche, chance de la Lotería de Bogotá, que juega los sábados, domingos y festivos.El número ganador en el sorteo de el Dorado Noche, del 23 de octubre, fue: 4109Resultado de las 3 primeras cifras, 3 y 2 últimas cifras:Tres últimas cifras: 109Tres primeras cifras: 410Cuatro cifras: 4109RESULTADOS DEL CHANCE SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2021:Boyacá0268084Cauca9809130Dorado mañana0678Dorado Tarde1013Dorado noche4109Culona2348Astro sol3899VirgoAstro Luna4243AcuarioPijao de oro1790Paisita día5040Paisita noche3691Chontico día9643Chontico noche0614Cafeterito tarde5557Cafeterito noche6353Sinuano día8599Sinuano noche6147Cash three día233Cash three noche115Play four día8059Play four noche7893Saman día5828Caribeña día0040Caribeña noche0337Caribeña noche0337Motilón Tarde6145Motilón Noche9833Paisa Lotto6896Fantástica día3152Fantástica Noche0967Antioqueñita Día7265Antioqueñita Tarde5648Culona noche2014
A través de un comunicado de cuatro puntos, Empresas Públicas de Medellín respondió a igual número de preguntas hechas por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los efectos que podría traer un posible cambio de contratistas en Hidroituango, a través de la cesión de contratos.Sobre los efectos jurídicos y contables, EPM dijo que la cesión contractual es un proceso común dentro de la contratación pública y privada con la sustitución por terceros e Hidroituango no es la excepción.“Bajo esta consideración, de llegarse a dar una cesión es una figura contractual que no tiene objeciones jurídicas. En igual sentido, la figura de la cesión no tiene reparos contables, y en caso que esta llegase a materializarse, EPM cumplirá con las disposiciones contables que rijan en la materia”, reseñó la carta de la entidad.Asimismo, sobre la inquietud de la Superintendencia en relación a los impactos financieros sobre la sociedad, la empresa antioqueña informó que sus estados de flujo de caja y nivel de liquidez son positivos, si se tiene en cuenta la solvencia actual del Grupo EPM.“Cabe mencionar que el Grupo EPM presenta a la fecha un nivel consolidado de caja y equivalentes de efectivo de alrededor de $4,6 billones. El contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una(s) firma(s) contratista(s) especifica(s)”, agregó EPM.La carta también habló sobre la eventual salida del BID del respaldo de la obra y, además de reiterar que no ha recibido ninguna información oficial sobre esto, contó que las relaciones entre ambas partes son muy estables y que el crédito se ha desarrollado en los tiempos estimados.“De hecho, existe un diálogo muy recurrente y, en opinión de EPM, positivo y constructivo. Incluso durante lo transcurrido de la presente semana se han desarrollado actividades tradicionales de seguimiento técnico por parte del Banco al avance de las obras”, puntualizó EPM.La entidad de servicios públicos recordó que el 29 de diciembre de 2017 firmó con el BID un contrato de crédito para parte de la financiación de Hidroituango por un total de 450 millones de dólares a plazos de 8 y 12 años respectivamente.Por último, EPM fue enfático en asegurar que la cesión del contrato y su prórroga, ya sea a una empresa o varias, no afectará el cronograma de la obra, pues se adelantará el empalme necesario y oportuno.“Esto permitiría continuar con el cronograma actual y se podría cumplir con el compromiso de entrar 2 unidades de generación en el año 2022 y 2 unidades en el año 2023, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos con la resolución CREG 194 de octubre de 2020”, concluyó el comunicado.Comunicado de EPM:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La Policía de Cundinamarca rechazó un presunto caso de maltrato intrafamiliar que se habría presentado en Villeta el pasado viernes 23 de octubre, cuando un intendente habría agredido a su pareja, una mujer que también hace parte de la institución y quienes se encontraban de vacaciones. Además anunciaron la apertura de una investigación.El policía hace parte de la seccional de Tránsito y Transporte y fue capturado en flagrancia, mientras que la mujer fue traslada a una clínica para recibir una valoración, donde según la Policía, recibió atención de manera oportuna.Al referirse a lo sucedido, el coronel Wharlinton Iván Gualdron Gualdron, comandante de Departamento de Policía Cundinamarca, dijo que "la Policía Nacional rechaza con vehemencia estos actos que son ajenos a la formación y al actuar de nuestros uniformados en aras de proteger los derechos humanos, salvaguardar la integridad de los ciudadanos y continuar garantizando la convivencia en todo el territorio nacional".Asimismo, la Policía abrió una investigación disciplinaria en la cual se busca determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido.El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, por medio de su cuenta de Twitter le pidió a la Procuraduría, Fiscalía y Policía agilidad en las investigaciones: "en Cundinamarca no toleramos ni toleraremos nunca el maltrato contra la mujer, mucho menos por parte de quienes deben, por compromiso y obligación, protegerlas a ellas y a sus derechos".Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
