El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, descartó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos que mantienen bloqueado el acceso a las instalaciones de la entidad en Bogotá desde la noche del 20 de julio. El funcionario afirmó que la UNP está ejecutando decretos presidenciales ya expedidos y que, por esa razón, no se encuentra en una etapa de negociación.
Nosotros estamos trabajando sobre decretos, no estamos en un proceso en el que se esté generando una negociación, bien sea colectiva o singular. Justamente estamos terminando y hay decretos presidenciales que se están implementando. Por lo tanto, no es época de dialogar esto
El director de la UNP respondió así a uno de los principales reclamos de los sindicatos, que denuncian el supuesto nombramiento "a dedo" de cerca de 6.000 cargos operativos. En enero fueron creados 6.876 cargos mediante decreto, decisión que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidió a la Procuraduría investigar, al señalar que sólo alrededor de 900 vacantes serían provistas mediante concurso de méritos.
En medio de la protesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional desalojar las instalaciones y, en la tarde de este martes, uniformados rodearon el edificio para cumplir la instrucción. Sobre esta medida, Rodríguez aseguró que "la Policía permanecerá un tiempo en la entidad para garantizar que no haya un nuevo intento de toma de las instalaciones". Entretanto, los líderes sindicales afirmaron que permanecerán en el lugar y que no responderán de manera violenta ante una eventual intervención.
“Nosotros no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona. Aquí nos toca acudir a los jueces para que, así sea por medio de una tutela, se suspendan estos procesos. No entendemos cuál es el afán si en cuatro años no hicieron esa normalización de cargos y ahora la quieren hacer en quince días”, afirmó Gilberto Escalante, integrante de la junta directiva del sindicato Sinproseg.
Los sindicatos también cuestionan un proceso de licitación relacionado con los esquemas de protección. Se trata de un contrato por más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas por la entidad. Según los manifestantes, mientras el esquema anterior cubría diez zonas del país, el proceso actual solo contempla dos, que incluyen Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.
Sobre esta decisión, el subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro, explicó que la medida responde a las restricciones presupuestales de la entidad. Según indicó, para 2026 la UNP solicitó un presupuesto de cuatro billones de pesos, pero recibió 2,7 billones, lo que dejó un déficit de 1,3 billones. Agregó que, tras una adición de 260.000 millones de pesos, el faltante quedó en 1,1 billones, por lo que se priorizaron las zonas 1 y 2 para garantizar la operación hasta septiembre y evitar que la próxima administración tenga que declarar una urgencia manifiesta.
Las organizaciones sindicales insisten en que la dirección de la UNP revise los procesos de provisión de cargos y abra un espacio de concertación. Sin embargo, Augusto Rodríguez reiteró que la entidad no suspenderá las decisiones administrativas cuestionadas por los trabajadores.
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