El proceso de selección para contratar nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quedó suspendido temporalmente por orden judicial. La contratación tiene un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos.
La decisión se produjo luego de la presentación de seis acciones de tutela contra el proceso, en las que se solicitó como medida provisional suspender la contratación. El caso que dio lugar a la decisión judicial fue promovido por un escolta que cuestionó una modificación en el alcance del proceso. Según el accionante, la contratación habría quedado limitada a las zonas 1 y 2, mientras se excluyeron las zonas 3 a 10, pese a que, según su argumento, todas tendrían condiciones técnicas y jurídicas equivalentes.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira consideró que esta modificación podría generar un riesgo para la estabilidad laboral de los escoltas de las zonas incluidas en el proceso de contratación.
De acuerdo con la decisión, mientras los trabajadores de otras zonas mantendrían su continuidad mediante mecanismos diferentes, los escoltas de las zonas 1 y 2 quedarían expuestos a la posibilidad de perder sus empleos ante la llegada de un nuevo operador.
El juzgado señaló que esta situación podría afectar la confianza legítima, el sustento familiar y el mínimo vital de los trabajadores involucrados. Por esta razón, se ordenó suspender temporalmente el proceso de selección y se pidió a la UNP remitir los correos de notificación de las uniones temporales vinculadas a la contratación. También se ordenó publicar el auto judicial que establece la suspensión.
La contratación ya estaba bajo la lupa del equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que había solicitado la intervención preventiva de la Procuraduría. La preocupación del Gobierno entrante estaba relacionada con la posibilidad de que la adjudicación se produjera antes del cambio de administración. También se había solicitado revisar la provisión de más de 5.000 cargos antes de que terminara el Gobierno saliente.
En un comunicado divulgado este sábado, el equipo de De La Espriella consideró pertinente la suspensión provisional del proceso y aseguró que el mandatario electo había advertido sobre los posibles riesgos de adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno.
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El Gobierno entrante afirmó que respeta la independencia judicial y que no anticipa conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela. Sin embargo, pidió a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a la información relacionada con la contratación.
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