El Ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto sobre la protección del derecho a la protesta y la verificación del uso de la fuerza en estas manifestaciones.
El primer artículo del documento se refiere al diálogo y a la posibilidad de intervención ante la violencia. “Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”, señala el documento.
Publicidad
Sin embargo, sí señalan que el primer paso en las manifestaciones es el diálogo y la interlocución. Los equipos que participan en esta etapa tendrían una instrucción sobre la información que recauden.
“La información recogida en desarrollo de esta etapa se destinará exclusivamente a la coordinación del servicio y a la garantía del derecho. No podrá emplearse para actividades de inteligencia, elaboración de perfiles o identificación de personas por razón de su participación en la manifestación”, se lee en el documento.
Además, se aclara que las intervenciones desde el comienzo se pueden dar cuando se detecta el uso de armas, explosivos, retenciones de personas, agresiones a terceros o misiones médicas, o cuando se dé la destrucción de bienes.
Los equipos mixtos de diálogo estarán conformados por la Defensoría, Policía y Ministerio Público.
Publicidad
Por otro lado, los PMU funcionarán antes, durante y después de la protesta. Allí habrá presencia de la Policía, las autoridades departamentales y locales.
Además, se incluirá al ICBF si hay instrumentalización de menores o mujeres gestantes.
Publicidad
“Se podrá invitar a este Puesto de Mando Unificado - PMU a representantes de las siguientes entidades: Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de casos de niños, niñas y adolescentes, y demás entidades que, en razón a la situación presentada, se consideren pertinentes. Cuando las situaciones evidencien la instrumentalización de uso de menores de edad, madres gestantes y lactantes, la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia será obligatoria”, señala el proyecto.
Las autoridades deben garantizar el paso continuo de ambulancias, alimentos, niños, bomberos y misiones médicas. Además, las alcaldías deben tener planes de desvíos y rutas alternas.
La fase de diálogo se da por agotada cuando se impide el paso de misiones médicas, hay desabastecimiento de alimentos, agua o medicamentos, o cuando se utilizan armas.
Publicidad
“Porte o empleo de armas de fuego, explosivos o artefactos incendiarios. Destrucción de infraestructura pública o privada, o de bienes destinados a la prestación de servicios públicos esenciales. Retención de personas contra su voluntad, o impedimento absoluto al ingreso o salida de personas del lugar de su residencia. Agresión contra servidores públicos, personal uniformado, misión médica o misión periodística”, agrega el proyecto sobre el agotamiento del diálogo.
Para que la fuerza pública empiece la fase de disuasión o de restablecimiento del orden, debe haber una orden previa de la autoridad de Policía y un registro en el acta del PMU.
Publicidad
“El Alcalde o el Gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los tres (3) meses, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobernador y el Alcalde, y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas; así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas”, dice el proyecto.