La Cámara de Representantes no iniciará las sesiones virtuales del Congreso de la República hasta que se presente un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el artículo 12 del decreto 491, emitido el 28 de marzo por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica y social por cuenta del coronavirus.
La decisión por parte de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, por el momento, es que se reanudarán el 13 de abril, como quedó establecido la directiva 03 del 2020.
La posición se mantiene pese a que al despacho del presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, llegó una carta firmada por varias universidades, en el que precisan que la medida de implementar las sesiones virtuales en el Congreso es constitucional.
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Sin embargo, el presidente y vicepresidente enviaron una carta de tres páginas a la Dirección Administrativa para que “en el menor tiempo posible y en el ámbito de sus competencias, se lleven a cabo las acciones tendientes a garantizar el desarrollo de la actividad legislativa de manera virtual”.
Asimismo, señala que aunque tienen buena conectividad, las actuales plataformas generan una preocupación.
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“La Cámara de Representantes, aunque cuenta con la opción de conectividad y teletrabajo, las plataformas convencionales no se ajustan de manera completa a los requerimientos necesarios para realizar procesos de sesiones y o plenarias que el procedimiento legislativo exige, debido a que estas plataformas carecen de elementos fundamentales, como el control del acceso al micrófono y control centralizado a las intervenciones o la manera en que se puedan radicar proposiciones en tiempo real y que permitan autenticar que quien realiza la proposición, al no tener la firma, corresponda a la identidad del Representante a la Cámara”, señala el escrito.
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Si se presenta un alargue de la cuarentena, el inicio de las sesiones virtuales en la Cámara de Representantes se demorarían en reanudarse porque están condicionadas hasta el pronunciamiento del tribunal, poniendo en riesgo proyectos de ley como la cadena perpetua a violadores para niños, empleo para adultos, borrón y cuenta nueva, plataformas digitales, entre otros.
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