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En el contexto del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Delitos Ambientales (Conaldef), la Policía Nacional llevó a cabo una operación clave que resultó en la captura de 11 miembros de una red criminal dedicada al tráfico ilícito de madera en la Amazonía colombiana, incluyendo seis exfuncionarios de Corponariño, por tráfico ilícito de madera que generaba ganancias de 1.000 millones de pesos mensuales.
La organización, que operaba en la cuenca media del río Putumayo, afectaba gravemente los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís, Putumayo, y Tarapacá, Amazonas, áreas clave para la conservación ambiental.
Los detenidos enfrentan serios cargos por el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y prevaricato por acción, debido a su condición de servidores públicos. Este hecho resalta la gravedad del crimen, dado que involucra a funcionarios que, según su rol en el Sistema Nacional Ambiental, deberían ser los principales protectores de los recursos naturales del país.
La participación de personas vinculadas a la administración pública en estos delitos subraya la complejidad y la magnitud del tráfico ilegal de madera, una actividad que pone en riesgo la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la región amazónica.
“Es una contradicción y una situación profundamente grave que funcionarios públicos encargados de salvaguardar el medio ambiente estén involucrados en actividades criminales que destruyen los ecosistemas que deben proteger”, concluyó la ministra Susana Muhamad.
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