El Congreso de la República aprobó el proyecto de la Ley de Sometimiento (Ley de Orden Público) tras registrarse 57 votos a favor en el Senado y 95 en la Cámara de Representantes. En diálogo con Mañanas BLU, el senador Hernán Cadavid, ponente y principal promotor de la iniciativa, detalló los alcances y condiciones de esta nueva legislación.
Durante el trámite legislativo, se logró que el texto fuera acogido mediante un “efecto espejo” en la Cámara para evitar el trámite de conciliación sin eludir la deliberación parlamentaria.
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Un nuevo marco que busca sepultar la "paz total"
De acuerdo con el legislador, la aprobación de este proyecto señala el fin del esquema de la paz total implementado en los últimos años. Cadavid enfatizó que la norma “modifica o sepulta ese modelo de paz total y plantea un sometimiento a la justicia”, estableciendo un tratamiento penal diferenciado sin concesiones al estado de derecho ni la creación de jueces o fiscales especiales.
El proyecto contempla mecanismos para el sometimiento individual o colectivo de estructuras criminales bajo condiciones rigurosas. Los integrantes de la base de las organizaciones delincuenciales podrán acceder a hasta un 50% de disminución de la pena, mientras que los mandos o liderazgos tendrán una rebaja máxima de hasta el 30%.
Rebajas de penas y exigencias reales de desmantelamiento
Uno de los aspectos centrales destacados por el senador Cadavid es la exclusión explícita de beneficios penales para quienes hayan cometido el delito de reclutamiento de menores de edad. Asimismo, para crímenes graves como lesa humanidad, crímenes de guerra, secuestro o desaparición forzada, aunque existe la posibilidad de reducción de la pena, se fijó un piso punitivo infranqueable.
Al respecto, el congresista afirmó enfáticamente que “nunca será menor de 10 años la pena”. Explicando este condicionamiento, aclaró: “Es decir, bajo ninguna circunstancia una persona que se someta a esta norma o a estas condiciones podrá pagar una pena de dos o de 3 años o de un año, eso no va a suceder”.
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Además, el ponente recalcó que la ley exige una contribución efectiva al desmantelamiento de las bandas: “No es simplemente preséntese, pague y despáchese, sino que usted tiene que contribuir a ello”. Adicionalmente, precisó que “bajo ninguna circunstancia habrá posibilidad de sometimiento a quienes ya hayan recibido un beneficio en procesos de justicia transicional”.
La Fiscalía verificará la colaboración y sanciones a testaferros
El procedimiento legal se desarrollará en dos fases: una administrativa, donde se realiza el primer contacto con el Gobierno Nacional, y una judicial, a cargo de la justicia ordinaria con la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Jueces de la República. Será la Fiscalía la encargada de certificar la veracidad y efectividad de la colaboración brindada. Frente a quién realiza dicha comprobación, Cadavid aseveró: “¿Quién es el encargado de hacer esa verificación de que sí contribuye al desmantelamiento? Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene todo el mayor alcance”.
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En relación con los terceros o testaferros dedicados al ocultamiento de bienes o lavado de activos, se estableció que únicamente podrán solicitar la libertad condicional tras cumplir 6 años de pena efectiva en prisión.
Escuche aquí la entrevista: