La plenaria del Senado aprobó, con 57 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa busca desmontar la política de paz total del anterior gobierno de Gustavo Petro y establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria.
Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se amplió de uno a seis años la pena de cárcel mínima exigida para acceder a los beneficios juríicos.
Publicidad
Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a las estructuras criminales.
En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.
La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del INPEC con restricciones efectivas de la libertad.
Publicidad
El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON. Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.
Tan solo queda el debate en la Cámara de Representantes, que debe terminar la discusión y votación del articulado en la noche de este martes. Si se presentan diferencias entre los textos aprobados por las dos corporaciones, será necesario convocar una conciliación antes de que la iniciativa pueda pasar a sanción presidencial.
Publicidad
El trámite se desarrolla contra el reloj, debido a que la vigencia del actual marco establecido en la ley 418 de 1997 o ley de orden público termina al finalizar el miércoles 4 de noviembre.