La ley de sometimiento, identificada como Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, establece las condiciones jurídicas para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales puedan someterse a la Constitución y la ley, entregar sus armas y avanzar hacia el tránsito a la legalidad. La normativa, que modifica y adiciona disposiciones de la Ley 418 de 1997, contempla un tratamiento penal diferenciado, beneficios judiciales y programas de reincorporación, siempre que los integrantes de estos grupos cumplan compromisos verificables con el Estado y contribuyan a garantizar los derechos de las víctimas.¿Cuál es el objetivo de la ley de sometimiento?El propósito central de la legislación es proporcionar herramientas al Estado colombiano para restablecer el orden público, proteger a la población civil, desmantelar estructuras armadas ilegales y promover una transformación territorial integral. La ley contempla que el sometimiento puede realizarse de manera individual o colectiva. En los procesos colectivos se establecen dos etapas: una administrativa, bajo responsabilidad del Gobierno , y otra de judicialización, a cargo de las autoridades judiciales. Durante el procedimiento se deberá identificar la estructura criminal, sus integrantes, mandos, zonas de influencia, armamento, redes de apoyo, financiadores y economías ilícitas.¿Cómo funcionará el proceso de sometimiento a la justicia?En la primera fase, el Gobierno recibirá la solicitud de sometimiento y establecerá una hoja de ruta con las condiciones que deberá cumplir la organización. Entre los compromisos se encuentran la entrega de armas, municiones y explosivos, la identificación de bienes obtenidos mediante actividades ilegales, la entrega de personas secuestradas, la información sobre desaparecidos y la ubicación de zonas contaminadas con minas antipersonal.Esta etapa administrativa tendrá una duración máxima de tres meses, con posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo, siempre que exista una justificación. Una vez suscrita el acta de sometimiento, el proceso pasará a manos de las autoridades judiciales, que tendrán la responsabilidad de establecer las responsabilidades penales individuales, evaluar los aportes a la verdad y determinar los beneficios que correspondan.La legislación también establece que los acercamientos y actos preparatorios no suspenden las facultades de la fuerza pública ni las funciones de investigación de la Fiscalía. Asimismo, la interlocución con estas organizaciones no representa un reconocimiento de estatus político.¿Qué beneficios penales contempla la ley de sometimiento?Uno de los puntos centrales de la normativa es el tratamiento penal diferenciado. La ley contempla una reducción de hasta el 50 % de la pena acumulada, dependiendo de los aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y las contribuciones verificables al desmantelamiento de la organización. Para quienes hayan ejercido funciones de mando y liderazgo dentro de estas estructuras, la reducción será del 30 %.Otro mecanismo es la libertad condicional, que podrá solicitarse después de cumplir las cuatro quintas partes de la pena, siempre que se acrediten los compromisos y exista una valoración favorable sobre el comportamiento del condenado. Las personas que hayan ejercido funciones de mando deberán cumplir una pena mínima de diez años de privación efectiva de la libertad. Esta misma restricción se aplica a quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento de menores de edad. Además, quienes hayan sido condenados mediante sentencia en firme por reclutamiento ilícito o utilización de menores en delitos no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado.Verdad, reparación y compromisos con las víctimasLos beneficios judiciales no serán automáticos. Para acceder a ellos, los integrantes de las organizaciones deberán reconocer su responsabilidad, entregar información exhaustiva y verificable sobre los delitos cometidos, abstenerse de realizar nuevas conductas criminales y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.También deberán identificar y entregar los bienes y activos obtenidos mediante actividades ilícitas, incluidos aquellos que estén en poder de terceros o bajo su control. La información tendrá que permitir conocer las fuentes de financiación, rutas, redes de apoyo y demás mecanismos utilizados por las estructuras criminales.Reincorporación de los sometidosLa normativa crea los Programas de Tránsito a la Legalidad, mediante los cuales el Gobierno podrá ofrecer beneficios sociales y económicos a quienes cumplan las condiciones establecidas. Estos programas contemplan formación para el trabajo, acceso a educación superior, acompañamiento psicológico y oportunidades de vinculación laboral.La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tendrá a su cargo el diseño, ejecución y evaluación de estos programas, en coordinación con entidades como los ministerios de Trabajo y Educación y el SENA.Protección especial para víctimas de violencia sexual y menores de edadLa ley establece garantías específicas para las víctimas de violencia basada en género y violencia sexual. Entre ellas se encuentran el respeto por su intimidad, privacidad y confidencialidad, el acompañamiento psicosocial y la protección frente a la revictimización.También contempla medidas especiales para niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados, utilizados o vinculados a las estructuras armadas ilegales. Estos menores serán reconocidos como víctimas y deberán recibir atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con medidas de restablecimiento de derechos, acompañamiento psicológico y continuidad educativa.Vigencia de la ley de sometimientoLa Ley 2640 de 2026 establece una vigencia de cuatro años a partir de su publicación. Durante ese periodo, el Ministerio de Justicia deberá realizar seguimiento a su implementación y presentar anualmente al Congreso un informe público sobre los avances, resultados y dificultades.Documento completo de la ley de sometimiento
El Congreso de la República aprobó el proyecto de la Ley de Sometimiento (Ley de Orden Público) tras registrarse 57 votos a favor en el Senado y 95 en la Cámara de Representantes. En diálogo con Mañanas BLU, el senador Hernán Cadavid, ponente y principal promotor de la iniciativa, detalló los alcances y condiciones de esta nueva legislación. Durante el trámite legislativo, se logró que el texto fuera acogido mediante un “efecto espejo” en la Cámara para evitar el trámite de conciliación sin eludir la deliberación parlamentaria.Un nuevo marco que busca sepultar la "paz total"De acuerdo con el legislador, la aprobación de este proyecto señala el fin del esquema de la paz total implementado en los últimos años. Cadavid enfatizó que la norma “modifica o sepulta ese modelo de paz total y plantea un sometimiento a la justicia”, estableciendo un tratamiento penal diferenciado sin concesiones al estado de derecho ni la creación de jueces o fiscales especiales.El proyecto contempla mecanismos para el sometimiento individual o colectivo de estructuras criminales bajo condiciones rigurosas. Los integrantes de la base de las organizaciones delincuenciales podrán acceder a hasta un 50% de disminución de la pena, mientras que los mandos o liderazgos tendrán una rebaja máxima de hasta el 30%.Rebajas de penas y exigencias reales de desmantelamientoUno de los aspectos centrales destacados por el senador Cadavid es la exclusión explícita de beneficios penales para quienes hayan cometido el delito de reclutamiento de menores de edad. Asimismo, para crímenes graves como lesa humanidad, crímenes de guerra, secuestro o desaparición forzada, aunque existe la posibilidad de reducción de la pena, se fijó un piso punitivo infranqueable.Al respecto, el congresista afirmó enfáticamente que “nunca será menor de 10 años la pena”. Explicando este condicionamiento, aclaró: “Es decir, bajo ninguna circunstancia una persona que se someta a esta norma o a estas condiciones podrá pagar una pena de dos o de 3 años o de un año, eso no va a suceder”.Además, el ponente recalcó que la ley exige una contribución efectiva al desmantelamiento de las bandas: “No es simplemente preséntese, pague y despáchese, sino que usted tiene que contribuir a ello”. Adicionalmente, precisó que “bajo ninguna circunstancia habrá posibilidad de sometimiento a quienes ya hayan recibido un beneficio en procesos de justicia transicional”.La Fiscalía verificará la colaboración y sanciones a testaferrosEl procedimiento legal se desarrollará en dos fases: una administrativa, donde se realiza el primer contacto con el Gobierno Nacional, y una judicial, a cargo de la justicia ordinaria con la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Jueces de la República. Será la Fiscalía la encargada de certificar la veracidad y efectividad de la colaboración brindada. Frente a quién realiza dicha comprobación, Cadavid aseveró: “¿Quién es el encargado de hacer esa verificación de que sí contribuye al desmantelamiento? Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene todo el mayor alcance”.En relación con los terceros o testaferros dedicados al ocultamiento de bienes o lavado de activos, se estableció que únicamente podrán solicitar la libertad condicional tras cumplir 6 años de pena efectiva en prisión.Escuche aquí la entrevista:
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley de sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra, luego de más de 12 horas de discusión. Los representantes respaldaron el mismo texto que había sido aprobado previamente por el Senado de la República, por lo que la iniciativa superó su último debate en el Congreso y quedó lista para pasar a sanción presidencial.Tras la votación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que durante el trámite se ofrecieron garantías a los sectores de oposición y que algunas de sus proposiciones fueron incorporadas al articulado.“Creo que aunque haya muchas personas de la oposición con una molestia, creo que se le dieron todas las garantías. El gobierno también recibió proposiciones de ellos, se incorporaron, pero obviamente era un proyecto del gobierno y se obtuvo el respaldo después de un amplio debate”, afirmó el ministro.Cancino también destacó que la iniciativa no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones y que establece condiciones para la entrega de bienes por parte de quienes se sometan.Frente a la posibilidad de que el texto presente errores, el ministro reconoció que no hay ley perfecta, pero señaló que el Gobierno realizó un trabajo muy dedicado con dos equipos de trabajo.“Creo que ahí no vamos a encontrar, esperemos ningún error, ya estarán aquí revisando, mañana se publicará y esperemos que se sancione y sea ley de la República el día 4 de noviembre del año 2026, la primera ley del gobierno de Abelardo De La Espriella”, agregó.Por su parte, el representante a la Cámara Daniel Briceño, ponente de la iniciativa, aseguró que con esta aprobación termina el modelo de paz total del anterior Gobierno y comienza un nuevo esquema de sometimiento a la justicia.“Primero, no habrán gestores de paz. Segundo, no habrán mesas de negociación. Tercero, no se le suspenderá a nadie aquí la orden de captura ni la extradición”, afirmó el congresista, quien agregó que los responsables del reclutamiento de menores no podrán acceder a los beneficios contemplados en la ley.¿Cuáles son los principales cambios de la Ley de Sometimiento?Entre los ajustes aprobados durante el trámite legislativo está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. Para los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se amplió de uno a seis años la pena mínima de cárcel exigida para acceder a los beneficios jurídicos.Asimismo, se estableció que quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de vincular a niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado.En cuanto a las sanciones, la iniciativa contempla rebajas de hasta el 50% de las penas para los integrantes de base de las organizaciones criminales. Para los cabecillas y quienes ejerzan funciones de mando, la reducción será de hasta el 30%, sin que la condena pueda ser inferior a diez años de prisión.Cabe recordar que durante el trámite en ambas cámaras fue eliminado el artículo 25, que contemplaba la posibilidad de utilizar gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.Con la aprobación del mismo articulado en Senado y Cámara, el proyecto concluyó su trámite legislativo y quedó a la espera de la sanción presidencial.
La plenaria del Senado aprobó, con 57 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa busca desmontar la política de paz total del anterior gobierno de Gustavo Petro y establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria.Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se amplió de uno a seis años la pena de cárcel mínima exigida para acceder a los beneficios juríicos.Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a las estructuras criminales.En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del INPEC con restricciones efectivas de la libertad.El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON. Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.Tan solo queda el debate en la Cámara de Representantes, que debe terminar la discusión y votación del articulado en la noche de este martes. Si se presentan diferencias entre los textos aprobados por las dos corporaciones, será necesario convocar una conciliación antes de que la iniciativa pueda pasar a sanción presidencial.El trámite se desarrolla contra el reloj, debido a que la vigencia del actual marco establecido en la ley 418 de 1997 o ley de orden público termina al finalizar el miércoles 4 de noviembre.
El Consejo Superior de Política Criminal respaldó el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que busca establecer un marco jurídico para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia a cambio de beneficios judiciales condicionados, sin que el Estado renuncie al seguimiento penal ni al uso legítimo de la Fuerza Pública.En ese sentido, el Consejo advirtió que es indispensable prorrogar la Ley 418 de 1997, que sirve de base legal para los procesos de desmovilización de grupos armados y que vence mañana, 4 de noviembre de 2026. En su análisis, el Consejo cuestionó los resultados del modelo de negociación establecido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según el documento, bajo el esquema de la Ley 2272 de 2022, la Ley de paz total, los integrantes de los grupos armados ilegales aumentaron un 90 % entre diciembre de 2022 y julio de 2026.El organismo señaló que las mesas simultáneas de diálogo no consiguieron un desarme efectivo y, por el contrario, permitieron la expansión territorial de varias estructuras criminales. También advirtió que delitos como la extorsión, el reclutamiento forzado de menores y las amenazas crecieron de manera exponencial, mientras la presencia del Estado en los territorios se redujo al quedar condicionada al avance de las conversaciones.Durante la sesión, el Ministerio de Justicia explicó que el proyecto fue ajustado tras las observaciones del Comité Técnico, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los cambios se encuentra la eliminación de la figura del interlocutor de las organizaciones armadas y la modificación del concepto de “Intervención Territorial Integral” por “Transformación Territorial Integral”. También se fortalecieron las garantías para niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.En materia penal, se precisó el concepto de mando para establecer una pena mínima de 10 años para los cabecillas de las organizaciones. Para los colaboradores procesados por delitos como lavado de activos, testaferro o enriquecimiento ilícito, se contempla una suspensión condicional de la pena de entre uno y tres años, siempre que entreguen todos sus bienes y la Fiscalía verifique su cumplimiento.El Gobierno también aclaró que la definición de actores armados no busca criminalizar la protesta social pacífica e incorporó disposiciones específicas sobre los derechos de las víctimas y medidas contra la violencia sexual. Finalmente, el Ministerio de Hacienda deberá verificar si existe disponibilidad presupuestal para crear una Unidad Especializada de Investigación en la Fiscalía General de la Nación.El concepto del Consejo Superior de Política Criminal respalda así el avance de la iniciativa en el Congreso, en medio de la necesidad de establecer un nuevo marco jurídico para el sometimiento de grupos armados ilegales antes del vencimiento de la actual ley de orden público.
En una jornada crucial para el futuro legislativo de la política de seguridad y paz del Gobierno nacional, el Congreso de la República avanza a contrarreloj para aprobar el proyecto de Ley de Sometimiento, marco normativo que modifica y prorroga la Ley de Orden Público. El representante a la Cámara por el Centro Democrático y coordinador ponente del proyecto en esa corporación, Daniel Briceño, en diálogo con Mañanas Blu, advirtió que la iniciativa debe conciliarse antes de la medianoche entre Senado y Cámara para evitar que la norma pierda vigencia.A pesar de las apretadas agendas legislativas y las trabas en el trámite, Briceño confirmó que en la última sesión se lograron destrabar aspectos fundamentales: “Logramos aprobar tres artículos, pero ojo, logramos salir de un número grande de proposiciones que pedían suprimir todos los artículos, que era un volumen altísimo”.Acuerdos clave: duras condiciones y penas a testaferrosUno de los puntos de mayor debate dentro de la ponencia ha sido el tratamiento penal otorgado a los terceros e intermediarios en economías ilícitas. Frente a las críticas por supuestos beneficios excesivos, Briceño aclaró el cambio sustancial pactado entre los ponentes de la oposición, el Partido Liberal y el Ejecutivo para elevar los tiempos mínimos de prisión.Al respecto, el congresista fue enfático sobre las exigencias para revisar cualquier medida privativa de la libertad: “Solamente cuando paguen 6 años de cárcel se podrá entrar a revisar si los testaferros pueden suspender o no el tema de la reclusión en prisión. Y además entregando todos los bienes, absolutamente todos los bienes”. Briceño enfatizó que la restitución total de activos es un requisito indispensable, advirtiendo que “si no hay entrega de bienes, no hay como tal suspensión” del beneficio penológico.Estrategia dilatoria y articulación en el CongresoEl trámite del articulado ha tenido que sortear un alud de más de 400 proposiciones radicadas, atribuidas a sectores del Pacto Histórico, lo que para los ponentes representa una maniobra para frenar el avance del proyecto. Ante este panorama, Briceño señaló: “Yo creo que 400 proposiciones representan una estrategia de dilación, pero vea, estamos en democracia”.Para evacuar los más de 25 artículos pendientes en cada célula legislativa, los coordinadores ponentes en ambas cámaras —Hernán Cadavid en Senado y Daniel Briceño en Cámara— han sostenido intensas jornadas de trabajo junto al Gobierno Nacional. En este frente, el representante destacó la coordinación técnica existente: “Todos nuestros equipos están enfilados con el ministro Cancino en estos momentos, que además está fungiendo de ministro del Interior y de ministro de Justicia al tiempo”. Asimismo, descartó que existan vicios de procedimiento que pongan en riesgo la constitucionalidad de la norma ante la Corte Constitucional, asegurando que el debate de la ponencia mayoritaria se garantizó en estricto apego al reglamento.El escenario límite: el impacto sobre la 'Paz Total'La falta de aprobación de la iniciativa antes del vencimiento del término constitucional provocaría un fuerte impacto jurídico en las políticas de seguridad del Estado. De no lograrse la votación y la posterior conciliación de los textos aprobados por ambas corporaciones, la prorroga de la Ley de Orden Público caerá.Sobre las consecuencias de un eventual hundimiento de la iniciativa, Briceño sintetizó la encrucijada en la que se ubicaría la administración central: “Si no se logra aprobar, pues el gobierno tendría que volver a radicar un proyecto de ley porque pues no entra en vigencia esta ley de orden público... quedaría pues derogada la paz total del señor Gustavo Petro”. En ese escenario, advirtió que el Estado perdería de forma inmediata las herramientas legales vigentes para ofrecer garantías o esquemas de sometimiento a las organizaciones criminales.Escuche aquí la entrevista:
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, cuestionó el proyecto de ley de sometimiento que avanza en el Congreso, al advertir que varios de los beneficios contemplados en la iniciativa ya existen en los mecanismos de justicia transicional, como las colonias agrícolas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.Ramelli señaló que le llamó la atención encontrar en el proyecto descuentos en las sanciones por la realización de acciones restaurativas, entre ellas actividades relacionadas con la búsqueda de desaparecidos y el desminado, que también hacen parte del trabajo que desarrolla la JEP.“Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención”, afirmó el presidente de la jurisdicción, al referirse a los beneficios que podrían recibir quienes se sometan a las condiciones establecidas en la nueva ley.El magistrado cuestionó qué diferencias existirían entre esos beneficios y los mecanismos de justicia restaurativa que aplica la JEP: “Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, preguntó.Otro de los reparos de Ramelli tiene que ver con el alcance de la verdad que deberán aportar los grupos que se sometan a la ley. Aunque consideró positivo que entreguen información sobre laboratorios, rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales, insistió en que también deben esclarecerse los demás crímenes cometidos.“¿Y dónde está la verdad frente a las víctimas?”, cuestionó el presidente de la JEP, al señalar que no encontró suficientemente clara la participación de las víctimas dentro del proyecto de sometimiento.El presidente de la JEP también llamó la atención sobre el hecho de que la iniciativa reúna en un mismo marco a distintos grupos armados y organizaciones que podrían someterse a la justicia. En ese contexto, planteó interrogantes sobre las condiciones que deberán cumplir y la verdad que tendrán que entregar, más allá de la información relacionada con el narcotráfico.Finalmente, el presidente de la JEP advirtió que es necesario aclarar cómo se garantizará la participación activa de las víctimas y qué diferencias tendrá el modelo de sometimiento frente a la justicia transicional. Sus cuestionamientos se conocen mientras el proyecto avanza hacia su discusión en la plenaria del Congreso.
A pocos días de la aprobación del proyecto de ley de sometimiento o acogimiento en las Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, BLU Radio conoció el texto de la ponencia de segundo debate, que será radicada para su discusión en las plenarias del Congreso.El documento, con 29 artículos, introduce varios cambios con respecto a lo propuesto originalmente por el Gobierno, entre los que se incluyen controles más estrictos para identificar a los integrantes de organizaciones criminales, amplía las obligaciones de colaboración con la justicia y ajusta las condiciones para acceder a beneficios penales.Entre las principales modificaciones está la eliminación de la figura de intermediario (abogado) que había sido propuesta para presentar la solicitud de sometimiento del grupo ilegal ante el Gobierno, buscando evitar intermediarios. Frente a las listas de integrantes, se exige verificar individualmente a quienes busquen acogerse a la ley y contar con pruebas adicionales que acrediten su pertenencia al grupo. También permite la inclusión de personas privadas de la libertad que demuestren haber pertenecido al grupo criminal antes de su captura y aclara que la inclusión de estas personas no implica su excarcelación.Las organizaciones deberán entregar información sobre desaparecidos, redes criminales, fuentes de financiación, economías ilícitas, ubicación de áreas contaminadas con minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, además de cesar actividades como la explotación minera ilegal y entregar bienes para reparar a las víctimas.En materia de sanciones, se mantienen rebajas de hasta el 50 % de la pena para integrantes que cumplan las condiciones y del 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo. Sin embargo, los responsables de roles de mando deberán cumplir una pena mínima de diez años. Asimismo, quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento de menores tendrán solamente una reducción de pena del 30 % para los combatientes rasos y del 10 % para los mandos. La acumulación de beneficios quedará reservada para quienes no hayan ejercido funciones de mando.Los colaboradores de los actores armados que hayan incurrido en delitos de lavado de activos, testaferro y enriquecimiento ilícito tendrán una pena mínima de tres años, dos años más que lo concebido por el Gobierno.Finalmente, se reduce de diez a cuatro años la vigencia de la ley y se obliga al Gobierno a presentar un informe anual al Congreso sobre el desmantelamiento de las organizaciones criminales, la reducción de la violencia y la reparación de las víctimas. El texto deberá ser discutido, aprobado y conciliado por el Congreso, así como sancionado por el presidente de la República antes del próximo 4 de noviembre, al tratarse de una prórroga de la Ley de Orden Público de 1997.
Con una votación de 14 contra 1, el Consejo Superior de Política Criminal concedió el aval al proyecto de ley de sometimiento y acogimiento de grupos armados criminales, la principal apuesta del Gobierno nacional para complementar su política de seguridad.Cabe recordar que el proyecto desmonta la política de Paz Total, establecida por el Gobierno de Gustavo Petro, al no permitir ningún tipo de negociación de carácter político con los integrantes de estructuras criminales y solo plantea un marco jurídico de sometimiento a la ley y la justicia con beneficios penales sometidos al cumplimiento de compromisos como desminado, entrega de bienes y compromiso con las víctimas.Esta instancia en la que hacen parte el Ministerio de Justicia, de Educación, el DNP, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Justicia Penal Militar y hasta congresistas, dio su visto bueno a la iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso. El único voto negativo fue de la representante del Pacto Histórico en ese órgano consultivo.Según fuentes consultadas por BLU Radio, los integrantes hicieron recomendaciones frente a la proporcionalidad de las penas y beneficios que otorga la iniciativa en su artículo 18 para que estén en concordancia con la Convención de Palermo y el Código Penal.El proyecto pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara, que deberán aprobarlo antes del 4 de noviembre, ya que en esa fecha pierde vigencia la actual prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.
Avanza la ley de sometimiento que prepara el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevos detalles sobre las reglas que tendrá este mecanismo. El funcionario dejó claro que se tratará de un proceso de carácter jurídico y no político, con condiciones específicas para quienes quieran acogerse y acceder a los beneficios que contempla la iniciativa.“Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones. Es un tema jurídico, no político”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Cancino.Por esta razón, el ministro explicó que la persona que vaya a dialogar con el Gobierno deberá ser abogado, porque el proceso estará planteado desde el ámbito jurídico.La iniciativa tampoco contempla cárceles especiales. Sin embargo, el ministro explicó que sí podrían existir establecimientos productivos y que las víctimas serán el eje de la ley, incluso con capacidad para tomar decisiones de fondo frente a beneficios y libertades condicionales.Para someterse a esta ley, los integrantes de los grupos deberán hacer aportes de verdad, justicia y reparación, además de avanzar en su desmovilización y entregar información sobre rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas.Pero el ministro Cancino puso sobre la mesa dos componentes adicionales: quienes quieran acogerse también deberán entregar información sobre la corrupción que hayan efectuado y sobre sus vínculos políticos. Si no existe ese aporte, tendrán dificultades para someterse o acceder a los beneficios.¿Existirán rebajas de pena?En cuanto a las rebajas de pena, el ministro explicó que para las personas que tengan mando serán del 30 % y para los demás del 50 %. Sin embargo, precisó que habrá circunstancias que podrán modificar esos beneficios y que todo dependerá de los aportes y las condiciones de entrega o sometimiento.E incluso el ministro se pronunció sobre los diálogos con la Coordinadora Bolivariana, señaló que sus integrantes están evaluando si se someten y siguen la vía jurídica establecida. El Gobierno, dijo, permanece a la espera de lo que ocurra y habrá noticias en los próximos días, dependiendo de cómo continúen comportándose frente al proceso iniciado.¿Qué pasará con las extradiciones?Frente a las órdenes de captura y las extradiciones, Cancino fue contundente, no habrá ninguna suspensión. Además, las personas que ya estén capturadas no harán parte de la ley, porque, según explicó, el Estado ya hizo el esfuerzo para llevarlas ante la justicia.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.
La pérdida de cabello no es un problema exclusivo de los adultos. La alopecia puede comenzar desde los 16 años y estar relacionada con factores que van más allá de la genética y los cambios hormonales. La alimentación, los hábitos de vida, algunas enfermedades y las deficiencias vitamínicas también pueden influir en el crecimiento capilar.La doctora Paula Andrea Villarreal, tricóloga con maestría en Cirugía Capilar y directora médica de Capilix, advierte sobre la importancia de identificar el origen de la caída antes de iniciar cualquier tratamiento. Uno de los errores frecuentes, señala, es recurrir a productos que se promocionan en redes sociales sin contar con una valoración profesional.Esta práctica puede generar gastos innecesarios, resultados que no corresponden con las necesidades del paciente y expectativas difíciles de cumplir. Por eso, el diagnóstico temprano es fundamental para determinar qué tipo de alopecia presenta cada persona y cuál es el abordaje indicado.¿Qué puede causar alopecia desde la adolescencia?Aunque la genética y las alteraciones hormonales suelen relacionarse con la pérdida capilar, no son los únicos factores que deben evaluarse. La especialista explica que también es necesario revisar la alimentación, los antecedentes médicos, los hábitos cotidianos y posibles deficiencias de vitaminas.Incluso el consumo de suplementos, como la creatina, puede hacer parte de los aspectos que se revisan durante la consulta. Por esta razón, no se recomienda comenzar tratamientos por cuenta propia sin conocer qué está provocando la caída.¿Cuáles son las señales de alerta de la pérdida de cabello?La alopecia no siempre se manifiesta con una caída abundante. Entre las señales que pueden indicar un problema están el ensanchamiento de la línea media, el retroceso de las entradas y la disminución del volumen en la coronilla.De acuerdo con Villarreal, existen alrededor de 100 tipos de alopecia, por lo que identificar cuál está presente resulta determinante para orientar el tratamiento. La valoración médica y el análisis microscópico del cuero cabelludo permiten estudiar las características del cabello y complementar el diagnóstico.¿La alopecia también afecta la salud emocional?La pérdida capilar puede tener consecuencias que van más allá de la apariencia. Según la experiencia clínica de la doctora, puede afectar la autoestima, las relaciones personales y las actividades cotidianas. Evitar fotografías, dejar de asistir a reuniones o utilizar accesorios para ocultar zonas despobladas son algunas de las situaciones que pueden reflejar ese impacto.La especialista también señala que no todas las personas son candidatas a un implante capilar. Antes de considerar una cirugía, deben evaluarse la severidad de la alopecia, la disponibilidad de la zona donante, las enfermedades de base y las expectativas del paciente.
La esperanza de encontrarlo con vida terminó en tragedia. Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años, murió luego de ser arrastrado por las aguas de la quebrada La Ruitoca, en Girón, durante la madrugada del sábado.Según las primeras versiones, el hombre se movilizaba en su motocicleta e intentaba atravesar un puente sobre la quebrada cuando fue sorprendido por una creciente súbita. Las fuertes lluvias habrían provocado un aumento considerable del caudal, haciendo que la corriente lo arrastrara.La emergencia puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron organismos de socorro, unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y residentes de la zona, quienes recorrieron diferentes puntos del afluente con la esperanza de ubicarlo.El sargento Carlos Portilla, del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, señaló: "Después de varias horas de labores, el cuerpo fue encontrado en la vereda Barbosa, cerca de la finca Los Mantilla, en jurisdicción de Girón".La recuperación no fue sencilla. La fuerza del agua y las condiciones del terreno obligaron a los bomberos de Floridablanca a extender sus trabajos hasta altas horas de la noche.La motocicleta en la que se desplazaba también fue localizada a pocos metros del punto donde habría ocurrido el accidente.Más allá de la emergencia, la noticia golpeó especialmente a los habitantes del corregimiento de Acapulco, donde Carlos Arturo era conocido cariñosamente como 'Pico' y era apreciado por sus vecinos.Su muerte deja un profundo dolor entre familiares, amigos y miembros de una comunidad que hoy lamenta su partida.
El Consejo de Estado condenó en segunda instancia a la Policía Nacional por las graves lesiones físicas y mentales que sufrió un niño de cuatro años, luego de que una auxiliar de enfermería de la Clínica de la Policía de Envigado le aplicara incorrectamente una inyección de dipirona en 2008.De acuerdo con el proceso, el 9 de junio de 2008 el menor fue llevado al servicio de urgencias por presentar fiebre y dolor generalizado. Durante la atención recibió media ampolla de dipirona en el glúteo derecho, procedimiento que terminó ocasionándole una lesión permanente en el nervio ciático.La familia tuvo que acudir a una acción de tutela para conseguir una valoración especializada, pues la clínica no tenía contratos vigentes con neurólogos. Casi tres meses después, se estableció que la inyección había sido aplicada fuera de la zona segura del glúteo.Las consecuencias fueron devastadoras para el menor de edad, ya que en 2010, Medicina Legal determinó que el menor presentaba deformidad física y perturbación funcional permanentes. Quedó con cojera, dificultades para apoyar el talón derecho y dolor crónico.Posteriormente, los peritajes de la Universidad CES documentaron afectaciones en su salud mental, relacionadas con el sufrimiento prolongado y la dependencia a medicamentos opioides. El abogado Javier Villegas demostró durante el proceso la responsabilidad de la institución por una falla en la prestación del servicio médico."Sin la aplicación indebida de la inyección, el daño no se había producido. El daño sufrido por el menor fue cierto, personal y permanente. No se redujo a la lesión del nervio siático derecho, sino que además comprende la deformidad física y la perturbación funcional del órgano de la locomoción y el dolor crónico", explicó el abogado. Hay que mencionar que el Consejo de Estado rechazó los argumentos de la Policía Nacional, que atribuía parte de las complicaciones al supuesto incumplimiento de las recomendaciones médicas por parte de la madre.Como consecuencia de los tratamientos, los padres tuvieron que vender su vivienda y el pequeño establecimiento comercial del que obtenían su sustento económico. Incluso, la madre llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra para reclamar atención y apoyo.
