En una jornada crucial para el futuro legislativo de la política de seguridad y paz del Gobierno nacional, el Congreso de la República avanza a contrarreloj para aprobar el proyecto de Ley de Sometimiento, marco normativo que modifica y prorroga la Ley de Orden Público. El representante a la Cámara por el Centro Democrático y coordinador ponente del proyecto en esa corporación, Daniel Briceño, en diálogo con Mañanas Blu, advirtió que la iniciativa debe conciliarse antes de la medianoche entre Senado y Cámara para evitar que la norma pierda vigencia.
A pesar de las apretadas agendas legislativas y las trabas en el trámite, Briceño confirmó que en la última sesión se lograron destrabar aspectos fundamentales: “Logramos aprobar tres artículos, pero ojo, logramos salir de un número grande de proposiciones que pedían suprimir todos los artículos, que era un volumen altísimo”.
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Acuerdos clave: duras condiciones y penas a testaferros
Uno de los puntos de mayor debate dentro de la ponencia ha sido el tratamiento penal otorgado a los terceros e intermediarios en economías ilícitas. Frente a las críticas por supuestos beneficios excesivos, Briceño aclaró el cambio sustancial pactado entre los ponentes de la oposición, el Partido Liberal y el Ejecutivo para elevar los tiempos mínimos de prisión.
Al respecto, el congresista fue enfático sobre las exigencias para revisar cualquier medida privativa de la libertad: “Solamente cuando paguen 6 años de cárcel se podrá entrar a revisar si los testaferros pueden suspender o no el tema de la reclusión en prisión. Y además entregando todos los bienes, absolutamente todos los bienes”. Briceño enfatizó que la restitución total de activos es un requisito indispensable, advirtiendo que “si no hay entrega de bienes, no hay como tal suspensión” del beneficio penológico.
Estrategia dilatoria y articulación en el Congreso
El trámite del articulado ha tenido que sortear un alud de más de 400 proposiciones radicadas, atribuidas a sectores del Pacto Histórico, lo que para los ponentes representa una maniobra para frenar el avance del proyecto. Ante este panorama, Briceño señaló: “Yo creo que 400 proposiciones representan una estrategia de dilación, pero vea, estamos en democracia”.
Para evacuar los más de 25 artículos pendientes en cada célula legislativa, los coordinadores ponentes en ambas cámaras —Hernán Cadavid en Senado y Daniel Briceño en Cámara— han sostenido intensas jornadas de trabajo junto al Gobierno Nacional. En este frente, el representante destacó la coordinación técnica existente: “Todos nuestros equipos están enfilados con el ministro Cancino en estos momentos, que además está fungiendo de ministro del Interior y de ministro de Justicia al tiempo”.
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Asimismo, descartó que existan vicios de procedimiento que pongan en riesgo la constitucionalidad de la norma ante la Corte Constitucional, asegurando que el debate de la ponencia mayoritaria se garantizó en estricto apego al reglamento.
El escenario límite: el impacto sobre la 'Paz Total'
La falta de aprobación de la iniciativa antes del vencimiento del término constitucional provocaría un fuerte impacto jurídico en las políticas de seguridad del Estado. De no lograrse la votación y la posterior conciliación de los textos aprobados por ambas corporaciones, la prorroga de la Ley de Orden Público caerá.
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Sobre las consecuencias de un eventual hundimiento de la iniciativa, Briceño sintetizó la encrucijada en la que se ubicaría la administración central: “Si no se logra aprobar, pues el gobierno tendría que volver a radicar un proyecto de ley porque pues no entra en vigencia esta ley de orden público... quedaría pues derogada la paz total del señor Gustavo Petro”. En ese escenario, advirtió que el Estado perdería de forma inmediata las herramientas legales vigentes para ofrecer garantías o esquemas de sometimiento a las organizaciones criminales.
Escuche aquí la entrevista: