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SIC abrió investigación contra Claro por presuntas irregularidades en ventas de celulares

Entre los cargos se incluyen promociones engañosas, falta de información clara sobre precios y condiciones de financiación, y presuntas violaciones al derecho de retracto de los consumidores.

SIC impuso millonaria multa a Claro
La millonaria multa que deberá pagar Claro.
Foto: Claro y Blu Radio

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación formal contra Comcel S.A. (Claro) por presuntas vulneraciones de los derechos de los consumidores en su plataforma de comercio electrónico. La investigación se centra en la comercialización de productos tecnológicos y la oferta de financiación a través de su sitio web.

La decisión fue tomada después de una averiguación preliminar que incluyó la revisión de contratos de financiación, análisis de piezas publicitarias y visitas al portal de la empresa. Según la SIC, Claro habría incurrido en varias prácticas que podrían afectar la transparencia y el bienestar de los consumidores.

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Entre los cargos formulados destacan posibles irregularidades en la forma en que la empresa promociona sus ofertas. La SIC asegura que Claro podría haber difundido promociones sin especificar las condiciones esenciales, como los requisitos para acceder a los descuentos o el monto de los beneficios. Además, se señala que la información sobre la disponibilidad de productos y los precios totales no habría sido clara ni accesible para los usuarios.

Otro de los puntos críticos que la SIC identificó fue el presunto condicionamiento del derecho de retracto, que obligaría a los consumidores a presentar la factura de compra para ejercer este derecho. La entidad también ha señalado que las tasas de interés en los sistemas de financiación de Claro podrían haber superado los límites legales establecidos.

Billetes colombianos.
Cada enero los trabajadores colombianos deben recibir este pago.
Foto: Blu Radio.

La investigación también menciona un posible incumplimiento de las normas de comercio electrónico, ya que la empresa no contaría con mecanismos adecuados para atender las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los consumidores, lo que pondría en riesgo la confianza del público en sus transacciones electrónicas.

Es importante señalar que la formulación de estos cargos no implica una decisión sobre la responsabilidad de Claro. La empresa tendrá la oportunidad de presentar su defensa y participar en el proceso conforme a lo estipulado por la ley.

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