La Superintendencia de Notariado y Registro revocó seis procesos contractuales que sumaban cerca de $110.000 millones, luego de identificar posibles deficiencias en su estructuración y planeación. La revisión también permitió detectar 72 contratos con baja ejecución y siete que no registraban ningún avance, pese a que sus honorarios superaban los $12 millones mensuales.
La nueva administración de la entidad, encabezada por Joaquín José Méndez Llach, adelantó una revisión de los procesos de contratación con el propósito de identificar irregularidades, corregir fallas y optimizar el uso de los recursos públicos.
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De acuerdo con el balance presentado por la Superintendencia, entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026 se suscribieron 351 contratos por un valor aproximado de $8.000 millones. De ese total, 91 fueron firmados el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.
Durante la revisión, la entidad encontró 72 contratos con baja ejecución, en los que los soportes disponibles no permitían demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Ante estos hallazgos, se adelantaron las actuaciones correspondientes y se tomó la decisión de terminar anticipadamente esos contratos.
Además, fueron identificados siete contratos de prestación de servicios que no registraban ejecución alguna y cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. Entre los casos detectados, la entidad señaló el de una persona que no reside en Colombia.
Otro de los principales resultados de la revisión fue la revocatoria de seis procesos de contratación relacionados con servicios de vigilancia, gestión documental y de archivo, licencias y seguros. En conjunto, estas contrataciones representaban compromisos estimados en cerca de $110.000 millones.
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Según explicó la Superintendencia, la decisión se tomó para revisar las condiciones de los procesos y corregir problemas en su planeación antes de iniciar nuevamente las convocatorias.
La entidad además aseguró que en el caso del soporte de licencias, el presupuesto pasó de $8.300 millones a $6.900 millones, mientras se adelanta una nueva convocatoria con condiciones ajustadas.
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En cuanto a la contratación además reporta que, con corte al 30 de octubre, logró reducir en 620 el número de contratos de prestación de servicios, lo que representa una disminución cercana a los $23.000 millones.