La Superintendencia de Notariado y Registro ha estado comprando servicios de tecnología por fuera de mecanismos más abiertos y transparentes, como la tienda virtual del Estado colombiano o las subastas. En su lugar, ha privilegiado, en al menos dos ocasiones, la contratación directa. Un tercer contrato está en camino. En total, se habla de más de 42.000 millones de pesos.Los contratos con Infotic y Colombia DigitalMientras todo el país rezaba las novenas de Navidad, la Superintendencia de Notariado y Registro entregó, a dedo, un contrato por más de 7.300 millones de pesos a Infotic para que lo ejecutara en una semana.Como muestran documentos en poder de Blu Radio, los ocho días fueron insuficientes y el contrato se prorrogó hasta el 30 de abril de este año.No es el único caso de contratación directa a última hora. El 30 de enero, último día en que se podían hacer contrataciones directas antes de las elecciones, la Supernotariado expidió el certificado presupuestal que respaldó otro contrato de tecnología por más de 16 mil millones de pesos. Ese segundo contrato, también por contratación directa, fue adjudicado a Colombia Digital.Fuentes al interior de la entidad cuestionan la similitud entre los dos contratos, que se estuvieron ejecutando al mismo tiempo durante varios meses. Por ejemplo, el contrato con Infotic tiene como objeto la prestación de servicios SOC/NOC para ciberseguridad y actualización de arquitectura empresarial. El contrato con Colombia Digital, en cambio, tiene como objetivo una solución integral de tecnología para el fortalecimiento del sistema de gestión de la seguridad de la información en el marco de la arquitectura empresarial.Supernotariado niega irregularidadesLa Superintendencia de Notariado y Registro aseguró a Blu Radio que la contratación a Infotic en diciembre fue consecuencia de "la identificación de riesgos críticos e inminentes en materia de ciberseguridad, tales como ataques cibernéticos y la amenaza de secuestro de información, que exigían una mitigación inmediata", y que la extensión del contrato simplemente buscaba monitorear que los correctivos tomados fueran los adecuados.Para la entidad, la contratación directa es parte de las herramientas a su alcance, por lo que no ve nada extraordinario en su uso. Además, niega similitudes entre los dos contratos: "no comparten objeto ni obligaciones análogas, toda vez que atienden necesidades diferenciadas y específicas. En el ámbito digital, la construcción de la arquitectura empresarial requiere un proceso de maduración gradual, desarrollado por etapas o iteraciones sucesivas. Cada nivel de madurez recoge los aprendizajes y resultados del anterior, hasta alcanzar los estándares deseados; por lo tanto, cada etapa ejecuta su propio alcance y cuenta con entregables particulares y distintos".El tercer contrato que estaría en caminoA estos dos contratos podría sumarse un tercero. La Supernotariado lanzó una solicitud de información a cuatro empresas del sector para contratar nuevos servicios de tecnología. Entre las que recibieron la invitación, que no fue publicada en Secop para el público general, estaban Infotic, Colombia Digital, Red Summa y Megatic.Según un informe conocido por Blu Radio, la cotización más barata es la de Colombia Digital, por unos 19.000 millones de pesos.Colombia Digital está constituida como una corporación con 62 % de capital público, lo que le abre la puerta a un nuevo contrato directo bajo la modalidad del convenio interadministrativo.La entidad aclaró que, hasta el momento, solo existe la invitación a enviar cotizaciones y que no hay contratación en curso.
En la reciente sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), celebrada el 28 de octubre de 2025, una denuncia anónima alertó que continuarían las dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas en torno al futuro del concurso notarial.Esta alerta, luego de que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado decidieron suspender el concurso de notarios por las alertas de la Procuraduría General de la Nación y del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades del derecho fundamental al debido proceso.Según el denunciante, en esa última reunión, la notaria de Envigado, Paulina Gómez González, al parecer participó y votó en contra de la prórroga del concurso, pese a enfrentar quejas disciplinarias por presunta extralimitación de funciones, conflicto de intereses y actuaciones contrarias al principio de legalidad.En una queja disciplinaria presentada por el abogado Jaime Galvis asegura que presuntamente “Gómez González , actuando en calidad de representante de los notarios de carrera, suscribió y envió comunicaciones al Ministerio de Justicia cuestionando la falta de aplicación del derecho de preferencia por parte del Ministerio y su obstaculización al trámite de varios decretos de nombramiento, entre ellos el suyo propio y el de otros notarios de carrera, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad, transparencia y ética en su actuación”.Según la denuncia, al parecer su postura en la sesión en favor de aplicar el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, el cual explica que pertenecer a la carrera notarial implica el derecho a permanecer en la misma Notaría, derecho a participar en concursos de ascenso,preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante, entre otros elementos, fue presuntamente interpretada por varios de los asistentes como un intento de mantener vigentes los mecanismos operativos suspendidos judicialmente.Dicen en la denuncia que Gómez habría promovido acuerdos amistosos entre notarios aspirantes a plazas vacantes “con el fin de evitar la competencia y facilitar nombramientos por consenso, una práctica que, de confirmarse, vulneraría los principios de mérito y transparencia que rigen la carrera notarial”.Agregaron que, en la reciente sesión, Gómez se opuso a la suspensión del concurso notarial, sin embargo, las autoridades recordaron que la suspensión respondió a las alertas de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, que advirtieron posibles irregularidades en la gestión del proceso, desde presuntas ventas de cupos hasta violaciones al debido proceso.Por este motivo, los juristas reclaman una revisión urgente de la legalidad de su voto y de las decisiones adoptadas en la sesión, para garantizar la transparencia y la legitimidad del concurso.¿Qué responde la notaria Paulina Gómez ante las denuncias?La notaría Paulina Gómez aseguró que, tras dicha queja disciplinaria, presentó una respuesta a la Superintendencia de Notariado y Registro, documento en el cual sustentó que sus actuaciones en la defensa del mérito son transparentes y reconocidas por buena parte del gremio de carrera.Agregó que, al parecer, estas denuncias hacen parte de una atmósfera de retaliación tejida en su contra por sus posturas en defensa del Principio del mérito. En dicho documento argumentó que “La defensa del procedimiento se sustenta en lo que he sostenido en todas mis posturas y es que la carrera no puede ser vaciada de contenido, en perjuicio del notariado escalafonado y en beneficio de intereses de notarios que aún no ingresan a la carrera, entonces, no he asumido posturas que me benefician, tengo la suficiente formación y capacidad de independencia para trabajar y luchar por las causas que benefician a un grupo importante de notarios pertenecientes a la carrera que han sido despojados de sus derechos”.Según la respuesta, dicha postura no la beneficiaría “porque mi situación para ese momento ya era de las que el propio Consejo Superior consideró y clasificó como derechos adquiridos o situaciones consolidadas; tercero: acompañé el escrito como quien no deja en soledad, a quienes la eligieron para ese momento en calidad de suplente para hacerse escuchar sobre todo ante tanto desconcierto y falta de claridad”.Por estos motivos, Gómez asegura que la queja disciplinaria “no precisa hechos de tiempo, modo y lugar en los que basa afirmaciones de amplio calibre. Con mi equipo jurídico evalúo y me reservo la decisión de iniciar las acciones penales a que haya lugar por el desprestigio que se pretende infundir, además por las presiones indebidas a que estoy siendo sometida teniendo que soportar en mi condición de representante de los notarios de carrera ante su cuerpo rector, por el ataque sistemático y de género que me ha tocado padecer por medio de anónimos y señalamientos de este tipo que buscan seguramente minar con mi ausencia o participación”.
El pasado 9 de septiembre fue suspendido por el Consejo Superior de Carrera Notarial el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, lo anterior tras advertencias de la Procuraduría por presuntas irregularidades y denuncias de algunos participantes, según las cuales no había posibilidad de interponer recursos contra decisiones preliminares, lo que impediría ejercer plenamente el derecho a la defensa frente a las listas de admitidos.Ante la Fiscalía, el abogado Andrés Felipe Zambrano presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro por presuntas irregularidades en este concurso de notarios.Primero, hizo unas advertencias sobre la licitación con la cual se contrató a la Universidad Libre para organizar el concurso de méritos.“Dentro del proceso se pudo evidenciar que hubo una variación en la etapa final del comité evaluador, sin ningún tipo de trazabilidad y publicidad, habilitando de una manera cuestionable simplemente a la Universidad Libre como único proponente”, dijo el abogado Zambrano.Además, el abogado advierte que el proceso tendría un déficit presupuestal.“El proceso se adelantó con un déficit presupuestal: el costo real superaría los 37.000 millones de pesos, pero la apropiación inicial apenas alcanzaba los 8.127 millones. Además, los recursos provinieron del Fondo Cuenta Especial del Notariado, a pesar de que el Decreto 1069 de 2015 ordena que los concursos deben financiarse con el presupuesto de la Superintendencia, lo que podría configurar un vicio de legalidad”, señaló el abogado al hacer la denuncia.
La Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la suspensión total de actividades en la notaría segunda de Barranquilla, tras la orden de casa por cárcel que recibió la notaria a cargo, Ana Dolores Meza Caballero, por estar supuestamente vinculada a una red de despojo de tierras en el Atlántico.La autoridad dio a conocer una resolución en la que especifica que por sus “funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial, debe propugnar por garantizar la correcta prestación a los usuarios de dicho servicio, tomando las medidas concernientes para garantizar la eficacia y eficiencia de este”.A lo que, inmediatamente, informó que no habrá servicio en el lugar hasta que se aclare la situación o se realice la designación de un nuevo notario.“Suspender términos y la prestación del servicio público notarial, en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Barranquilla – Atlántico a partir del 5 de mayo de 2025, en atención a la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por el Juzgado Diecisiete (17) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla a la señora Ana Dolores Meza Caballero”, se puede leer inicialmente.“Hasta que se supere la situación que origina esta suspensión del servicio de ser procedente, o hasta que se lleve a cabo la designación de notario en calidad de encargado por el nominador natural a efectos de garantizar la prestación del servicio público notarial, lo cual incluye legalización de todos los trámites administrativos necesarios, dentro de los que se encuentra la entrega material del despacho notarial, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución”, agrega.Recordemos que Meza Caballero fue judicializada por un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público y privado.Por estos mismo delitos, fueron imputadas otras 16 personas señaladas de pertenecer a dicha banda que además del supuesto despojo de tierras, al parecer también comercializaban irregularmente predios cedidos por constructoras a la Alcaldía de Soledad para zonas verdes.
La notaria Ana Dolores Meza Caballero fue presentada este miércoles ante un juez para la legalización de su captura, tras haber sido capturada el pasado martes en la puerta de la Notaría Segunda de Barranquilla, en medio de una diligencia que hace parte de la investigación contra el despojo de tierras que presuntamente se registra en el departamento del Atlántico. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, la audiencia de legalización estuvo a cargado del juzgado sexto con función de control de garantías, sin embargo, la de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fue atendida por el juzgado 17 penal municipal con función de control de garantías.Los delitos imputados corresponden a concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado. Esto corresponde a los mismos delitos que fueron imputados a los funcionarios públicos que fueron capturados en el primer operativo que se desarrolló la semana pasada y que dejó 17 detenidos. Entre los elementos que la Fiscalía buscaría probar si la notaria habría incurrido en una eventual estafa, en la presentación falso testimonio, en el uso de documentos falsos, entre otros. Por esto, la fiscal del caso Diana Alejandra Álvarez, solicitó la medida de detención intramural para Meza Caballero, sin embargo, la decisión del juez quedó postergada para la próxima semana.
En un escenario donde el amor y el dinero entran en conflicto, los divorcios parecen aumentar en Colombia. Según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, los divorcios aumentaron un 61% durante los primeros seis meses de 2023, y en el siguiente trimestre (julio-septiembre) se elevaron a 4 por hora. ¿Qué está detrás de esta tendencia? Un sondeo realizado por la cooperativa Fincomercio, especializada en ahorro y crédito, arroja luz sobre el asunto.El sondeo revela que el manejo del dinero en las parejas colombianas es un factor determinante en la estabilidad de la relación. Mauricio García, director de crédito e inversión de Fincomercio, comenta: "El 81% de los colombianos considera que un mal manejo del dinero por parte de su pareja puede acelerar el divorcio". Además, se destaca la discrepancia entre hombres y mujeres en cuanto a prioridades de gasto, con un 76% de mujeres que consideran primordial la alimentación familiar, mientras que un 46% de hombres priorizan sus intereses personales.La transformación de la frase 'el amor todo lo puede' a 'el dinero todo lo decide' ha sido evidente en las parejas colombianas, según García. Este cambio de paradigma se refleja en las tres principales causas de divorcio reportadas por el Colegio de Notarios: infidelidad, incumplimiento de obligaciones financieras y violencia intrafamiliar.Para abordar este desafío, Fincomercio promueve la comunicación abierta en las parejas sobre temas financieros y ofrece servicios diseñados para las necesidades de los colombianos. García destaca la importancia del ahorro como herramienta de estabilidad financiera y sugiere que cada pareja encuentre el modelo de ahorro que mejor se adapte a sus necesidades.El sondeo también revela el top 10 de razones por las cuales las parejas colombianas terminan su relación por problemas de dinero:Ausencia de educación financieraNo ahorrar en parejaTemor al hablar del dineroFalta de metas en parejaDeshonestidad financieraGastos excesivos e impulsivosIndisciplina en el manejo de los ingresosDesigualdad no acordada en la contribución financieraFalta de entendimiento en las diferenciasIncumplimiento reiterativo con los acuerdos financierosEstos hallazgos ponen de relieve la importancia de abordar abiertamente las cuestiones financieras en las relaciones de pareja y trabajar juntos hacia una gestión financiera responsable y compartida. En un mundo donde el dinero puede ser una fuente de conflicto, la planificación financiera pueden ser la clave para un matrimonio duradero y próspero.
A través de sus canales digitales, la Superintendencia de Notariado y Registro informó que desde el pasado lunes 1 de abril sus servicios digitales han presentado dificultades.Aseguran que el equipo técnico viene trabajando para solucionar la falla lo más pronto posible. “Nos disculpamos por las molestias causadas”, dice la cuenta de X del Supernotariado.Los servicios que estarían teniendo dificultades son los relacionados con certificado de tradición y libertad, ventanilla única de registro y radicación electrónica.En su más reciente reporte de este martes, 2 de abril, Supernotariado señaló que continúan trabajando en esta contingencia.“Continuamos trabajando para ofrecerte un mejor servicio. A través de nuestras redes sociales podrás conocer el estado de la página web de la entidad, para realizar tus trámites en línea”, informó la entidad.Asimismo, la Cancillería anunció que esta falla en Supernotariado también estaría afectando uno de sus servicios.“Debido a un incidente en la plataforma de la Superintendencia de Notariado, no es posible consultar y generar la apostilla o legalización de los documentos notariales, ya entramos en contacto con la SNR y una vez se restablezca este servicio por parte de esa entidad podrá apostillar o legalizar sus documentos”, dice Cancillería.
La Superintendencia de Notariado y Registro actualizó las tarifas notariales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que se ubicó en 9.28 %.“Hemos actualizado los importes para la prestación del servicio público notarial. El nuevo esquema tarifario entrará en vigencia el próximo jueves, primero de febrero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay algunos actos exentos de pago, como la inscripción de los hechos relativos al estado civil de las personas, cuando la actuación se surta en el despacho notarial”, dijo el Superintendente de Notariado, Roosvelt Rodríguez Rengifo.Los costos de los trámites notariales quedan así:La celebración del matrimonio civil en la sede de la notaría, incluyendo la autorización, extensión y otorgamiento de la escritura pública, costará $58.600. Cabe mencionar que a este monto no se suman otros costos, lo que hace que casarse ante una notaría cueste cerca de 220.000 pesos.Para cambiar el nombre, los ciudadanos también deberán pagar $58.600.En el caso de liquidaciones de herencia y sociedad conyugal, si el monto no supera los 17.400.000 pesos, se tratará como un acto sin cuantía. Pero, si excede este valor, se le aplicará el 3.5 x 1.000.Los siguientes trámites notariales no aumentarán de precio:Declaraciones extrajuicio rendidas por mujeres cabeza de familia.Escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales.Expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento.
La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que impedía que las personas analfabetas otorgaran testamento cerrado. Este testamento es un documento que se entrega en un sobre cerrado para que su contenido sea secreto hasta después del fallecimiento de la persona que lo otorgó. La Corte consideró que esta norma era discriminatoria porque impedía que las personas analfabetas pudieran ejercer su derecho a testar.Así mismo, le hizo un llamado al Congreso “para que ajuste el régimen notarial con miras a asegurar los derechos de las personas que no saben leer ni escribir al momento de otorgar un testamento”.La sentencia C-536 de 2023 también ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro para que dentro de los próximos dos meses, mientras el Congreso expide la regulación; dictar directrices para orientar la actividad notarial cuando una persona que no sabe leer ni escribir decida otorgar un testamento.La decisión del alto tribunal se basó en que “la disposición demandada es incompatible con la Constitución, porque desconoce el derecho a la intimidad, en tanto los obliga a otorgar testamento abierto, y por ende a exponer su voluntad en alta voz ante notario y testigos, desconociendo su derecho a guardar la privacidad de los deseos, anhelos e intimidades”.Le puede interesar:
En el ámbito de las transacciones inmobiliarias en Colombia, el Certificado de Tradición y Libertad ostenta una importancia crucial, por lo que resulta fundamental conocer cómo corregir errores en este documento.Y es que no es extraño que surjan errores en este certificado, ya sea por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, una notaría o alguna otra entidad involucrada en el proceso. Ante esta eventualidad, la Superintendencia de Notariado y Registro ha establecido un conjunto de pasos claros con el fin de subsanar estos errores y asegurar la veracidad de la información contenida en el certificado.Errores atribuidos a la notaría:Redacción de la escritura aclaratoria: se debe tener claro que en este proceso deberán intervenir las partes que participaron en la escritura original. Así las cosas, cuando el error se origine en la notaría que emitió la escritura que requiere corrección, será tiene que elaborar una escritura aclaratoria en la misma notaría.Registro en la Oficina de Registro: una vez elaborada la escritura aclaratoria, esta deberá ser registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente a la ubicación del inmueble.Errores atribuidos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos:Presentación de la solicitud: en caso de identificar un error cometido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el solicitante debe dirigirse a la oficina correspondiente según la ubicación del inmueble. Por ejemplo, en Bogotá, la ventanilla número 20 en la zona norte (calle 74 # 13-40) será el punto de recepción de la solicitud.Completar el formato de solicitud de corrección: el solicitante debe cumplimentar el formato de solicitud de corrección proporcionado por la oficina con sumo cuidado. En este formato, se debe describir de manera nítida y precisa en qué consiste el error, especificando el número de la anotación a corregir. Asimismo, se debe consignar claramente el número de matrícula inmobiliaria.Documentos adjuntos: si recientemente se obtuvo un Certificado de Tradición y Libertad, será necesario adjuntar el documento original junto con la solicitud. Si este certificado se emitió hace menos de un mes, la oficina de registro emitirá una versión corregida sin costos adicionales.Copias y recepción: se deben realizar dos copias de la solicitud y los documentos adjuntos. Una de estas copias será para el solicitante, mientras que la otra servirá como constancia de presentación. En ocasiones, será recomendable incluir una fotocopia de la escritura registrada, sobre todo si corresponde al periodo entre 1971 y 2011.Plazo de respuesta: en el contexto actual, debido a diversas contingencias y al alto número de solicitudes, se estima que el tiempo necesario para resolver una solicitud de corrección sea de alrededor de 20 días hábiles.Así las cosas, este es el paso a paso a seguir que la Superintendencia de Notariado y Registro ha establecido para rectificar errores en el Certificado de Tradición y Libertad.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.