En la reciente sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), celebrada el 28 de octubre de 2025, una denuncia anónima alertó que continuarían las dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas en torno al futuro del concurso notarial.
Esta alerta, luego de que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado decidieron suspender el concurso de notarios por las alertas de la Procuraduría General de la Nación y del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades del derecho fundamental al debido proceso.
Según el denunciante, en esa última reunión, la notaria de Envigado, Paulina Gómez González, al parecer participó y votó en contra de la prórroga del concurso, pese a enfrentar quejas disciplinarias por presunta extralimitación de funciones, conflicto de intereses y actuaciones contrarias al principio de legalidad.
En una queja disciplinaria presentada por el abogado Jaime Galvis asegura que presuntamente “Gómez González , actuando en calidad de representante de los notarios de carrera, suscribió y envió comunicaciones al Ministerio de Justicia cuestionando la falta de aplicación del derecho de preferencia por parte del Ministerio y su obstaculización al trámite de varios decretos de nombramiento, entre ellos el suyo propio y el de otros notarios de carrera, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad, transparencia y ética en su actuación”.
Según la denuncia, al parecer su postura en la sesión en favor de aplicar el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, el cual explica que pertenecer a la carrera notarial implica el derecho a permanecer en la misma Notaría, derecho a participar en concursos de ascenso,preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante, entre otros elementos, fue presuntamente interpretada por varios de los asistentes como un intento de mantener vigentes los mecanismos operativos suspendidos judicialmente.
Dicen en la denuncia que Gómez habría promovido acuerdos amistosos entre notarios aspirantes a plazas vacantes “con el fin de evitar la competencia y facilitar nombramientos por consenso, una práctica que, de confirmarse, vulneraría los principios de mérito y transparencia que rigen la carrera notarial”.
Agregaron que, en la reciente sesión, Gómez se opuso a la suspensión del concurso notarial, sin embargo, las autoridades recordaron que la suspensión respondió a las alertas de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, que advirtieron posibles irregularidades en la gestión del proceso, desde presuntas ventas de cupos hasta violaciones al debido proceso.
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Por este motivo, los juristas reclaman una revisión urgente de la legalidad de su voto y de las decisiones adoptadas en la sesión, para garantizar la transparencia y la legitimidad del concurso.
¿Qué responde la notaria Paulina Gómez ante las denuncias?
La notaría Paulina Gómez aseguró que, tras dicha queja disciplinaria, presentó una respuesta a la Superintendencia de Notariado y Registro, documento en el cual sustentó que sus actuaciones en la defensa del mérito son transparentes y reconocidas por buena parte del gremio de carrera.
Agregó que, al parecer, estas denuncias hacen parte de una atmósfera de retaliación tejida en su contra por sus posturas en defensa del Principio del mérito. En dicho documento argumentó que “La defensa del procedimiento se sustenta en lo que he sostenido en todas mis posturas y es que la carrera no puede ser vaciada de contenido, en perjuicio del notariado escalafonado y en beneficio de intereses de notarios que aún no ingresan a la carrera, entonces, no he asumido posturas que me benefician, tengo la suficiente formación y capacidad de independencia para trabajar y luchar por las causas que benefician a un grupo importante de notarios pertenecientes a la carrera que han sido despojados de sus derechos”.
Según la respuesta, dicha postura no la beneficiaría “porque mi situación para ese momento ya era de las que el propio Consejo Superior consideró y clasificó como derechos adquiridos o situaciones consolidadas; tercero: acompañé el escrito como quien no deja en soledad, a quienes la eligieron para ese momento en calidad de suplente para hacerse escuchar sobre todo ante tanto desconcierto y falta de claridad”.
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Por estos motivos, Gómez asegura que la queja disciplinaria “no precisa hechos de tiempo, modo y lugar en los que basa afirmaciones de amplio calibre. Con mi equipo jurídico evalúo y me reservo la decisión de iniciar las acciones penales a que haya lugar por el desprestigio que se pretende infundir, además por las presiones indebidas a que estoy siendo sometida teniendo que soportar en mi condición de representante de los notarios de carrera ante su cuerpo rector, por el ataque sistemático y de género que me ha tocado padecer por medio de anónimos y señalamientos de este tipo que buscan seguramente minar con mi ausencia o participación”.
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