Blu Radio conoció, en primicia, la decisión de la Superintendencia de Sociedades de liquidar como medida de intervención dos empresas, Vesting Group Colombia S.A.S. y Vesting Group S.A.S. y a tres de sus directivos, Hernan Ospina Clavijo, Rodrigo Moreno Navarrete y Mario Humberto Chacón Martínez, en medio del escándalo de las libranzas.
Según los informes conocidos por Blu Radio, la Superintendencia de Sociedades encontró presunta captación ilegal de dineros del público a través de la venta de pagarés libranza.
La Superintendencia cruzó información de las bases de datos con las diferentes pagadurías y gracias a ello pudo identificar varios hechos que constituyen captación masiva de dineros del público.
Entre los hallazgos se encuentra que la situación de las principales entidades vendedoras de cartera de Vesting Group demostró la forma caótica con la cual se llevó a cabo la operación por parte de todos los vinculados en la captación ilegal de recursos del público
Vesting manejó dinero sin tener claridad sobre los flujos que generaban los pagarés-libranzas de manera individual
En apariencia, las operaciones realizadas por Vesting estaban cubiertas con el ropaje de compraventa de cartera. No obstante, para la Super es claro que los flujos ofrecidos a inversionistas no guardaban relación con los descuentos efectuados por las pagadurías.
La Supersociedades ordenó a los alcaldes aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás medidas necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar la confianza al público.
Así mismo, se ordenó a los bancos, fiduciarias y comisionistas la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios y participaciones de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos
Adicionalmente ordenó a la DIAN remitir las declaraciones de renta de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 presentadas por la sociedad y por los sujetos intervenidos.
Hay que recordar que este escándalo inició con la caída de Estraval y de la Elite, sociedades que habrían captado ilegalmente más de un billón de pesos y que afectaron a cerca de 6000 personas, entre comunidades religiosas y altos mandos militares pensionados.
