Lec Lee se salvó de la quiebra luego de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de confirmar el acuerdo de reorganización de la compañía, lo que abrió campo a un acuerdo de pago sobre sus deudas.La compañía, de más de 80 años de trayectoria, está dedicada al diseño, confección, comercialización y distribución de prendas de vestir hechas en el país. Hoy en día la marca tiene 33 puntos de venta y unos 434 empleados.Las deudas para pagar en los próximos años superan los 22.000 millones de pesos.¿Por qué entró en crisis Lec Lee?Lec Lee, cuya compañía base se llama Luis Eduardo Caicedo S.A, entró en crisis financiera a raíz de la pandemia y del cierre de su principal proveedor de insumos.En el año 2023, la sociedad fue admitida al proceso de reorganización, al evidenciarse una situación de cesación de pagos derivada de factores externos e internos, entre los que se destacan la volatilidad cambiaria, el incremento significativo en los costos de materias primas, la crisis financiera internacional, el impacto del contrabando en el sector, el cierre de su principal proveedor de insumos y los efectos económicos de la pandemia, que ocasionaron una reducción del 39% en los ingresos durante el año 2020."La confirmación del acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A., reconocida comercialmente como LEC LEE, demuestra que el régimen de insolvencia empresarial es una herramienta efectiva para proteger empresas viables, conservar empleos y ordenar las relaciones con los acreedores. En este caso, la reorganización permite que una compañía con más de ocho décadas de trayectoria continúe operando, atienda sus obligaciones conforme a la Ley 1116 de 2006 y siga aportando al sector productivo nacional. Desde la Superintendencia de Sociedades reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación empresarial, la protección del crédito y la preservación del tejido económico del país", aseguró la superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda.
Un grave incendio se registró en las últimas horas en inmediaciones de la estación de Metrolínea en el municipio de Girón, donde varios buses que se encontraban en proceso de chatarrización resultaron afectados por las llamas.La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras zonas cercanas. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.De acuerdo con los reportes preliminares, al menos diez vehículos que estaban bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades sufrieron daños por el incendio. Estos automotores hacían parte del proceso de desintegración y permanecían estacionados en el lugar.Habitantes y testigos señalaron que esta sería la tercera emergencia similar que se presenta en esta zona en los últimos meses, situación que ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades locales.Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas habrían sido provocadas por personas consumidoras de estupefacientes que frecuentan el sector, aunque las causas exactas aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.El hecho vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por el estado de abandono de algunas áreas asociadas al sistema Metrolínea, especialmente tras la crisis financiera y operativa que enfrenta el transporte masivo en Bucaramanga y su área metropolitana. En varios puntos, ciudadanos han denunciado problemas de inseguridad, vandalismo y ocupación indebida de espacios.Mientras avanzan las investigaciones, organismos de socorro y autoridades locales evalúan los daños ocasionados por la conflagración y las medidas necesarias para evitar que este tipo de emergencias se repitan.
La Superintendencia de Sociedades confirmó la sanción a Álvaro de Jesús López Bedoya, impuesta en diciembre de 2025, en calidad de representante legal del Deportivo Pereira F.C. S.A. en reorganización por el incumplimiento de algunas ordenes impuestas por la entidad, esto luego de negar los recursos de reposición y apelación por parte del investigado.Dicha medida determinada por la empresa corresponde al incumplimiento de ordenes impartidas por la Superintendencia, entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por más de $9.573.247.868, así como la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, aseguró Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.Cabe destacar que, a inicios del 2026, la Superintendencia ya había sometido a control al club luego de que el Ministerio de Trabajo impulsara algunas medidas cautelares en contra del club por la crítica situación a nivel financiero que atraviesa dicho equipo desde hace varios meses.Finalmente, la Superintendencia de sociedades reiteró que seguirá trabajando para garantizar el debido tramite de las actuaciones administrativas sometidas a su conocimiento y fortalecer la transparencia empresarial en el país.
El inesperado aumento del salario mínimo, las subidas inflacionarias y la falta de seguridad han sumido al departamento del Atlántico en una grave realidad para las pequeñas y medianas empresas, donde sus ventas e inversiones se han reducido a más de la mitad generando la posibilidad de cierre o despidos para muchas de ellas.De esa manera fue explicado desde Barranquilla por la presidenta de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, quien declaró desde el foro “Gestión inteligente en tiempos retadores” que se viven momentos de incertidumbre y que el mayor reto para los empresarios es mantener la estructura empresarial sana y estable o, por el contrario, acogerse a la ley de salvamento, antes de entrar en una total insolvencia.“Cuando nosotros ventas, realmente más del 53% de los empresarios han disminuido sus ventas y cuando revisamos inversión estamos aproximadamente en un 57% de disminución de inversión. Hay un alto nivel de preocupación por el tema de la seguridad, es uno de los factores que más preocupa y pesa mucho sobre la estructura de costos. Hay que hablar del tema de las extorsiones que ya no solo afecta al nivel gerencial, sino también a muchos trabajadores”, dijo inicialmente Rosmery.“Trabajar con seguridad en un entorno tan complejo no es fácil, pero hay que seguir perseverando para mantenernos estables porque somos un motor de generación de empleo, quiere decir de desarrollo económico para el país.En temas de seguridad, Rosmery indicó que los más afectados son los tenderos por su cercanía con las calles, aunque los bloqueos registrados este año están impactando negativamente a los empresarios por la inseguridad en las vías del país y los retrasos para la entrega de insumos.Así las cosas, Quintero indicó que el próximo Gobierno deberá ajustar lo más pronto posible la estructura de costos, controlar el desperdicio de recursos y solventar a las compañías.
La Superintendencia de Sociedades convocó para el próximo 20 de abril de 2026 la audiencia de confirmación de los acuerdos de reorganización de Restcafé S.A.S. y Franquicias y Concesiones S.A.S., empresas reconocidas en el mercado por operar las marcas OMA y Presto.Estas compañías atraviesan un proceso clave para redefinir su situación financiera, con el objetivo de reorganizar pasivos que superan, en conjunto, los 200.000 millones de pesos. En detalle, Restcafé busca reestructurar obligaciones cercanas a los 114.000 millones, mientras que Franquicias y Concesiones registra deudas por más de 104.000 millones.Los acuerdos de reorganización fueron presentados entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2026 por la promotora de las sociedades, logrando un respaldo mayoritario por parte de los acreedores. En el caso de Franquicias y Concesiones S.A.S., la votación favorable alcanzó el 82%, mientras que Restcafé S.A.S. obtuvo un 76%, lo que permitió avanzar a la fase de evaluación judicial.Durante la audiencia, el juez del concurso será el encargado de verificar la legalidad de los acuerdos, así como el cumplimiento de obligaciones fundamentales, entre ellas los pagos de seguridad social y las retenciones de carácter obligatorio. Este paso es determinante, ya que de su aprobación depende la viabilidad de los planes de salvamento empresarial.“Este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo, mediante herramientas que facilitan la recuperación de las empresas.Desde la Superintendencia de Sociedades reiteramos nuestro compromiso con la salvaguarda del tejido empresarial y la promoción de soluciones que contribuyan a la estabilidad económica del país”, señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.De esta manera, la audiencia del 20 de abril marcará un punto decisivo para Restcafé y Franquicias y Concesiones, en un escenario en el que se definirá su continuidad operativa y la estabilidad de cientos de empleos asociados a estas tradicionales marcas en Colombia.
Francisco Reyes Villamizar, exsuperintendente de Sociedades, calificó como una “degradación profunda de la función pública” la flexibilización de requisitos para nombrar superintendentes tras el Decreto 0226 del 8 de marzo de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro. "Suprimir los requisitos es reducir el nivel al mínimo posible como ha ocurrido en otros ámbitos, como el cuerpo diplomático”, señaló en entrevista con Mañanas Blu, sobre el decreto que reemplaza el 1817 de 2015, que exigía 10 años de experiencia específica y maestría obligatoria, por criterios mínimos que reducen la idoneidad de los funcionarios.Reyes recordó que la pertenencia de Colombia a la OCDE buscaba “poner al país al nivel de los más avanzados del mundo”. Sin embargo, considera que los nuevos decretos generan un retroceso en la calidad de la función pública. “Lo que estamos presenciando es una reducción de la calidad de los funcionarios y una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos”, afirmó, destacando que estas normas eliminan garantías de idoneidad e independencia que antes eran fundamentales.El exfuncionario advirtió sobre la improvisación que podría generar el decreto en entidades como la Superintendencia de Sociedades, la SIC y la Superfinanciera. “Habría que ver cómo resuelve el Consejo de Estado; es probable que diga algo contra los actos administrativos si decide que el nombramiento fue ilegal”, explicó. Según él, la eliminación de los requisitos genera riesgos graves para la gestión de estas entidades, que históricamente habían contado con personal altamente calificado y con manejo técnico sofisticado.Reyes también cuestionó la coherencia del Gobierno frente a los compromisos internacionales. “¿Para qué está pagando Colombia para pertenecer a la OCDE sino quiere cumplir las pautas? Es absurdo gastar semejante cantidad de recursos para no cumplir nada de la OCDE, que también le da prestigio al país”, afirmó. La flexibilización, según Reyes, afecta la reputación del país y la confianza en la administración pública, debilitando los estándares internacionales que se habían logrado.El nuevo decreto mantiene el libre nombramiento y remoción presidencial y deja opcional la invitación pública, mientras los requisitos de experiencia se reducen a un mínimo de 12 meses y un máximo de 84 meses según el nivel directivo. Reyes insistió en que esta medida representa un retroceso frente a la profesionalización de la función pública y alertó que sus efectos podrían manifestarse “hacia el futuro” con el nombramiento de individuos que no cumplan los requisitos mínimos establecidos por la ley.
La Superintendencia de Sociedades reconoció el proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá. El proceso implica que Canacol buscará acuerdos de pago con sus acreedores para evitar el cierre definitivo de sus operaciones.Canacol es la segunda productora de gas natural en importancia en Colombia, detrás de la estatal Ecopetrol."El Despacho concluyó que las órdenes del tribunal canadiense, relacionadas con la implementación del SISP (Sale and Investment Solicitation Process), constituyen medidas apropiadas en los términos del artículo 106 de la Ley 1116 de 2006, siendo necesarias para asegurar la coherencia del proceso internacional y la adecuada protección de los activos situados en Colombia", señaló la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.Sin embargo, si Canacol decide vender activos en Colombia tendrá que tramitar una autorización de la Superintendencia de Sociedades en Colombia.La entidad ordenó a Canacol la entrega de información adicional sobre la composición de pasivos previos al inicio del proceso extranjero, obligaciones laborales, fiscales y parafiscales a cargo, pasivos litigiosos, así como inventarios actualizados de activos y pasivos con corte al 31 de diciembre de 2025. Igualmente, se deberán aportar estados financieros completos, individuales y consolidados, con sus respectivas certificaciones y opinión del revisor fiscal, dentro de los plazos fijados en audiencia.“La decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales. El reconocimiento de las órdenes emitidas por la autoridad judicial canadiense facilita la continuidad del proceso extranjero, protege los bienes ubicados en Colombia y garantiza que cualquier medida que pueda afectar a los acreedores locales sea objeto de control estricto por parte del juez colombiano. Así, la Superintendencia continuará velando por la transparencia del procedimiento, la protección del crédito y la preservación del valor empresarial, asegurando que todas las actuaciones se ajusten al orden público económico y al interés general”, señaló el superintendente Billy Escobar.
La Superintendencia de Sociedades informó que, mediante un auto del 23 de febrero de 2026, fue admitido el proceso de reorganización empresarial de la sociedad Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S., institución educativa ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca) con más de sesenta años de trayectoria en la prestación de servicios de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media.Durante el análisis preliminar, la Superintendencia evidenció que el colegio presentó la certificación de su situación financiera, en la que reportó obligaciones vencidas por más de noventa días por un valor de $29.897 millones, equivalentes al 90,52 % del pasivo total. Este reporte permitió activar oportunamente los mecanismos previstos en la Ley 1116 de 2006, orientados a ordenar y normalizar las obligaciones dentro del proceso de reorganización.Asimismo, se verificó que la institución cuenta con activos totales por $61.795 millones y pasivos por $33.026 millones, con corte a noviembre de 2025, lo que refleja un patrimonio positivo y una estructura financiera que permite abordar el proceso de manera técnica y ordenada.El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que la apertura del proceso de reorganización no afecta la operación académica ni implica la interrupción del servicio educativo.“Este mecanismo jurídico tiene como finalidad ordenar las obligaciones de la institución y fortalecer su estabilidad financiera, asegurando la preservación de la empresa como unidad educativa. El Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S. continuará prestando sus servicios con total normalidad durante el curso del proceso concursal”, afirmó.Por esa razón, la entidad designó como promotora a Mónica Alexandra Macías Sánchez, quien actuará como auxiliar de la justicia y acompañará el proceso conforme a los estándares técnicos y éticos previstos en la normativa concursal.De acuerdo con la Superintendencia, aunque el nivel de endeudamiento es alto, el colegio presenta un patrimonio positivo, condición que fue clave para admitir la solicitud al considerar que existen posibilidades de estructurar un acuerdo de pago viable. Durante el proceso, la institución deberá presentar información financiera periódica, abstenerse de realizar pagos por fuera del acuerdo y someter decisiones relevantes a la supervisión de la promotora y de la autoridad concursal.
Audifarma se pronunció luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara el acuerdo de reorganización empresarial de la compañía, señalando que este paso marca un avance clave para la continuidad de su operación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus distintos grupos de interés.A través de un pronunciamiento oficial, la empresa indicó que su propósito de acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar continúa siendo el eje que orienta sus decisiones, incluso en el marco del proceso de reorganización. Según la compañía, el acuerdo permite fortalecer su estructura financiera y avanzar en la normalización de sus obligaciones, sin afectar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.El presidente ejecutivo de Audifarma, Giovanny Mesa, afirmó que la confirmación del acuerdo representa una oportunidad para consolidar la estabilidad de la organización y destacó la confianza de proveedores y aliados estratégicos como un elemento fundamental para la continuidad de la empresa. De acuerdo con el directivo, este respaldo ha sido determinante para avanzar en una nueva etapa del proceso.Mesa también subrayó que, con la aprobación del acuerdo, la compañía puede enfocarse en honrar los compromisos asumidos y mantener como prioridad la atención en salud de millones de usuarios en el país. En ese sentido, Audifarma reiteró que la reorganización no implica una afectación en la calidad del servicio ni en la operación diaria.La empresa señaló que el proceso ha estado acompañado técnicamente por la Superintendencia de Sociedades y se ha desarrollado mediante un diálogo con los acreedores, lo que permitió llegar a un consenso sobre el plan de reorganización presentado. Este escenario, según Audifarma, brinda un marco de mayor previsibilidad para su funcionamiento futuro.Finalmente, la compañía aseguró que continuará trabajando para garantizar la prestación de los servicios, al tiempo que avanza en el fortalecimiento de su modelo operativo y financiero, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad en el sistema de salud colombiano.
Luego de varios días de advertencias y llamados a ejercer mayor control sobre la situación financiera del Deportivo Pereira, las autoridades dieron un paso decisivo frente a la crisis que atraviesa el club, en medio de crecientes preocupaciones por el cumplimiento de sus obligaciones y el impacto en su funcionamiento deportivo y laboral.Ante esto, la Superintendencia de Sociedades ordenó que el Deportivo Pereira entre en reorganización empresarial, un proceso legal similar a una reestructuración financiera, con el fin de ordenar sus deudas y evitar la paralización del club.La medida se tomó luego de que la Superintendencia comprobara que el club dejó de cumplir con el pago de varias de sus obligaciones. A 31 de agosto de 2025, las deudas vencidas sumaban $11.252 millones, lo que representa más de la mitad del total de sus pasivos, con retrasos superiores a 90 días frente a distintos acreedores. Entre las obligaciones pendientes hay deudas con la Dian, otros clubes, proveedores y accionistas, algunas con moras que superan los 240 días.Pese a las deudas, Deportivo Pereira tiene un "patrimonio positivo"No obstante, la Superintendencia aclaró que el club presenta patrimonio positivo, ya que a 30 de octubre de 2025 sus activos sumaban $45.804 millones, frente a pasivos por $23.399 millones.Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia experto en insolvencia, quien acompañará la estructuración del acuerdo con los acreedores.El Deportivo Pereira, constituido en 2022 en la capital risaraldense, hace parte del Sistema Nacional del Deporte como club de fútbol profesional. Dentro de su plan de negocios, la sociedad plantea ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de la cantera y la gestión de nuevos patrocinadores, además de la optimización de ingresos por taquillas, publicidad y derechos de televisión.Clubs del fútbol profesional deben "cumplir sus obligaciones"Sobre la medida, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que el fútbol profesional colombiano “mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones”, por lo que la reorganización busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones del club y la continuidad de su operación.La crisis financiera del equipo matecaña ya había derivado en una medida cautelar del Ministerio de Trabajo, impuesta el 30 de octubre de 2025, que ordenó el cese de actividades y el cumplimiento de obligaciones laborales.En medio de esta situación, el club estuvo cerca de perder su reconocimiento deportivo y registró la salida de varios jugadores y del entonces director técnico, Rafael Dudamel.Deportivo Pereira convoca Asamblea General en medio de llamados a controlEn paralelo al proceso que adelantan las autoridades, el Deportivo Pereira convocó el pasado viernes a su Asamblea General Ordinaria de Accionistas para febrero de 2026, una cita que cobra especial relevancia en medio de la crisis financiera del club.En la reunión se revisará la gestión administrativa correspondiente a 2025 y se elegirá a dos nuevos integrantes de la junta directiva, decisiones que se toman en un momento de mayor escrutinio institucional y llamados públicos a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración del equipo.La convocatoria a la asamblea de accionistas incluye, además, la presentación y aprobación de los estados financieros de 2025, el dictamen del revisor fiscal y el presupuesto para 2026, puntos que adquieren especial relevancia en medio del proceso de reorganización y de los cuestionamientos sobre el manejo financiero del club.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de julio de 2026:José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el manifiesto del centro político en el que se envía un mensaje al presidente Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella.Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta de la Nueva EPS, se refirió sobre las acusaciones del presidente Gustavo Petro por deudas de la entidad.Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS, abordó sobre los estados financieros de la entidad.El embajador Yoed Magen, líder de la delegación de ayuda de Israel a Venezuela, se pronunció sobre el plan de reconstrucción en el país tras los terremotos.Escuche el programa completo aquí:
En un gesto que trasciende las tensiones políticas de la última década, una delegación de expertos ingenieros y especialistas en evaluación estructural de Israel se encuentra desplegada en La Guaira, Venezuela. Liderada por el embajador Yoed Magen, la misión busca proporcionar asesoría técnica crucial tras la tragedia que ha afectado gravemente la infraestructura de la zona. Evaluación estructural y el sistema de "semáforo" Uno de los pilares del trabajo israelí es la inspección de edificaciones para determinar su seguridad. El embajador Magen explicó que utilizan una metodología técnica, similar a la venezolana, para clasificar el estado de los inmuebles. Según detalló: "Edificios en rojo son aquellos que hay que demoler, que son peligrosos y no se pueden habitar. Los de amarillo se necesita rehabilitarlos... y el color verde son aquellos que se pueden devolver a los residentes".El impacto emocional de este trabajo ya se siente en las comunidades locales. Magen relató que hace pocos días, cuando un equipo de ingenieros aprobó la habitabilidad de un edificio, "los residentes que estaban afuera empezaron a aplaudir".El objetivo principal es reducir los riesgos para la población y permitir que las familias regresen a sus hogares lo antes posible.Gestión de escombros y reconstrucción sostenible La experiencia de Israel en situaciones de emergencia, derivada de conflictos bélicos, ha sido puesta al servicio de Venezuela. La delegación propone un plan nacional de rehabilitación que incluye una metodología avanzada para el manejo de residuos. "Es toda una metodología que lamentablemente en Israel tenemos mucha experiencia porque hemos sido objetos de ataques con misiles", señaló el diplomático.El plan contempla no solo la remoción de escombros, sino su clasificación y traslado a un parque ecológico para su reutilización. "Se puede reutilizar en la reconstrucción. Es un plan ambicioso", afirmó Magen, subrayando que actualmente trabajan "mano a mano" con las autoridades venezolanas y el Ministerio de Obras Públicas para ejecutar estas recomendaciones.Solidaridad por encima de la diplomacia A pesar de que Israel y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el año 2009, la ayuda humanitaria ha sido priorizada por el gobierno israelí. El embajador enfatizó que la ausencia de vínculos formales "no fue un impedimento" para ofrecer apoyo inmediato tras conocerse la magnitud de la tragedia.Escuche aquí la entrevista:
La Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Hacienda firmaron una prórroga de cinco meses del acuerdo que permite hoy la administración del Fondo de Estabilización del Precios para los cafeteros.El fondo busca apoyar a los cafeteros colombianos durante las épocas de bajos precios internacionales del café y generar ahorros durante las bonanzasLa prórroga es consecuencia de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de dejar en manos del siguiente gobierno el futuro del Fondo Nacional del Café, cuya administración también se extendió por 5 meses. El Fondo del Café administra un aporte parafiscal de 6 centavos de dólar por libra y los destina a actividades como la asistencia técnica a los cafeteros, la garantía de compra del café y por su puesto la gestión de la marca Juan Valdez que es propiedad de los cafeteros."Es un mensaje de estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo. Sobre esa base seguiremos trabajando para hacer del sistema cafetero colombiano un sector cada vez más productivo, innovador, sostenible y próspero", señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón.Colombia produce cerca de 13 millones de sacos de café al año y unas 549.000 familias viven de este cultivo en el país.
La Fiscalía General de la Nación reprogramó la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio de Jesús María Valle. La audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio, se realizará ahora los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026.La reprogramación se conoce en medio de varios pronunciamientos alrededor del proceso judicial que enfrenta el exmandatario. La defensa del expresidente Uribe ha sostenido que hay solicitudes probatorias que, según afirma, aún no han sido practicadas, por lo que considera que avanzar con la diligencia de indagatoria sin esos elementos afectaría las garantías procesales.Al debate también se sumó un grupo de 38 juristas, que expresó públicamente su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía dentro de la investigación que involucra al expresidente Uribe.En un comunicado, los abogados hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con pleno respeto por las garantías constitucionales y procesales. En ese pronunciamiento solicitaron que el proceso avance con estricto respeto por “el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas”.A este escenario se suma la decisión anunciada por el padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de no comparecer nuevamente a rendir declaración ante la Fiscalía dentro de esta investigación.La determinación fue comunicada mediante un escrito firmado por su abogado, Sergio Clavijo, quien explicó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda ya habían declarado anteriormente dentro del proceso seguido contra el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.En el comunicado, el defensor señaló “Mis representados comparecieron oportunamente ante la administración de justicia y rindieron de forma veraz su testimonio en el proceso penal adelantado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, nuevamente han sido citados para rendir declaración en el marco de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.El abogado agregó que, tras evaluar lo ocurrido durante su anterior comparecencia, ambos decidieron “de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública a respetar la línea de mando y acatar las órdenes del Gobierno nacional hasta el último día del actual mandato presidencial. "Quiero ser muy enfático en esto, recuerden quién es la línea de mando que está hasta el 6 de agosto. Ellos son nuestros comandantes, y las órdenes que ellos emitan son las que se cumplen", afirmó.Las declaraciones se dieron en medio de la rendición de cuentas de la cartera, donde también reiteró el compromiso de la fuerza pública con el respeto al orden constitucional y con garantizar una transición de Gobierno segura, tranquila y en completa normalidad para todos los colombianos.Sánchez aseguró, además, que el sector Defensa respetará las decisiones de las autoridades electorales y acompañará el proceso de cambio de gobierno. "El presidente actual es el presidente de todos los colombianos hasta el día 6 de agosto de 2026, y a partir de allá será un nuevo presidente", señaló.El ministro concluyó que la fuerza pública responde a las instituciones y no a personas en particular, por lo que aseguró que se debe mantener el mismo compromiso con el presidente electo que asumirá el cargo tras la posesión del próximo 7 de agosto.