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La alcaldesa del Socorro, Santander, Claudia Porras, fue suspendida por la Procuraduría tras encontrar serias irregularidades en un contrato para atender a 120 adultos mayores, quienes debían permanecer aislados por la llegada del COVID – 19 al municipio.
El contrato, que se acercaba a los 126 millones de pesos, se firmó con la corporación Rayos de Esperanza, una empresa que recién se había creado y no tenía la suficiente experiencia para atender los adultos mayores.
“El ente de control determinó que se pretendió justificar la falta de idoneidad y experiencia de la corporación, con las hojas de vida de las personas que fueron vinculadas al proyecto, pese a que en estas no se encontraron ni trabajos, ni actividades, ni los estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado y apoyo de adultos mayores”, informó la Procuraduría en un comunicado.
El órgano de control agregó que se puso en riesgo a esa población mayor: “la alcaldesa debía asegurar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma en los decretos para la contención del coronavirus, las cuales derivaban en la no contratación de actividades que pudieran poner en riesgo la vida de los adultos mayores o permitieran la vinculación de entidades que no cumplían con los requisitos de ley”.
La alcaldesa deberá separarse del cargo de manera inmediata.
En desarrollo…
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