La Procuraduría General de la Nación suspendió por un periodo de tres meses al alcalde de Calarcá, en el departamento del Quindío, por presuntas irregularidades en la compra de mercados para la atención de personas vulnerables ante la pandemia del COVID-19.
Se trata de Luis Alberto Balsero quien fue separado de su cargo durante tres meses junto al su secretario administrativo, José Winser Garzón.
De acuerdo a las autoridades, el presunto contrato irregular tiene un costo superio
r a los 300 millones de pesos para la compra de mercados en atención a la emergencia social que se vive en su municipio.
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Los contratos que originaron la investigación son: el 005 por 15 millones de pesos para comprar elementos de aseo, protección y desinfección; y el 007 para la compra de los mercados, pero por 381 millones de pesos, una cifra superior a lo que había definido el proveedor con la administración municipal de Calarcá.
Además, la firma que acompañaba dicho contrato, según le confirmó el comerciante al Ministerio Público, era falsa.
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Por este hecho, una comisión de la Procuraduría Provincial y de la Contraloría General, recogieron los documentos del controvertido contrato.
Las autoridades de control también tratan de establecer por qué el contrato de los mercados no estaba registrado en el Servicio Electrónico de Contratación pública, Secop.
El alcalde de Calarcá se convierte en el primer mandatario sancionado en Colombia por presuntas irregularidades en la atención de esta emergencia social y sanitaria.
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