Transparencia por Colombia advirtió que se necesitan mayores garantías de transparencia y control sobre los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La organización alertó sobre la alta proporción de contratos por contratación directa y la limitada presencia de entidades nacionales en los registros revisados.
Entre el 11 de agosto y el 12 de octubre de 2026, Transparencia por Colombia identificó 768 contratos por aproximadamente 201.800 millones de pesos, celebrados por 153 entidades en 103 municipios de 12 departamentos.
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Uno de los principales hallazgos es que 630 contratos, equivalentes al 82% del total, se adjudicaron mediante contratación directa. Estos procesos concentran cerca de 170 mil millones de pesos, es decir, el 83,5% del valor contratado. Además, el 60% de los contratos se financia con recursos propios de las entidades.
El informe señala que el 97% de los contratos corresponde a entidades territoriales. Se registran 89 alcaldías municipales concentran el 64,5% de los procesos y el 40% de los recursos, equivalentes a 80.400 millones de pesos. También encontró que el 41,9% de los contratos corresponde a la fase de recuperación y reconstrucción, que concentra el 68,6% del valor total contratado.
Otro punto de preocupación es que solo cinco de los 768 contratos identificados corresponden a entidades del orden nacional, incluido el del Fondo Milagro. Para Transparencia por Colombia, esto evidencia una brecha entre las acciones anunciadas por el Gobierno nacional y lo que puede verificarse en los registros de contratación.
Sin embargo, aclara que esto no significa que el Gobierno no esté interviniendo, pues algunos recursos podrían ejecutarse mediante transferencias, fondos especiales, patrimonios autónomos u otros mecanismos difíciles de identificar en el SECOP.
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En cuanto a las decisiones administrativas, la organización identificó 117 medidas para atender la emergencia: 60 del orden nacional y 57 territoriales, entre decretos, circulares, ordenanzas y resoluciones. Entre ellas se destaca la creación del Fondo Milagro, destinado a administrar la mayor parte de los recursos.
Recordemos que el 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda celebró el contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, FIDUCOLDEX, para constituir y administrar este patrimonio autónomo, de conformidad con el Decreto Legislativo 1379 de 2026.
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Por esta razón, tras revisar el contrato y su decreto reglamentario, Transparencia por Colombia identificó medidas para prevenir riesgos de corrupción, como la publicación de procesos contractuales en el SECOP antes de firmar los contratos, un Consejo Directivo encargado de orientar las intervenciones y aprobar presupuestos, auditoría independiente, control fiscal de la Contraloría General de la República, procedimientos SARLAFT, prevención de conflictos de interés y trazabilidad de la información.