Los desmanes protagonizados por encapuchados que se habrían infiltrado en las movilizaciones del jueves, durante la jornada de paro nacional, no solo han generado indignación en la opinión pública e investigaciones por parte de las autoridades.
Sectores políticos plantean la necesidad de reglamentar la protesta social para prevenir alteraciones al orden público, agresiones a miembros de la Fuerza Pública y daños a bienes, entre otras alteraciones.
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El senador conservador Juan Diego Gómez anunció que prepara un proyecto de ley estatutaria que buscaría dar facultades a las autoridades para restablecer el orden.
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“Debemos hablar claramente de la facultad de la fuerza administrativa y policiva de la disolución cuando se altere de forma grave e inminente la convivencia ciudadana, y el uso de la fuerza pública, en los casos que sean necesarias”, explicó Gómez.
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El congresista aclaró que considera “necesario y legítimo” el ejercicio de la protesta social, “pero no podemos permitir que se sigan registrando actos ilegales dentro de la misma, que ponen en riesgo la vida e integridad de miembros de la fuerza pública los bienes públicos y privados, y la vida de civiles”.
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Antes de tomar posesión como ministro de Defensa, el expresidente de Fenalco, Guillermo Botero, planteó la posibilidad de adelantar esa reglamentación de la protesta social en el país. En ese momento el tema generó voces de rechazo.
Ahora, con las agresiones registradas durante el reciente paro nacional, el asunto vuelve a estar en el centro del debate.
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