El Tribunal Administrativo de Putumayo suspendió provisionalmente el plan piloto de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio en ese departamento. La decisión ordena al Gobierno detener las actividades para iniciar las aspersiones y establece que la suspensión se mantendrá hasta por cuatro meses, contados desde que quede en firme la sentencia, siempre y cuando los demandantes interpongan un recurso para que se discuta de fondo y se aclaren las dudas sobre sus posibles efectos en la salud y el medioambiente.
Uno de los principales motivos de la suspensión es que todavía existen dudas sobre los efectos que podría tener el glufosinato de amonio cuando se aplica desde el aire. El Tribunal destacó que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que todavía no había entregado el concepto previo sobre los posibles riesgos del proyecto para la salud.
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"El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Salud el 2 de octubre de 2026, mediante el cual dicha entidad informó que no había emitido concepto previo en salud respecto del proyecto objeto de controversia. Aunque tal circunstancia no implica por sí misma la demostración de una afectación cierta a la salud pública, sí constituye un elemento relevante al momento de valorar el grado de certidumbre científica existente acerca de los posibles efectos derivados de la aspersión aérea con glufosinato de amonio", se lee en la decisión.
Además, la orden cobija al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estas entidades deberán detener las actividades relacionadas con el proyecto autorizado mediante la Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, que contemplaba fumigar desde aeronaves un máximo de 1.000 hectáreas durante un periodo de siete días.
El Tribunal explicó que la medida busca evitar posibles daños a la salud de las comunidades y al medioambiente mientras otro juez estudia el caso. Por esta razón, protegió temporalmente los derechos a la salud, a participar en las decisiones ambientales, a recibir información y a que se cumplan las reglas de protección del medioambiente.
La decisión también tuvo en cuenta las advertencias de expertos del Centro de Derechos Reproductivos y de la Universidad del Valle, quienes señalaron posibles efectos sobre la salud reproductiva y falta de información sobre las consecuencias de utilizar este producto mediante fumigaciones aéreas.
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A estas preocupaciones se sumaron los conceptos de la Universidad de los Andes, que advirtió sobre los posibles efectos del herbicida a mediano y largo plazo y la fragilidad ambiental del Piedemonte Amazónico. La Universidad de Nariño, por su parte, señaló que todavía no se han descartado riesgos para las fuentes de agua y las actividades económicas de las familias campesinas.
En el análisis también se tuvo en cuenta la dimensión del problema en el departamento. De acuerdo con la información presentada durante el proceso, en Putumayo se han identificado 40.565 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales la Policía Antinarcóticos señaló que 5.401 hectáreas serían susceptibles de intervención. Sin embargo, el Tribunal consideró que las medidas para evitar que el producto llegue a zonas protegidas no despejan las dudas sobre sus posibles efectos.
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Por esta razón, los magistrados aplicaron el principio de precaución ambiental, que significa que, aunque no exista certeza científica sobre un daño, las autoridades deben tomar medidas para evitarlo cuando hay indicios de posibles afectaciones graves a la salud o al medioambiente.
Sin embargo, aclararon que esta decisión no significa que el plan de fumigación sea ilegal ni que se haya prohibido definitivamente el uso del herbicida. Los accionantes deberán presentar una demanda, como una acción popular, dentro de los cuatro meses siguientes a que quede en firme la sentencia. Si no lo hacen, la suspensión perderá automáticamente sus efectos.
Mientras tanto, el Tribunal pidió al Gobierno continuar revisando la información científica y adoptar medidas para prevenir posibles daños si encuentra nuevos riesgos para la salud, las fuentes de agua o el medioambiente.