El Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó las sanciones por desacato que un juzgado de Cúcuta había impuesto al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, y a otros cuatro funcionarios, en medio de la controversia por el Concurso Abierto de Méritos 2024-2026.
El caso se originó en una acción de tutela que ordenó levantar inmediatamente la suspensión del concurso, reanudar las actividades y etapas pendientes y publicar un cronograma actualizado. Estas órdenes debían cumplirse en un plazo de 48 horas y estaban dirigidas a la Contraloría General de la República, la Comisión de Carrera Administrativa y la Universidad de Antioquia.
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Quien presentó la tutela pedía activar el incidente de desacato al considerar que las entidades no habían cumplido materialmente lo ordenado. A su juicio, las actuaciones adelantadas eran principalmente preparatorias y no garantizaban la reanudación efectiva del proceso ni la publicación oportuna del nuevo cronograma. En primera instancia, el juzgado declaró el desacato e impuso a cinco funcionarios una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente para cada uno.
Sin embargo, al estudiar el caso, el tribunal consideró que la existencia de un retraso en el cumplimiento de las órdenes judiciales no era suficiente, por sí sola, para configurar el desacato pues también debía demostrarse la responsabilidad de los funcionarios, es decir, que hubieran actuado con negligencia o intención de incumplir.
La decisión también señaló que el contralor general no había sido debidamente vinculado ni notificado dentro del trámite incidental, circunstancia que afectó su derecho de defensa. Con base en estas consideraciones, el tribunal concluyó que no estaban acreditados los presupuestos necesarios para mantener las sanciones impuestas por el juzgado.
En consecuencia, revocó las cinco multas y declaró que el incidente de desacato promovido por Mildrey Camargo Rodríguez no prosperaba. Sin embargo, es importante precisar que esta decisión no revocó la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2026 ni dejó sin efecto las órdenes impartidas para continuar el concurso. Por tanto, permanece vigente la obligación de avanzar en las etapas pendientes del proceso de selección CGR 2024-2026.