La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentó el balance de sus primeros 100 días de gestión durante el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Entre los principales resultados, la entidad destacó la entrega de indemnizaciones administrativas por más de 183.700 millones de pesos y las acciones de atención humanitaria y reparación colectiva dirigidas a las personas afectadas por el conflicto armado.
De acuerdo con el informe, durante este periodo se entregaron 15.926 indemnizaciones administrativas a 15.349 víctimas, por un total de 183.738 millones de pesos.
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La entidad también reportó avances en el cumplimiento de decisiones judiciales. En este frente, ordenó 11.924 pagos parciales de indemnización por 120.450 millones de pesos, destinados a 9.635 víctimas. Además, informó que cumplió 14.260 órdenes de tutela relacionadas principalmente con medidas de reparación e indemnización administrativa.
La directora general de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras, destacó el trabajo de los equipos de la entidad durante este periodo y aseguró que el propósito es mantener resultados concretos en beneficio de quienes han sufrido los efectos del conflicto armado.
En materia de atención humanitaria, la Unidad informó que, con corte al 23 de octubre de 2026, entregó 190.276 giros a víctimas de desplazamiento forzado, por cerca de 112.637 millones de pesos.
También hizo seguimiento a 67 emergencias humanitarias masivas y acompañó la respuesta de las autoridades territoriales en 23 de estos casos. Adicionalmente, reportó que brindó ayuda y atención humanitaria inmediata a 11.971 hogares afectados por el conflicto armado.
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En cuanto a la reparación colectiva con enfoque étnico, la entidad destinó 8.339 millones de pesos en indemnizaciones a seis comunidades indígenas y cinco comunidades negras y afrocolombianas ubicadas en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Cesar y Sucre.
A esto se sumó la implementación de 72 acciones en beneficio de 28 sujetos de reparación colectiva étnicos, 21 de ellos ubicados en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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Estas medidas contemplaron acciones de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición, orientadas al restablecimiento de los derechos colectivos y al fortalecimiento de las comunidades.
Otro de los componentes del balance fue la atención a las víctimas que residen fuera de Colombia. La Unidad gestionó 20.302 solicitudes provenientes del exterior. De estas, 3.258 correspondieron a 1.606 víctimas atendidas durante jornadas especiales o directamente por el Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior.
Estas jornadas se desarrollaron en países como Costa Rica, España, Francia y Ecuador. Las otras 17.044 solicitudes fueron tramitadas a través de los diferentes canales de atención de la entidad.
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La Unidad reportó una reducción del 30,1 % en sus contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Tras revisar sus necesidades administrativas, pasó de tener 3.255 a 2.274 contratos activos.
Según la entidad, esta disminución representa un ahorro mensual de 4.679 millones de pesos, sin interrumpir la continuidad de sus funciones misionales.