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Vía tutela, familia de Álvaro Gómez pide información sobre magnicidio que reposa en la JEP

Piden la información aportada por el Secretariado de las Farc, en el que reconocen que dieron la orden para asesinar al líder conservador.

Álvaro Gómez Hurtado
Álvaro Gómez Hurtado
Foto: cortesía archivo El Espectador

La familia de Álvaro Gómez Hurtado interpuso una acción de tutela en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Al considerar que le fueron violados los derechos fundamentales como son: el acceso a la información y la verdad; por parte de Sala de Reconocimiento de Verdad Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas.

Piden la información aportada por el Secretariado de las Farc, en el que reconocen que dieron la orden para asesinar al líder conservador.

Sin embargo, la justicia especial, según Joan Sebastián Moreno Hernández, abogado de María Mercedes González (hija de Álvaro Gómez Hurtado) y Enrique Gómez (sobrino), no le ha colaborado a la víctimas sobre la información suministrada por Farc en este crimen.

Dentro decisión que fue presentada el pasado 21 de octubre, la familia de Gómez Hurtado también en tutelaron a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll “por negarse a brindar información en el caso de Álvaro Gómez Hurtado”.

“Especialmente lo que concierne al expediente que se creó en la Jurisdicción Especial para La Paz, la carta o la misiva en donde los miembros del Secretariado reconocen la autoría en el magnicidio y las actas de reunión entre los abogados Camilo Fagua, Diego Alejandro Martínez, entre otros y los magistrados de la Sala de Verdad ”, explicó Moreno Hernández.

Dentro decisión que fue presentada el pasado 21 de octubre, la familia de Gómez Hurtado también en tutelaron a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll “por negarse a brindar información en el caso de Álvaro Gómez Hurtado”.

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Las Farc reconocieron haber asesinado también, al profesor y exnegociador de paz con Jesús Antonio Bejarano, 15 de septiembre de 1999; y el del general ( r ) del Ejército y exministro de Defensa, en el gobierno de Belisario Betancur, Fernando Landazábal Reyes, perpetrado el 12 de mayo de 1998.

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