La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que Julián Gallo, antes conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, y otros comparecientes asumieron responsabilidad por el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su acompañante, José del Cristo Huertas Hastamorir, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.En el auto de imputación, la Sala de Reconocimiento concluye que tiene razones suficientes para establecer que, al menos, dos de los sicarios que participaron en el atentado hacían parte de la red urbana de las extintas Farc-EP bajo el mando de Gallo.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, explicó que esa conclusión se sustenta en distintos elementos probatorios recopilados durante la investigación.“Logramos tener una documentación de la época, de cómo se veían, la necropsia de Juan Carlos Palacios, el testimonio del infiltrado de nombre código Luna en esa época, y además de múltiples afirmaciones, tanto directamente a Julián Gallo, que él le dio la orden a esta célula urbana de cometer el asesinato, como de otros exguerrilleros que han venido a decir de oídas, que ellos en la época sí oyeron, que no es un testimonio, pues, muy contundente, porque a la larga es algo que se oyó, pero confirman lo que lo que se ha venido describiendo”, afirmó.Lemaitre también señaló que la JEP comparte las dudas expresadas por la familia Gómez sobre los motivos que habrían tenido las Farc para cometer el asesinato y que no descarta la posible participación de otros autores intelectuales.“La familia Gómez ha insistido que en este asesinato participaron como autores intelectuales, otros actores, como miembros del cartel del norte del valle, un policía famosamente corrupto que ya está muerto, Danilo González, pero, en todo caso, otros actores sobre los cuales la JEP no tiene competencia”, agregó la magistrada.En ese sentido, el auto precisa que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes mantienen la competencia para continuar investigando esos posibles responsables que no sean competencia de la JEP.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, su sobrino y actual líder del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, abordó la vigencia del legado político de su tío, la defensa de la Constitución de 1991 y el frustrante estado de la investigación del magnicidio.Álvaro Gómez Hurtado, asesinado a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, de la cual era fundador y donde dictaba clases, dedicó 55 años de su vida a la política electoral.El legadoEl concepto más conocido y famoso de Gómez Hurtado, al que acuden "desde todas las orillas ideológicas," es el del "Acuerdo sobre lo Fundamental". Esta premisa, que Enrique Gómez considera tristemente vigente, se basa en la necesidad de un consenso que trascienda las fronteras ideológicas para que el Estado pueda servir a sus fines esenciales.El Acuerdo promovía elementos clave: la no violencia, la justicia, la moralidad en la acción pública del Estado y el desarrollo económico como única vía para superar las desigualdades y alcanzar la calidad de vida que el pueblo colombiano merece. Finalmente, el concepto abogaba por el logro de estos fines en el marco de un desarrollo sostenible y la protección ecológica.En la política actual, las ideas de Álvaro Gómez se mantienen pertinentes, especialmente en temas como la corrupción política, la reforma a la justicia (una de sus mayores insistencias) y la necesidad de moderar el crecimiento del Estado, regulando el poder de la clase dirigente. Enrique Gómez destacó que su tío siempre buscó una acción política transparente, proponiendo y difundiendo ideas, un talante que considera se ha perdido en favor de una política transaccional y clientelista.Defensa de la Constitución del 91El próximo año se cumplirán 35 años de la Constitución de 1991, un proceso en el que Álvaro Gómez Hurtado fungió como copresidente del sector conservador. Históricamente, la convocatoria atípica de esa Asamblea Constituyente derivó del brutal y violento secuestro de Gómez por parte del M-19, un cautiverio que se extendió por 53 días.Frente al debate actual impulsado por el Gobierno Nacional sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, bajo la premisa de que la Carta del 91 no se ha cumplido, Enrique Gómez fue enfático en desmentir esta afirmación.El magnicidio de Álvaro Gómez: 30 años de investigación congeladaEnrique Gómez precisó que se cumplen 30 años del magnicidio. El líder de Salvación Nacional denunció que la Fiscalía ha sido la principal promotora de la desviación de la investigación. Las primeras tres hipótesis manejadas en el gobierno de Ernesto Samper fueron derrotadas, y el Tribunal Superior de Bogotá declaró que se trataba de "burdos montajes de la Fiscalía".Una hipótesis posterior, que implicaba al Cartel del Norte del Valle en asocio con altos miembros del gobierno de Ernesto Samper, sí tuvo un "desarrollo probatorio muy muy amplio," logrando que el delito fuera declarado de lesa humanidad.No obstante, la investigación se encuentra "completamente congelada" tras la intervención de la JEP. Esta intervención se basó en un "aporte falso" y sin fundamento de las Farc, que se autoincriminaron. Gómez lamentó que, en cinco años desde que se propuso esta teoría, "no se ha aportado ni una sola prueba material de ese hecho".
El dirigente del Partido Conservador y cofundador de la Universidad Sergio Arboleda, Álvaro Gómez Hurtado, fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, tras salir de dictar su clase de Cultura Colombiana en dicha institución. Un ataque con ametralladora le causó múltiples heridas mortales tanto a él como a su escolta, José del Cristo Huertas.30 años desde su fallecimiento, familiares y allegados, destacan el legado que dejó como figura política y como ser humano, la huella que marcó en la historia del país. Era visto como un referente del derecho, voz crítica del periodismo, político honorable y ciudadano entregado a las causas colectivas.En diálogo con Blu Radio, su sobrino, el doctor Enrique Gómez, señaló que el mayor aporte de Álvaro Gómez fue su visión política, con propuestas innovadoras para su época que continúan vigentes. Además, recordó su interés genuino por el bienestar de los demás, describiéndolo como una persona extraordinaria, cercana, gentil, con gran sentido del humor y una cultura general admirable.“Él lo hacía sentir a uno siempre muy importante con sus preguntas, interesándose por el cotidiano de cualquiera de sus interlocutores. Y a la gente le parecía eso, un rasgo muy maravilloso, que era que sabía darle importancia a todas las personas que interactuaban con él”, afirmó.Según Enrique, su tío siempre priorizaba a los demás, siendo su preocupación constante. 55 años sin interrupción de política electoral, proponiendo ideas y cambios para el país con el objetivo de mejorar el destino de los colombianos y hacer lo posible para lograr el bien común, siendo eso su obsesión de vida hasta la fecha de su muerte.“Álvaro era una persona que compartía sabiduría y conocimiento y lo estimulaba a uno. Yo creo que para mí fue una de las facetas más importantes, siempre desafiándolo a uno, a estudiar más, a entender mejor las cosas, a ser serio con los argumentos, a pensar bien, a escribir bien, a escribir corto, a hablar corto. Era una formación, cada minuto con él usted aprendía algo. Y seguro que no se perdía ni un minuto del tiempo, porque él siempre estaba orientándolo a uno y enterándolo a uno de cosas maravillosas”, recordó.Mientras se conmemora el legado de Álvaro Gómez, Blu Radio siguió dialogando con su sobrino sobre el avance en la investigación del magnicidio de Álvaro Gómez. Señaló que el proceso permanece prácticamente congelado desde que pasó a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de estar bajo la investigación de la Fiscalía General de la Nación.Este crimen se estudia dentro del macrocaso 10, el cual investiga delitos no amnistiables cometidos por las extintas Farc. Esto debido a la hipótesis de una posible participación del antiguo secretariado de esa guerrilla en la orden de asesinar a Gómez Hurtado. La JEP analiza esta versión con base en el testimonio de Julián Gallo, quien reconoció responsabilidad individual en el hecho.Sin embargo, el doctor Enrique Gómez rechaza que la investigación haya sido trasladada a la JEP, argumentando que dicha jurisdicción no tiene competencia sobre este tipo de crímenes y que este cambio solo ha frenado el avance obtenido en la justicia ordinaria. Insistió en que su objetivo es llegar a juicio, antes de que los testigos claves fallezcan y se pierda información determinante para esclarecer el caso.“Nosotros lo único que pedimos es ir a juicio con las pruebas que están recaudadas en la Fiscalía, y eso es algo que el establecimiento se niega a hacer, y sigue ya 30 años de impunidad vigente en este caso. Todo el establecimiento sigue comprometido en frenar eso, y obviamente el último recurso es este, recurso que es absolutamente pueril chimbo de decir que fue las FARC la que lo mató, porque un muerto más, un muerto menos”, expresó.El doctor Gómez asegura que existen decenas de pruebas que señalan a Orlando Henao, conocido como “el hombre del overol”, como quien ordenó el homicidio de Álvaro Gómez. Afirma que el crimen habría sido perpetrado para complacer al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper y así obtener un sometimiento a la justicia a su favor.
La JEP va a estudiar una apelación presentada por la familia de Álvaro Gómez Hurtado, quienes piden que la investigación por el magnicidio del líder conservador vuelva a la Fiscalía.Es importante recordar que la JEP asumió la competencia del caso y la extinta guerrilla de las Farc se adjudicó el crimen. Sin embargo, la familia de Álvaro Gómez no cree en esa versión; por eso, ha pedido revocar la decisión en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz asume competencia.“Los recurrentes solicitan a la Sala de Reconocimiento de Verdad revocar la Resolución No. 1 de 2025, al considerar que la misma se fundamenta exclusivamente en el reconocimiento del homicidio de los señores Álvaro Gómez Hurtado (†) y José del Cristo Huertas Hastamorir (†) por parte de antiguos miembros de las extintas Farc-Ep. Los escritos señalan que esta Sala ignoró las hipótesis y elementos materiales probatorios de la Fiscalía General de la Nación. Dos de los recurrentes afirman que el crimen fue cometido por agentes del Estado y que se encontraba motivado por la oposición de Álvaro Gómez Hurtado al Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)”, explica la JEP.La familia de Álvaro Gómez también ha señalado que la investigación en la Fiscalía no ha avanzado por cuenta de la competencia que ha asumido la JEP. Ante esto, los magistrados de la jurisdicción también respondieron.“La declaratoria de competencia no se puede interpretar como la renuncia de la Fiscalía General de la Nación a continuar con la investigación, en particular frente a quienes no fueron miembros de las FARC-EP. La declaratoria de competencia no agota la investigación. La Sala deberá continuar la investigación de estos hechos en el contexto de los patrones de homicidios selectivos cometidos por las redes urbanas de las Farc-Ep en Bogotá. Los comparecientes referidos en este trámite, y en especial Julián Gallo Cubillos, Carlos Antonio Lozada o cualquier otro compareciente de la JEP, podrá ser convocado por los despachos relatores a aportar mayor verdad sobre los hechos”, señaló la JEP en su decisión.
El 2 de noviembre de 1995, Colombia fue sacudida por la noticia del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Fundador de la Universidad Sergio Arboleda y director del periódico El Nuevo Siglo, fue una figura clave en la historia política del país, siendo también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.Han pasado 30 años y su familia aún espera respuestas contundentes sobre este magnicidio. Cabe mencionar que, durante años, el caso de Gómez Hurtado estuvo marcado por la falta de claridad en cuanto a los responsables.Sin embargo, en 2017, la Fiscalía identificó el asesinato como un delito de lesa humanidad, estableciendo la imprescriptibilidad del crimen. Este hecho fue significativo, ya que dio un nuevo impulso a la búsqueda de justicia. A pesar de esto, todavía no se ha logrado una imputación formal contra los autores intelectuales o materiales del crimen.La familia de Gómez Hurtado, representada por su abogado Enrique Gómez Martínez, ha sido clara en su rechazo a la competencia de la JEP para investigar el caso. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, aseguró que esta investigación “ha sido objeto de múltiples desviaciones y el fracaso total con falsos testigos e imputaciones fue evidente"."Esta investigación ha sido objeto de múltiples desviaciones, por lo menos en cinco líneas de investigación se ha visto el fracaso total con falsos testigos, falsas imputaciones. Recordemos los muchachos adolescentes de Sincelejo, el llamado grupo de atracadores bancarios en Bogotá y después se inventaron la tesis de un grupo de asesinos de la brigada 20, el grupo cazadores. Todas esas hipótesis fueron desvirtuadas judicialmente por el Juzgado Segundo Penal especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá", explicó.Además, dijo que existen profundas inconsistencias en las declaraciones de los exmiembros de las Farc que aceptaron la autoría del homicidio, enfatizando que esta asunción no puede tomarse como prueba contundente.Rechazo a la intervención de la JEPLa familia, que ha sometido evidencias sólidas ante la Fiscalía durante 18 años, ve en la JEP una amenaza a la búsqueda de verdad. Martínez argumentó que la resolución que dice que la JEP se limitará a las aportaciones probatorias de las Farc deja fuera la información y pruebas que han aportado.“La resolución uno de 2025 de la sala de reconocimiento dice es otra cosa, dice que el JEP no va a investigar y que se va a tener exclusivamente a los aportes probatorios que hagan los miembros del secretariado de las Farc y expresamente también, como ha sucedido y lo hemos denunciado, ha excluido toda la aportación probatoria que las víctimas hemos hecho en ese foro judicial, lo cual no deja de ser sorprendente (…) Es algo inviable”, sostuvo.Este planteamiento se convierte en una cuestión crucial del debate: ¿es la JEP una instancia viable para encontrar justicia en el caso de Álvaro Gómez Hurtado?.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, asumió competencia sobre siete homicidios reconocidos por antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP en el marco del proceso de Aporte Temprano a la Verdad.Los hechos fueron vinculados a los macrocasos 05 y 10, que abordan crímenes cometidos por esa guerrilla en el conflicto armado colombiano y su accionar en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.La decisión se tomó después de más de cuatro años de diligencias, recopilación de pruebas y participación de víctimas y comparecientes, el documento de la JEP reconoce que los homicidios fueron cometidos con ocasión del conflicto armado, por lo cual corresponden a la competencia de esa jurisdicción.Los siete casos reconocidosPablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987)Hernando Pizarro Leongómez (25 de febrero de 1995)Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir (2 de noviembre de 1995)General (r) Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998)Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999)José Fedor Rey, alias 'Javier Delgado' (30 de junio de 2002)Los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), Carlos Antonio Lozada, quien actualmente funge como senador de la República, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, reconocieron su responsabilidad en estos crímenes y ofrecieron sus testimonios en diligencias realizadas entre 2020 y 2023.El proceso se inició formalmente el 3 de octubre de 2020 con un comunicado público de los exintegrantes del Secretariado, desde entonces la Sala de Reconocimiento adelantó una compleja y prolongada fase probatoria, en donde se practicaron inspecciones judiciales, se solicitaron expedientes a la Fiscalía, se incorporaron entrevistas y documentos.
La extinta guerrilla de las Farc en el año 2020 envió una carta a la JEP atribuyéndose el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Algunos exguerrilleros que hicieron parte del antiguo secretariado han asistido ante la jurisdicción para entregar su versión sobre el caso, pero los familiares de Gómez Hurtado consideran que los aportes no son novedosos, no han ayudado al esclarecimiento de la verdad y por el contrario sienten que han entorpecido las investigaciones.La Sala de Reconocimiento de la JEP le dio a las víctimas un plazo para que expliquen si consideran que el tribunal debería o no asumir el caso, pues ya culminó la etapa de práctica de pruebas dentro del proceso de aporte temprano a la verdad del antiguo secretariado.En un documento de 14 páginas los familiares de Gómez Hurtado se refirieron al caso, primero, asegurando que la JEP no ha tenido en cuenta la información que reposa en un informe entregado a la jurisdicción sobre el magnicidio."Si se desconoce la visión de las víctimas sobre este hecho, que se soportó con un informe con los requisitos debidos, solo queda por decir, que la participación de los agraviados es decorativa e instrumental. Por eso, se vuelve a reiterar que el desconocimiento del informe, junto con la falta de su análisis y contrastación por lo dicho por los victimarios, hace que el despacho ignore de manera tajante la versión sustentada con pruebas de las víctimas sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, que se condensa en ese informe", señalan los familiares en el documento.Posteriormente se empiezan a referir a las versiones entregadas por los excomandantes de la guerrilla, la del senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y también la de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Para los familiares del líder conservador no hubo aportes de documentación, pruebas, informes u otros material probatorio que permita ir más allá de la adjudicación del crimen."Para poder darle credibilidad a una versión de esta magnitud, lo mínimo que puede hacerse es aportar pruebas contundentes que, a su vez, también logren desvirtuar 25 años de investigaciones, pruebas y testimonios de grandes narcotraficantes y paramilitares que, con alto grado de detalle, señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se llevó el iter criminis en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cosa que no sucedió con las diligencias de los miembros del secretariado de las Farc ante la JEP en este caso", señala el documento.Sobre la versión de Carlos Antonio Lozada explican que maneja un discurso ambiguo, con apreciaciones subjetivas y señalando que la única justificación que tuvieron para cometer el crimen fue un debate en el congreso en 1960, además, Lozada no habría tenido participación directa en los hechos, según su relato. Cuestionan además el hecho de que las Farc no se hayan atribuido el magnicidio una vez sucedió, ya que se suponía que Gómez era un "objetivo de alto valor militar"."Resulta inverosímil concebir que después de tanto tiempo transcurrido entre el debate del congreso, el homicidio de AGH y la reivindicación del hecho el pasado octubre de 2020 se valide esta hipótesis carente de cualquier soporte probatorio en contravía de todas las pruebas que la Justicia Ordinaria ya ha practicado y que reiteran la autoría de narcotraficantes con participación de altos miembros de la administración de Ernesto Samper como fuera reconocido por la Fiscalía General de la Nación al declarar el magnicidio que nos ocupa como crimen de lesa humanidad", cuestionan los familiares.Por último, consideran que el desconocimiento de detalles de la operación por parte del antiguo secretariado, la ausencia de detalles sobre las fuentes de inteligencia y la condición de fallecidos de todos los supuestos responsables no permite considerar como verosímil la hipótesis planteada por la extinta guerrilla de las Farc. También, cuestionaron a la JEP porque los familiares de Gómez Hurtado han solicitado a la Sala de Reconocimiento la práctica de algunas pruebas, que han sido negadas, como el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por lo que reclaman que les han restringido su participación.“El factor material de competencia no está plenamente demostrado, pero que tampoco se ciñe alguna inferencia razonable de autoría o participación en cabeza de la red urbana Antonio Nariño de las Farc, no se dan los requisitos referentes a la competencia material para que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma la competencia en el presente asunto. Frente a la responsabilidad de Ernesto Samper si existe por el contrario una inferencia razonable de autoría o participación como se documenta en el informe. Sin embargo, la JEP se encuentra imposibilitada para investigar a los expresidentes, razón por la cual tampoco podría asumir conocimiento en la presente causa”, señala el documento.Ante esta situación los familiares de Álvaro Gómez le piden a la JEP que se abstenga de asumir competencia en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, también le piden a la jurisdicción abrir un incidente de incumplimiento para evaluar si se sanciona, o no, a algunos miembros del antiguo secretariado que podrían estar incumpliendo su deber de aportar verdad plena. Por último, solicitan que se devuelvan las diligencias a la Fiscalía.
La Jurisdicción Especial para la Paz negó la solicitud que, el pasado mes de diciembre, había hecho la familia de Álvaro Gómez Hurtado para escuchar la versión de Salvatore Mancuso alrededor del magnicidio del exsenador y candidato presidencial.La solicitud nació después de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, declarara que conocía las circunstancias y la autoría detrás del asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.En el documento, la JEP explicó que la decisión se tomó a partir de que el proceso de aportes tempranos a la verdad que cursa es de “tipo dialógico y no una adversarial. Por tal razón, no existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida que no se trata de un proceso ordinario sino transicional”.Bajo ese argumento, la magistrada Julieta Lemaitre no admitió practicar esa prueba, que ha sido solicitada por los abogados de Gómez Hurtado y su escolta José del Cristo Huertas.Hay que recordar que ya ha sido negada una petición similar, pero para el tribunal especial no existe un derecho de contradicción de pruebas. La sala de reconocimiento estudia si esa jurisdicción asume el caso después de que las extintas Farc se responsabilizaran del magnicidio.En la nueva decisión también se conoce que, “esto significa que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria”.Hasta el próximo 1 de febrero, la JEP debe entregar sus observaciones sobre si toman el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado o debe continuar en la justicia ordinaria. Para los abogados de la familia es necesario escuchar a Mancuso, después de que manifestará que tenía conocimiento sobre el magnicidio.Le puede interesar:
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $200 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.