La extinta guerrilla de las Farc en el año 2020 envió una carta a la JEP atribuyéndose el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Algunos exguerrilleros que hicieron parte del antiguo secretariado han asistido ante la jurisdicción para entregar su versión sobre el caso, pero los familiares de Gómez Hurtado consideran que los aportes no son novedosos, no han ayudado al esclarecimiento de la verdad y por el contrario sienten que han entorpecido las investigaciones.
La Sala de Reconocimiento de la JEP le dio a las víctimas un plazo para que expliquen si consideran que el tribunal debería o no asumir el caso, pues ya culminó la etapa de práctica de pruebas dentro del proceso de aporte temprano a la verdad del antiguo secretariado.
En un documento de 14 páginas los familiares de Gómez Hurtado se refirieron al caso, primero, asegurando que la JEP no ha tenido en cuenta la información que reposa en un informe entregado a la jurisdicción sobre el magnicidio.
"Si se desconoce la visión de las víctimas sobre este hecho, que se soportó con un informe con los requisitos debidos, solo queda por decir, que la participación de los agraviados es decorativa e instrumental. Por eso, se vuelve a reiterar que el desconocimiento del informe, junto con la falta de su análisis y contrastación por lo dicho por los victimarios, hace que el despacho ignore de manera tajante la versión sustentada con pruebas de las víctimas sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, que se condensa en ese informe", señalan los familiares en el documento.
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Posteriormente se empiezan a referir a las versiones entregadas por los excomandantes de la guerrilla, la del senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y también la de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Para los familiares del líder conservador no hubo aportes de documentación, pruebas, informes u otros material probatorio que permita ir más allá de la adjudicación del crimen.
"Para poder darle credibilidad a una versión de esta magnitud, lo mínimo que puede hacerse es aportar pruebas contundentes que, a su vez, también logren desvirtuar 25 años de investigaciones, pruebas y testimonios de grandes narcotraficantes y paramilitares que, con alto grado de detalle, señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se llevó el iter criminis en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cosa que no sucedió con las diligencias de los miembros del secretariado de las Farc ante la JEP en este caso", señala el documento.
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Sobre la versión de Carlos Antonio Lozada explican que maneja un discurso ambiguo, con apreciaciones subjetivas y señalando que la única justificación que tuvieron para cometer el crimen fue un debate en el congreso en 1960, además, Lozada no habría tenido participación directa en los hechos, según su relato. Cuestionan además el hecho de que las Farc no se hayan atribuido el magnicidio una vez sucedió, ya que se suponía que Gómez era un "objetivo de alto valor militar".
"Resulta inverosímil concebir que después de tanto tiempo transcurrido entre el debate del congreso, el homicidio de AGH y la reivindicación del hecho el pasado octubre de 2020 se valide esta hipótesis carente de cualquier soporte probatorio en contravía de todas las pruebas que la Justicia Ordinaria ya ha practicado y que reiteran la autoría de narcotraficantes con participación de altos miembros de la administración de Ernesto Samper como fuera reconocido por la Fiscalía General de la Nación al declarar el magnicidio que nos ocupa como crimen de lesa humanidad", cuestionan los familiares.
Por último, consideran que el desconocimiento de detalles de la operación por parte del antiguo secretariado, la ausencia de detalles sobre las fuentes de inteligencia y la condición de fallecidos de todos los supuestos responsables no permite considerar como verosímil la hipótesis planteada por la extinta guerrilla de las Farc. También, cuestionaron a la JEP porque los familiares de Gómez Hurtado han solicitado a la Sala de Reconocimiento la práctica de algunas pruebas, que han sido negadas, como el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por lo que reclaman que les han restringido su participación.
“El factor material de competencia no está plenamente demostrado, pero que tampoco se ciñe alguna inferencia razonable de autoría o participación en cabeza de la red urbana Antonio Nariño de las Farc, no se dan los requisitos referentes a la competencia material para que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma la competencia en el presente asunto. Frente a la responsabilidad de Ernesto Samper si existe por el contrario una inferencia razonable de autoría o participación como se documenta en el informe. Sin embargo, la JEP se encuentra imposibilitada para investigar a los expresidentes, razón por la cual tampoco podría asumir conocimiento en la presente causa”, señala el documento.
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Ante esta situación los familiares de Álvaro Gómez le piden a la JEP que se abstenga de asumir competencia en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, también le piden a la jurisdicción abrir un incidente de incumplimiento para evaluar si se sanciona, o no, a algunos miembros del antiguo secretariado que podrían estar incumpliendo su deber de aportar verdad plena. Por último, solicitan que se devuelvan las diligencias a la Fiscalía.
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