El pasado mes de noviembre, la Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó a Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc, y a Joaquín Gómez, quien también hizo parte del secretariado de esa guerrilla, que entregaran un escrito en el cual dieran detalles que permitieran esclarecer el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Para eso, la magistrada Julieta Lemaitre dio un plazo de un mes a los dos exguerrilleros.
Sin embargo, han pasado más de dos meses desde que la JEP dio la orden. Por su parte, Rodrigo Granda envió un documento a la justicia transicional en el cual explicaba que durante el mes de diciembre estuvo cumpliendo otros compromisos relacionados con el acuerdo de paz, por lo que no había podido enviar su versión, ante esta situación pedía que le otorgan un plazo de un mes para elaborar el escrito.
Por su parte Joaquín Gómez ni entregó el documento ni tampoco explicó las razones por las cuales no lo había hecho, es por esto que los familiares de Álvaro Gómez le pidieron a la Sala de Reconocimiento abrir un incidente de incumplimiento a los exguerrilleros al considerar que se estaban afectando sus derechos y que había una falta de compromiso por parte de los dos exmiembros del antiguo secretariado.
"La falta de compromiso de los comparecientes con el cumplimiento de los derechos de las víctimas, lesiona gravemente la posibilidad de que mis representados puedan conocer por parte de los miembros del secretariado de las Farc, circunstancias más detalladas sobre los móviles y circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el magnicidio", asegura el apoderado de la familia Gómez.
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Recuerdan, además, que los comparecientes tienen la obligación de asumir responsabilidad y aportar la verdad en este caso, ya que es un hecho adjudicado por los miembros del antiguo secretariado, por lo que las víctimas consideran que estos dos testimonios son relevantes para poder conocer la verdad y lo sucedido ese 2 de noviembre de 1995.
"Con base en lo manifestado, solicito cordialmente a su despacho, se sirva de abrir incidente de cumplimiento del régimen de condicionalidad a RODRIGO GRANDA ESCOBAR Y MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO, por negarse en más de dos meses, a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir conforme lo señala el artículo 67 de la ley 1922 de 2018", señala el documento.
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Si la JEP accede a la solicitud hecha por las víctimas, Joaquín Gómez y Rodrigo Granda podrían recibir una sanción por parte de la justicia transicional, debido a que estarían incumpliendo sus compromisos en este proceso.
Si se considera que la falta de compromiso por parte de los exguerrilleros es suficientemente grave podrían ser expulsados y perderían todos los beneficios otorgados por este tribunal.
El abogado Enrique Gómez es sobrino de Álvaro Gómez y asegura que como víctimas no reciben con sorpresa este incumplimiento por parte de los dos excomandantes de la extinta guerrilla.
“No solo porque es claro cada día más que las Farc no asesinaron a Álvaro Gómez y que se ha usado a la JEP para frenar las investigaciones en la fiscalía en este caso, sino porque realmente los grandes capos de las Farc se burlan de la jurisdicción especial para la paz y a la JEP parece que no le importa”, explicó Gómez
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