Según los animalistas y la congresista Andrea Padilla, el Ministerio de Ambiente tenía listo un borrador que avalaría la caza comercial de chigüiro; desde la cartera desmintieron que exista un documento que le dé vía libre a la caza de esta especie.El chigüiro o capibara, considerado el roedor más grande del mundo y una especie clave en los ecosistemas de la Orinoquía, seguirá protegido en Colombia, según confirmó este lunes el Ministerio de Ambiente, que descartó la aprobación de su caza con fines comerciales."No existe ninguna resolución en trámite ni interés en habilitar la caza comercial del chigüiro", aseguró la ministra de Ambiente, Lena Estrada Añokazi, quien añadió que el Gobierno "no autorizará la cacería comercial de esta especie".La ministra hizo estas declaraciones tras una controversia en torno al supuesto proyecto normativo que abriría la puerta al aprovechamiento comercial del chigüiro. En diálogo con Mañanas Blu 10:30, la ministra Estrada afirmó que no existe un borrador ni un proyecto de norma relacionado con la Casa Comercial del chigüiro, lo que generó dudas en algunos sectores. Por su parte, la senadora Padilla, representante de los animalistas, afirmó que estas declaraciones son engañosas y que hay pruebas de que el gobierno estaba delineando un proyecto para legalizar el aprovechamiento comercial del chigüiro. "La ministra quedó en una muy mala posición al negar los hechos. La discusión no es caprichosa; hay un comunicado oficial que confirma que se estaba evaluando un cupo global para la explotación de esta especie", dijo Padilla. Uno de los puntos más críticos tocados por la senadora fue el secretismo que ha rodeado la discusión sobre la caza comercial del chigüiro. "Este es un tema que necesita un debate público. No se puede tomar decisiones sobre seres vivos a espaldas de la ciudadanía," enfatizó Padilla. La ministra Estrada defendió la posición del gobierno, indicando que los estudios sobre la especie se han estado llevando a cabo durante más de 20 años y que el Consejo de Estado exige un estudio exhaustivo para cualquier tipo de aprovechamiento. "Estamos en un proceso de investigación; en ningún momento hay un borrador que indique que se permitirá la cacería del chigüiro," aclaró. Escuche aquí las entrevistas:
Por primera vez en Colombia, un ciudadano fue enviado a prisión por el delito de muerte agravada de un animal, gracias a la recién implementada Ley Ángel.El hombre, identificado como Alexander Parra Carrillo, fue capturado en Bucaramanga tras hacerse viral un video en el que presuntamente aparece asfixiando a un gato, llamado Michín."El hoy procesado es señalado de atar una cuerda en el cuello de un gato de nombre Michín, hasta causarle la muerte al felino el pasado 7 de mayo", indicó la Fiscalía.Por eso un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que ha sido celebrada por los defensores de derechos de los animales y la familia del pequeño gato, quien además, según Noticias Caracol, había denunciado amenazas por parte del hijo del capturado. Senadora Andrea Padilla explica la Ley Ángel La senadora Andrea Padilla, quien impulsó el proyecto de Ley Ángel, habló en entrevista con Mañanas Blu sobre lo que se establece en este tipo de casos. Según comentó, la muerte de un animal puede conllevar penas entre 32 y 56 meses de cárcel, pero si hay agravantes, como en este caso que el hecho ocurrió en vía pública y con sevicia, puede aumentar hasta 98 meses (más de 8 años).“Este caso marca un precedente. La Ley Ángel permite sancionar con cárcel efectiva a quienes cometan actos atroces contra los animales”, dijo Padilla.Además, aclaró que no todos los casos de maltrato terminan en prisión, pues la ley contempla un enfoque diferencial donde los casos leves pueden ser tratados por la vía administrativa o policiva, mientras que los graves como asesinatos con tortura, mutilación o abuso sexual sí ameritan sanción penal.Frente a los cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas, teniendo en cuenta el hacinamiento carcelario y la impunidad en otros delitos, la senadora respondió que no se trata de competir entre causas humanas y animales.“Hay un falso dilema. Los animales no tienen nada en Colombia, no hay institucionalidad, ni centros de atención, ni veterinarios públicos. Lo que se ha logrado es apenas lo mínimo”, defendió. También subrayó que muchos casos de violencia animal son indicadores de riesgo de violencia hacia seres humanos. “La indignación de la ciudadanía frente al maltrato animal habla bien de nuestra salud mental como sociedad”, concluyó.Padilla indicó que la ley es solo el primer paso en un camino que requiere educación, sensibilización y recursos adecuados para garantizar que la protección animal se vuelva una prioridad en la agenda pública. Es de recordar que esta ley tiene el nombre de Ángel en memoria de un pequeño perrito a quien en 2021 en Saboyá, Boyacá, un hombre lo atacó, presuntamente en venganza a conflictos personales que tenía con los dueños del canino, despellejando un 80 % de su piel.Escuche la entrevista completa aquí:
Con una ceremonia simbólica frente a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sancionó este 23 de abril dos leyes clave para la protección animal en Colombia: la ley Ángel y la ley Lorenzo. Ambas iniciativas, impulsadas por la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), representan un avance histórico en la lucha por los derechos de los animales en el país.La ley Ángel: cárcel sin beneficios y multas ejemplaresLa ley Ángel, aprobada por unanimidad en el Congreso, eleva las sanciones penales para quienes incurran en actos de crueldad animal. De ahora en adelante, matar con dolo a un animal, agredirlo sexualmente o causarle lesiones graves conllevará una pena superior a los tres años de prisión. Esta medida elimina la posibilidad de beneficios judiciales como la prisión domiciliaria o la libertad condicional.Ángel era un perro que se convirtió en símbolo de lucha contra el maltrato animal en Colombia. La ley Ángel lleva su nombre en homenaje a su historia: fue brutalmente agredido.En el ámbito económico, las multas también se endurecen: serán de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) si el animal sufre lesiones graves, y de 30 a 60 SMMLV si el resultado es su muerte.Entre los nuevos agravantes, se incluye la violencia vicaria con animales, la difusión de pornografía o escenas de violencia animal, la agresión en contextos económicos y la mutilación injustificada. Además, se crean penas accesorias como la inhabilidad para tener animales y para ejercer oficios relacionados con ellos.Un registro nacional de condenados por maltrato animal será gestionado por la Fiscalía y la Policía, y se exigirá a la Fiscalía generar guías forenses para facilitar dictámenes veterinarios como prueba judicial.La Policía queda habilitada para ingresar a viviendas donde haya evidencia de que la vida de un animal está en riesgo. Asimismo, la ley contempla la creación de una ruta nacional de atención contra el maltrato animal que deberá operar en todos los municipios, además de una ruta especial para animales víctimas del conflicto armado.También se establece un proceso sancionatorio más ágil para los casos que, sin ser delitos, requieran atención y sanción, como el abandono.Ley Lorenzo, también sancionada por el presidente, en qué consisteJunto con la ley Ángel, el presidente Petro también sancionó la ley Lorenzo, que busca proteger a los perros utilizados en tareas de seguridad y vigilancia privadas. Esta norma establece estándares mínimos de bienestar animal y busca reemplazar progresivamente el uso de estos animales por medios tecnológicos.El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) será el encargado de desarrollar esas alternativas tecnológicas. Mientras tanto, las empresas de vigilancia deberán garantizar condiciones adecuadas para los perros: espacios con confort térmico, ventilación, zonas blandas para el descanso, alimentación de calidad, y tiempo de esparcimiento.Además, la ley reduce la edad máxima de trabajo de estos perros de 8 a 6 años, exige su esterilización desde los 6 meses para controlar la reproducción, y obliga a las empresas a diseñar un plan de retiro digno para ellos, así como a reportar cualquier caso de maltrato.“Crear Estado para los animales ha sido mi consigna en la vida política”, expresó la senadora Andrea Padilla al celebrar la sanción de las leyes.
La senadora Andrea Padilla y otros animalistas se pronunciaron para respaldar a Vivian Nieto, fundadora de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, ubicada en Boyacá, quien ha denunciado ser víctima de hostigamientos y amenazas constantes.La situación ha generado alarma entre defensores de los derechos animales y ciudadanos que conocen la labor que realiza la fundación desde hace varios años.¿Quién la amenaza?Nieto, quien lidera el refugio que ha salvado la vida de decenas de animales abandonados y maltratados, asegura que el acoso proviene, presuntamente, de una mujer que se hace pasar por abogada y que incluso la ha llegado a lastimar físicamente.La fundadora añade que ha recibido amenazas que hacen temer por su vida y por la integridad de los animales que cuida.Fundación atentió al perrito ÁngelLa historia de la fundación Mi Mejor Amigo, es reconocida especialmente por su vínculo con Ángel, un perro que fue brutalmente torturado en el municipio de Saboyá, Boyacá. El caso conmovió al país y dio origen a la llamada Ley Ángel, una normativa que busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal en Colombia. Ángel fue rescatado y tratado durante años por Vivian y su equipo, quienes lograron darle una vida digna y amorosa hasta su fallecimiento hace pocos meses.“Cuando pasó lo del caso del Ángel nosotros hicimos la denuncia contra su agresor y esta señora que me ha estado amenazando salió a decir que era su abogada (…) ella tiene más de 300 procesos en la Fiscalía; yo la he denunciado por amenazas y lesiones personales. En una ocasión me abordó y me atacó en la cara”, dijo Nieto, quien también mencionóque a raíz de esta situación le ha tocado cambiar varias veces de residencia por el temor de que puedan ocurrir más ataques.“Es muy preocupante esta denuncia porque Vivian ha sido una mujer consagrada en la lucha y la defensa por los animales y hoy está siendo victima de una persecución”, dijo la senadora Padilla.Además, hizo énfasis en que, a pesar de las denuncias que se han puesto en la Fiscalía, aún no se han logrado soluciones. "Ya hay varios procesos, ella teme por su vida porque dice que esta señora además ha sido vista cerca del refugio donde viven más de 200 animales y se teme también por la integridad de ellos”, aseguró.
Desde el Congreso de la República alertaron por el manejo que se le está dando al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA). La senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla denunció posibles sobrecostos en la contratación de la entidad y aseguró que hay programas que no están funcionando, los cuales significan un desembolso importante para el Distrito.De acuerdo con la congresista, uno de los grandes problemas en el funcionamiento de la entidad es el de la implementación de los microchips, unos dispositivos que tienen el propósito de identificar y proteger a las mascotas en caso de pérdida, hurto o abandono. Padilla asegura que estos objetos no han cumplido su propósito, pues carecen de la información relevante que debería tener y ha significado una inversión importante en los recursos de la ciudad.La denuncia manifiesta que, desde 2017 hasta 2023, se han implantado unos 460.633 objetos de este tipo (el Distrito asegura que son 376.633). Según el documento, los microchips habrían costado más de 3.200.000.000 millones de pesos.“Los microchips eran comprados por el IDPYBA a costos que oscilaban entre $3.900 y $4.980, pero desde 2023 este costo se trasladó a los operadores del programa de esterilización y cada microchip cuesta $23.959. Es decir, han subido un 381% ($18.979). Al trasladarse este costo al programa de esterilización, el costo de cada cirugía subió $23.950. Si se restara este valor a cada cirugía de esterilización del contrato a que está actualmente en ejecución, que es por $2.644.158 para hacer 12.638 esterilizaciones, habría podido ahorrarse o destinarse a otro programa de bienestar animal, incluido el de esterilizaciones: $302.680.100”, detalla Padilla.A lo anterior se suma la supuesta ineficiencia y el costo del programa ‘Ciudadano de 4 patas’, creado por el Distrito para que se pueda identificar y monitorear a los perros y gatos en Bogotá. “El reciente caso del perro Cosmo, al que se le aplicó la eutanasia por decisión de funcionarios del IDPYBA, permitió hacer evidente esta situación. Pese a que Cosmo tenía microchip, la información registrada en la plataforma no estaba actualizada, lo que impidió contactar a su familia y, probablemente, evitar su muerte”, afirma el documento de la congresista.Según la denuncia, el programa recién mencionado inició en mayo del 2024, justo cuando el costo de las esterilizaciones en la capital aumentó un 101% (de $131.086 en 2022 a $263.347 en 2024). En ese momento, afirma Padilla, se alertó a los respectivos entes de control, quienes al final pidieron repetir el proceso con base en un mejor estudio de mercado. Producto de lo anterior, la cirugía por esterilización en Bogotá quedó en $214.200.“Este valor unitario de las esterilizaciones, que sigue siendo alto (en Medellín, por ejemplo, las esterilizaciones que paga la ciudad cuestan $130.000 cada una), es justificado por el IDPYBA alegando que en él se incluye el costo del microchip. Sin embargo, consideramos que no hay justificación válida para justificar un programa que es costoso, no ha tenido utilidad pública (no cumple el propósito para el cual se creó), encarece y merma un programa importante (esterilizaciones) y podría estar causando detrimento patrimonial”, continúa la denuncia.La senadora manifiesta que desde el Distrito han comprado cerca de 250 lectores de microchips (de los cuales solo funcionan 38 de ellos) con una cifra que rondaría los 100 millones de pesos. Lo que cuestiona la congresista es que más de la mitad de los objetos fueron adquiridos a la asociación Arkambiental, la misma que se habría ganado la licitación de las esterilizaciones en la ciudad por un contrato de $666.039.570.“Con esta información y otra adicional, notificamos a la Contraloría de Bogotá la cual halló posibles sobrecostos por $887.730.555 y advirtió de un posible delito de colusión, que consiste en que los oferentes se ponen de acuerdo en un valor para lograr que uno de ellos salga beneficiado en la contratación. En 2023, cuando el IDPYBA aún compraba los microchips, fue descartada una cotización de microchips que ofreció los dispositivos a $10.710 c/a un precio muy por debajo fue descartado, pese a que reunía las condiciones tecnológicas. Este costo habría beneficiado el estudio de mercado, de cara al nuevo esquema en el que el oferente adquiere e implanta el microchip”, dice Padilla.Frente a este panorama, Blu Radio se contactó con el Instituto para encontrar una respuesta a la denuncia y desde la entidad aseguraron que, a la fecha de publicación de esta noticia, se encuentran preparando el comunicado respectivo.
La muerte de una llama en pleno centro de Bogotá desató una ola de indignación en redes sociales. Según las primeras versiones compartidas por testigos, el animal era utilizado como atracción turística para captar la atención de nacionales y extranjeros. Al parecer, la excesiva explotación habría llevado al animal a desplomarse por cansancio, causando su fallecimiento.Un llamado a la acción por parte de las autoridadesEl hecho generó un fuerte rechazo ciudadano y un clamor por medidas más estrictas para evitar la explotación de animales en la ciudad. La senadora Andrea Padilla, reconocida por su lucha en pro de los derechos de los animales, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter:“Alcalde @CarlosFGalan no son ganas de joder; es un ruego de compasión, de piedad. Esta foto es de hoy, tomada en el centro de Bogotá: se ve el cansancio, el malestar, la explotación. ¡Haga historia! Organice a quienes aún viven a costa de estas criaturas, ofrézcales opciones y mejore las vidas de unas y otros”.Ante esta denuncia, la administración distrital ha anunciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar posibles responsabilidades. Se están evaluando los elementos de tiempo, modo y lugar para verificar la autenticidad de las acusaciones y tomar las medidas correspondientes.Impacto en redes y la discusión sobre los derechos animalesLas imágenes del animal han circulado ampliamente en redes sociales, generando debate sobre el uso de animales como herramientas de entretenimiento y negocio. Muchos usuarios exigen a las autoridades locales implementar políticas más rigurosas para proteger a los animales y buscar alternativas sostenibles para las personas que dependen de estas actividades.Un problema recurrenteLa explotación de animales en zonas urbanas no es un tema nuevo en Bogotá. El caso de la llama pone nuevamente en el foco la necesidad de reforzar las regulaciones existentes y garantizar la protección de los derechos animales.Mientras tanto, se espera que el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo presenten un plan de acción para abordar esta problemática, que conmocionó a la comunidad capitalina y puso sobre la mesa el debate ético sobre el trato a los animales en la capital.
Con 51 votos a favor y solo dos en contra, el Senado de la República aprobó en último debate la Ley contra el Ruido, un marco normativo que busca reducir los niveles de contaminación acústica en Colombia y proteger tanto la salud pública como la convivencia ciudadana. Esta normativa establece sanciones claras y medidas concretas para gestionar el impacto del ruido en espacios públicos y privados.¿Qué establece la Ley contra el Ruido?La Ley contra el Ruido, propuesta por el representante Daniel Carvalho y la senadora Andrea Padilla, introduce sanciones que pueden alcanzar hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, autoriza a las autoridades a suspender de manera inmediata actividades que generen ruidos por encima de los límites permitidos, especialmente si afectan la tranquilidad de las comunidades o el orden público.>> Lea también: Ruido excesivo en TransMilenio afecta su salud: estudio dice que hay más estrés y cefalea: Entre las principales acciones contempladas están:Regulación del ruido producido por actividades económicas, como bares, restaurantes y eventos masivos.Control de emisiones sonoras provenientes del tráfico vehicular y otras fuentes móviles.Creación de herramientas para la medición y monitoreo del ruido ambiental.Implementación de programas pedagógicos para concientizar sobre los efectos de la contaminación acústica.Y es que la contaminación acústica ha sido reconocida como un problema de salud pública. Estudios demuestran que la exposición prolongada a niveles de ruido superiores a los 65 decibeles puede provocar problemas cardiovasculares, estrés, pérdida auditiva y afectaciones en la salud mental.En Colombia, de acuerdo con lo explicado en el proyecto, las ciudades más beneficiadas serían Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena."Uno de los datos que más nos asustó es que el 70 % de las llamadas que entran al 123 están relacionados al ruido", dijo en Blu Radio Camilo Quintero, coordinador de la ley. Esto los impulsó a la iniciativa.
Los taurinos ganaron una batalla legal en Bogotá por cuenta de un fallo judicial que anuló el Acuerdo 767 de 2020, con el cual el Concejo prohibió el uso de elementos que hirieran al animal durante la corrida.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Andrea Padilla, senadora de Alianza Verde, habló sobre el acuerdo y lo que esto significa para la ciudad.Explicó que hoy por hoy el acuerdo está vigente, sin embargo, explicó que están a la expectativa de la nueva administración que quedará en manos el Carlos Fernando Galán.“Entonces me parece muy difícil que puedan adjudicar de la temporada de toros que no creo porque él es coautor del y la corporación taurina tiene la intención, usted dice, no dan los tiempos”, dijo.“Si bien hubo este fallo en primera instancia, digamos que el acuerdo está en firme hasta que se resuelva el recurso de apelación”, agregó.Escuche la entrevista completa aquí:
Tras el hundimiento en la Cámara de Representantes del proyecto que prohibía las corridas de toros y otro tipo de conductas consideradas crueles contra los animales, este lunes fue radicado ante la Registraduría Nacional el comité promotor animalista que busca derogar el artículo 7 de la Ley 84 de 1989.La senadora Andrea Padilla, promotora del referendo, explicó que el principal objetivo es apelar a un mecanismo constitucional de participación ciudadana a través de un referendo revocatorio para que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas si quieren o no que continúen los actos de crueldad con animales en espectáculos.“Existen dos grandes etapas en este proceso: la primera es la recolección de las firmas para darle vida al referendo, para eso necesitamos el 10 por ciento del censo electoral nacional, estamos hablando de 4.000.000 de firmas aproximadamente, que validará la Registraduría”, anotó.Agregó que en caso de ser validadas las firmas se convocaría a una jornada de votación y en ese caso se necesitaría la cuarta parte del censo electoral.“Serían cerca de 10.000.000 de firmas, de las cuales, la mitad más uno, tendría que decir sí para derogar el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, que es el estatuto de protección a los animales que por vía de excepción permite las corridas de toros, novilladas, corralejas entre otros actos”, dijo.¿Cuáles son los tiempos para iniciar el referendo?La senadora Padilla explicó que en una semana la Registraduría entregará el soporte de la radicación del comité promotor del referendo y de igual manera la hoja de recolección de firmas.“Ahí empiezan a correr seis meses para la recolección de la firmas que pueden ser prorrogables hasta por tres meses, luego el documento avalado por la Registraduría va al Congreso que hace un trámite de viabilidad y luego en el lapso de 6 meses se tiene que convocar a las urnas y luego a la Corte Constitucional hace el control de constitucionalidad para decidir si la pregunta que se sometió a votación es exequible o inexequible”, subrayó la senadora.¿Qué pasó con el proyecto que hacía tránsito en el Congreso?La congresista recordó que la iniciativa se hundió luego de avanzar de manera favorable en el Senado, tras dos debates e indicó que el proyecto fue derrotado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes por escasos dos votos.Puede ver:
Como un “respeto por las prácticas culturales” catalogan los galleros del Atlántico el hundimiento del proyecto de ley que buscaba prohibir los espectáculos que involucraran animales —como las peleas de gallo— asegurando que, con esta decisión del Congreso, no solo se respetaba el arraigo cultural sino, además, el sustento económico para cientos de familias.Hugo García es miembro de la Junta Directiva de la Federación Gallística Colombiana, quien asegura que con la decisión que tomó por mayorías la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes no se violaba la Constitución Política de 1991, el derecho al trabajo y a la libre expresión cultural.”Porque, en ningún momento, ni en ningún lado de este proyecto quedaba claro cómo se iba a compensar o a reemplazar el trabajo de las cientos de familias que dependen de esta actividad económica. La mayoría de las personas que están detrás de esta actividad son mayores a los 40 años, es muy complejo poder reemplazarles algo a lo que le han dedicado toda su vida, prácticamente”. García, además, expresa que estaban en riesgo cerca de $4.4 billones de pesos que aportan los eventos gallísticos a la economía colombiana y más de un millón de puestos de trabajo en 1.100 municipios del país que tradicionalmente llevan a cabo éstas prácticas culturales. “Desde el inicio era un proyecto de ley muerto porque no se hizo, ni siquiera, un trabajo de campo para verificar las condiciones en las que se daban estas peleas. La senadora Andrea Padilla nunca visitó los territorios, no hubo mesa técnicas ni tampoco socialización de la misma”, expresó. Le puede interesar (“Se está sintiendo acorralado y en su ADN se vuelve más radical”: Santos sobre Petro):
Shakira convirtió el cuarto concierto de su residencia en Madrid en una noche especial al invitar por sorpresa al escenario al cantante español Alejandro Sanz. El madrileño apareció ante el público para interpretar junto a la colombiana ‘La Tortura’, canción que ambos lanzaron en 2005 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de sus carreras.El encuentro volvió a reunir sobre el escenario a dos de las voces más reconocidas de la música en español, 21 años después del lanzamiento de la canción. La aparición de Sanz no había sido anunciada y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche. La reacción del público acompañó el reencuentro de los dos artistas, quienes volvieron a interpretar una canción que marcó la música latina a mediados de la década de 2000.El concierto correspondió al cuarto sold out de la residencia de Shakira en la capital española. La noche también tuvo otra sorpresa para los asistentes: la participación de los Ghetto Kids, la agrupación de niños y niñas bailarines de Uganda que recientemente han colaborado con la barranquillera, quienes hicieron parte de este concierto de la residencia de la cantante.“La Tortura” fue lanzada hace 21 años, hace parte del álbum “Fijación oral, vol. 1” y se convirtió en una de las colaboraciones más recordadas de ambos artistas.
El Dorado Tarde es uno de los chances más consultados en Colombia y cuenta con presencia especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Su sorteo permite participar mediante diferentes modalidades de apuesta.Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 26 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el 8424 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 8424Dos últimas cifras: 24Tres últimas cifras: 424La quinta: 9¿A qué hora juega el Dorado Tarde?El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no se realiza el sorteo.Los resultados son publicados posteriormente mediante los canales autorizados y puntos de venta, donde los jugadores pueden verificar sus tiquetes.Plan de premios del Dorado TardeEl plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.Requisitos para reclamar un premioPara premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos para realizar el cobro:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una copia legible de la cédula.Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio. El Dorado Tarde mantiene una presencia importante en Bogotá y Cundinamarca y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, se refirió en El Radar de Blu Radio al impacto del paro armado atribuido a los Pachenca y a la situación de seguridad en el departamento. Durante la entrevista, señaló que la Troncal del Caribe ha sido durante décadas un escenario de confrontación y aseguró que la presencia de grupos criminales también ha afectado a jóvenes de zonas vulnerables.Aguilar sostuvo que el aumento de los actores violentos representa uno de los principales desafíos para las autoridades y cuestionó decisiones adoptadas durante el gobierno anterior. Según explicó, la llegada de recursos provenientes de actividades ilegales a sectores vulnerables ha facilitado que algunos jóvenes encuentren en las organizaciones criminales una alternativa.“Cuando fui secretario de Gobierno de Riohacha, de mi ciudad, lo logramos. Hicimos un trabajo maravilloso, logramos casi 3 meses sin que se cometiera un homicidio en la ciudad”, dijo Aguilar.El mandatario departamental señaló que las autoridades deben combinar las acciones de seguridad con programas sociales dirigidos a los jóvenes.¿Qué propone para enfrentar a los grupos criminales?Para Aguilar, uno de los retos consiste en que el Estado llegue a los territorios con mayor rapidez que las organizaciones ilegales. En ese sentido, mencionó medidas relacionadas con educación, deporte, emprendimiento y política social.“Además de plantarle cara a los grupos criminales, además de cerrar las fuentes de financiación, llegar también con una política pública, una política social que nos permita avanzar más rápido que cualquier organización criminal”, destacó.El gobernador también mencionó el programa Familias Guajiras 2, mediante el cual, según afirmó, se ha trabajado con núcleos familiares vulnerables. Asimismo, señaló que prepara un proyecto dirigido a más de 600 familias en Riohacha.¿Qué dijo sobre las decisiones del gobierno anterior?Al ser consultado sobre si las decisiones frente a la criminalidad durante el gobierno anterior fueron de buena o mala fe, Aguilar evitó atribuir una intención y planteó que el asunto debe ser investigado.“No quiero hablar de mala fe o de buena fe, pero sí se equivocaron. Yo creo que ahí hubo equivocaciones y esas equivocaciones nos están haciendo mucho daño”, precisó.Aguilar insistió en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en La Guajira y destacó la importancia de articular las acciones nacionales con las autoridades regionales para atender las condiciones sociales y de seguridad del departamento.Escuche la entrevista completa aquí:
En El Radar de este sábado, 26 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación de orden público en Magdalena tras el paro de Los Pachenca, sus efectos en la actividad comercial y la muerte de alias Cholo. También se habló sobre las problemáticas de Colombia frente a México y el Foro América Libre.El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, habló sobre las problemáticas que enfrenta el sector tras el paro armado en Magdalena. Señaló que los jóvenes están optando por el dinero fácil, aumentando los actores violentos, y afirmó que en esto influyó el fracaso de la Paz Total.Mariana Gómez del Campo, presidenta de la ODCA, habló sobre las problemáticas que enfrenta actualmente Colombia y las comparó con la situación de México. Además, se refirió al Foro América Libre, que reunirá en Ciudad de México a representantes de más de 25 países, el próximo 30 de septiembre.El senador Carlos Manuel Meisel, se refirió al presupuesto aprobado para el año 2027 y explicó que es necesario recortar gastos de funcionamiento y refinanciar la deuda para liberar recursos hacia la inversión. Destacó: "Este no es el presupuesto soñado para nadie"Escuche el programa completo aquí:
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió abrir un debate técnico sobre el fracking en el departamento y advirtió sobre las dificultades que enfrenta Santander para financiar programas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varios proyectos de inversión que dependen de recursos de regalías.La declaración se produjo al referirse a la posibilidad de recuperar recursos para el departamento a través de una mayor actividad de explotación de hidrocarburos. El mandatario insistió en que la discusión sobre el fracking no debe hacerse desde la política, sino con participación de expertos y análisis técnicos.“Tenemos que hacer el debate del fracking en Santander, no con politiquería, con practicismo, con expertos”, señaló el gobernador en su intervención.Díaz aseguró que Santander necesita encontrar nuevas fuentes de financiación porque los recursos disponibles no serían suficientes para cubrir algunas de las obligaciones del departamento.En ese contexto, mencionó específicamente el PAE y afirmó que el próximo año habrá dificultades para garantizar su financiación si no se encuentran alternativas.“Nos vamos a quedar sin plata, ya no vamos a pagar el PAE el año entrante”, afirmó el mandatario, quien agregó que el departamento tuvo una reducción de alrededor de $100.000 millones en los recursos disponibles.El mandatario planteó que el debate no debe centrarse únicamente en si se permite o no el fracking, sino también en definir de dónde saldrán los recursos que Santander necesita para financiar sus programas y proyectos.“Yo quiero que hagamos el debate y nos digan de dónde vamos a sacar la plata, o vamos a dejar aguantando hambre los niños más vulnerables de Santander”, manifestó.Díaz también explicó que la Gobernación tenía previstos siete proyectos para ejecutar con recursos de regalías, uno por cada provincia, pero que llevan cerca de dos años en proceso de viabilización.Según el gobernador, tras las recientes decisiones sobre los recursos disponibles, la administración departamental está buscando alternativas con el Ministerio de Hacienda para poder sacar adelante esas iniciativas.El gobernador sostuvo que Santander tiene capacidad para generar nuevos recursos a partir de la actividad petrolera en el Magdalena Medio, pero insistió en que cualquier explotación debe hacerse bajo condiciones técnicas.“Tenemos la capacidad allá en Magdalena Medio donde se puede hacer que se haga y que se haga bien”, afirmó.La discusión sobre el fracking volvió a tomar fuerza en Santander luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara la reactivación de la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking, bajo criterios de responsabilidad ambiental.En Santander, el gobernador ya había planteado que los yacimientos no convencionales podrían representar mayores ingresos por regalías e inversión para el departamento y había defendido un debate técnico sobre esta posibilidad.Ahora, el mandatario vuelve a poner sobre la mesa la discusión, pero vinculándola directamente con las dificultades de financiación que enfrenta el departamento para sostener programas sociales y ejecutar obras proyectadas con recursos de regalías.
