En medio de la preocupación de la comunidad por la calidad del agua en Barichara, las autoridades de salud confirmaron que el líquido que actualmente se distribuye en el casco urbano del municipio es apto para el consumo humano, tras los más recientes análisis de laboratorio.De acuerdo con los resultados emitidos por el Instituto Nacional de Salud, las muestras evaluadas cumplen con los parámetros microbiológicos, físicos y químicos establecidos, clasificándose incluso en un nivel de riesgo “sin riesgo” para la salud . Esto significa que, en términos generales, el agua es potable y puede ser consumida por la población.El informe técnico había identificado inicialmente una alteración en el nivel de pH, que se encontraba por debajo de los rangos establecidos. Sin embargo, mediciones más recientes realizadas en el sistema de acueducto evidencian que este parámetro ya se encuentra dentro de los valores normales, lo que mejora las condiciones del suministro.Pese a esta noticia positiva para el casco urbano, las autoridades reconocen que la situación sigue siendo crítica en las zonas rurales. Más de 6.800 personas que habitan en veredas del municipio de Barichara continúan enfrentando dificultades en el acceso a agua potable, lo que ha llevado a mantener activa una mesa de crisis para buscar soluciones estructurales.Este panorama refleja una problemática recurrente en varios municipios de Santander, donde, a pesar de que en las cabeceras urbanas se logran avances en la calidad del agua, persisten brechas significativas en las áreas rurales, especialmente por limitaciones en infraestructura y cobertura de los sistemas de acueducto.Las autoridades locales y departamentales aseguraron que continuarán trabajando en acciones que permitan garantizar el acceso equitativo al agua potable en todo el territorio, con énfasis en las comunidades más apartadas, donde este servicio básico aún representa un desafío.
La calidad del agua en Barichara muestra una recuperación significativa, según la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, luego de las intervenciones realizadas para corregir problemas de olor y coloración que afectaron a la comunidad durante más de tres semanas.De acuerdo con la entidad, uno de los cambios clave fue la adecuación de las mangueras de succión en la represa El Común, por parte de Acuascoop, que ahora operan a cuatro metros de profundidad, lo que permitió captar agua en mejores condiciones. A esto se sumaron trabajos técnicos en la planta de tratamiento, como procesos de preoxidación, aireación y mantenimiento de filtros.Según la gerente Chaparro, el pasado 30 de abril de 2026 se realizaron análisis de laboratorio con acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental, el Laboratorio Peña Flor, la Personería, la Alcaldía y representantes de la comunidad.“Se tomaron muestras y los primeros resultados rápidos muestran que el agua cumple con los parámetros establecidos por la norma. Aunque aún estamos a la espera del resultado oficial del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), que emite el Instituto Nacional de Salud, pero nuestros análisis preliminares indican que podría estar sin riesgo”, señaló la funcionaria.Chaparro agregó que los resultados completos de la autoridad sanitaria serán dados a conocer a la comunidad para brindar mayor tranquilidad sobre la calidad del líquido que llega a los hogares.Según la empresa, actualmente el agua que se distribuye en el municipio presenta mejoras evidentes. “Hoy es un agua transparente, sin olor, sin color y sin sabor, lo que demuestra el impacto positivo de las intervenciones realizadas”, indicó la gerente.Además, destacó el apoyo de la empresa Acuascoop en las labores realizadas, las cuales facilitaron la optimización del proceso de tratamiento y la mejora de las condiciones del recurso captado.Pese a la recuperación del servicio, desde la empresa reconocen que la situación evidencia la necesidad de soluciones estructurales. En ese sentido, se proyecta una optimización de la planta de tratamiento, iniciativa que sería impulsada por la administración municipal, encabezada por el alcalde Milton Chaparro, con recursos locales y el acompañamiento de entidades departamentales y nacionales.Asimismo, se plantea la búsqueda de nuevas fuentes hídricas que garanticen la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.
Luego de tres semanas de quejas ciudadanas por el mal estado del agua en el municipio de Barichara, avanzan trabajos técnicos en la represa El Común, fuente que abastece el acueducto del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones del líquido que llega a los hogares con color café, mal olor y apariencia grasosa.La intervención es liderada por Acuascoop, cuyo gerente, Néstor Álvarez, explicó que la situación se originó tras el agotamiento de la represa La Laja, lo que obligó a trasladar el suministro hacia El Común, un embalse con agua estancada, tonalidad verdosa y alta presencia de hierro.A este panorama se suma un problema técnico ocurrido desde octubre del año pasado, cuando las mangueras de succión se desprendieron y cayeron al fondo de la represa, que tiene una profundidad de 18 metros. Para su recuperación fue necesaria la intervención de buzos especializados.Según detalló Álvarez, aunque inicialmente las mangueras fueron reinstaladas, se mantuvieron a cierta profundidad para evitar que se desprendieran nuevamente, lo que derivó en la captación de agua con mayor carga de sedimentos, hierro y olores.De acuerdo con un comunicado de la empresa, las labores se han desarrollado en varias fases. El 31 de marzo las mangueras fueron elevadas a unos cuatro metros; el 9 de abril se ajustaron tres metros más, y el 27 de abril se incrementó nuevamente su altura, dejándolas actualmente a unos cuatro metros de la superficie.“Se espera que al captar el agua más cerca de la superficie, esta llegue en mejores condiciones para su tratamiento”, indicó la empresa.El gerente agregó que ya se reportan mejoras en sectores abastecidos desde el mismo sistema, como el municipio de Villanueva, donde ha disminuido la presencia de hierro y los olores en el agua.No obstante, advirtió que las plantas de tratamiento en los cascos urbanos son antiguas y no están diseñadas para procesar agua con estas características, lo que ha limitado la capacidad de respuesta frente a la emergencia.Finalmente, Álvarez insistió en la necesidad de una solución estructural para el municipio. Indicó que ya fue radicado ante el Ministerio de Vivienda y la Empresas de Servicios Públicos de Santander, Esant, un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento que beneficiaría a Barichara, Villanueva y Cabrera, con una inversión estimada de 12.600 millones de pesos y cobertura para más de 20.000 personas.Por su parte, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, informó que se activó un plan de contingencia que incluyó la suspensión del servicio los días 28 y 29 de abril para facilitar las intervenciones y realizar ajustes en la planta de tratamiento.Asimismo, señaló que se está garantizando el suministro mediante carrotanques, con agua traída desde el municipio de San Gil, para atender a la población durante la contingencia.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
La crisis por el suministro de agua en Barichara se profundiza. La Veeduría del Agua denunció que un reciente informe del Instituto Nacional de Salud que conocieron a través de la Superintendencia de Servicios Públicos confirma que la calidad del agua en el casco urbano se encuentra en un nivel de alto riesgo.Según explicó el veedor del agua, Daniel Forero Quintanilla, en entrevista con Blu Radio, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se ubica en 60, una cifra alarmante.“Cero es agua potable y 100 es agua impotable. El agua en Barichara en el casco urbano es de alto riesgo porque el IRCA está en 60”, afirmó.Forero aseguró que este pronunciamiento se logró tras semanas de presión ciudadana y cuestionó a las autoridades locales por minimizar la situación. Además, convocó a la comunidad, entes de control y autoridades a un encuentro público en el parque principal del municipio para socializar el informe.El veedor también advirtió que el problema ha impactado la vida cotidiana de los habitantes. “Todo está paralizado porque nadie está usando el agua. La gente se está bañando con agua en bolsa o con agua lluvia hervida”, señaló, al tiempo que hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para intervenir la situación.La crisis, según la veeduría, no es nueva. Recordó que desde enero de este año el Tribunal Administrativo de Santander ordenó medidas cautelares por el suministro de agua contaminada en zonas rurales, donde el IRCA alcanzaría niveles cercanos a 95, sin que hasta ahora se haya dado cumplimiento.El alcalde de Barichara, Milton Chaparro, explicó días atrás que el cambio en el color y olor del agua se debe a dificultades en el tratamiento tras el uso de una nueva fuente hídrica.Según el mandatario, el suministro proviene actualmente de la represa El Común, donde el agua ha permanecido estancada por varios meses, con baja oxigenación y presencia de elementos como hierro, lo que complica su tratamiento.“Cuando se le aplica el cloro, el agua toma un color naranja o café. Eso fue lo que se presentó al hacer el cambio de la represa de La Laja a la represa del Común”, indicó.Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reconoció la problemática y señaló que se trabaja en soluciones estructurales, aunque advirtió que estas tomarán tiempo.El mandatario departamental indicó que se proyecta la construcción de una planta de tratamiento con una inversión cercana a los $15.000 millones, mientras se continúan evaluando alternativas para mejorar el abastecimiento.Entre tanto, la comunidad sigue a la espera de soluciones inmediatas que garanticen el acceso a agua potable, en medio de una crisis que ya completa tres semanas.
Crece la preocupación en Barichara por la calidad del agua que llega a los hogares. Desde hace cerca de tres semanas, más de 6.800 habitantes reciben el servicio con coloración café o verdosa, mal olor y apariencia grasosa, situación que encendió las alertas de autoridades y organizaciones como ProSantander.Durante una visita técnica realizada en el marco de la Agenda Estratégica del Agua, la entidad advirtió que el problema no es reciente. “Se trata de una situación estructural que se arrastra desde hace al menos cuatro décadas, tiempo en el que el municipio ha recibido agua sin tratamiento adecuado”, advierte Prosantander.Según el diagnóstico, una de las principales dificultades se encuentra en la represa El Común, fuente clave de abastecimiento, donde la captación está ubicada en el fondo, lo que genera acumulación de sedimentos y lodo difíciles de tratar. A esto se suma que la planta de tratamiento opera por encima de su capacidad y presenta fallas en sus filtros, actualmente fuera de servicio por saturación. Como agravante, la represa alterna de La Laja se encuentra prácticamente seca.“El problema principal no es la falta de agua, es la falta de tratamiento y de una planta insuficiente. Estamos tratando de articular esfuerzos entre la Gobernación, el municipio, las corporaciones autónomas y el sector privado para encontrar soluciones reales”, explicó Hernán Clavijo, gerente de la Agenda Estratégica del Agua de Prosantander.El alcalde de Barichara, Milton Chaparro Jiménez, confirmó que la situación se intensificó tras el cambio de fuente de abastecimiento luego de Semana Santa. “El agua de la represa El Común ha permanecido estancada por meses y, según expertos, tiene baja oxigenación, lo que dificulta su tratamiento. Al aplicar cloro, toma un color naranja o café, que es lo que están percibiendo los usuarios”, explicó.El mandatario también aclaró que, aunque se han generado versiones sobre la presencia de bacterias como E. coli, los análisis oficiales no evidencian este tipo de contaminación en el agua distribuida tras el proceso de tratamiento.Frente a la crisis, la Alcaldía puso sobre la mesa dos proyectos para mejorar el sistema. El primero contempla el uso de una bomba donada por Ecopetrol para transportar agua desde el río Suárez hasta el casco urbano, iniciativa que requiere cerca de 2.000 millones de pesos para la instalación de tubería. El segundo, de mayor alcance, propone la construcción de una nueva planta de tratamiento en la represa El Común, con una inversión estimada de 12.600 millones de pesos y ya radicada ante el Ministerio de Vivienda.Desde Prosantander se insistió en que la crisis no es solo de infraestructura, sino también de articulación institucional. Durante las mesas de trabajo se evidenció la necesidad de mejorar la gestión del recurso hídrico, el control sobre el uso del suelo y la protección de las cuencas.Además del impacto en la salud pública, la situación también amenaza al turismo, principal motor económico del municipio. La llegada de visitantes incrementa la demanda sobre un sistema que ya opera al límite, mientras las quejas por la calidad del agua afectan la imagen de uno de los destinos más representativos del país.Finalmente, ProSantander y la administración municipal hicieron un llamado al Gobierno Nacional y al sector privado para sumar esfuerzos que permitan ejecutar soluciones estructurales y evitar que esta problemática continúe afectando a la población y a toda la región.
Habitantes de Barichara denunciaron una crítica situación con el servicio de agua potable en el casco urbano del municipio, donde desde hace más de 10 días el líquido estaría llegando con color oscuro, mal olor y una aparente capa grasosa.Según Daniel Forero, integrante de una veeduría ciudadana, el problema afecta cerca del 30 % de la población urbana y ya estaría generando afectaciones en la salud de personas vulnerables, especialmente niños y adultos mayores. “Es un agua maloliente, putrefacta, que ya está enfermando a la gente”, aseguró.La situación, advierten líderes sociales, no es nueva. De hecho, hace meses fue instaurada una acción popular que hoy cursa en el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se busca proteger los derechos colectivos de habitantes de Barichara, Villanueva y Cabrera frente a problemas estructurales en el acceso a agua potable.De acuerdo con el aviso oficial del proceso, admitido en enero de 2026, la demanda solicita medidas urgentes como priorizar inversiones en infraestructura hídrica, diseñar un plan de acción con recursos garantizados, y asignar presupuesto desde el nivel nacional y departamental. Asimismo, pide a la Superintendencia de Servicios Públicos designar un operador temporal y vigilar la calidad del agua.Entre las medidas inmediatas también se contempla el suministro de agua potable mediante carrotanques, la entrega de filtros a familias vulnerables y la instalación de puntos de abastecimiento comunitario, acciones que, según la comunidad, no se han implementado de manera efectiva.“La problemática ya existía en las zonas rurales, pero ahora llegó al casco urbano. Es una muestra de la falta de planeación y de voluntad para resolver de fondo el acceso al agua”, agregó Forero.Otra habitante del sector cercano al hospital expresó su inconformidad: “Miren el agua que está llegando, es terrible. Da pena ajena que surtan un servicio así”.Frente a las denuncias, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, explicó que el municipio depende actualmente de una fuente externa administrada por Aguascoop, específicamente la represa El Común, cuya agua presenta alteraciones tras permanecer estancada por más de un año.“Es un agua que, aunque recibe el tratamiento adecuado, ha cambiado sus propiedades físico-químicas. El color y el olor no han sido posibles de eliminar completamente”, indicó.La funcionaria aseguró que, pese a las condiciones visibles, los análisis realizados hasta ahora indican que el agua es apta para el consumo humano y que no se han reportado brotes de enfermedades gastrointestinales en los registros oficiales.Sin embargo, reconoció que la situación genera inconformidad en la comunidad y afirmó que se mantienen trabajos permanentes en la planta de tratamiento, junto con nuevos análisis para determinar medidas adicionales.Ante la gravedad del panorama, líderes sociales convocaron a una reunión este 21 de abril en la Casa Campesina de Barichara, donde esperan definir acciones y exigir soluciones concretas a las autoridades locales, departamentales y nacionales.
Tres accidentes de tránsito enlutaron el comienzo de la Semana Santa en Santander. El primero ocurrió en la vía entre Bucaramanga y San Alberto, donde un motociclista identificado como Joser David Salcedo Almanza, de 20 años, se estrelló contra una tractomula que venía de Santa Marta.De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el motociclista habría intentado un sobrepaso en zona prohibida y se encontró de frente con el vehículo de carga.En otro siniestro un motociclista perdió el control de su vehículo cuando transitaba entre San Gil y Barichara y terminó estrellándose contra una señal de tránsito. Las autoridades informaron que el conductor del velocípedo perdió la vida de forma inmediata debido a la gravedad del golpe, mientras que la persona que iba como acompañante quedó herida y fue trasladada a un centro médico.Por último, la vía que conduce de Bucaramanga a Pamplona estuvo cerrada por un grave accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Berlín. Según los primeros reportes un camión tipo turbo y una tractomula se estrellaron de frente.Las autoridades confirmaron que tres personas, al parecer de nacionalidad venezolana, viajaban entre la carga del tractocamión y al ocurrir el impacto uno murió y los otros dos terminaron heridos.El conductor del camión tipo turbo también resultó herido y quedó atrapado entre las latas retorcidas, sin embargo, fue auxiliado por otras personas y fue rescatado de la cabina de su vehículo.Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander se dirigieron al lugar para tratar de habilitar nuevamente el tráfico, pero estaban a la espera de que el personal encargado realizara el levantamiento del cadáver.Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito, especialmente durante esta semana cuando el flujo de viajeros aumenta considerablemente.
El municipio de Barichara enfrenta una compleja situación en el abastecimiento de agua potable como consecuencia del aumento exponencial en el consumo, provocado por la masiva llegada de turistas durante la actual temporada vacacional. Aunque las fuentes de abastecimiento se mantienen en condiciones óptimas, la capacidad de tratamiento resulta insuficiente para cubrir la demanda.La administración municipal declaró una emergencia operativa tras evidenciar que la planta de tratamiento no logra procesar el volumen de agua requerido para atender a residentes, comerciantes y visitantes, especialmente en las zonas periféricas y en varias veredas, donde el servicio se ha visto más afectado.El alcalde Milton Chaparro explicó que la represa de El Común, que también abastece a los municipios de Cabrera y Villanueva, se encuentra con niveles adecuados de almacenamiento. Sin embargo, la infraestructura actual solo permite potabilizar entre 16 y 18 litros por segundo, muy por debajo de los cerca de 28 litros por segundo que hoy exige el consumo en el casco urbano y sus alrededores.Ante este panorama, la Alcaldía de Barichara activó un plan de contingencia en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil. Como parte de las medidas, se dispuso el apoyo de carrotanques para reforzar el suministro en los sectores donde la presión del servicio ha disminuido de manera significativa.Estas acciones buscan garantizar el acceso al agua potable en los hogares, establecimientos comerciales y zonas rurales más vulnerables, mientras se controla la situación generada por la alta afluencia turística.De manera paralela, el mandatario local confirmó que ya fue presentado ante el Gobierno Nacional un proyecto de modernización de la planta de tratamiento, radicado ante el Ministerio de la Igualdad, con el objetivo de ampliar su capacidad hasta los 60 litros por segundo. La iniciativa es considerada clave para asegurar el abastecimiento a largo plazo y responder de manera sostenible al crecimiento turístico del llamado ‘Pueblito más lindo de Colombia’.
A pesar de contar con una represa a su máxima capacidad, el municipio de Barichara enfrenta una nueva alerta por falta de agua, lo cual ha obligado a la administración local a declarar una emergencia operativa. La masiva afluencia de visitantes durante la actual temporada vacacional ha superado los límites técnicos de la planta de tratamiento de agua potable, activando de inmediato un plan de contingencia para evitar el desabastecimiento total en los sectores más críticos.El problema central no es la escasez de agua cruda en la fuente, sino la infraestructura para potabilizarla. Según confirmó el alcalde Milton Chaparro, la represa de El Común, que también surte a los municipios de Cabrera y Villanueva, se encuentra en niveles óptimos de almacenamiento.No obstante, la planta actual solo puede procesar entre 16 y 18 litros por segundo para garantizar los estándares de salud, una cifra que palidece frente a la demanda actual, que se ha disparado hasta los 28 litros por segundo debido a masiva llegada de turística.Para mitigar el impacto de esta brecha técnica, la alcaldía ha coordinado un despliegue de emergencia con la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil. Estas entidades están reforzando el suministro mediante carrotanques en las zonas donde la presión de la red ha caído drásticamente, asegurando que el líquido llegue a los hogares y establecimientos comerciales que se han visto más afectados.El mandatario local recordó que el racionamiento no es una medida nueva, sino una realidad constante en el municipio debido a la falta de capacidad de su sistema de tratamiento. Ante esta situación estructural, Chaparro informó que ya se encuentra radicado un proyecto ante el Gobierno Nacional, específicamente en el Ministerio de la Igualdad, que busca modernizar la planta para elevar su capacidad hasta los 60 litros por segundo, una obra que se considera vital para el futuro sostenible del ‘Pueblito más lindo de Colombia’.De cara al próximo Puente de Reyes, las autoridades locales emitieron un parte de tranquilidad moderada, asegurando que el plan de acción está diseñado para cubrir la demanda tanto de residentes como de la población flotante. Se destacó que el sector hotelero juega un papel clave en esta logística, puesto que la mayoría de los establecimientos cuentan con sistemas internos de almacenamiento y reservas propias, lo que permite amortiguar la alta demanda sin colapsar el sistema público.
El municipio de Jamundí, Valle del Cauca, volvió a ser escenario de hostigamientos armados en la zona rural. En las últimas horas, la estación de Policía del corregimiento de Robles, fue atacada mediante el lanzamiento de más de 17 artefactos explosivos desde drones, presuntamente por integrantes de las disidencias de las Farc.Este sería el tercer día consecutivo de ataques dirigidos contra la fuerza pública en el municipio. Las acciones han sido atribuidas al frente “Jaime Martínez”, uno de los grupos armados ilegales que operan en esta región del suroccidente colombiano.A pesar de la intensidad del ataque, las autoridades informaron que hasta el momento no se registran personas heridas. Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector rural, quienes temen una escalada de violencia en la zona.La fuerza pública se mantiene desplegada en el área como parte de un plan de defensa, con el objetivo de repeler los ataques y garantizar la seguridad de la población civil. Las autoridades no descartan que se refuercen las operaciones militares en el territorio en los próximos días, mientras se evalúa la magnitud de los recientes hostigamientos.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó que desde el pasado 11 de mayo se reanudó la audiencia concentrada dentro del proceso de Justicia y Paz que involucra a 118 postulados relacionados con 576 hechos y más de 1.243 víctimas directas de la Unión Patriótica.La diligencia judicial es liderada por la magistrada Laura Juliana Duarte Quitián, junto con la magistrada Alexandra Valencia Molina, en desarrollo de las competencias asignadas a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.De acuerdo con la información oficial, los hechos analizados dentro del proceso corresponden a patrones de macrocriminalidad asociados con homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, en un contexto de violencia sistemática contra líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica.La Sala señaló que estos hechos son estudiados dentro del eje temático denominado violencia generalizada contra líderes sociales y sectores políticos y sindicales, en medio de un escenario de persecución por razones ideológicas y sindicales.Dentro de esta actuación judicial se adelanta el trámite respecto de exintegrantes de distintas estructuras armadas ilegales postuladas al proceso de Justicia y Paz. Entre ellas aparecen las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el Bloque Central Bolívar, Bloque Mineros, Bloque Élmer Cárdenas, Frente Héctor Julio Peinado Becerra, Bloque Calima, Bloque Bananero, Bloque Tolima, Bloque Centauros, Héroes del Llano, Héroes del Guaviare y Bloque Puerto Boyacá.El proceso también incluye actuaciones relacionadas con integrantes de las extintas FARC-EP, respecto de quienes podría avanzar la correspondiente formulación de cargos conforme al desarrollo procesal de la audiencia concentrada.La reanudación de esta diligencia hace parte de los procesos judiciales orientados al esclarecimiento de hechos de violencia ocurridos contra integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, organización política que durante décadas denunció persecución y ataques sistemáticos contra sus miembros.
El delantero colombiano Brayan León salió al paso de las versiones que han circulado alrededor del Independiente Medellín y negó tajantemente los señalamientos sobre supuestos problemas internos y acusaciones de amaño relacionadas con la final perdida ante Independiente Santa Fe en el primer semestre del 2025."Nunca ha pasado nada de eso. Incluso por ahí salió también de que yo hablé con una persona en un restaurante. Yo nunca hablé con nadie. O sea, nosotros nunca peleamos en camerino tampoco", afirmó el atacante durante una entrevista en Blog Deportivo.Desde Sudáfrica, donde actualmente juega y atraviesa un buen momento deportivo al ser uno de los goleadores de la liga, León aseguró que ha seguido de cerca la difícil situación que viven varios de sus excompañeros, quienes incluso denunciaron en Blog Deportivo las amenazas y presiones tras las recientes polémicas que rodean al Medellín. En ese sentido, rechazó especialmente las versiones que apuntaban a supuestas peleas en el camerino o conversaciones relacionadas con una presunta venta de partidos."Entonces para mí ha sido una falta de respeto lo que han hecho, porque soy consciente de que nunca pasó lo que dijeron", agregó.Buen grupo de compañerosLeón también defendió el ambiente que existía dentro del plantel y destacó que el grupo mantenía una buena convivencia pese a los malos resultados y la presión de los aficionados. “Creo que el camerino era muy bueno, la verdad, muy bueno. Me parece una falta de respeto contra la integridad de los compañeros”, sostuvo el delantero.El futbolista recordó que él mismo sufrió situaciones complicadas mientras jugó en Medellín. Según contó, constantemente recibió críticas y presiones por parte de algunos hinchas, independientemente de su rendimiento dentro del campo. “Si hacía gol, si no hacía gol, si jugaba, si no jugaba, siempre se metieron conmigo”, expresó.Su salida del MedellínFinalmente, Brayan León explicó que su salida del Medellín no fue una reacción inmediata a la crisis reciente, sino una decisión que ya venía analizando antes de terminar el torneo. Ahora, desde el fútbol sudafricano, espera consolidarse y usar esta etapa como una plataforma para dar el salto a ligas más competitivas. “Llegamos acá con la expectativa de hacer las cosas bien y aprovechar el buen momento. Si llega algo, se hablará con el club”, concluyó.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 13 de mayo de 2026:Autoridades frustraron un posible atentado terrorista en Bogotá a pocas semanas de las elecciones presidenciales.Cuatro soldados fueron asesinados por disidencias de alias ‘Calarcá’ en el departamento del Guaviare.Alertan por aumento del 300 % en el reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia.Escuche el programa completo aquí:
Save the Children alertó sobre el grave panorama que enfrenta la niñez en Colombia en medio del conflicto armado y aseguró que el país se ubica entre los más afectados del mundo por ataques contra la educación. Según explicó María Mercedes Liévano, directora país de la organización, Colombia ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel mundial con más ataques contra instituciones y comunidades educativas, además de ser el segundo país donde más asesinan docentes.La directora señaló que estas cifras reflejan situaciones que siguen ocurriendo en distintos territorios del país, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales como Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según indicó, los riesgos para estudiantes y profesores incluyen reclutamiento infantil y la instalación de artefactos explosivos en caminos hacia las escuelas.Liévano aseguró que recientemente visitaron una escuela en la región Pacífica cuya infraestructura tiene más de 260 impactos de bala. Según explicó, muchas comunidades educativas viven diariamente con miedo debido a la violencia y a las amenazas derivadas del conflicto armado.“En Colombia, desafortunadamente, estamos viviendo una crisis de protección generalizada por conflicto armado. El conflicto armado se está ampliando en el país, afectando y expresando de manera diferente en los territorios donde trabajamos, pero también, por ejemplo, con temas asociados al cambio climático”, señaló la directora de Save the Children.La organización también alertó por el incremento del reclutamiento infantil. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo y datos recopilados por Save the Children, este fenómeno habría aumentado un 300% en los últimos dos años. Solo al cierre de 2024, más de 600 niños y niñas fueron reclutados por grupos armados ilegales, mientras que durante 2023, se reportaron 184 casos.La directora señaló que las consecuencias de esta situación van más allá de la violencia y terminan afectando el desarrollo de generaciones enteras. Según dijo, la falta de oportunidades educativas y las afectaciones derivadas del conflicto contribuyen a profundizar ciclos de pobreza y desesperanza en distintas regiones del país.En ese sentido, recordó que, según cifras del Banco Mundial citadas por la organización, más del 50% de los niños en Colombia no saben leer ni comprender un texto simple a los 9 años. En territorios apartados y afectados por el conflicto, agregó, esa cifra podría alcanzar incluso el 90%.Las declaraciones se conocieron durante el cierre del proyecto CREER, financiado por la Unión Europea, una iniciativa que buscó fortalecer capacidades de protección para niños, niñas y adolescentes en comunidades afectadas por el conflicto armado, además de preparar a escuelas y autoridades locales para responder ante situaciones de emergencia.Camilo Andrés López, estudiante de la institución educativa José Asunción Silva, aseguró que el proyecto transformó significativamente su vida. Según contó, antes era un joven reservado, con problemas de comportamiento y poco interés por el estudio, pero gracias al proceso encontró espacios para expresarse y replantear su proyecto de vida.El estudiante también se refirió a las experiencias de muchos de sus compañeros. “Han sido muchachos que, por causas de la guerra, les marcó la vida, les dejaron cosas que ellos reservaban con ellos, que nunca las expresaron, y este espacio les brindó esa oportunidad, de hacerlos, de expresarlos, de que se den de cuenta de que tienen un mejor futuro por delante, de que dejen eso atrás, de que eso ya no los puede alcanzar, que ya el pasado quedó atrás”, aseguró.Por su parte, Ana Julia Obando, líder de calidad de la Secretaría de Educación de Tumaco, destacó que la estrategia permitió fortalecer capacidades en instituciones educativas del territorio para convertirlas en entornos más seguros y protectores frente a emergencias relacionadas con el conflicto armado.“En este proyecto fueron focalizadas 5 instituciones educativas, donde cada institución tiene un promedio de 300 establecimientos educativos, que son los centros. Las instituciones educativas cuentan con 900 y 1200 estudiantes dentro del CMAP. El proyecto benefició más de 5000 estudiantes en el territorio de Tumaco”, señaló Obando.Finalmente, la directora de Save the Children hizo un llamado al próximo gobierno para que la agenda de niñez deje de ser un tema secundario dentro de las políticas públicas del país. Liévano advirtió que actualmente Colombia invierte apenas el 0,8 % del PIB en protección infantil, cifra que, según señaló, está por debajo de la recomendación de la OCDE, que plantea una inversión mínima del 1,6 %.“Necesitamos que en todas estas negociaciones de paz el punto de partida sea la protección de la, por supuesto, comunidades por protección, por ejemplo, la protección de la niñez. A los niños y las niñas los tenemos que alejar de la guerra, eso no es negociable”, concluyó.