A la Corte Constitucional llegaron dos tutelas de mujeres que al someterse a tratamientos estéticos fueron víctimas de los biopolímeros, en este caso, el alto tribunal tuteló los derechos de las dos y volvió a poner sobre la mesa las reglas para garantizar los derechos de aquellos pacientes que requieran cirugías de extracción de este material.Esta entonces es una tutela en contra de la nueva EPS y uno de los casos señala que una mujer de 40 años en 2014 se realizó un procedimiento que consistía supuestamente en la inyección de células expansivas en sus glúteos, pero que tiempo después empezó a evidenciar cambios en su cuerpo hasta que su diagnóstico era que tenía biopolímeros.Lo que señala la afectada, es que si bien su GPS le suministró los medicamentos para alivianar el dolor producto de esta condición han pasado varios meses para que le asignen una cita con un cirujano plástico que le puede dar luces de cuál es el tratamiento que debe iniciar para una eventual extracción de biopolímeros.Acá es donde entra la corte y enfáticamente, señala que las EPS tienen que garantizar los tratamientos de quienes ya estén diagnosticados con esta condición médica.“Los médicos tratantes y las EPS no pueden negarse a ordenar o autorizar consultas con especialistas, exámenes y procedimientos necesarios para retirar los biopolímeros, bajo el argumento de que son consecuencias secundarias de cirugías estéticas o que las pacientes deben asumir las consecuencias de someterse a estas cirugías”, señala la decisión de la Corte.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) ha emitido un comunicado en el que celebra la reciente decisión de la Corte Constitucional que obliga a las EPS cubrir los costos del tratamiento de retiro de biopolímeros, afirman que esta determinación judicial representa un alivio significativo para miles de colombianos que han sufrido las secuelas de procedimientos estéticos mal realizados con biopolímeros por personas no calificadas.Damaris Romero, presidente de la sociedad, destacó la importancia de esta medida para proteger el derecho a la salud de las víctimas, enfatizando que "El retiro de biopolímeros es un procedimiento complejo que debe ser realizado únicamente por profesionales de la salud capacitados y certificados para llevar a cabo este tipo de intervenciones. La SCCP reafirma su compromiso de velar porque todos los procedimientos se realicen con los más altos estándares de seguridad y calidad, protegiendo la salud y el bienestar de los pacientes en todo momento", indicó.Además, la sociedad médica insta a las autoridades y a la sociedad en general a tomar medidas preventivas contundentes para evitar nuevos casos de uso indebido de biopolímeros, reafirmando la importancia de cumplir y hacer cumplir la ley 2316 del 2023, que prohíbe la importación de estas sustancias y establece sanciones para quienes las utilicen ilegalmente.Aseguran que para un procedimiento de retiro de biopolímeros es altamente especializado y debe ser realizado exclusivamente por profesionales de la salud debidamente capacitado, y su compromiso como sociedad es de garantizar que todos los procedimientos se lleven a cabo bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, mirando siempre el bienestar de los pacientes.
En una decisión histórica, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).Por medio de la sentencia SU-239/24, se implica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir los costos del tratamiento para el retiro de estas sustancias. Además, establece la obligación de los médicos y las EPS de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por cirugías estéticas, como los implantes mamarios.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el doctor Jaime Pachón, cirujano plástico especialista en retiro de biopolímeros, habló sobre los procedimientos y lo que ellos significa para los pacientes que no distingue género. Pachón reflexionó y aseguró que "desafortunadamente aquí en Colombia entran productos falsos y muchas personas se dejan inyectar por manos no calificadas". Y explicó que los procedimientos reconstructivos y de retiro de estas sustancias tienen costos millonarios y muchas veces no se trata de una sola intervención sino de varias. "Lo que que persona se realizó equívocamente, le puede costar 20 o 50 veces lo que le costó inicialmente", dijo. Sobre el papel de las EPS y los costos de dichas intervenciones, dijo que hay paciente que merecen esta atención y "lo ideal es que hubiera el dinero para retirarlo a todas las pacientes.E hizo un llamado en el que exalta que así como existe una prevención en la salud, debería haber una prevención para que esos rellenos no ingresen al país. Casos concretos de biopolímeros:El fallo responde a los casos de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos; cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se realizaron implantes mamarios. Allí, estas mujeres argumentaron que su decisión estuvo influenciada y, en algunos casos financiada, por sus parejas sentimentales. Como consecuencia, su salud física y mental se vio seriamente afectada, enfrentándose a barreras cuando intentaron obtener diagnóstico y tratamiento por parte de las EPS.Escuche aquí la entrevista:
En una decisión histórica, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).Por medio de la sentencia SU-239/24, se implica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir los costos del tratamiento para el retiro de estas sustancias. Además, establece la obligación de los médicos y las EPS de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por cirugías estéticas, como los implantes mamarios.Casos concretos de biopolímeros:El fallo responde a los casos de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos; cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se realizaron implantes mamarios. Allí, estas mujeres argumentaron que su decisión estuvo influenciada y, en algunos casos financiada, por sus parejas sentimentales. Como consecuencia, su salud física y mental se vio seriamente afectada, enfrentándose a barreras cuando intentaron obtener diagnóstico y tratamiento por parte de las EPS.La negativa de las EPS se basaba en la exclusión explícita de las cirugías estéticas del PBS, argumentando que las complicaciones derivadas de estos procedimientos no estaban cubiertas. Sinembargo, la Corte Constitucional concluyó que, cuando se demuestre que una cirugía estética se realiza para corregir alteraciones que afecten el funcionamiento de un órgano o para evitar perturbaciones en la salud mental y física, el procedimiento debe ser cubierto por las EPS.Fue el propio presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, quien señaló: “La corte no estuvo de acuerdo con las conclusiones de los señores jueces que, en alguna medida, estimaban que, dado que estos procedimientos eran asumidos voluntariamente por las pacientes, debían inclusive asumir esos riesgos y, por lo tanto, inclusive si carecieran de recursos para subrogarlos, ellas deberían, en todo caso, atenerse a las resultas”.Por último, la corte llamó la atención del Estado para que impulse medidas que garanticen que las decisiones de las mujeres para someterse a procedimientos estéticos sean libres y sin presiones estereotipadas.
Mediante un comunicado de prensa la Cancillería colombiana afirmó no tener ningún lazo con los colombianos que han participado y han sido víctimas en la guerra entre Rusia y Ucrania, y sacando que no existe ninguna alianza entre Ucrania y Colombia para enviar a estos ex miembros de las fuerzas armadas para pelear en la guerra de disputa al norte de Europa desde el año 2022“Respecto de los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en la guerra en Ucrania, su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal y que no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se hace posible esa vinculación”, señaló la Cancillería de Colombia.También resaltaron que, pese a no tener un lazo con la mirada de estos exmilitares a participar como mercenarios a favor de Ucrania se han prestado atención a quienes han resultado heridos y van a seguir prestando atención a posibles otras víctimas tanto a sus familias como desde el consulado pertinente.Este comunicado puede llegar a ser considerado como una respuesta directa al ministro de relaciones Serguéi Lavrov, tras pedirle a los países latinoamericanos y detener el peligro de la participación de mercenarios de sus países en la guerra.De igual forma hay que mencionar que durante las últimas semanas varios colombianos han resultado heridos e incluso algunos han perdido la vida en medio de los combates como sucedió el 11 de febrero cuando un exmilitar colombiano falleció después de un ataque ruso con drones el pasado 11 de febrero.¿Por qué los colombianos participan en la guerra en Ucrania?La mayoría de los colombianos, quienes se han ofrecido como voluntarios para combatir en las filas de Ucrania en esta guerra que cumple ya dos años, lo hacen debido a los muy buenos salarios que ofrecen desde este país a los extranjeros que decían defenderlos siendo la razón por la que la mayoría de estos exmiembros de la fuerza pública han aceptado participar en esa guerra.De los casos más llamativos fue de la militar que anunció que iba a ir a Ucrania con el objetivo de quitarse biopolímeros que tenía en su cuerpo, viaje que al final terminó cancelando después de que un naranja anónimo le regalara 35 millones para este proceso quirúrgico, destacando que pese a que este caso terminó de buena forma y no requirió que la joven participará en la guerra, no es el caso de todos, razón de las víctimas colombianas en territorio ucraniano en el marco de esta guerra.
Son varias las medidas que tiene esta ley que sancionó el presidente Petro en materia de sanción a los médicos que usen biopolímeros, pero también tiene medidas para el retiro de las personas que tienen la sustancia en su organismo.Así lo establece el artículo 5 que obliga a que el Ministerio de Salud incluya en tres meses en el Plan de Beneficios en Salud (antes conocido como POS) el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas.También se establece un registro de control de ventas de las sustancias “modelantes” permitidas, la publicación de un listado de entidades y profesionales médicos habilitados para procedimientos estéticos.Pero la almendra de la ley está precisamente en ese artículo 3 donde se adiciona un nuevo artículo al Código Penal, catalogado como ‘lesiones con sustancias modelantes no permitidas’.Allí, se establece que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.“Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de 96 a 180 meses de prisión y multa de 200 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de 5 años”, señala la ley.Y, adicionalmente, advierte que si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de 18 años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, “o afectare el rostro”, las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, en José del Palmar, Chocó, las aerolíneas activaron medidas especiales para los pasajeros que puedan tener afectaciones en sus viajes. Avianca, LATAM y Wingo ofrecen alternativas para reprogramar vuelos, cambiar rutas o solicitar reembolsos, aunque las condiciones dependen de cada compañía.Avianca habilitó estas medidas para pasajeros con tiquetes confirmados en vuelos nacionales para este 10 de agosto. Podrán cambiar la fecha hasta 15 días después de la original, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. También podrán modificar la ruta entre puntos comunes de Colombia, bajo las mismas condiciones. En ese caso, el pasajero deberá asumir el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino. La tercera opción es solicitar el reembolso, según las condiciones de la aerolínea.Las medidas aplican al trayecto afectado y al regreso, incluso si están en tiquetes diferentes, siempre que ambos vuelos sean operados por Avianca.LATAM estableció flexibilidades para pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, pedir la devolución sin costo adicional o solicitar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. La compañía mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades y los aeropuertos, y comunicará cualquier modificación directamente a los viajeros.Wingo, por su parte, habilitó medidas para pasajeros con vuelos programados el 10 y 11 de agosto en toda su red de destinos. Pueden cambiar la fecha sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original. También pueden solicitar un cambio de ruta dentro de la red de Wingo, sujeto a disponibilidad, para viajar dentro de ese mismo plazo.Este periodo podría modificarse según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades. Además, está disponible el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y realizar cualquier trámite únicamente a través de sus canales oficiales. Avianca dispone de su página web, aplicación móvil y demás canales de atención. LATAM tiene habilitados su página web, aplicación, la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.Wingo recibe las solicitudes de cambio, ruta o reembolso a través de sus canales de atención en Colombia. Las compañías continuarán monitoreando la situación y actualizarán sus medidas si cambian las condiciones operacionales.
Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones reportadas principalmente en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para apoyar la atención de las comunidades damnificadas.La iniciativa contempla la gestión y el transporte de alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica, bebidas y otros artículos esenciales. Entre los alimentos que se requieren están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo.También se necesitan artículos de primera necesidad como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Para recibir estas ayudas fueron habilitados diferentes Bancos de Alimentos en el país. En Pereira y Buenaventura, los puntos habituales se encuentran afectados y está en evaluación la habilitación de lugares alternos. También fueron dispuestos puntos de acopio en Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Ibagué y Bucaramanga, desde donde se coordinará posteriormente el traslado de las donaciones hacia las zonas que requieren atención.ABACO también habilitó canales para recibir donaciones económicas destinadas a atender la emergencia:A través de la página oficial de donaciones de ABACO: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026Llave Bre-B: 0090989753.Cuenta corriente Bancolombia: 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1.Los recursos serán destinados principalmente a financiar el transporte humanitario y la compra de alimentos de la canasta básica. Las ayudas están dirigidas a personas ubicadas en albergues oficiales, centros de salud y hospitales; población autoalbergada en viviendas de familiares o conocidos dentro de las zonas afectadas; y comunidades ubicadas en sectores cercanos al área de la emergencia.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
