A la Corte Constitucional llegaron dos tutelas de mujeres que al someterse a tratamientos estéticos fueron víctimas de los biopolímeros, en este caso, el alto tribunal tuteló los derechos de las dos y volvió a poner sobre la mesa las reglas para garantizar los derechos de aquellos pacientes que requieran cirugías de extracción de este material.Esta entonces es una tutela en contra de la nueva EPS y uno de los casos señala que una mujer de 40 años en 2014 se realizó un procedimiento que consistía supuestamente en la inyección de células expansivas en sus glúteos, pero que tiempo después empezó a evidenciar cambios en su cuerpo hasta que su diagnóstico era que tenía biopolímeros.Lo que señala la afectada, es que si bien su GPS le suministró los medicamentos para alivianar el dolor producto de esta condición han pasado varios meses para que le asignen una cita con un cirujano plástico que le puede dar luces de cuál es el tratamiento que debe iniciar para una eventual extracción de biopolímeros.Acá es donde entra la corte y enfáticamente, señala que las EPS tienen que garantizar los tratamientos de quienes ya estén diagnosticados con esta condición médica.“Los médicos tratantes y las EPS no pueden negarse a ordenar o autorizar consultas con especialistas, exámenes y procedimientos necesarios para retirar los biopolímeros, bajo el argumento de que son consecuencias secundarias de cirugías estéticas o que las pacientes deben asumir las consecuencias de someterse a estas cirugías”, señala la decisión de la Corte.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) ha emitido un comunicado en el que celebra la reciente decisión de la Corte Constitucional que obliga a las EPS cubrir los costos del tratamiento de retiro de biopolímeros, afirman que esta determinación judicial representa un alivio significativo para miles de colombianos que han sufrido las secuelas de procedimientos estéticos mal realizados con biopolímeros por personas no calificadas.Damaris Romero, presidente de la sociedad, destacó la importancia de esta medida para proteger el derecho a la salud de las víctimas, enfatizando que "El retiro de biopolímeros es un procedimiento complejo que debe ser realizado únicamente por profesionales de la salud capacitados y certificados para llevar a cabo este tipo de intervenciones. La SCCP reafirma su compromiso de velar porque todos los procedimientos se realicen con los más altos estándares de seguridad y calidad, protegiendo la salud y el bienestar de los pacientes en todo momento", indicó.Además, la sociedad médica insta a las autoridades y a la sociedad en general a tomar medidas preventivas contundentes para evitar nuevos casos de uso indebido de biopolímeros, reafirmando la importancia de cumplir y hacer cumplir la ley 2316 del 2023, que prohíbe la importación de estas sustancias y establece sanciones para quienes las utilicen ilegalmente.Aseguran que para un procedimiento de retiro de biopolímeros es altamente especializado y debe ser realizado exclusivamente por profesionales de la salud debidamente capacitado, y su compromiso como sociedad es de garantizar que todos los procedimientos se lleven a cabo bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, mirando siempre el bienestar de los pacientes.
En una decisión histórica, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).Por medio de la sentencia SU-239/24, se implica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir los costos del tratamiento para el retiro de estas sustancias. Además, establece la obligación de los médicos y las EPS de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por cirugías estéticas, como los implantes mamarios.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el doctor Jaime Pachón, cirujano plástico especialista en retiro de biopolímeros, habló sobre los procedimientos y lo que ellos significa para los pacientes que no distingue género. Pachón reflexionó y aseguró que "desafortunadamente aquí en Colombia entran productos falsos y muchas personas se dejan inyectar por manos no calificadas". Y explicó que los procedimientos reconstructivos y de retiro de estas sustancias tienen costos millonarios y muchas veces no se trata de una sola intervención sino de varias. "Lo que que persona se realizó equívocamente, le puede costar 20 o 50 veces lo que le costó inicialmente", dijo. Sobre el papel de las EPS y los costos de dichas intervenciones, dijo que hay paciente que merecen esta atención y "lo ideal es que hubiera el dinero para retirarlo a todas las pacientes.E hizo un llamado en el que exalta que así como existe una prevención en la salud, debería haber una prevención para que esos rellenos no ingresen al país. Casos concretos de biopolímeros:El fallo responde a los casos de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos; cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se realizaron implantes mamarios. Allí, estas mujeres argumentaron que su decisión estuvo influenciada y, en algunos casos financiada, por sus parejas sentimentales. Como consecuencia, su salud física y mental se vio seriamente afectada, enfrentándose a barreras cuando intentaron obtener diagnóstico y tratamiento por parte de las EPS.Escuche aquí la entrevista:
En una decisión histórica, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).Por medio de la sentencia SU-239/24, se implica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir los costos del tratamiento para el retiro de estas sustancias. Además, establece la obligación de los médicos y las EPS de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por cirugías estéticas, como los implantes mamarios.Casos concretos de biopolímeros:El fallo responde a los casos de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos; cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se realizaron implantes mamarios. Allí, estas mujeres argumentaron que su decisión estuvo influenciada y, en algunos casos financiada, por sus parejas sentimentales. Como consecuencia, su salud física y mental se vio seriamente afectada, enfrentándose a barreras cuando intentaron obtener diagnóstico y tratamiento por parte de las EPS.La negativa de las EPS se basaba en la exclusión explícita de las cirugías estéticas del PBS, argumentando que las complicaciones derivadas de estos procedimientos no estaban cubiertas. Sinembargo, la Corte Constitucional concluyó que, cuando se demuestre que una cirugía estética se realiza para corregir alteraciones que afecten el funcionamiento de un órgano o para evitar perturbaciones en la salud mental y física, el procedimiento debe ser cubierto por las EPS.Fue el propio presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, quien señaló: “La corte no estuvo de acuerdo con las conclusiones de los señores jueces que, en alguna medida, estimaban que, dado que estos procedimientos eran asumidos voluntariamente por las pacientes, debían inclusive asumir esos riesgos y, por lo tanto, inclusive si carecieran de recursos para subrogarlos, ellas deberían, en todo caso, atenerse a las resultas”.Por último, la corte llamó la atención del Estado para que impulse medidas que garanticen que las decisiones de las mujeres para someterse a procedimientos estéticos sean libres y sin presiones estereotipadas.
Mediante un comunicado de prensa la Cancillería colombiana afirmó no tener ningún lazo con los colombianos que han participado y han sido víctimas en la guerra entre Rusia y Ucrania, y sacando que no existe ninguna alianza entre Ucrania y Colombia para enviar a estos ex miembros de las fuerzas armadas para pelear en la guerra de disputa al norte de Europa desde el año 2022“Respecto de los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en la guerra en Ucrania, su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal y que no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se hace posible esa vinculación”, señaló la Cancillería de Colombia.También resaltaron que, pese a no tener un lazo con la mirada de estos exmilitares a participar como mercenarios a favor de Ucrania se han prestado atención a quienes han resultado heridos y van a seguir prestando atención a posibles otras víctimas tanto a sus familias como desde el consulado pertinente.Este comunicado puede llegar a ser considerado como una respuesta directa al ministro de relaciones Serguéi Lavrov, tras pedirle a los países latinoamericanos y detener el peligro de la participación de mercenarios de sus países en la guerra.De igual forma hay que mencionar que durante las últimas semanas varios colombianos han resultado heridos e incluso algunos han perdido la vida en medio de los combates como sucedió el 11 de febrero cuando un exmilitar colombiano falleció después de un ataque ruso con drones el pasado 11 de febrero.¿Por qué los colombianos participan en la guerra en Ucrania?La mayoría de los colombianos, quienes se han ofrecido como voluntarios para combatir en las filas de Ucrania en esta guerra que cumple ya dos años, lo hacen debido a los muy buenos salarios que ofrecen desde este país a los extranjeros que decían defenderlos siendo la razón por la que la mayoría de estos exmiembros de la fuerza pública han aceptado participar en esa guerra.De los casos más llamativos fue de la militar que anunció que iba a ir a Ucrania con el objetivo de quitarse biopolímeros que tenía en su cuerpo, viaje que al final terminó cancelando después de que un naranja anónimo le regalara 35 millones para este proceso quirúrgico, destacando que pese a que este caso terminó de buena forma y no requirió que la joven participará en la guerra, no es el caso de todos, razón de las víctimas colombianas en territorio ucraniano en el marco de esta guerra.
Son varias las medidas que tiene esta ley que sancionó el presidente Petro en materia de sanción a los médicos que usen biopolímeros, pero también tiene medidas para el retiro de las personas que tienen la sustancia en su organismo.Así lo establece el artículo 5 que obliga a que el Ministerio de Salud incluya en tres meses en el Plan de Beneficios en Salud (antes conocido como POS) el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas.También se establece un registro de control de ventas de las sustancias “modelantes” permitidas, la publicación de un listado de entidades y profesionales médicos habilitados para procedimientos estéticos.Pero la almendra de la ley está precisamente en ese artículo 3 donde se adiciona un nuevo artículo al Código Penal, catalogado como ‘lesiones con sustancias modelantes no permitidas’.Allí, se establece que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.“Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de 96 a 180 meses de prisión y multa de 200 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de 5 años”, señala la ley.Y, adicionalmente, advierte que si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de 18 años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, “o afectare el rostro”, las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
La abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, se pronunció en Recap Blu, de Blu Radio, sobre el fallo de tutela que ordenó a Angie Rodríguez rectificarse por dos señalamientos contra la exdirectora del DAPRE. Según la jurista, las afirmaciones sobre supuestos encuentros sexuales organizados para el presidente Gustavo Petro y presuntos chantajes con videos íntimos no tenían sustento probatorio.Sandoval explicó que el juez consideró que Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos sin contar con elementos que les dieran respaldo. "Angie Rodríguez sobrepasó el límite de las opiniones políticas al hacer acusaciones muy graves sin ningún sustento, y el juzgado respalda nuestra postura", afirmó la abogada.La representante jurídica de Sarabia precisó que las dos afirmaciones objeto de la decisión judicial están relacionadas, por una parte, con la supuesta organización de encuentros sexuales para el presidente y, por otra, con la presunta tenencia de videos íntimos o información privada de Petro que habría utilizado para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos.¿Qué deberá hacer Angie Rodríguez para rectificarse?De acuerdo con Sandoval, el fallo de tutela establece los términos concretos en los que Angie Rodríguez deberá retractarse públicamente. La decisión incluye dos párrafos redactados por el juzgado, en los que se precisa el contenido de la rectificación que deberá realizar.La abogada indicó que Rodríguez tendrá que publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos ni cuenta con fundamento suficiente para haber realizado esas afirmaciones.Además, explicó que el juzgado solicitó de oficio a los medios de comunicación que difundieron los señalamientos que publiquen el video de rectificación una vez esté disponible. Esta medida busca que la retractación tenga un alcance similar al de las acusaciones que dieron origen a la acción judicial.Denuncia contra Angie Rodríguez y posibles consecuencias por desacatoDurante la entrevista, Sandoval confirmó que Laura Sarabia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos mismos hechos. Según explicó, la decisión de tutela representa un respaldo a la posición que sostendrán ante las autoridades penales, aunque aseguró que están dispuestos a controvertir cualquier elemento probatorio que pueda aparecer."Lo cierto es que esas afirmaciones las hizo sin ningún sustento. Incluso, en la respuesta que le dio al juzgado, dice que escuchó esos hechos de terceros, pero el juzgado es muy preciso en advertir que eso es incorrecto", señaló la abogada.Sobre los pasos que siguen en el proceso, Sandoval explicó que Angie Rodríguez tendría un plazo de tres días para impugnar la decisión. Si no presenta ese recurso o si un juez de segunda instancia confirma el fallo, deberá cumplir con la rectificación en los términos establecidos.La jurista también advirtió que un eventual incumplimiento podría dar lugar a un incidente de desacato. "Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante", manifestó, al explicar las posibles consecuencias de no acatar la orden judicial.Laura Sarabia prepara pruebas para entregar a la FiscalíaOtro de los puntos abordados por la abogada tiene que ver con las pruebas que prepara la defensa para controvertir los señalamientos sobre el supuesto acceso de Laura Sarabia a información privada del presidente Gustavo Petro.Sandoval aseguró que ya comenzaron a recopilar evidencias digitales que próximamente serán entregadas a la Fiscalía. Según indicó, ese material demostraría que la exfuncionaria nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares ni otros dispositivos del entonces mandatario."Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro", sostuvo la apoderada, quien manifestó que tiene tranquilidad frente a la defensa jurídica de su representada y confía en que los elementos recopilados respaldarán su versión.Asimismo, se refirió a los cuestionamientos relacionados con las hojas de vida y aseguró que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos. Según explicó, para el momento de los hechos a los que se hace referencia, su representada ya no estaba en el DAPRE ni en la jefatura, por lo que no hacía parte del círculo central del Gobierno.Abogada defiende el buen nombre y la honra de Laura SarabiaSandoval también insistió en que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de Laura Sarabia, especialmente su buen nombre y su honra. Reconoció que su representada ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su paso por el Gobierno, pero advirtió que eso no significa que haya perdido sus garantías constitucionales."Un funcionario público, así haya sido funcionario público y así haya sido cuestionado, no quiere decir que no tenga derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia ni a la honra", expresó.Finalmente, la abogada defendió que la discusión pública y las opiniones políticas tienen un lugar legítimo en los medios de comunicación, pero señaló que deben existir límites cuando se presentan acusaciones graves sin respaldo.Frente a los demás señalamientos que han circulado sobre la exfuncionaria, Sandoval aseguró que no existe siquiera un indicio que permita vincularla con esos hechos y retó a quienes tengan pruebas a presentarlas ante la Fiscalía. "Si tienen alguna prueba o algún indicio de que ella participó o supo de alguna de estas cosas, que lo presenten ante la Fiscalía. Nosotros allá nos defendemos también con todo el gusto", concluyó.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría representar una vulnerabilidad para la seguridad nacional si no cuenta con suficientes mecanismos de vigilancia y control, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el gobierno anterior. En entrevista con Recap Blu, la funcionaria pidió esclarecer el origen de los documentos que alertan sobre posibles contrataciones irregulares, ataques informáticos contra la Registraduría y actuaciones que habrían comprometido información clasificada."Tener una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional", sostuvo la directora.Las denuncias reveladas por Noticias Caracol incluyen el caso de Carlos Andrés Oyola, funcionario de la DNI quien fue capturado el 6 de noviembre y es investigado por presuntas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal, en una investigación por la presunta alteración de registros académicos y financieros. Además, documentos relacionados con la entidad lo vincularían con posibles accesos irregulares a información clasificada y supuestos intentos de alterar resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría.Frente a la gravedad de estos señalamientos, Barrios pidió establecer quién elaboró el documento que contiene las alertas y cuál fue su recorrido hasta llegar al actual Gobierno. La directora de la MOE explicó que el archivo está identificado como un documento de "empalme", pese a que, según recordó, no hubo un proceso formal de empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Por esa razón, consideró necesario determinar si se trata de una auditoría del Gobierno actual, quién estuvo a cargo de su elaboración y qué medidas se han adoptado para atender las posibles vulnerabilidades.Próximas elecciones en ColombiaLa preocupación de la MOE también está relacionada con las garantías para el próximo proceso electoral, previsto para octubre del próximo año. Barrios señaló que las posibles fallas en los controles de inteligencia no solo comprometerían la seguridad de las autoridades electorales, sino también la protección de mandatarios, expresidentes y altas entidades del Estado. Por eso, planteó que el Congreso y expertos deben abrir una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la DNI y su relación de dependencia con la Presidencia de la República.Finalmente, la directora de la MOE recordó que una de las principales preocupaciones de la organización durante las elecciones anteriores estuvo relacionada con la desinformación y las campañas coordinadas para generar desconfianza hacia las autoridades electorales sin pruebas que respaldaran esos señalamientos. Advirtió que el nuevo escenario exige fortalecer los mecanismos de protección y transparencia. Para Barrios, el escándalo debe servir para revisar los controles de la inteligencia estatal y garantizar que sus capacidades no puedan utilizarse para poner en riesgo la democracia ni la seguridad de quienes participan en las elecciones.
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 9 de noviembre de 2026:La tecnológica Nvidia alcanzó a caer un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.Gabriel Lobitsky, general manager de One Identity, explicó cómo las personas pueden cuidar su identidad digital y protegerla del fraude durante la temporada de compras por internet, apropósito del Black Friday.TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual; la mayoría son contra menores de edad.
La selección chilena inició este lunes su concentración para preparar dos amistosos ante Colombia, que disputará el próximo viernes 13 en Cali, y luego el martes 17 en Santiago, los últimos que se jugarán este año.El técnico interino Selección de Chilea, a la espera de que se integren algunos jugadores que vienen del exterior antes de que viajen el miércoles a Colombia.El encuentro ante los cafeteros tiene carácter benéfico y la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó a ese país en agosto.Entre los jugadores esperados está el mediocampista del León mexicano Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú y Darío Osorio, del Crystal Palace inglés.Las principales novedades de la nómina, por su parte, con el defensor del Inter de Porto Alegre brasileño Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el argentino Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.La Roja viene de enfrentar, en octubre pasado, a Canadá con quien perdió por 1-0 en Toronto, a Estados Unidos ante el que cayó por 4-2 en St. Louis y a México con el que cerró un triunfo por 0-2 en Los Ángeles.Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el archivo de la investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, realizados entre 2011 y 2023.La decisión favorece a Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, además de las personas naturales vinculadas a la investigación, debido a que la autoridad no encontró pruebas suficientes para establecer su responsabilidad en las conductas examinadas.La determinación, detalló la SIC en un comunicado, acogió la recomendación de archivo del Consejo Asesor de Competencia y tuvo en cuenta las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había advertido posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos relacionados con la justificación de una eventual sanción.Luego de evaluar las pruebas y los documentos del expediente, la superintendencia concluyó que no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación para favorecer a Helistar. Tampoco encontró evidencia de actuaciones coordinadas entre las empresas investigadas con el propósito de otorgarle beneficios de manera ilícita.En cuanto a los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la entidad estableció que respondían a razones técnicas y operativas relacionadas con la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio de transporte.Por esta razón, tampoco se demostró que dichas exigencias constituyeran restricciones injustificadas para la participación de otros oferentes en los procesos de contratación.La SIC determinó que el material probatorio no cumplía con el estándar necesario para imponer sanciones y, en consecuencia, dispuso el archivo de la actuación administrativa, sin declarar responsables a las empresas ni a las personas naturales investigadas.
