Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció públicamente durante una audiencia de reparación integral, luego de su traslado al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña. La creadora de contenido y empresaria continúa cumpliendo allí la condena de cinco años y dos meses de prisión por los daños ocasionados a la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas del 22 de noviembre de 2019, hechos que además fueron registrados y difundidos en redes sociales.En las imágenes, se puede ver a 'Epa colombia' con el uniforme de privada de la libertad, sin maquillaje y prestando atención a la audiencia.Precisamente, durante la audiencia, Barrera Rojas se refirió al cumplimiento de las obligaciones establecidas como parte de la reparación integral. Entre estas se encuentra la realización de 55 videos acordados con TransMilenio, cuyo propósito es generar conciencia entre los usuarios sobre la importancia de pagar el pasaje y hacer un uso adecuado del sistema de transporte público de Bogotá.‘Epa Colombia’ manifestó que tiene claro que estos contenidos y los demás compromisos de reparación solamente podrán llevarse a cabo cuando termine de cumplir la totalidad de su condena o si se levanta la inhabilitación que le impide ejercer como influenciadora durante el mismo periodo de la pena. De esta manera, explicó que actualmente existen restricciones legales que le impiden desarrollar este tipo de actividades mientras permanece privada de la libertad.El cambio de cárcelEl traslado a La Picaleña se produjo con el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Antes de llegar a este complejo penitenciario, Barrera Rojas estuvo recluida inicialmente en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, y posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía, también en la capital. Este último cambio estuvo relacionado con consideraciones de seguridad derivadas de su alto nivel de reconocimiento público.La decisión de trasladarla nuevamente de establecimiento se produjo después de que durante su permanencia en la Escuela de Carabineros se registraran situaciones que generaron alertas y llamados de atención. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron asuntos relacionados con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de normas de seguridad y disciplina, además de molestias entre algunos integrantes del personal encargado de su custodia.La condena contra Daneidy Barrera Rojas fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que actualmente continúa privada de la libertad en La Picaleña.
Una ola de indignación se desató luego de que el 17 de abril de 2025 comenzaran a circular en redes sociales y plataformas digitales una serie de videos protagonizados por Andrés Ricci, condenado a más de 45 años de cárcel por el feminicidio de la expatinadora Luz Mery Tristán. En los clips, grabados desde el interior de la cárcel La Picaleña, en Ibagué, Ricci da su propia versión de los hechos.El material audiovisual ha sido rechazado de manera generalizada por la opinión pública, los familiares de la víctima y distintas autoridades, quienes cuestionan cómo fue posible que Ricci, en calidad de recluso, accediera a medios digitales y redes sociales para difundir sus declaraciones.En uno de los videos, Ricci se presenta directamente ante la cámara: “Soy Andrés Gustavo Ricci. Mucho se ha dicho de mí, pero aún nadie me ha escuchado. Pronto me verán sin filtros, sin omitir nada: hay una verdad por contar”, manifestó, en un intento evidente por desmarcarse de la responsabilidad penal que ya le fue atribuida por la justicia.Ante este hecho, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, anunció públicamente que se ha abierto una investigación para esclarecer cómo se vulneraron las normas penitenciarias que prohíben expresamente el uso de dispositivos electrónicos y plataformas digitales dentro de los centros de reclusión. Según la titular de la cartera, lo ocurrido representa una grave transgresión del régimen carcelario.La ministra subrayó que las pesquisas no solo apuntan a Ricci, sino también a quienes facilitaron la producción y difusión del contenido: se busca establecer quiénes permitieron el ingreso de los dispositivos, quiénes colaboraron con la grabación y cómo se gestionó la publicación del material en internet. “Como esto está en investigación, hay que mirar […] quién abrió el Tik Tok, dónde lo abrió y, obviamente, el canal de YouTube. ¿Quién se lo facilita o quién genera este canal de YouTube?”, precisó Buitrago.
Gabriel Enrique González Cubillos, el hombre que asesinó a su hijo Gabriel Esteban González en un hotel de Melgar, Tolima, en octubre del año pasado, murió en un hospital de Ibagué.El hombre, condenado a 45 años de prisión por su horrendo crimen, murió por una sobredosis de medicamentos, según información preliminar.González Cubillos fue trasladado al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde finalmente falleció. Según información, el confeso asesino había sido trasladado al hospital el 26 de marzo y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos desde entonces. Aunque recibió atención médica, finalmente falleció el lunes a las 10:30 de la noche.El hospital confirmó, a través de un comunicado, que el hombre tomó 400 tabletas de medicamentos antihipertensivos y antidepresivos con el objeto de atentar contra su vida.“El pasado 27 de marzo, sobre las 11:52 P.M. ingresa al Hospital Federico Lleras Acosta, paciente masculino de 50 años de edad, direccionado de la Cárcel COIBA de Picaleña, quien respondía al nombre de Gabriel Enrique González, por la ingesta de alrededor de 400 tabletas de múltiples medicamentos antihipertensivos y antidepresivos, como acción auto infringida de manera suicida, informó el hospital en un comunicado.Comunicado completo del hospital Federico Lleras AcostaEl caso Gabriel EstebanGabriel González fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de su hijo Gabriel Esteban, de cinco años de edad, quien fue secuestrado por su padre en el barrio Sierra Morena, en el sur de Bogotá, el pasado 3 de octubre de 2022 y encontrado muerto en un hotel de Melgar, Tolima. El juez declaró este acto como violencia vicaria, ya que el padre utilizó a su hijo para hacerle daño a su expareja.Tras la condena, Gabriel González fue trasladado a la cárcel La Picaleña de Ibagué. Todas las pruebas recaudadas por la Fiscalía dan cuenta de que la madre del niño venía siendo sometida a un ciclo de violencia. Además, el juez resaltó que este tipo de violencia es la máxima expresión de violencia de género.El sábado 1 de octubre, Gabriel González recogió a su hijo en el lugar de residencia de su excompañera sentimental, y durante la tarde del domingo 2 de octubre, la madre llamó a su expareja para preguntarle por la hora en la que regresaría al niño a la casa. Sin embargo, el hombre no contestó y respondió con un mensaje por WhatsApp en el que le pedía a la mujer ubicar una memoria USB que había dejado en el baño del inmueble. El dispositivo contenía videos en los que González Cubillos se mostraba amenazante y con la intención de hacerle daño al menor de edad.En la noche, ambos llegaron a un hotel en Melgar y se hospedaron. En la madrugada del lunes, Gabriel González volvió a escribir al celular de su excompañera sentimental. Indicó que le había quitado la vida al niño y compartió una fotografía que así lo confirmaba.La captura de Gabriel González se dio inicialmente por cohecho, luego de que intentara sobornar a policías con dos billetes de $20.000 y dos de $5.000 en vías de Cundinamarca. Pero en la audiencia por ese delito, que el hombre aceptó, la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento, por lo que estuvo en libertad unos minutos. Posteriormente, fue recapturado por agentes del CTI y trasladado a Melgar, donde un juez de garantías adelantó las respectivas audiencias preliminares.Vea en Noticias Caracol:
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec,coronel Daniel Gutiérrez, liderará un operativo que se llevará a cabo desde este lunes, 12 de diciembre, en un total de 18 cárceles de 14 ciudades de Colombia, con el fin de combatir la extorsión y hallar elementos prohibidos.El megaoperativo se efectuará en las penitenciarías de La Modelo de Bogotá y Cómbita, en Boyacá. Por su parte, en la cárcel La Picota de la capital de la República, la redada se hará en seis pabellones.En otras ciudades, la inspección se llevará a cabo en las cárceles de Cúcuta, Medellín, La Dorada, Caldas, Itagüí, Cali, Palmira y Popayán, al igual que en la cárcel Picaleña de Ibagué, la de Valledupar, Tuluá, Caucasia, Quibdó, Pedregal y Girón.El operativo se hace de manera articulada con la Policía Nacional, no solo para encontrar elementos prohibidos sino para seguir con el plan de desmantelar bandas y reclusos que adelantan extorsiones.Cabe recordar que hace un par de semanas se registró otro operativo donde reubicaron 50 reclusos, los cuales fueron trasladados a diferentes cárceles del país; todo para combatir la extorsión que se efectúa por parte de presos desde las cárceles."Son agentes corruptores, los mal llamados 'caciques' o 'plumas', estaban distribuidos en todo el establecimiento generando actividades de extorsión, corrupción, microtráfico, ingreso de elementos no permitidos, alianzas criminales", declaró el coronel Gutiérrez.Dentro de los reclusos que fueron reubicados están alias 'Escamoso', cabecilla del Clan del Golfo, y alias 'Chicho', disidente de 'La Terraza' de Medellín; quienes suman a la lista de los 54 privados de la libertad a los cuales le asignaron nuevos sitios de reclusión en las distintas cárceles del país. La intervención se efectuará en 56 pabellones a nivel nacional y harán requisas a 11.318 personas privadas de la libertad.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué, estarían siendo lideradas las extorsiones a las empresas de transporte público que prestan sus servicios en Barranquilla y municipios aledaños, por parte de dos delincuentes conocidos con los alias de ‘Tommy Masacre’ y el exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto, alias ‘Javier’. Así lo informó la Policía, que anunció que en las próximas horas serán trasladados a otros penales del país los criminales que están detrás de estos hechos.Al respecto, el coronel Jhon Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que “a ellos se les ha realizado allanamientos en las carceletas y se les ha encontrado varios equipos celulares”.”En cada allanamiento se les encuentran dos tres teléfonos, lo que nos genera una alarma por tal motivo a ellos se les va a imputar nuevos delitos y se les va a solicitar ser movidos a otras cárceles del país”, dijo el oficial.De acuerdo con indagaciones de las autoridades, se ha detectado, además, una alianza criminal entre Víctor Carlos Pérez De Alba, conocido como 'la Máquina del Mal', quién durante años ha trabajado como el enlace de los temibles hermanos Borré Barreto y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober.Mientras tanto, los conductores de transporte público decidieron retomar sus labores, pero con acompañamiento de personal encubierto de la Policía en los buses y vigilancia en las rutas más peligrosas.El defensor del Pueblo en el Atlántico, Miguel Linero, recordó que en agosto de 2020 se emitieron alertas tempranas para advertir el riesgo que había en el departamento y en algunos barrios específicos del área metropolitana de Barranquilla en materia de seguridad.“En el 2020 se emite la alerta, en donde frente a lo que hoy se está viviendo, se advierte de todos los riesgos de seguridad en el departamento del Atlántico y se hace un énfasis en el área metropolitana y en unos barrios muy específicos y es lo que estamos viendo hoy”, dijo Linero.El defensor criticó que, a pesar de las alertas, las autoridades no prestaron atención a la problemática.Escuche las noticias del día aquí:
Droga, dinero en efectivo, celulares y agendas con información de posibles víctimas de extorsión, fue el hallazgo en la cárcel Picaleña, en Ibagué, Tolima. En total fueron 208 las celdas que se registraron. Las autoridades realizaron la diligencia en el patio 8 del bloque 1 de la cárcel con el fin de atacar la modalidad de extorsión carcelaria.En las celdas encontraron 16 celulares, 39 tarjetas SIM, 3 agendas con información de posibles víctimas de extorsión, 1.631.000 de pesos en efectivo y cocaína.
Fuentes del Inpec confirmaron a BLU Radio que este miércoles, el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, fue trasladado a un pabellón especial de seguridad en la cárcel de Picaleña, que está bajo la custodia del equipo élite CRI, Comando de Reacción Inmediata, el cual fue creado para planear, ejecutar y apoyar operativos de seguridad especiales, tanto de orden preventivo como para afrontar situaciones que atenten contra el orden público penitenciario.Las medidas de seguridad fueron tomadas porque el exparamilitar aseguró que temía por su vida. Incluso, se conoció una carta que ‘Jorge 40’ envió al presidente de la República, Iván Duque, en la que pide que lo recluyan en un sitio que tenga todas las medidas de protección.El excomandante del Bloque Norte de las AUC, fue deportado a Colombia hace casi un mes, después de pagar una condena de 12 años de prisión por narcotráfico en los Estados Unidos.
El Inpec trasladó de manera provisional este fin de semana a Liliana del Carmen Campos, alias 'La Madame', a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pero este domingo llegó a su centro de reclusión final, el centro penitenciario Picaleña de Ibagué, donde terminará de pagar su condena.Liliana del Carmen Campos, alias 'La Madame', está pagando una condena de 8 años de prisión por ser la responsable de delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución y trata de personas.Era una de las mujeres que manejaba la prostitución, incluso, de menores de edad, en la zona de amurallada de Cartagena.Le puede interesar: Empieza desfile de testigos en contra de alias ‘La Madame’ en etapa de juicio oral Aunque permaneció recluida en la cárcel La Vega desde el pasado 12 de septiembre, donde fue trasladada desde la prisión de San Diego, las autoridades penitenciarias tomaron la decisión de reubicarla en la cárcel Picaleña, en Ibagué, donde terminará de pagar su condena.
El director del Gaula de la Policía Nacional, general Fernando Murillo, reveló que recientemente se desmanteló una banda autodenominada ‘Los Brasileros’, conformada por nueve internos quienes desde sus lugares de reclusión realizaban llamadas aleatorias tratando de extorsionar a víctimas incautas. En algunos casos los delincuentes desarrollaban investigaciones precisas para indagar la información detallada de empresas y representantes legales a través de internet. El general Murillo aseguró que se pudo establecer que siete guardias del Inpec estaban involucrados en los delitos. Lea también: Capturan a alias 'Don Gato', miembro del CTI que ayudaba a banda La Terraza “Infiltramos hombres de inteligencia dentro de la cárcel de Picaleña, Ibagué. Dimos un golpe contundente con la captura de cinco delincuentes en varias partes del país y se imputan cargos a más de 10 delincuentes, quienes dirigían la estructura criminal. También se captura a siete guardas del Inpec quienes permitían el ingreso de los teléfonos móviles y estaban articulados a la estructura delincuencial”, señaló el general. El oficial añadió que cada día esta banda realizaba entre 200 y 250 llamadas extorsionando a varias personas en regiones específicas del país. Murillo también señaló que durante el 2017 se han desarticulado 112 bandas y alrededor de 2.900 delincuentes han sido procesados por ese delito. Finalmente, el general dijo que tienen una guerra frontal contra este tipo de conductas y afirmó que se ha presentado una disminución del 13% en las llamadas.
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares, durante y después de su paso por la Gobernación de Antioquia.Esto, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La Corte determinó que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para pronunciarse de fondo sobre este conflicto de jurisdicciones.Es importante precisar que esta determinación se produjo después de que la ponencia inicial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez no obtuviera las mayorías necesarias en la Sala Plena. Por esa razón, se sometió a consideración la propuesta de inhibición presentada por la presidenta Meneses, que finalmente fue aprobada con una votación de siete contra dos.Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.Con esta determinación, la Corte no resolvió de fondo cuál de las dos autoridades debía asumir el expediente, sino que se declaró inhibida para estudiar el conflicto. Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones dentro de la investigación.Pero esto no significa que la Corte Constitucional no se pueda enfrentar de nuevo a un escenario para debatir otro conflicto de competencias.La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación reclamó formalmente el expediente. Su argumento es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República y estaría cobijado por el fuero presidencial.Por su parte, la Fiscalía sostiene que debe conservar la competencia porque los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El expediente está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.Cabe recordar que Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con estructuras paramilitares.Así las cosas, la investigación seguirá en manos de la Fiscalía, mientras la decisión de la Corte se limitó a declararse inhibida para resolver el conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de noviembre de 2026:Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido coincide con el Gobierno en la necesidad de realizar un ajuste fiscal, aunque mantiene diferencias sobre la forma de conseguir los recursos. Señaló que respaldan discutir el IVA para compras realizadas en plataformas internacionales y para vehículos híbridos y eléctricos, mientras proponen profundizar los recortes del Estado, reducir cerca de 130 entidades y estudiar una reorganización que deje alrededor de siete ministerios.Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, informó que el ataque contra el cantón militar dejó tres muertos y alrededor de 50 personas atendidas, de las cuales 17 presentaban heridas de mayor gravedad. Expresó preocupación porque, según las explicaciones que había recibido previamente de las autoridades, la instalación contaba con sistemas antidrones, por lo que pidió establecer mediante la investigación qué ocurrió y por qué fallaron las medidas de protección.Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, negó haber participado en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o en una supuesta compra de congresistas durante el Gobierno Petro. Tras recuperar su libertad, aseguró que demostrará durante el juicio que tenía una relación distante con Olmedo López y sostuvo que, aunque en esa administración encontró funcionarios que considera responsables de graves actuaciones, también trabajó con personas que calificó positivamente.Gustavo Leite, senador del Partido Colorado en Paraguay, respaldó la destitución del expresidente Santiago Peña y afirmó que su propia colectividad debe asumir la responsabilidad política por haberlo llevado al poder. Señaló que impulsará una comisión bicameral para investigar quién autorizó el traslado de recursos públicos hacia Ueno Bank y sostuvo que, pese a la gravedad del escándalo, la crisis está concentrada en una entidad que representa cerca del 8 % del sistema financiero paraguayo.Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, aseguró que Colombia necesita mantener abiertas varias alternativas para garantizar el abastecimiento de gas y recuperar su soberanía energética. Señaló que el país ya importa más de 400 millones de pies cúbicos diarios y advirtió que el gas importado puede costar entre tres y cuatro veces más que el nacional; mencionó como opciones el proyecto Sirius, nuevas regasificadoras, el gas proveniente de Venezuela y el desarrollo de recursos no convencionales.Olguín Mayorga, líder social y defensor de derechos humanos, informó que habitantes del Catatumbo confirmaron tres bombardeos contra campamentos de las disidencias, aunque advirtió que todavía no había acceso a las zonas para establecer sus resultados. Aseguró que la confrontación de los últimos 22 meses ha dejado más de 210 civiles muertos y cerca de 140.000 desplazados, y respaldó la continuidad de las operaciones de la fuerza pública como parte de una estrategia para recuperar el control territorial.José Manuel Vidal, periodista y experto vaticanista, destacó el componente social, político y económico de los mensajes del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Explicó que el pontífice está retomando principios de la doctrina social de la Iglesia como la defensa de la dignidad humana y el servicio de los gobernantes a sus ciudadanos, y señaló que su paso por Perú tendrá una carga especialmente personal por los años que vivió y desarrolló allí su labor pastoral.Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las bancadas que participaron en la reunión con el Gobierno reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal, pero mantienen reparos frente al aumento del IVA a productos básicos y del sector agropecuario, los cambios en renta y los parafiscales. Consideró que debe estudiarse la eliminación de la exención de IVA para paquetes importados de menos de 200 dólares, al señalar que actualmente existe una diferencia tributaria frente al comercio físico y la producción nacional.Escuche el programa completo aquí:
