La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima en La Escombrera, al cumplirse un año de los primeros hallazgos que revelaron el uso de este lugar como fosa común en la Comuna 13 de Medellín. Se trata de una niña de 17 años desaparecida por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara el 24 de agosto de 2002, cuyo cuerpo fue hallado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) el pasado 15 de julio y plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.Con esta identificación, ya son siete los cuerpos exhumados en el sitio desde 2024, de los cuales cinco han sido identificados y cuatro entregados de manera digna a sus familias. Estos avances confirman la relevancia de La Escombrera como lugar clave para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, donde las víctimas y sus organizaciones han denunciado durante años la existencia de fosas comunes utilizadas en el contexto del conflicto armado.Durante 2025, la JEP mantuvo activa la intervención judicial en La Escombrera bajo las medidas cautelares vigentes, con el apoyo logístico y financiero de la Alcaldía de Medellín. Gracias a esta articulación institucional, se amplió el área de excavación y se reforzaron las capacidades técnicas del GATEF, lo que permitió avanzar en las labores forenses, fortalecer los procesos de identificación y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de las víctimas.La continuidad de esta búsqueda depende ahora del cumplimiento del Auto AI-48 de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención. La JEP resaltó que contar con recursos estables, maquinaria y personal especializado será determinante para continuar con las excavaciones durante 2026 y consolidar los resultados obtenidos este año.Asimismo, la Jurisdicción recordó que en mayo de 2025 se ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, diseñar un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. Esta propuesta, ya presentada y actualmente en revisión, busca honrar a las víctimas y convertir el sitio en un espacio de memoria y reconocimiento.La intervención del GATEF en La Escombrera hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares. Estos esfuerzos judiciales y forenses contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a la reconstrucción de los hechos y al reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Medellín.
Gilberto Jesús Calao González, funcionario que se desempeñaba como director de la DIAN seccional Tuluá, fue asesinado en un atentado sicarial ocurrido en el barrio El Jazmín, en este municipio. Era oriundo del departamento de Córdoba y, según los primeros reportes, no había recibido amenazas previas.Según confirmaron las autoridades, el ataque se produjo cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones, lo que produjo la muerte del funcionario en el lugar de los hechos. Tras el ataque, los sicarios huyeron del sitio."Se presenta este hecho violento en contra de un funcionario de alto rango de la DIAN y esto es muy lamentable, y él fue atacado por sicarios en su vehículo. Él no tenía amenazas y esto es difícil porque él andaba desprotegido, no tenía carro blindado y tampoco escoltas", Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá.La DIAN rechazó el asesinato del funcionario, quien contaba con 16 años de trayectoria en la institución, y a través de un comunicado expresaron su solidaridad con la familia y seres queridos. La entidad señaló que confía en que las autoridades adelantarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables."El pasado 27 de agosto asumió la Dirección Seccional de Tuluá, cargo desde el cual se destacó por su compromiso institucional y su liderazgo. Al interior de la entidad, es recordado como un funcionario responsable, comprometido, leal a sus convicciones, respetuoso y con un marcado don de gentes. Este es un momento de profundo dolor para la DIAN. La entidad ha dispuesto acompañamiento institucional para apoyar a la familia, seres queridos y equipo de trabajo del doctor Calao González en este difícil momento", dice el comunicado.El asesinato del funcionario ha generado conmoción en Tuluá y preocupación entre las entidades del Estado por el nivel de violencia dirigido contra servidores públicos en la región. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido los móviles del crimen. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
La violenta toma criminal registrada en el municipio de Buenos Aires, Cauca, no fue un hecho aislado ni improvisado. Detrás del ataque que estremeció al casco urbano y dejó dos policías muertos y al menos ocho más heridos, están dos perfiles ampliamente conocidos por la inteligencia militar: alias ‘Max Max’ explosivista principal de la estructura Jaime Martínez, e Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.Alias ‘Max Max’, cuyo nombre real aún no ha sido plenamente establecido, es señalado como el principal explosivista de la Estructura Jaime Martínez. Con cerca de ocho años en las filas armadas, su zona de influencia se extiende entre las veredas de Buenos Aires y Suárez, en Cauca, así como sectores del Valle del Cauca. Su rol ha sido clave en la planeación y ejecución de atentados de alto impacto, especialmente aquellos que involucran el uso de explosivos y ataques coordinados contra la Fuerza Pública.Los reportes de inteligencia lo ubican como autor intelectual del secuestro del menor Lyan José Hortúa, ocurrido en mayo de 2025 en zona rural de Jamundí, y como responsable de asesinatos selectivos, extorsiones sistemáticas y reclutamiento forzado de menores en Cali, Jamundí y Dagua. Además, se le atribuye la coordinación de ataques con drones, cilindros bomba y ráfagas de fusil contra estaciones de Policía en el Valle del Cauca.Su papel en la toma violenta de Buenos Aires fue determinante. Según la información conocida, ‘Max Max’ fue el encargado de adecuar con explosivos las volquetas utilizadas en el ataque que dejó víctimas mortales, heridos y graves daños materiales en el municipio caucano.El segundo perfil clave es el de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’ de 39 años, oriundo de Caloto, Cauca. Su trayectoria criminal se remonta a 2009, cuando ingresó como guerrillero raso al frente 6 de las Farc. Desde entonces, escaló posiciones hasta convertirse en cabecilla principal del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción ligada a alias Iván Mordisco.‘Marlon’ acumula múltiples órdenes de captura vigentes y es señalado como responsable de algunos de los ataques más sangrientos en Cauca y Valle del Cauca en la última década. Entre ellos figura el asesinato de cinco personas en 2019, incluida la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, así como carros bomba, atentados contra estaciones de Policía, bases militares y un plan pistola que ha dejado uniformados muertos.Las autoridades lo ubican como el estratega militar y político detrás de la expansión violenta de la estructura Jaime Martínez y otras facciones, con capacidad de coordinación simultánea de ataques en Cali, Jamundí, Corinto, Popayán, Buenaventura y Buenos Aires. Su historial incluye el uso recurrente de explosivos, cilindros bomba, vehículos cargados con material bélico y ataques directos contra instalaciones del Estado.Para las autoridades, la toma criminal de Buenos Aires es el resultado de la articulación entre el conocimiento técnico de alias ‘Max Max’ y el mando estratégico de ‘Marlon Arenas’, una dupla que refleja el alto nivel de organización y capacidad ofensiva que mantienen las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano. Ambos continúan siendo objetivos de alto valor, mientras avanzan las operaciones militares y judiciales para dar con su captura y frenar la escalada terrorista en la región.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema De Justicia tomó la decisión de no imponer medidas de aseguramiento, es decir, no enviar a la cárcel al ministro del interior Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y lavado de activo.s este es uno de los 7 procesos que tiene el alto tribunal contra el jefe de la cartera política.Este proceso sobre la más reciente decisión tiene que ver con la compra de un inmueble en la urbanización Prado Mar, en Puerto Colombia Atlántico, que fue adquirida por la esposa del ministro del interior Adelina Guerrero.La investigación contra el hoy ministro del interior sigue viva por estos dos delitos la ponencia que votaron los magistrados de la Sala de Instrucción, venía de parte del magistrado César Reyes quién es el presidente de la sala y que quedó a cargo de este proceso, luego de una recusación contra la magistrada Cristina Lombana.La decisión de la Sala de Instrucción de no imponer una medida aseguramiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene como argumento que no existe un riesgo de obstrucción a la justicia.Los otros procesos de Benedetti en la CorteEn total son seis los procesos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros hechos.De esos seis, 4 están a cargo de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento de una de las casas en Barranquilla de Benedetti, lo que generó todo un caos. Otros casos tienen que ver con Fonade que ya está en etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos concluirá este viernes, a las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez Jorge Ortiz, que terminó de escuchar a las partes para definir si envía o no a prisión al hijo mayor del presidente, por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.El último en intervenir hoy fue el abogado Alejandro Carranza, defensa del exdiputado, quien insistió en que este no se va a fugar y que "prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación".Carranza recordó que la inclusión de Nicolás Petro en la lista Ofac tampoco permitiría que él se fugara, como lo plantea la Fiscalía.“Ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices o FAC. Y eso está bien, cada país se autodetermina”, dijo.El abogado también negó que Nicolás haya instrumentalizado a Day Vásquez, como lo manifestó la fiscal del caso, y por el contrario afirmó que "Pedro Name fue quien le pidió a ella unirse a la Fundación Conciencia Social, porque ambos tenían una relación", de la cual inclusive nació un hijo. Además, Carranza dejó ver que Vásquez es comadre de la ex gobernadora Elsa Noguera, pues la ex mandataria fue quien bautizó a su hijo.Así las cosas, Carranza destacó que "las relaciones previas con la ex gobernadora mostrarían que cualquier relación de tráfico de influencias sería de Daysurys y no de Nicolás, y que lo mismo sucede con Pedro Name”. Insiste en que Petro Burgos no tenía poder para determinar contrataciones y que “todo el país sabe que Nicolás no ejercía ningún poder sobre Day”.La defensa destaca que en la declaración que Day Vásquez rindió en septiembre de 2023 sobre los cuestionados contratos con la Fundación Conciencia Social, ella no hizo mención de Nicolás Petro y que esto sería "una prueba relevante de que, según la misma versión de la testigo, el procesado no habría tenido ninguna relación con dicha fundación".“A lo largo de esa declaración, Daysurys del Carmen no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”, dijo.El defensor aseguró que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en pruebas que no fueron debidamente acreditadas, que señalan a otras personas y que no se presentaron completas al juez. Cuestionó por qué otros involucrados no están siendo procesados, si según la Fiscalía detrás de este escándalo de corrupción hubo un acuerdo criminal entre varios.
