Según la Corte Suprema de Justicia, el senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, trató de beneficiar en esa disputa judicial a su amigo Jorge Luis Hernández intentando, supuestamente, sobornar al juez de Usiacurí, Atlántico, que llevaba el proceso.A pesar de que la defensa del senador Pulgar alegaba la ilegalidad de las grabaciones, el alto tribunal le dio credibilidad a lo que aportó el propio juez Andrés Rodríguez Caez, víctima del supuesto ofrecimiento ilegal.La corte dice que el funcionario Rodríguez Caez, autor de la grabación, tenía motivos fundados “que echa de menos la defensa del senador” para inferir que sería objeto de una propuesta delictiva, por lo tanto, esto lo habilitaba para efectuar la grabación.Se trata de dos grabaciones de momentos o reuniones distintas. La primera en la residencia del senador Pulgar en Barranquilla, en la cual el alcalde del municipio de Usiacurí habría invitado al juez Rodríguez diciéndole que le iba a presentar a su “jefe político”. La segunda, se realizó en la oficina de David Name, también en Barranquilla, y tuvo como protagonistas a: Name, quien fungió como mediador, el entonces juez Rodríguez Caez, y Luis Fernando Acosta.El juez fue invitado a la reunión cuando ya se le había asignado la audiencia sobre la disputa de la universidad.Incluso, dice la corte que no son grabaciones ilegales porque son propias.“Es decir, realizada por uno de los intervinientes. De igual modo, que su recaudo lo efectuó, concretamente, quien por la condición de víctima estaba legitimando para realizar dicha acción, de manera que ese proceder de ningún modo implicó una intromisión indebida en el derecho fundamental a la intimidad”, añade.La corte también argumenta que no acepta la aseveración de que la grabación efectuada por Rodríguez en el domicilio del aforado Pulgar haya comportado una intromisión atentatoria de tal derecho de arraigo constitucional porque este fue invitado.Por estos argumentos, la sala niega la exclusión probatoria solicitada por la defensa del senador y tampoco accede a la preclusión extraordinaria.Desde este miércoles, el senador Pulgar deberá permanecer en la cárcel La Picota, de Bogotá, como presunto responsable de los delitos de cohecho, tráfico de influencias o violación de los topes o límites de gastos de campañas electorales.
A través de un comunicado, la electa procuradora General, Margarita Cabello, rechazó la mención que hizo el ganadero Luis Enrique Guzmán por el escándalo del megatanque en Barranquilla.Guzmán manifestó que recibió hostigamientos por parte del empresario David Name al haberle asegurado que, de seguir con la denuncia por coimas en la construcción de la obra, “él recurriría a la amistad íntima que tenía con la Margarita Cabello”.A lo que Cabello respondió: “nadie por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre, y bajo esa premisa descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses”.Agregó que “sea esta la oportunidad para reiterar que no admito que se ponga en tela de juicio mi reputación profesional, la cual he forjado durante toda mi vida desde la honestidad y la rectitud”.De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los investigadores del CTI se encuentran indagando y recopilando información sobre los retrasos en la construcción de un tanque de agua para abastecer a los barranquilleros y cuya licitación tuvo una adición presupuestal de 3.600 millones de pesos.Los encargados de las pesquisas aseguraron que “se está avanzando en este proceso, sin embargo, la pandemia afectó la actividad investigativa por el desplazamiento de peritos desde Bogotá”.Por este caso la Fiscalía indaga si hubo pago de coimas en contrato para megatanque en alcaldía de Alex Char.
Bienvenido el debate público y de frente a los barranquilleros. Cuando el pasado 27 de Julio pregunté en estos micrófonos de Vive Barranquilla, “¿dónde está la bolita, en el negocio del Megaparque Paraíso?”, lo hice con la intención de generar –como en efecto ocurrió- un debate público sobre la utilización de los bienes de la ciudad. Hoy son varias las voces que exigen claridad en ese asunto.En esa oportunidad afirmé que en los terrenos del Batallón Paraíso, constructores particulares levantarían 6.000 viviendas para cerca de 30 mil personas. Y sostuve –además- que ello en lugar de contribuir a mejorar la calidad del ambiente, sólo congestionaría el tráfico y contaminaría mucho más el ambiente del sector. “El remedio será peor que la enfermedad”, declaré en el Editorial.La más reciente reacción sobre el controvertido asunto ha sido de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que mediante un comunicado público avaló la negociación realizada y sostuvo que la “construcción del futuro parque en el Batallón Paraíso atiende las necesidades de Barranquilla”.“Hoy ese anhelo se convierte en realidad –dice la Cámara de Comercio- gracias a la permuta del terreno a un constructor privado (en este caso Constructora Bolívar) la cual pagará la suma de 215 mil millones de pesos por el terreno, le construirá un nuevo batallón al Ejército Nacional y cederá dos tercios del lote –el equivalente a 34 hectáreas- al Distrito de Barranquilla”.Para realizar la permuta –según María José Vengoechea, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio- se contó con el consentimiento del Ministerio de Defensa y con el cambio del uso del suelo del terreno, que pasó de ser institucional para la seguridad nacional a residencial y de espacio público.Sin embargo, de lo dicho por la Cámara de Comercio, surgen más dudas que certezas, en lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica del negocio y sobre la afectación de los derechos generales de los habitantes de Barranquilla. Veamos:¿Cómo explican los protagonistas del negocio, que éste sea una permuta a tres bandas que involucra a dos entidades públicas -Alcaldía de Barranquilla y Ministerio de Defensa- y a una entidad privada con ánimo de lucro, como Constructora Bolívar? ¿Quién avalúo los predios? ¿Quién calculó el precio de los terrenos permutados? ¿Dónde está el nuevo terreno del Batallón? ¿O es que se hizo una permuta en aire? ¿Por qué resultó elegida Constructora Bolívar y no otra entidad? ¿Dónde están las convocatorias públicas que se hicieron? ¿Dónde están los organismos de control que no investigan?Y si se trata de ganancias, como sostiene la Cámara de Comercio, por qué mejor el Ejército Nacional no vendió sus predios al mejor postor, construía un nuevo batallón en otro lugar y en terrenos evidentemente mucho más baratos, y utilizaba el saldo para atender –por ejemplo- a los soldados lisiados en la guerra. Y por último, la pregunta fundamental: ¿Por qué razón el Estado termina festinando los bienes públicos sobre la base de la supuesta inviabilidad a priori del proyecto ecológico y recreativo más importante de Barranquilla en toda su historia?Por lo pronto –insisto- lo que hay en el negocio, socio, del Batallón Paraíso y el Megaparque son más preguntas que certezas. Y por ello repito: ¿Dónde está la bolita?
Pese a que los Name y los Char han diferido públicamente ante múltiples temas, el senador Name decidió hacer a un costado las displiscencias para trabajar por la región. "Es momento que se unan todos los gobernadores y alcaldes de la costa Caribe, incluidos los parlamentarios que somos más del 30%. En esa línea invité a Char y Verano. La unión hace la fuerza, necesitamos una solución rápida", señaló Name, quien fue presidente del Senado en 2015. Cuestionó la efectividad del Plan 5 Caribe y señaló que las contrataciones no tienen cierre financiero porque los implementos que serían instalados son importados y, con la variación del dólar, los precios están por un monto superior al que autorizó inicialmente el Gobierno. "El plan es una farsa. Ahora hay una disyuntiva por el material importado que hay que comprar y están en discusión el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe, por quién va a asumir esos excesos", indicó el senador.
La cuenta regresiva para que el estadio Metropolitano reabra sus puertas en la final de la Copa Sudamericana 2026 está en marcha. Desde la Alcaldía Distrital no solo se pensó en la renovación del escenario para aumentar su capacidad, sino también para mejorar su sistema de videovigilancia. Por tanto, en las últimas horas se conoció que serán instaladas más de 300 cámaras de última generación.Las cámaras serán de 61 megapíxeles, lo que permitirá hacer zoom hasta el último rincón de la tribuna más lejana y ver un rostro o una acción con nitidez. El sistema está equipado con cámaras de tipo profesional, domos y domos duales, balas de 5 MP, multisensores panorámicos, minidomos, ojos de pez de 360 grados, entre otros elementos de videovigilancia.No siendo suficiente, el sistema incluirá un procesador con inteligencia artificial generativa, en el que se identificarán posibles alteraciones para así dar pronto aviso a las autoridades. De hecho, incluye una función de identificación fisonómica capaz de rastrear a una persona entre miles en cuestión de minutos."Estamos poniendo tecnología de punta, con inteligencia artificial generativa, equipos muy modernos y que ningún otro estadio de Colombia tiene. Falta poco para que volvamos abrir las puertas del Supermetro, para que recibamos el fútbol sudamericano. Este estadio está al nivel de los mejores del mundo. Nos infla el pecho a los barranquilleros de orgullo y pronto estará abierto para todos", afirmó el alcalde Alejandro Char.La gerente TIC de Barranquilla, Natali Escorcia, explicó que en estos momentos se trabaja en la instalación de los nuevos canales de internet y antenas 4G y 5G, para que el escenario deportivo cumpla con los estándares internacionales.En la parte superior del escenario, se instalarán nuevas antenas de última tecnología para mejorar la capacidad de conexión cuando se esté frente a la alta demanda de usuarios, lo cual era una de las principales necesidades del estadio.Finalmente, la intervención también contempla cambios en la infraestructura de red interna, en la que se dispondrá de canales de internet, backup de 2,5 gigas cada uno y puntos de acceso distribuidos en diferentes áreas del escenario. Su objetivo será garantizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos del ‘Supermetro’.
Momentos de tensión se registraron en horas de la tarde de este domingo por un nuevo atentado, en este caso, en el peaje de Villa Rica en el norte del Departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el ataque se realizó mediante el uso de drones contra la infraestructura del peaje. Las autoridades adelantaron las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras se recomendó a los conductores evitar transitar por este sector.Otro hecho similar ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre donde también fue atacado con explosivos el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones, ocasionando daños materiales en la infraestructura.Después de la detonación, unidades de la Fuerza Pública adelantaron labores de verificación y seguridad en el corredor vial para descartar nuevas amenazas. Fabián Alonso Romero España, secretario de Gobierno del Cauca, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje, teniendo en cuenta los riesgos que estas acciones representan para los trabajadores, las comunidades cercanas, los viajeros, y el sector productivo.“Solicitamos de manera reiterativa para que el gobierno haga presencia del departamento del Cauca, protegiendo sectores estratégicos de la economía nacional, en dos ocasiones, desde el 8 de agosto se han reiterado los ataques al peaje con explosivos, lo que pone permanentemente en riesgo la estabilidad económica de nuestro departamento “, expresó el funcionario.A estos hechos se sumó otra acción violenta en el municipio de Suárez, también en el norte del Cauca. Allí, fueron detonados explosivos para atacar un tramo de la carretera que comunica la cabecera municipal con el sector de La Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica y ocasionó afectaciones en la infraestructura vial. El alcalde César Lizardo Cerón informó que, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.Mientras avanzan las verificaciones por el reporte de Villa Rica y las investigaciones por los demás hechos, las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad de las vías que están siendo atacadas constantemente con el uso de drones que representan una amenaza para la población civil y quienes transitan por las carreteras del sur occidente colombiano.
Las autoridades intensificaron los controles en Cuadra Play, uno de los sectores de rumba de Bucaramanga, donde un operativo de la Alcaldía, con apoyo de la Policía Nacional, Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, dejó como resultado la inmovilización de vehículos y el cierre de dos establecimientos comerciales por incumplir los requisitos para su funcionamiento.Durante las intervenciones se llevaron a cabo requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos. Como resultado, fueron inmovilizados varios automotores que se encontraban estacionados en andenes y zonas de espacio público, obstruyendo estos lugares.Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de menores de edad en inmediaciones de los establecimientos nocturnos y ordenaron el cierre de dos negocios que no cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.De acuerdo con la Administración Municipal, durante los procedimientos algunos conductores se opusieron a los controles, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía para garantizar el desarrollo de los operativos.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden, recuperar el espacio público y verificar que los establecimientos nocturnos cumplan con las normas para operar en este sector de la ciudad.
El Contralor General Jorge Laverde , ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. La decisión, anunciada este 9 de noviembre de 2026 en Bogotá, responde a las denuncias de Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en la compra de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el uso de recursos públicos.Según la Contraloría General de la República, las denuncias señalan posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos. La revisión buscará establecer si los recursos se administraron conforme a la ley y si hubo afectación al patrimonio del Estado.Los cinco contratos de la DNI bajo revisiónHelicóptero no tripulado por $9.000 millonesEl contrato de mayor valor corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. El ente de control verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También revisará la aplicación de las garantías contractuales.Tres sistemas antidrones por $8.340 millonesLa Contraloría examinará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de tres sistemas antidrones, así como su uso efectivo y su correspondencia con las necesidades de la entidad.Computadores y sistema biométricoEl contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores, será revisado por denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.En el caso del contrato 053 de 2022, por unos $580 millones, destinado a un sistema de identificación biométrica, el organismo buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución.Mobiliario para la sede de FunzaLa quinta contratación, por aproximadamente $1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza (Cundinamarca). Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los bienes, con atención a los posibles sobrecostos denunciados.Revisión al Sistema Integrado de Inteligencia y ContrainteligenciaAdemás, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.Para estas actuaciones se solicitarán estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si se identifica un presunto detrimento patrimonial, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Los hechos con posible relevancia penal o disciplinaria serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción”El contralor Laverde Vargas recordó que los recursos de seguridad e inteligencia del Estado también están sujetos a control fiscal, el cual se ejercerá respetando la reserva de la información y la protección de la seguridad nacional.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó.
Después de un par de meses de esperar, Hidroituango por fin llegó a la cota 420, medida con la que Empresas Públicas de Medellín espera hacerle frente al Fenómeno de El Niño, que tendría en los primeros meses de 2027 su temporada más extrema.El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la represa había llegado al nivel estimado, “aunque no es suficiente frente a los riesgos qué significa el Fenómeno de El Niño”. Hay que recordar que este proceso de llenado se hizo más rápido de lo esperado, debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas.Habían sido las autoridades antioqueñas las que en su momento reconocieron que solo hasta inicios del próximo año se llegaría a la meta propuesta, no obstante, las condiciones climáticas en el Norte del departamento permitieron hacer el proceso más rápido aunque el gerente de EPM, Jhon Maya, explicó que no se hizo de manera inmediata."Que subir como a 40-50 centímetros diario, parar y esperar a hacer unas mediciones a ver cómo responde la presa, cómo responden todos esos indicadores y si no hay ningún problema vuelve y se sube. Entonces tiene que ser muy lento porque eso es un bloque de agua de 12 metros más, que es un volumen de agua muy importante que hace una presión muy fuerte a una presa y a todo lo que eso implica. Entonces eso hay que subirlo muy gradualmente y en eso es lo que vamos muy bien", indicó el funcionario.Sobre la cota 420 y las implicaciones que esto podría tener para la energía de Colombia, hay que recordar que fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien le dio permiso a EPM para remover la cobertura vegetal y así subir el nivel el embalse y estar preparados para la temporada más seca.Durante el transcurso del día, autoridades departamentales y nacional como los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente estarán en las instalaciones de Hidroituango, recorriendo el megaproyecto y se espera que se entreguen nuevos detalles sobre el aporte de la hidroeléctrica para la estabilidad energética del país en los próximos meses.
