El juzgado 39 de conocimiento de Paloquemao aprobó el preacuerdo que le otorgó la Fiscalía al empresario Tomás Jaramillo Botero, salpicado en el escándalo del Fondo Premium de InterBolsa. Aunque en una próxima audiencia el juez deberá determinar el tiempo exacto de la pena, la multa ya está fijada.Le puede interesar: Groenewegen suma su primer triunfo y Ciccone sigue de líderEn el acuerdo, Jaramillo acepta los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro, en calidad de cómplice, por lo que recibiría una pena de siete años y un mes de prisión. Además, deberá devolver 400 millones de pesos al Estado.Y aunque se cuestionó el monto de la multa porque el descalabro bursátil fue de 350.000 millones de pesos, las víctimas del Fondo Premium no se opusieron al preacuerdo porque ya habrían sido indemnizadas.
Un juez de Bogotá condenó a 85 meses de detención domiciliaria a Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado, cerebros del escándalo bursátil del Fondo Premium y quiénes son considerados cómplices del desfalco. Le puede interesar: Aumentan a más del doble condena a implicados de desfalco al Fondo PremiumTambién deberán pagar 2.000 salario mínimos mensuales vigentes de multa, los cuales deberán ser entregados en un plazo de 3 meses. Tirado fue condenado por los delitos de captación masiva de dinero, manipulación de especies, no reintegro de dinero, estafa y concierto para delinquir. Maluf fue condenado por los mismos delitos excepto el de concierto, para delinquir.
Dentro del proceso de extinción de dominio que adelantó la Fiscalía a los bienes de los socios del Fondo Premium de Interbolsa encontraron 80 piezas precolombinas consideradas patrimonio de la Nación.Según las investigaciones, estos elementos fueron hallados en dos apartamentos de los exsocios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes fueron procesados por este desfalco.Lea también: Aumentan a más del doble condena a implicados de desfalco al Fondo Premium.Los investigadores y expertos en elementos arqueológicos hicieron una verificación y determinaron que "las 80 piezas proceden de diferentes regiones del país y, en su mayoría, se ubican cronológicamente 500 años antes de la era cristiana hasta la conquista".Los elementos, que fueron entregados al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pertenecían a las culturas de Nariño, Calima, Tairona, Magdalena Medio, Quimbaya y San Agustín.La Fiscalía, a través la delegada contra las Finanzas Criminales, informó que ha incautado varios de esos bienes representados en apartamentos, oficinas y hasta un yate avaluados en 38.000 millones de pesos.
Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación que interpusieron las víctimas de Fondo Premium cuando conocieron que los responsables del descalabro Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, habían sido condenados a 11 años de prisión y cómo habían aceptado cargos, les otorgaron una rebaja del 50%, quedando de esta manera en solo 5 años y 9 meses de prisión. La decisión del tribunal fue subirla. Ortiz y Jaramillo fueron condenados a 18 años y 8 meses, sin embargo, les dieron el 35 % de rebaja por aceptar cargos y quedó finalmente de 12 años y 3 meses. Por su parte, la de Martínez quedó en 10 años. Vea aquí: ¿Qué viene después de los cinco años del descalabro de Interbolsa y Fondo Premium?Los tres hombres fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta y estafa agravada por manejar de manera irregular los recursos de 1.206 inversionistas, una suma aproximada de 350.000 millones de pesos.
El pasado 2 de noviembre de 2012 se conoció uno de los escándalos de corrupción más grandes del país. La comisionista InterBolsa, la más importante de Colombia en su época, quebró, comprometiendo más de 380.000 millones de pesos de 1.026 inversionistas que habían depositados sus recursos. A la fecha, la liquidación realizada por la Superintendencia de Sociedades ha facilitado la devolución de cerca de $180.100 millones. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, señaló que actualmente los afectados por el Fondo Premium, perteneciente a la comisionista, se vinculan a una fiducia conformada por bienes valorados en 206.465 millones de pesos. Dicho valor incluye bienes muebles, inmuebles, inversiones y dinero en efectivo, valor al que se le suma lo que ya se les había pagado en efectivo, para un total de $385.000 millones. “Se creó una fiducia a la que se le aportaron la totalidad de los activos que se habían recaudado y que no se habían liquidado en el proceso del Fondo Premium, a esa fiducia le faltan ingresar unos activos y tiene por objeto entregar dinero a las personas afectadas, el monto alcanza para cubrir la totalidad de los activos que se habían respaldado”, dijo Reyes. Añadió que solamente hace falta que se registren en la fiducia los bienes que fueron embargados del Fondo Premium para que se pueda realizar el pago final de estos recursos. “Está pendiente el desembargo de todos los activos y está pendiente que los registradores los inscriban, una vez eso ocurra queda la posibilidad de hacer ese pago final”, precisó. Con estas acciones, la totalidad de las víctimas del Fondo Premium serán reparadas con el dinero que invirtieron. “El 100 % del capital que le correspondiera a los afectados pudo recuperarse, se hizo un trabajo de captura de activos e incluso repatriar recursos desde Curazao y se vendieron compañías”, sentenció Reyes. “Hay que tener en cuenta que es uno de los procesos más complejos que se han tramitado en la Superintendencia, que a pesar de su gran complejidad pudo culminarse con relativo éxito”, concluyó.
Por primera vez en la historia del país, las más de 1.070 víctimas, quienes presentaron reclamación ante el liquidador, serán retribuidos en su totalidad con una suma que asciende a los $380 mil millones de pesos. El proceso de hizo en ocho pagos y en este último los afectados se vinculan a una fiducia conformada por bienes valorados en más $206 mil millones. Hasta la fecha la liquidación había efectuado siete devoluciones en efectivo por un valor superior a los $180.100 millones. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, destacó la gestión de la delegatura para los procedimientos de insolvencia y del liquidador del Fondo Premium, quiénes además lograron obtener excedentes de dinero para asumir otras obligaciones tales como impuestos. Le puede interesar: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium. El liquidador del Fondo Premium ya comenzó el proceso de vinculación al patrimonio autónomo de los afectados que tenían saldos de reclamaciones sin pagar. Tras la puesta en marcha de este instrumento los afectados pueden negociar sus derechos fiduciarios o esperar a la venta de los bienes por parte del administrador fiduciario. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
La Superintendencia de Sociedades aprobó la devolución de $8.000 millones a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium. Los $8.000 millones serán distribuidos entre las 300 personas (que a la fecha reportan saldos insolutos), aseguró el liquidador Alejandro Revollo tras explicar que cada uno de los afectados recibirá $27.934.065. El dinero que será repartido proviene del segundo pago de la venta de la Sociedad Inversiones Vesubio Colombia S.A.S. (antes Archie's Colombia SAS.) y de los dineros consignados en depósitos judiciales y que han sido puestos a disposición de la liquidación. Al igual que en oportunidades anteriores, los afectados podrán acercarse a las oficinas de Bancolombia en todo el país a reclamar su parte.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, criticó duramente la condena de 5 años y 4 meses contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por el caso Fondo Premium. El jefe del organismo acusador manifestó que el bajo monto no es culpa de los operadores judiciales, sino de la política criminal del país. “Por el solo hecho de allanarse a los cargos, hoy en Colombia, el victimario tiene derecho a un descuento del 50 por ciento de entrada”, expresó. Añadió que desde el punto de vista criminal eso es una invitación a la continuidad del delito. “Por eso me he tomado el trabajo de demostrarle al ministro de Justicia de seguir en estas rebajatones, que lo que hace es enviar señales equivocadas frente ante este fenómeno”, puntualizó.
El juez 48 del circuito penal de conocimiento estableció está nueva fecha del 31 de marzo a las 10:00 de la mañana para fijar la condena a tres de los máximos responsables del fraude relacionado con el descalabro de Interbolsa. Se trata de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, altos directivos de Fondo Premium, y Ricardo Emilo Martínez, quien se desempeñaba como tesorero de Andean Capital Markets, ambas empresas filiales de Interbolsa. Los tres procesados ya habían aceptado cargos por los delitos de: concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro Nacional y estafa agravada. Por lo que sólo se espera se imponga los años de prisión que deben pagar por estos hechos. Durante la audiencia donde se esperaba la imposición de dicha condena, los procesados reiteraron su pedido de perdón a las víctimas del desfalco y advirtieron que van a reparar en un ciento por ciento a todos los que resultaron afectados, igualmente presentaron su solicitud de tener como lugar de reclusión, sus lugares de residencia. Es de anotar que ni la Fiscalía ni el Ministerio Público pidieron severidad en la pena y sí dejaron a consideración del juez las respectivas rebajas, teniendo en cuenta que los tres implicados aceptaron los delitos desde la imputación de los cargos y el principio de oportunidad concedido a Ricardo Martínez.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
