El juzgado 39 de conocimiento de Paloquemao aprobó el preacuerdo que le otorgó la Fiscalía al empresario Tomás Jaramillo Botero, salpicado en el escándalo del Fondo Premium de InterBolsa. Aunque en una próxima audiencia el juez deberá determinar el tiempo exacto de la pena, la multa ya está fijada.Le puede interesar: Groenewegen suma su primer triunfo y Ciccone sigue de líderEn el acuerdo, Jaramillo acepta los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro, en calidad de cómplice, por lo que recibiría una pena de siete años y un mes de prisión. Además, deberá devolver 400 millones de pesos al Estado.Y aunque se cuestionó el monto de la multa porque el descalabro bursátil fue de 350.000 millones de pesos, las víctimas del Fondo Premium no se opusieron al preacuerdo porque ya habrían sido indemnizadas.
Un juez de Bogotá condenó a 85 meses de detención domiciliaria a Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado, cerebros del escándalo bursátil del Fondo Premium y quiénes son considerados cómplices del desfalco. Le puede interesar: Aumentan a más del doble condena a implicados de desfalco al Fondo PremiumTambién deberán pagar 2.000 salario mínimos mensuales vigentes de multa, los cuales deberán ser entregados en un plazo de 3 meses. Tirado fue condenado por los delitos de captación masiva de dinero, manipulación de especies, no reintegro de dinero, estafa y concierto para delinquir. Maluf fue condenado por los mismos delitos excepto el de concierto, para delinquir.
Dentro del proceso de extinción de dominio que adelantó la Fiscalía a los bienes de los socios del Fondo Premium de Interbolsa encontraron 80 piezas precolombinas consideradas patrimonio de la Nación.Según las investigaciones, estos elementos fueron hallados en dos apartamentos de los exsocios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes fueron procesados por este desfalco.Lea también: Aumentan a más del doble condena a implicados de desfalco al Fondo Premium.Los investigadores y expertos en elementos arqueológicos hicieron una verificación y determinaron que "las 80 piezas proceden de diferentes regiones del país y, en su mayoría, se ubican cronológicamente 500 años antes de la era cristiana hasta la conquista".Los elementos, que fueron entregados al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pertenecían a las culturas de Nariño, Calima, Tairona, Magdalena Medio, Quimbaya y San Agustín.La Fiscalía, a través la delegada contra las Finanzas Criminales, informó que ha incautado varios de esos bienes representados en apartamentos, oficinas y hasta un yate avaluados en 38.000 millones de pesos.
Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación que interpusieron las víctimas de Fondo Premium cuando conocieron que los responsables del descalabro Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, habían sido condenados a 11 años de prisión y cómo habían aceptado cargos, les otorgaron una rebaja del 50%, quedando de esta manera en solo 5 años y 9 meses de prisión. La decisión del tribunal fue subirla. Ortiz y Jaramillo fueron condenados a 18 años y 8 meses, sin embargo, les dieron el 35 % de rebaja por aceptar cargos y quedó finalmente de 12 años y 3 meses. Por su parte, la de Martínez quedó en 10 años. Vea aquí: ¿Qué viene después de los cinco años del descalabro de Interbolsa y Fondo Premium?Los tres hombres fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta y estafa agravada por manejar de manera irregular los recursos de 1.206 inversionistas, una suma aproximada de 350.000 millones de pesos.
El pasado 2 de noviembre de 2012 se conoció uno de los escándalos de corrupción más grandes del país. La comisionista InterBolsa, la más importante de Colombia en su época, quebró, comprometiendo más de 380.000 millones de pesos de 1.026 inversionistas que habían depositados sus recursos. A la fecha, la liquidación realizada por la Superintendencia de Sociedades ha facilitado la devolución de cerca de $180.100 millones. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, señaló que actualmente los afectados por el Fondo Premium, perteneciente a la comisionista, se vinculan a una fiducia conformada por bienes valorados en 206.465 millones de pesos. Dicho valor incluye bienes muebles, inmuebles, inversiones y dinero en efectivo, valor al que se le suma lo que ya se les había pagado en efectivo, para un total de $385.000 millones. “Se creó una fiducia a la que se le aportaron la totalidad de los activos que se habían recaudado y que no se habían liquidado en el proceso del Fondo Premium, a esa fiducia le faltan ingresar unos activos y tiene por objeto entregar dinero a las personas afectadas, el monto alcanza para cubrir la totalidad de los activos que se habían respaldado”, dijo Reyes. Añadió que solamente hace falta que se registren en la fiducia los bienes que fueron embargados del Fondo Premium para que se pueda realizar el pago final de estos recursos. “Está pendiente el desembargo de todos los activos y está pendiente que los registradores los inscriban, una vez eso ocurra queda la posibilidad de hacer ese pago final”, precisó. Con estas acciones, la totalidad de las víctimas del Fondo Premium serán reparadas con el dinero que invirtieron. “El 100 % del capital que le correspondiera a los afectados pudo recuperarse, se hizo un trabajo de captura de activos e incluso repatriar recursos desde Curazao y se vendieron compañías”, sentenció Reyes. “Hay que tener en cuenta que es uno de los procesos más complejos que se han tramitado en la Superintendencia, que a pesar de su gran complejidad pudo culminarse con relativo éxito”, concluyó.
Por primera vez en la historia del país, las más de 1.070 víctimas, quienes presentaron reclamación ante el liquidador, serán retribuidos en su totalidad con una suma que asciende a los $380 mil millones de pesos. El proceso de hizo en ocho pagos y en este último los afectados se vinculan a una fiducia conformada por bienes valorados en más $206 mil millones. Hasta la fecha la liquidación había efectuado siete devoluciones en efectivo por un valor superior a los $180.100 millones. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, destacó la gestión de la delegatura para los procedimientos de insolvencia y del liquidador del Fondo Premium, quiénes además lograron obtener excedentes de dinero para asumir otras obligaciones tales como impuestos. Le puede interesar: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium. El liquidador del Fondo Premium ya comenzó el proceso de vinculación al patrimonio autónomo de los afectados que tenían saldos de reclamaciones sin pagar. Tras la puesta en marcha de este instrumento los afectados pueden negociar sus derechos fiduciarios o esperar a la venta de los bienes por parte del administrador fiduciario. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
La Superintendencia de Sociedades aprobó la devolución de $8.000 millones a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium. Los $8.000 millones serán distribuidos entre las 300 personas (que a la fecha reportan saldos insolutos), aseguró el liquidador Alejandro Revollo tras explicar que cada uno de los afectados recibirá $27.934.065. El dinero que será repartido proviene del segundo pago de la venta de la Sociedad Inversiones Vesubio Colombia S.A.S. (antes Archie's Colombia SAS.) y de los dineros consignados en depósitos judiciales y que han sido puestos a disposición de la liquidación. Al igual que en oportunidades anteriores, los afectados podrán acercarse a las oficinas de Bancolombia en todo el país a reclamar su parte.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, criticó duramente la condena de 5 años y 4 meses contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por el caso Fondo Premium. El jefe del organismo acusador manifestó que el bajo monto no es culpa de los operadores judiciales, sino de la política criminal del país. “Por el solo hecho de allanarse a los cargos, hoy en Colombia, el victimario tiene derecho a un descuento del 50 por ciento de entrada”, expresó. Añadió que desde el punto de vista criminal eso es una invitación a la continuidad del delito. “Por eso me he tomado el trabajo de demostrarle al ministro de Justicia de seguir en estas rebajatones, que lo que hace es enviar señales equivocadas frente ante este fenómeno”, puntualizó.
El juez 48 del circuito penal de conocimiento estableció está nueva fecha del 31 de marzo a las 10:00 de la mañana para fijar la condena a tres de los máximos responsables del fraude relacionado con el descalabro de Interbolsa. Se trata de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, altos directivos de Fondo Premium, y Ricardo Emilo Martínez, quien se desempeñaba como tesorero de Andean Capital Markets, ambas empresas filiales de Interbolsa. Los tres procesados ya habían aceptado cargos por los delitos de: concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro Nacional y estafa agravada. Por lo que sólo se espera se imponga los años de prisión que deben pagar por estos hechos. Durante la audiencia donde se esperaba la imposición de dicha condena, los procesados reiteraron su pedido de perdón a las víctimas del desfalco y advirtieron que van a reparar en un ciento por ciento a todos los que resultaron afectados, igualmente presentaron su solicitud de tener como lugar de reclusión, sus lugares de residencia. Es de anotar que ni la Fiscalía ni el Ministerio Público pidieron severidad en la pena y sí dejaron a consideración del juez las respectivas rebajas, teniendo en cuenta que los tres implicados aceptaron los delitos desde la imputación de los cargos y el principio de oportunidad concedido a Ricardo Martínez.
Las personas con diabetes tipo 2 podrían reducir hasta en un 53 % el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves si reciben un tratamiento que controle varios factores de riesgo y no solamente los niveles de azúcar en la sangre.Así lo evidencian los resultados de estudios sobre el abordaje integral de esta enfermedad, que también han identificado una reducción cercana al 65 % en la progresión del daño renal cuando se interviene de manera simultánea sobre diferentes condiciones de salud.La recomendación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según la Federación Internacional de Diabetes, cerca del 90 % de las personas diagnosticadas con diabetes tienen el tipo 2, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en los riñones.Uno de los principales problemas es que estas afectaciones pueden avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por eso, una persona puede sentirse bien y, al mismo tiempo, tener alteraciones en su presión arterial, colesterol o función renal que todavía no han sido identificadas.El estudio Steno-2 también encontró beneficios de este enfoque. En su seguimiento a largo plazo, los pacientes que recibieron una intervención intensiva sobre varios factores de riesgo tuvieron una supervivencia mediana cercana a ocho años mayor frente a quienes recibieron un tratamiento convencional.Esto significa que el manejo de la diabetes no debería limitarse a medir la glucosa. También requiere revisar periódicamente la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, el peso corporal y el funcionamiento de los riñones.En el marco del Mes de la Diabetes, Giovanni Colucci, líder de Asuntos Médicos en Servier, planteó cinco preguntas que los pacientes pueden llevar a sus consultas médicas para ampliar el seguimiento de la enfermedad: cómo está su riesgo cardiovascular, cómo están funcionando sus riñones, qué indicadores deben vigilar además de la glucosa, si están identificando a tiempo posibles complicaciones y qué cambios en sus hábitos pueden ayudar a proteger su salud a futuro.Dentro de estas revisiones también se encuentran los controles de la visión, la sensibilidad en los pies y el funcionamiento de los nervios, debido a que la diabetes puede afectar diferentes partes del organismo.La recomendación es que los pacientes mantengan controles periódicos y conversen con sus médicos sobre la alimentación, la actividad física y el cumplimiento de los tratamientos, con el propósito de identificar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones.
La emergencia por las fuertes lluvias mantiene en dificultades a las comunidades rurales de Simacota, Santander. El colapso total de la banca en una vía de la vereda San Pascual dejó sin vía terciaria este sector del municipio.La situación no es aislada. De acuerdo con Diana Jiménez Gutiérrez, secretaria de Gobierno de Simacota, las afectaciones en la movilidad se extienden a siete veredas de la región, lo que tiene en declibe la economía de diferentes campesinos que vienen sorteando trayectos en pésimas condiciones.Considerando que el municipio es el tercero más grande de Santander, la situación es lamentable y se busca el apoyo del Gobierno Departamental para revisar y actuar de manera oportuna en los puntos donde se registran fallas geológicas.Uno de los puntos más afectados es la vereda El Guamo, donde cerca de 200 familias tienen dificultades para transportar y comercializar sus productos, por lo que varios agricultores ya adviertes de pérdidas económicas a falta de vías.En San Pascual, el desplome de la banca dejó interrumpido el tránsito y complicó las actividades cotidianas de los habitantes, especialmente el transporte de la producción agrícola y el desplazamiento de los estudiantes.La secretaria de Gobierno explicó que la Administración Municipal ha intentado atender las emergencias con recursos propios y maquinaria; sin embargo, la intensidad y continuidad de las precipitaciones superaron la capacidad de respuesta del municipio.Ante la magnitud de los daños, durante un comité extraordinario de gestión del riesgo fue declarada la calamidad pública, con el propósito de fortalecer la atención de las emergencias y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la movilidad en las zonas rurales.Mientras tanto, las comunidades esperan una intervención urgente de las autoridades departamentales y los organismos competentes para recuperar el paso y evitar que las afectaciones a las vías sigan golpeando la economía y las condiciones de vida de las familias campesinas.Las lluvias también han provocado emergencias en otros municipios de Santander, donde las autoridades mantienen el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal.
El país aspira reglamentar por primera vez el manejo de abejas nativas sin aguijón. La iniciativa busca establecer reglas para quienes desarrollan esta actividad ancestral, facilitar el aprovechamiento sostenible de productos como la miel, el polen y el cerumen, y fortalecer la protección de estas especies, fundamentales para la polinización y la conservación de los bosques.El proyecto contempla un procedimiento único y gratuito para registrar los meliponarios, obtener el permiso de funcionamiento e identificar cada colonia mediante un número único. Además, establece la obligación de llevar un libro de manejo que permita hacer seguimiento a las poblaciones y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad.El trámite podrá realizarse ante las autoridades ambientales de cada territorio y estará disponible tanto para quienes ya ejercen la meliponicultura como para las personas interesadas en comenzar.Según el Ministerio de Ambiente, esta reglamentación también busca evitar prácticas que ponen en riesgo las colonias, como la tala de árboles para extraerlas, su traslado a lugares donde no sobreviven y el uso de agroquímicos cerca de las colmenas.En Colombia se ha documentado la existencia de cerca de 166 especies de abejas nativas sin aguijón. Además, se reportan al menos 175 meliponarios activos en 23 departamentos, con 4.823 colonias y 44 especies bajo manejo.Estas abejas cumplen una función esencial en los ecosistemas, pues contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales. De acuerdo con cifras citadas de la FAO y la plataforma IPBES, cerca del 75 % de los cultivos alimentarios y el 90 % de las plantas silvestres con flor dependen, en alguna medida, de la polinización.Con esta propuesta, el Gobierno busca establecer condiciones para desarrollar esta actividad, generar alternativas económicas para las comunidades y proteger la biodiversidad. El proyecto de resolución se encuentra en etapa de comentarios antes de avanzar en su reglamentación definitiva.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevos daños en la vía que comunica al corregimiento de Nuevo Antioquia con el casco urbano de Turbo, en Urabá. La emergencia dejó tres puntos críticos en la carretera, uno de ellos con pérdida total de la banca, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades rurales.Según denunció el concejal de Turbo, Dairo Vargas, en diálogo con Blu Radio, la afectación más grave se presenta en el sector conocido como La Arenera, donde el terreno cedió y dejó un barranco que impide el tránsito normal de vehículos. Aunque maquinaria trabaja en el lugar para habilitar un paso provisional, las condiciones de movilidad siguen siendo difíciles: en uno de los tramos solamente pueden pasar motocicletas y en otro no hay paso ni siquiera para estos vehículos.El concejal estimó que entre 15.000 y 20.000 personas de las veredas de las partes alta y baja podrían estar afectadas por esta situación. Además de las dificultades para movilizarse, la emergencia compromete el transporte de productos agrícolas y las actividades ganaderas de esta zona rural."En estos momentos pues hay una máquina interviniendo, pero paso provisional pues como para para que las comunidades no queden pues como tan aisladas de del sector urbano y puedan sacar sus productos,.Hay muchos cultivos agrícolas para para este sector, pues va hasta no más hasta allá, también va la ganadería. Incluso a la misma comunidad nos ha tocado desde ayer con algunos enfermos también pasarlos por ahí, arriesgando la vida tanto del enfermo como la de las demás personas tratando de pasarlos por ahí por un por un barranco", detalló. La situación también representa un riesgo para la atención de emergencias. Vargas relató que habitantes tuvieron que trasladar a personas enfermas por un barranco, exponiendo tanto a los pacientes como a quienes los ayudaban, ante la falta de condiciones para transitar. Señaló que esta es la segunda vez que se registra una afectación de estas características en el sector de La Arenera y pidió intervención de la Alcaldía de Turbo y del Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad a cargo de esta carretera.Aunque existe una ruta alterna por San José de la Antioquia, el concejal advirtió que tampoco ofrece garantías de movilidad durante las lluvias. Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional desembolse los recursos para un proyecto de pavimentación de esta vía, que, según indicó, quedó aprobado desde la administración anterior.
A 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una tragedia que aún tiene muchas incógnitas sin resolver, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) rindió homenaje a Fanny González Franco, la primera mujer en ocupar una magistratura titular de la Corte Suprema de Justicia y una de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.Durante el encuentro conmemorativo, realizado el pasado viernes 6 de noviembre, la entidad entregó a la familia de la magistrada una placa con las palabras que, según sus allegados, pronunció desde su despacho mientras el edificio permanecía tomado por integrantes de la guerrilla del M-19.El reconocimiento fue entregado por D'Mar Córdoba Salamanca, director general del CNMH, a María Jozame González, sobrina nieta de la magistrada, quien ha trabajado en los últimos años por mantener viva su memoria.¿Quién fue Fanny González Franco, la primera magistrada de la Corte Suprema?Nacida en el departamento de Caldas, Fanny González Franco fue una de las mujeres que abrió camino en la justicia colombiana, en una época en la que los principales cargos judiciales estaban ocupados mayoritariamente por hombres.Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y desarrolló parte de su carrera como jueza en Manizales. En 1984 llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una magistratura titular en el alto tribunal.Su trayectoria se vio interrumpida el 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Durante la toma y posterior retoma militar, la magistrada perdió la vida junto a otros funcionarios judiciales y personas que se encontraban dentro del edificio.Las últimas palabras de Fanny González que su familia busca preservarUno de los momentos centrales del homenaje fue la entrega de una placa que reproduce las palabras que, de acuerdo con el relato de su familia, la magistrada le transmitió por teléfono a su hermano Otoniel.La conversación habría ocurrido hacia las 4:36 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, cuando González Franco permanecía en su despacho."Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia", señala uno de los apartados de su mensaje.Las palabras terminan con una frase que sus familiares han conservado como símbolo de su carácter y compromiso con la justicia."Muero, pero no me doblego".El director del CNMH anunció que la entidad espera llevar una copia de la placa a la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el mensaje también permanezca en las salas de la corporación.Familia de la magistrada habló sobre la responsabilidad del M-19Durante la conmemoración, María Jozame González también se refirió a las circunstancias de la muerte de su tía abuela y sostuvo que su familia siempre ha atribuido la responsabilidad al M-19."Nosotros nunca pensamos que el Ejército fuera responsable", afirmó durante el encuentro.La familiar cuestionó algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre la toma del Palacio de Justicia y pidió que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante aquellos días.Para María Jozame González, el homenaje también representa una oportunidad de recordar el papel que desempeñó su tía abuela en la historia judicial del país y la importancia de su trayectoria para las mujeres que posteriormente llegaron a estos cargos."Que sus palabras y su legado sean un mensaje para los jóvenes y para las mujeres, sobre todo", expresó al finalizar el encuentro.
