El papa Francisco reconoció que se cometió un "genocidio" contra los indígenas de Canadá al regresar este sábado a Roma de una agotadora visita de seis días a ese país al término de la cual admitió que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse "a un lado".El pontífice argentino, al que se vio con frecuencia agotado y en silla ruedas por sus problemas de rodilla, hizo un balance de su viaje ante los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso a Roma."No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo Francisco, de 85 años."Honestamente no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa. Se puede cambiar. No es un problema", añadió al hablar de sus problemas de salud. Su predecesor, Benedicto XVI, renunció en 2013, a los 85 años."Creo que debo limitarme un poco, con estos esfuerzos", dijo el papa, que repitió que la puerta está "abierta" a una posible renuncia.El pontífice confesó que consideraba su viaje a Canadá una suerte de "test" para evaluar si mantener su agenda de desplazamientos, que incluyen Kazajistán en septiembre, y si es posible Ucrania así como República Democrática del Congo y Sudán del Sur."Buscaré seguir haciendo viajes y estar cercano a la gente, porque creo que la cercanía es un modo de servir", dijo.Le puede interesar:- Un "genocidio" -Desde su llegada el pasado lunes a Canadá el pontífice argentino pidió disculpas por el "mal" causado a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante décadas en las instituciones católicas.Ante los periodistas, Francisco no dudo en reconocer que el trato a los indígenas en Canadá equivalía a un "genocidio", palabra que no pronunció durante su viaje "penitencial"."No pronuncié la palabra (en Canadá) porque no me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio", aclaró el papa."Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, cambiar la mentalidad, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio", reiteró.Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió forzadamente a unos 150.000 niños indígenas a internados a cargo de la Iglesia católica.Muchos sufrieron allí abusos físicos y sexuales y se cree que miles murieron por desnutrición, enfermedades, maltrato o negligencia.- "Equivocada" e "injusta" -En cada una de las etapas de su viaje, varios sobrevivientes y descendientes de víctimas admitieron que esperaban un gesto de condena más contundente por parte del máximo líder de la iglesia católica.Algunos pidieron la devolución de objetos de arte indígena que se encuentran en el Vaticano y la apertura de los archivos de los internados. También pidieron que Francisco derogue los decretos papales que dieron lugar a la llamada "doctrina del descubrimiento".Esto se refiere a los edictos papales del siglo XV que autorizaron a las potencias europeas a colonizar tierras y pueblos no cristianos. Preguntado al respecto en el avión, Francisco calificó de "equivocada" e "injusta" esta "doctrina de la colonización"."Esta mentalidad de que somos superiores y los indígenas no cuentan es grave. Por ello, debemos trabajar en esta dirección. Debemos volver atrás y limpiar todo lo que se hizo mal, pero debemos ser conscientes de que el mismo colonialismo existe hoy", afirmó.Para algunos, como Kilikvak Kabloona, presidente de la organización Nunavut Tunngavik, que representa a los Inuit de Nunavut, "la disculpa del Papa no fue completa" porque no abordó directamente los "abusos sexuales" sufridos por los indígenas.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los cambios que vendrán para varios políticos después de este 7 de agosto:
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado que pueda ser juzgado en España el paramilitar colombiano Carlos Arturo Romero Cuartas por delitos de torturas y lesa humanidad por el asesinato, en 2001, del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, como pedía uno de sus hijos.En una sentencia, el Alto Tribunal español desestima el recurso de casación presentado por el hijo de la víctima y ratifica que España no tiene jurisdicción para juzgar el caso, según la legislación nacional que regula actualmente la justicia universal."La querella no se dirige ni contra un español ni contra un ciudadano extranjero con residencia habitual en España. Tampoco contra un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas", argumenta el TS.La posibilidad de juzgar en España un delito de genocidio o lesa humanidad cometido en el extranjero fue recortada en 2009 para reducirla a los casos en las que los víctimas o los presuntos autores fueran españoles.En 2014 se restringió aún más y, desde entonces, se exige que el acusado se encuentre en España y que su extradición haya sido denegada.La Sala de lo Penal del Supremo repasa la legislación española y las sucesivas reformas y ratifica su constitucionalidad y su acomodo a los tratados internacionales suscritos por el país, por lo que concluye que no cabe juzgar este caso en España."La insatisfacción del querellante con lo actuado por la Justicia del fuero del lugar, siempre preferente, no puede sustentar la jurisdicción universal absoluta en contra de nuestra normativa interna", aduce también el TS.Acaba así la batalla judicial iniciada en España por Jorge Enrique Freytter, hijo de un profesor, abogado y sindicalista colombiano secuestrado en su vivienda de Barranquilla (Colombia) en agosto de 2001, torturado y asesinado.En 2020, el Estado colombiano pidió perdón por este asesinato, perpetrado por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la complicidad de miembros de la fuerza pública.El hijo, con nacionalidad española, reclamó investigar la estructura y organización que ordenó el crimen y apeló a la Justicia española, algo que pero primero rechazó un juzgado central de instrucción, después la Audiencia Nacional y ahora el TS.Freytter sostenía en este recurso que el asesinato de su padre se enmarcó en una estrategia violenta contra determinados sectores de la población y era, por tanto, un delito de lesa humanidad que la comunidad internacional estaba obligada a investigar y perseguir.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
El presidente Iván Duque dejó en un limbo las relaciones con Rusia al asegurar que no se puede dialogar con un país que está cometiendo actos de genocidio contra Ucrania.“Lo que estamos viendo acá es un genocidio, un crimen de lesa humanidad, un oprobio total. Entonces, ¿cuál relación? Ninguna. ¿Cómo puede el mundo tener un relacionamiento mientras está pasando esto? La comunidad internacional tiene que decir con claridad que no puede haber relaciones hasta que no cese este oprobio”, explicó el presidente Duque en una entrevista con el Diario El Universal de Cartagena.Advirtió, además, que Colombia no es solamente un país que defiende la soberanía y la integridad, sino los derechos y los valores que constituyen parte esencial del orden global.“Si alguien quiere tener relaciones formales o melifluas mientras se cometen semejantes delitos en las narices del mundo, lo que estamos terminando es siendo presos de unas formalidades que poco o nada sirven”, concluyó.Colombia ha defendido la integridad del territorio de Ucrania, incluso desde el 2014 cuando el país apoyó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Una solicitud de 39 países, entre ellos Colombia, ha permitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir hoy una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad.“He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado.El jurista británico adelantó el pasado 28 de febrero su intención de abrir una investigación por crímenes “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania”.Los procedimientos propuestos por la Fiscalía de La Haya necesitan habitualmente del visto bueno de una sala de cuestiones preliminares compuesta por tres jueces.No obstante, la remisión presentada por 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Australia Colombia y Costa Rica, entre otros, elimina el requisito de la autorización de los magistrados y permite la Fiscalía de la CPI comenzar automáticamente con las pesquisas.“Mi Oficina ha encontrado una base razonable para creer que se han cometido delitos dentro de la jurisdicción de la Corte, y ha identificado posibles casos que serían admisibles”, advirtió el fiscal jefe.“Reitero mi llamamiento a todos los que participan en las hostilidades en Ucrania para que se adhieran estrictamente a las normas aplicables del derecho internacional humanitario”, añadió Khan, que reiteró que ninguna de las partes “tiene licencia para cometer delitos dentro de la jurisdicción de la CPI”.Ni Rusia ni Ucrania son Estados Parte de la CPI, pero Kiev presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, con las que aceptó la jurisdicción del tribunal.La antecesora del actual fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, advirtió en diciembre de 2020 de su intención de abrir una investigación por crímenes cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania.No obstante, el fiscal jefe Khan aclaró hoy que las pesquisas comienzan desde el 21 de noviembre de 2013 “en adelante”, por lo que su jurisdicción abarca “cualquier acusación pasada y presente de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio”.El anuncio de la CPI se produce cinco días antes del comienzo del juicio por la demanda de Ucrania a Rusia por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU.Ambos tribunales se encuentran en la ciudad neerlandesa de La Haya. La CPI procesa la responsabilidad penal de individuos, mientras que la CIJ trata litigios entre Estados. Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Algunos representantes de víctimas acreditados en el caso 03, falsos positivos, elevaron una solicitud a la JEP para que impute tortura y genocidio a 15 militares que pertenecieron al Batallón La Popa.Dichos militares, ya fueron imputados bajo el delito de falsos positivos.Sin embargo, según lo que informó la Sala de Reconocimiento de la JEP, después de haber hecho un análisis no se puede evidenciar que en estos casos de falsos positivos se haya presentado esta conducta, pues no se pudo determinar que en los cuerpos de las víctimas hubiera ocurrido este tipo de maltratos. Sin embargo resaltan que tendrán en cuenta estas observaciones de las víctimas.“No fue claro si las heridas encontradas en los cadáveres fueron causadas antes de los homicidios o después, ya sea en las maniobras de encubrimiento que buscaban simular combates o en los traslados de los cuerpos que realizaron los militares en varios casos”, señaló la Sala de Reconocimiento de la JEPPor otro lado, se refieren a otra observación según la cual los 15 imputados fueron muy pocos. Y aclaran que: “la Sala imputó en el Auto 128 a aquellas personas respecto de las cuales, dado el material probatorio obrante en el caso para el momento procesal en el que fue emitido, se podía predicar dicha máxima responsabilidad bien por su liderazgo o por su participación determinante”.Sin embargo la JEP confirmó su imputación contra los coroneles (r) Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, excomandantes del Batallón La Popa, así como de los otros 13 militares.Escuche el podcast El Camerino:
El periodista Felipe Zuleta, quien se desempeñó como consejero de Comunicaciones de la Presidencia durante el mandato de Virgilio Barco, rechazó la columna del periodista Alberto Donadío en la que se acusa al fallecido exmandatario de reunirse secretamente con el espía israelí Rafi Eitan, quien le habría aconsejado exterminar a miembros del partido Unión Patriótica. El escrito de Donadío, titulado 'Virgilio Barco y el exterminio de la UP', fue publicado este domingo por el portal "Los Danieles", creado por los periodistas Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina "Yo respeto mucho a Donadío, me leí la columna diez veces porque no podía creerlo. La columna me parece una canallada con el expresidente Virgilio Barco. Usted no puede acusar de genocida a nadie sin tener pruebas, simplemente reservándose una fuente, que no se sabe quién es y quien supuestamente, el señor Eitan, fue pagado con un contrato que tampoco existió. No es verosímil. No hay rigor periodístico", agregó. De acuerdo con Zuleta, el expresidente Virgilio Barco sufría por cada muerto que dejaba el conflicto y él mismo tuvo que salir del país asediado por la violencia. "Yo vi a Barco sufrir cuando mataron a Jaime Pardo Leal. Barco era el último liberal radical que quedaba en este país. Fue víctima de la violencia, él personalmente tuvo que salir de Colombia hacia los Estados Unidos donde hizo sus estudios de Economía en MIT y en Boston. A Barco le dolía cada muerto", añadió. Escuche el análisis de esta noticia en Mañanas BLU:
El exministro de Defensa general (r) Rafael Samudio Molina, dijo a BLU Radio que detrás de las acusaciones en contra del fallecido expresidente Virgilio Barco, por su supuesto conocimiento de un plan de exterminio contra miembros del partido Unión Patriótica, podría haber intereses electorales de cara a las campañas de 2022."No voy a entrar a referirme en detalle, interrogan primero a otras fuentes de más alto valor que deben también sentirse con una responsabilidad de decir quién fue el presidente Barco, un hombre al que el país le debe muchísimo, un gran patriota", indicó el ministro. "Hay otras personas y otras entidades que deben guardar la memoria histórica de un expresidente de la República tan destacado, como Barco, que no lo pueden descalificar de una manera tan ligera", añadió. Según el general (r) Samudio Molina, los señalamientos, 35 años después, generan suspicacias. "Empiezan ahora a divagar, a hacer memorias históricas por todas partes y conjeturas", reprochó el general (r) Samudio. "Aquí ya inició una campaña de la extrema izquierda y la reelección, no sé, de algún senador o aspiraciones para candidatos presidenciales", añadió el oficial en retiro. Según el exministro de Defensa, al expresidente Virgilio Barco, fallecido en 1997 no se le debería cuestionar de una manera "tan ligera" y es sospechoso que se difundan versiones sobre su actuación tanto tiempo después. "Después de 35 años, hasta ahora vienen a descubrir, entre comillas, estas situaciones", cuestionó. "Es contenido eminentemente político, interesado, mezquino, todos los calificativos caben, después de 35 años de ocurridos estos hechos, como parece pues que se hubiese podido dar alguna situación con el partido de la UP", declaró el alto oficial retirado. La columnaEste domingo, el periodista Alberto Donadío publicó una columna en el portal 'Los Danieles', en la que citó a una fuente de alta credibilidad que le contó que el expresidente Virgilio Barco, fallecido en 1997, tuvo contacto con un mercenario israelí llamado Rafi Eitan, quien le recomendó "eliminar a los miembros de la Unión Patriótica". Donadio, en su escrito, asegura que una de sus fuentes le dijo que "Barco no cuestionó la recomendación ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas".La Unión Patriótica se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes ese partido fue víctima de un exterminio en el que fueron asesinados más de 5.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).Según la columna, Barco conoció a Eitan cuando fue embajador de Colombia en Washington (1977-1980), tiempo en el cual hicieron "buena amistad"."Barco se interesó en el tipo de trabajos que desarrollaba Eitan y el contacto se convirtió en una operación secreta" cuando, en 1986 fue elegido presidente, dice el artículo.Eitan, que nació en 1926 y falleció en Tel Aviv en 2019, participó en el "secuestro del criminal de guerra nazi" Adolf Eichmann en Buenos Aires, realizado por el Mossad, y en "la cacería y eliminación de los palestinos que asesinaron en Múnich a los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972.Escuche al general (r) Rafael Samudio en entrevista con BLU Radio:
Ruanda recuerda este domingo a las 800.000 víctimas del genocidio desencadenado en el país tras el asesinato del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, hace 25 años, y trata de evitar que caigan en el olvido."2019 marca la vigésimo quinta conmemoración del genocidio contra los tutsis, conocido localmente como Kwibuka25", recordó hoy a Efe el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Genocidio (CNLG), Jean-Damascène Bizimana."Eso ofrece una oportunidad importante para recordar a las víctimas, preservar su recuerdo y educar sobre su historia y las lecciones que Ruanda ha aprendido y el progreso del país en los últimos 25 años", añadió Bizimana, en alusión a la actual estabilidad y prosperidad de este pequeño país africano.El responsable de la CNLG hizo esas declaraciones a Efe justo el día en que se cumple un cuarto de siglo de la muerte de Habyarimana, cuyo avión, en el que viajaba junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado por dos misiles antes de su aterrizaje en Kigali, donde murieron ambos, de la etnia hutu.El suceso, ocurrido el 6 de abril de 1994 por la noche, provocó un genocidio impulsado por la mayoría hutu contra la minoría tutsi, enfrentadas por una agria disputa histórica, que se desarrolló durante cien días y segó la vida de unas 800.000 personas, casi todas tutsis, pero también hutus moderados.Con este recuerdo, la conmemoración de este domingo movilizará a los ruandeses en actividades que se celebrarán en todo el país, aunque el epicentro de ese ejercicio de memoria colectivo estará en Kigali.Le puede interesar: Ruanda se convierte en el quinto país de África afectado con el brote de ébola Allí, en el Monumento al Genocidio, el presidente del país, Paul Kagame, se dirigirá al pueblo ruandés y precederá a las familias que depositarán coronas de flores donde están sepultadas más de 250.000 víctimas.Será "el momento para recordar honrando la memoria de más de un millón de víctimas, unirse a través de la fuerza y la dignidad de nuestra nación y revisar nuestra determinación de construir un futuro próspero para futuras generaciones", adelantó a Efe Bizimana.Asimismo, tendrá lugar por la tarde una marcha solemne desde el Parlamento ruandés hasta el estadio nacional Amahoro -seguida de una vigilia nocturna- como parte de un programa de actividades que se extenderán hasta el 13 de abril y que incluye charlas y conferencias sobre cuestiones como el revisionismo y negacionismo del genocidio.Decenas de jefes de Estado y de Gobierno han sido invitados a estos eventos, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, algo inaudito a causa de la tensa relación que mantiene Ruanda con ese país al que acusa de complicidad en la masacre.Desde 1994, Ruanda ha acusado repetidamente a Francia de proporcionar entrenamiento militar, armamento o experiencia técnica a las milicias hutu Interahamwe, que desempeñaron un papel clave en las masacres del genocidio, si bien París niega las acusaciones.Macron, que no acudirá, estará representado por el legislador francés de ascendencia ruandesa y presidente del partido La République en Marche, Hervé Berville, según confirmó a Efe el viceministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier Nduhungirehe.Sin embargo, en un nuevo intento por esclarecer los hechos, el Gobierno francés creó este viernes una comisión de ocho investigadores e historiadores que indagarán sobre las acciones llevadas a cabo por Francia en Ruanda durante el genocidio, y cuyos resultados serán usados en programas educativos.El grupo de expertos "tendrá la tarea de consultar todos los archivos de Francia relacionados con el genocidio (...) para analizar el papel y el compromiso del país durante ese período", especificó la Presidencia francesa en un comunicado.Una investigación francesa acusó en 2006 a siete miembros del Frente Patriótico de Ruanda (RPF), milicia lideraba por el actual jefe de Estado ruandés, el tutsi Paul Kagame, del asesinato de Habyarimana, algo que el gobernante ruandés ha negado siempre.Años después, en diciembre de 2018, los jueces abandonaron por falta de pruebas esta investigación, que -según Ruanda- se basaba en testimonios falsos para desviar deliberadamente la atención mundial del papel que supuestamente jugó Francia en este suceso.
La vista en que se decidirá el veredicto a Ratko Mladic, el "Carnicero de los Balcanes", acusado de genocidio y crímenes de guerra, fue declarado culpable por el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) en La Haya. Más de dos décadas después de una guerra que dejó más de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados entre 1992 y 1995, el exjefe militar de los serbobosnios, de 74 años, sigue suscitando opiniones encontradas en Bosnia. Mladic, acusado por el TPIY de ser el "cerebro detrás del asesinato de miles de personas" e imputado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sigue siendo un "ídolo" para muchos en la República Srpska, la entidad serbia en Bosnia. Junto con su alter ego político Radovan Karadzic, fue un "arquitecto de la política de limpieza étnica" de una parte de Bosnia para crear un Estado serbio étnicamente puro, según el fiscal Serge Brammertz. El TPIY, creado en 1993 en La Haya para juzgar a los presuntos responsables de crímenes de guerra durante los conflictos en los Balcanes, celebrará este miércoles "uno de los juicios más importantes de [su] historia", antes de cerrar definitivamente sus puertas el 31 de diciembre. Le puede interesar: El asesino estadounidense Charles Manson murió a los 83 años. El exjefe militar nunca reconoció su culpabilidad, si bien dijo lamentar "cada inocente muerto en todos los bandos, en todas las comunidades étnicas de la ex Yugoslavia". Aunque se le autorizó a comparecer en el juicio, el general Mladic, anciano y enfermo, podría ser el gran ausente en el día que cerrará dos décadas de búsqueda de justicia. El acusado, que sufrió tres infartos cerebrales, "puede morir en cualquier momento", avisó su abogado Dragan Ivetic, que duda que Mladic pueda "entender de manera significativa" el alcance de la sentencia. En los últimos días, la defensa intentó en vano aplazar el fallo histórico alegando la mala salud física y mental del general. Munira Subasic, presidenta de la asociación de las madres de los enclaves musulmanes de Srebrenica y Zepa, recuerda que Mladic se consideraba como "un gran héroe serbio" en aquella época. "He oído que ni siquiera estará presente mañana [miércoles]. Un gran héroe convertido en un cobarde", dice. El TPIY imputó a Mladic el 25 de julio de 1995, días después de la masacre de cerca de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica por la que se le acusó de genocidio. También se le reprochan el secuestro de empleados de Naciones Unidas y el sitio de Sarajevo, que duró 44 meses y dejó 10.000 muertos, en su mayoría civiles. Tras una larga huida, la policía lo detuvo en 2011 en casa de un primo suyo y fue transferido a La Haya. Su juicio duró más de cinco años.
El jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional en los diálogos de Quito, Juan Camilo Restrepo sostuvo que al Ejecutivo le preocupa los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos pero que estos se están registrando e territorios donde hay presencia de minería ilegal y que no se trata de un caso de genocidio. “El más preocupado con los asesinatos de los líderes sociales es el Gobierno y quién más está tomando medidas es el propio Gobierno. Por eso quienes están catalogando esto como un genocidio de Estado están equivocados”, explicó. Restrepo dijo que se creó una brigada elite de la Policía que fue la que dio muerte en combate a alias ‘Gavilán’, segundo al mando del Clan del Golfo. Reiteró que los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos se están dando de minería ilegal y tráfico de drogas ilícitas. “Son zonas en donde hizo presencia las Farc que otros grupos armados ilegales se están peleando como buitres tanto la renta como los despojos territoriales”, explicó.
Organizaciones de derechos humanos en Antioquia exigen a los grupos armados ilegales, así como se comprometieron con el Gobierno, que también cesen las hostilidades contra la población civil, luego de conocerse actividades de adoctrinamiento por disidencias de las Farc en escuelas rurales del norte del departamento.Estas organizaciones, como Fundación Sumapaz, consideran que el cese al fuego ha sido violado en varias ocasiones en el departamento y solo se ha sido tenido en cuenta para las no agresiones entre la fuerza pública y los ilegales.Pero lo más preocupante es que los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc no han frenado las acciones contra las comunidades civiles como los casos de secuestros, homicidios, amenazas y controles territoriales en áreas rurales, como hicieron disidentes armados del frente 36 de las Farc que repartieron kits escolares, bailando con niños y haciendo actividades de recreación en escuelas rurales e incluso en plazas públicas.Según Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, si estos grupos ilegales quieren mostrar una real voluntad de paz, deben comprometerse a cesar las hostilidades contra la población civil que siguen siendo víctimas de sus acciones armadas."De parte de estas estructuras que, si quieren mostrar su verdadera voluntad de diálogo con el Gobierno nacional, de manera unilateral, deberían haber declarado ese cese de hostilidades en contra de la población civil", manifestó el defensor de derechos humanos.Estas flagrantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al cese al fuego han sido documentadas con videos y fotografías que el Gobierno de Antioquia ha denunciado oficialmente en los ministerios de Defensa y del Interior.Le puede interesar: 'El Camerino'
A la polémica que ha suscitado el peaje 'Papiros' frente a la crisis en materia de movilidad y económica que genera entre los habitantes del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, se ha sumado la voz de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y diputado del departamento del Atlántico, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter: "Habitantes de Puerto Colombia, Atlántico, exigen al Gobierno Nacional el desmonte del Peaje 'Papiros' que va en contra de la calidad de vida de los porteños", detalla el mensaje.Así mismo, Petro acompañó su solicitud con una petición directa a su padre, Gustavo Petro, manifestándole: "Me sumo a ese llamado y solicito al presidente @petrogustavo y al @MinTransporteCo @MinistroReyes el desmonte inmediato" ad portas de la gran convocatoria de movilización que se desarrollará a partir de las 3:00 p.m. a la altura de la caseta de recaudo, en Puerto Colombia, Atlántico.La molestia se generó luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) brindara soluciones para mejorar el tráfico de vehículos, a través del levantamiento de talanqueras y el aumento de personal para cobrar en las filas, lo que fue considerado por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, como "pañitos de agua tibia".Son $2.400 pesos los que a diario deben pagar los habitantes del municipio de Puerto Colombia, quienes se ven obligados a tomar la Vía al Mar, misma en la que se encuentra el peaje, dadas las afectaciones que persisten en la antigua vía, a la altura de la 51B, por la ola invernal del último trimestre del 2022.La diputada Lourdes López alegó que la ANI se ha burlado de la necesidad de un pueblo que a diario se levanta para buscar su sustento económico, cuyo ingreso se estaría yendo en el pago de este peaje que lleva más de 27 años instalado a tan solo ocho kilómetros de otra caseta de recaudo. "Es un atraco a mano armada porque le están robando posibilidades a este municipio en materia de turismo, movilidad y desarrollo económico, exigimos el desmonte inmediato".Por su parte, el diputado Federico Ucrós manifestó que "no solo preocupa la incidencia de afectaciones monetarias y el represamiento de vehículos por largos periodos de tiempo sino que, además, preocupan los temas de orden público que desata el peaje ‘Papiros’, por la convocatoria de protestas y manifestaciones sobre la vía".Le puede interesar: 'El Camerino'
El debate que hay detrás del Metro de Bogotá ha generado preocupación de que el proyecto viva un retroceso, esto después de la petición del presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para que el Distrito analice la opción de mandar las líneas de forma subterránea.En diálogo con Sala de Prensa Blu, Fernando Rey, docente y experto en movilidad, explicó que en el 2012, la Alcaldía de Bogotá había llevado a cabo la licitación de un proyecto de metro en la ciudad con 45 tomos llamados ‘Diseño conceptual de la red de transporte masivo metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y financiero’, que, en 2015, fueron borrados al decir que era imposible y tres años después nuevamente se tuvieron que reiniciar los estudios en la ciudad, los cuales son los que se están realizando hoy.“La primera conclusión es que cuando se toma la determinación de hacer el cambio a viaducto, que, es un nuevo proyecto, es que no había estudios para ese tipo de metro”, puntualizó.Rey aseguró que el llevar a cabo un nuevo estudio para el metro de Bogotá es complejo hablar de cifras porque no hay un valor, pero, desde 2018 y 2022, es claro que el costro del metro ha subido; la idea, según él, es que elevado es más barato porque supuestamente no abre huecos, pero eso realmente es relativo.“La cosa se volvió si túnel o elevado, pero nadie nos dice cuál es la ventaja del uno o del otro (…) Yo voy a la historia con el estudio que tuvieron varias alternativas, pero concluyeron en cuatro líneas que fueron importantes: la primera una superficie de 5 kilómetros y 300 metros; en túnel 19 kilómetros y en trinchera cubierta semi enterrada 2.600 metros que son 27,5 kilómetros que fue la seleccionado por diversas razones. Cuando se entregan los productos, se entregan tres alternativas de trazado dejaban ver que efectivamente el estudio del 2012 tenía un trazado similar que recorría el borde del trazado en la forma de insertar el sistema”, añadió Rey.Por último, Fernando Rey crítico a quiénes dicen que Bogotá no tiene capacidad de túnel, cuando hay más de 60 kilómetros en los suelos de la capital.
La procuradora Margarita Cabello está pidiendo que se revelen los análisis mencionados por algunos funcionarios que indican que las modificaciones planteadas a las obras de construcción del metro de Bogotá no afectarían el contrato firmado.A raíz de los cambios propuestos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro al metro de Bogotá, para que un tramo de la obra que pasa por la avenida Caracas sea construido de manera subterránea y no elevada, la procuradora Margarita Cabello alertó sobre los riesgos que puede causar dichos cambios sin la planeación necesaria.Aunque esta semana desde el Ejecutivo le señalaron a la jefe del Ministerio Público que sí se podría llevar a cabo esta modificación, Cabello pidió que se den a conocer los análisis mencionados para no afectar el contrato firmado.“Escuchamos que hay otros estudios de algunos abogados que dicen que todas estas preocupaciones de la Procuraduría quedarían superadas. No hemos mirado esa documentación. De pronto si la miramos o si la muestran podemos hacer un análisis para determinar si efectivamente es más beneficioso para la ciudad un metro subterráneo. Pero lo que vemos ahora es que había preocupaciones en la alteración de un contrato ya firmado”, explicó la procuradora.La procuradora sostuvo que lo visto hasta este instante genera preocupaciones por la modificación de un contrato que ya fue firmado por las partes y, por esa razón, se deben revisar los conceptos y documentos mencionados."Miraremos los conceptos y documentaciones completas para ver si lo que se dice es cierto o no. Lo que es cierto hoy es que ya hay una firma, ya hay un contratista, ya hay un contratante, ya se iniciaron las obras. Esos contratos están con unos objetos específicos, con una planeación especifica, con unos lineamientos específicos y no sabemos cómo van a meterle cambios sin que se afecten las reglas contractuales de valides y de cumplimiento contractual", afirmó Cabello.Le puede interesar:
El Gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e se incluye Arequipa. Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, "con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas".Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.Le puede interesar:
