El presidente Gustavo Petro ha designado a los embajadores Juan José Quintana Aranguren y Carolina Olarte como representantes del país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ambos diplomáticos tendrán la responsabilidad de respaldar la intervención de Colombia en la demanda presentada por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel.La demanda, interpuesta el 29 de diciembre de 2023, se centra en presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, relacionadas con los acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El Gobierno nacional ha decidido intervenir en este caso, amparándose en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.Con el objetivo de garantizar una representación, el presidente Petro emitió un decreto en el que nombró al embajador Juan José Quintana Aranguren como Agente y a la embajadora Carolina Olarte como Coagente. Ambos funcionarios, con grados 25 y acreditados con códigos 0036, son reconocidos por su experiencia en asuntos diplomáticos.El Artículo 1 del decreto formaliza el nombramiento de Juan José Quintana Aranguren como Agente para representar los intereses de Colombia en la mencionada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por su parte, el Artículo 2 nombra a Carolina Olarte como Coagente para desempeñar la misma función de representación del país en este proceso legal.El decreto también resalta que, al ser ambos embajadores funcionarios públicos de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, este nombramiento no generará erogaciones para el tesoro nacional.Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza ante tribunal de la ONUSudáfrica acusó formalmente a Israel ante la máxima instancia judicial de la ONU de violar la Convención para la Prevención de Genocidios, argumentando que la campaña militar israelí en Gaza, desencadenada por la masacre de Hamás el 7 de octubre, sobrepasa cualquier justificación. El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, expresó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que "ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica que se vulnere la convención". Aseguró que la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre superó este límite, dando lugar a violaciones de la convención.En contraposición, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó las acusaciones, defendiendo la lucha del Estado hebreo contra Hamás como una respuesta al "genocidio". La guerra entre Israel y Hamás se desató tras el mencionado ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí, dejando aproximadamente 1.140 muertos, mayoritariamente civiles, según cifras de la AFP basadas en datos oficiales israelíes. Entre las víctimas, se contabilizan más de 300 militares.Como consecuencia, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y ha continuado bombardeando intensamente Gaza, que permanece bajo un asedio riguroso. El saldo de la ofensiva, según el Ministerio de Salud del movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, asciende a al menos 23.469 personas fallecidas, principalmente mujeres y menores de edad.La acusación de Sudáfrica se fundamenta en la presunta violación de Israel a sus obligaciones según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado establecido en 1948 como respuesta al Holocausto, en el cual los nazis y sus colaboradores exterminaron a seis millones de judíos europeos. El caso presentado ante la CIJ refleja las tensiones y divergencias en la interpretación de los eventos en la región, planteando interrogantes sobre la aplicación y respeto de normativas internacionales en situaciones conflictivas.
Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de incumplir la Convención para la Prevención de Genocidios, afirmando que ni siquiera la masacre de Hamás del 7 de octubre justifica el alcance de la respuesta israelí en la Franja de Gaza.El Gobierno colombiano anunció a través de un comunicado que acompañará y respaldará la demanda pues es “un valiente paso en la dirección correcta”.Para hablar sobre las consecuencias que puede tener la acusación de Sudáfrica a Israel se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Raúl Eduardo Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Penal Internacional y en sistemas internacionales de justicia penal.“Sudáfrica lo que ha hecho es presentar, en primer lugar, una demanda en la cual ha solicitado unas medidas cautelares que significa que no se va a esperar una decisión o una sentencia fina, sino que lo que se dices es: ‘Desde ya tome una serie de medidas que eviten, justamente lo que está pasando’. Entonces, básicamente, el Estado de Sudáfrica puede solicitar dentro de esas medidas cautelares varias cosas, primero, que cesen los actos de guerra; según puede pedir que se permita el paso de medicinas con la finalidad de que se tenga una ayuda humanitaria”, señaló.Según el, experto, por lo que se ha evidenciado en los diferentes reportes de prensa nacional e internacional, los funcionarios del Estado de Israel han cometido tres delitos en contra del pueblo paletino; “en primer lugar el genocidio; en segundo lugar, crímenes de lesa humanidad y tercer lugar, crímenes de guerra”.“El Estado de Israel presentará sus argumentos jurídicos, en primer lugar puede atacar la legitimidad del demandante, Sudáfrica, pero insisto, ya hay ejemplos jurisprudenciales al interior de la corte de justicia que da legitimidad a terceros estados para que presenten sus demandas (...) Sin embargo, serán los jueces los encargados de tomar una decisión como terceros imparciales y objetivos”, expresó.Por otro lado, Sánchez indicó que el Derecho Internacional Humanitario establece quienes son los objetivos militares legítimos, que en este caso de la guerra son los funcionarios, los combatientes y los insurgentes, es decir todos los que tomen parte activa y de forma directa las hostilidades. Al mismo tiempo, señala que la población civil no puede ser un objetivo.Por su parte, el Estado de Colombia indicó a través de un comunicado que apoyará la demanda.“Básicamente lo que se puede hacer es algún tipo de acumulación de demandas o puede presentar sus propias demandas o puede prestar apoyo jurídico, internacional en este caso”, agregó.Vea la entrevista completa:
El papa Francisco reconoció que se cometió un "genocidio" contra los indígenas de Canadá al regresar este sábado a Roma de una agotadora visita de seis días a ese país al término de la cual admitió que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse "a un lado".El pontífice argentino, al que se vio con frecuencia agotado y en silla ruedas por sus problemas de rodilla, hizo un balance de su viaje ante los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso a Roma."No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo Francisco, de 85 años."Honestamente no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa. Se puede cambiar. No es un problema", añadió al hablar de sus problemas de salud. Su predecesor, Benedicto XVI, renunció en 2013, a los 85 años."Creo que debo limitarme un poco, con estos esfuerzos", dijo el papa, que repitió que la puerta está "abierta" a una posible renuncia.El pontífice confesó que consideraba su viaje a Canadá una suerte de "test" para evaluar si mantener su agenda de desplazamientos, que incluyen Kazajistán en septiembre, y si es posible Ucrania así como República Democrática del Congo y Sudán del Sur."Buscaré seguir haciendo viajes y estar cercano a la gente, porque creo que la cercanía es un modo de servir", dijo.Le puede interesar:- Un "genocidio" -Desde su llegada el pasado lunes a Canadá el pontífice argentino pidió disculpas por el "mal" causado a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante décadas en las instituciones católicas.Ante los periodistas, Francisco no dudo en reconocer que el trato a los indígenas en Canadá equivalía a un "genocidio", palabra que no pronunció durante su viaje "penitencial"."No pronuncié la palabra (en Canadá) porque no me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio", aclaró el papa."Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, cambiar la mentalidad, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio", reiteró.Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió forzadamente a unos 150.000 niños indígenas a internados a cargo de la Iglesia católica.Muchos sufrieron allí abusos físicos y sexuales y se cree que miles murieron por desnutrición, enfermedades, maltrato o negligencia.- "Equivocada" e "injusta" -En cada una de las etapas de su viaje, varios sobrevivientes y descendientes de víctimas admitieron que esperaban un gesto de condena más contundente por parte del máximo líder de la iglesia católica.Algunos pidieron la devolución de objetos de arte indígena que se encuentran en el Vaticano y la apertura de los archivos de los internados. También pidieron que Francisco derogue los decretos papales que dieron lugar a la llamada "doctrina del descubrimiento".Esto se refiere a los edictos papales del siglo XV que autorizaron a las potencias europeas a colonizar tierras y pueblos no cristianos. Preguntado al respecto en el avión, Francisco calificó de "equivocada" e "injusta" esta "doctrina de la colonización"."Esta mentalidad de que somos superiores y los indígenas no cuentan es grave. Por ello, debemos trabajar en esta dirección. Debemos volver atrás y limpiar todo lo que se hizo mal, pero debemos ser conscientes de que el mismo colonialismo existe hoy", afirmó.Para algunos, como Kilikvak Kabloona, presidente de la organización Nunavut Tunngavik, que representa a los Inuit de Nunavut, "la disculpa del Papa no fue completa" porque no abordó directamente los "abusos sexuales" sufridos por los indígenas.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los cambios que vendrán para varios políticos después de este 7 de agosto:
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado que pueda ser juzgado en España el paramilitar colombiano Carlos Arturo Romero Cuartas por delitos de torturas y lesa humanidad por el asesinato, en 2001, del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, como pedía uno de sus hijos.En una sentencia, el Alto Tribunal español desestima el recurso de casación presentado por el hijo de la víctima y ratifica que España no tiene jurisdicción para juzgar el caso, según la legislación nacional que regula actualmente la justicia universal."La querella no se dirige ni contra un español ni contra un ciudadano extranjero con residencia habitual en España. Tampoco contra un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas", argumenta el TS.La posibilidad de juzgar en España un delito de genocidio o lesa humanidad cometido en el extranjero fue recortada en 2009 para reducirla a los casos en las que los víctimas o los presuntos autores fueran españoles.En 2014 se restringió aún más y, desde entonces, se exige que el acusado se encuentre en España y que su extradición haya sido denegada.La Sala de lo Penal del Supremo repasa la legislación española y las sucesivas reformas y ratifica su constitucionalidad y su acomodo a los tratados internacionales suscritos por el país, por lo que concluye que no cabe juzgar este caso en España."La insatisfacción del querellante con lo actuado por la Justicia del fuero del lugar, siempre preferente, no puede sustentar la jurisdicción universal absoluta en contra de nuestra normativa interna", aduce también el TS.Acaba así la batalla judicial iniciada en España por Jorge Enrique Freytter, hijo de un profesor, abogado y sindicalista colombiano secuestrado en su vivienda de Barranquilla (Colombia) en agosto de 2001, torturado y asesinado.En 2020, el Estado colombiano pidió perdón por este asesinato, perpetrado por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la complicidad de miembros de la fuerza pública.El hijo, con nacionalidad española, reclamó investigar la estructura y organización que ordenó el crimen y apeló a la Justicia española, algo que pero primero rechazó un juzgado central de instrucción, después la Audiencia Nacional y ahora el TS.Freytter sostenía en este recurso que el asesinato de su padre se enmarcó en una estrategia violenta contra determinados sectores de la población y era, por tanto, un delito de lesa humanidad que la comunidad internacional estaba obligada a investigar y perseguir.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
El presidente Iván Duque dejó en un limbo las relaciones con Rusia al asegurar que no se puede dialogar con un país que está cometiendo actos de genocidio contra Ucrania.“Lo que estamos viendo acá es un genocidio, un crimen de lesa humanidad, un oprobio total. Entonces, ¿cuál relación? Ninguna. ¿Cómo puede el mundo tener un relacionamiento mientras está pasando esto? La comunidad internacional tiene que decir con claridad que no puede haber relaciones hasta que no cese este oprobio”, explicó el presidente Duque en una entrevista con el Diario El Universal de Cartagena.Advirtió, además, que Colombia no es solamente un país que defiende la soberanía y la integridad, sino los derechos y los valores que constituyen parte esencial del orden global.“Si alguien quiere tener relaciones formales o melifluas mientras se cometen semejantes delitos en las narices del mundo, lo que estamos terminando es siendo presos de unas formalidades que poco o nada sirven”, concluyó.Colombia ha defendido la integridad del territorio de Ucrania, incluso desde el 2014 cuando el país apoyó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Una solicitud de 39 países, entre ellos Colombia, ha permitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir hoy una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad.“He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado.El jurista británico adelantó el pasado 28 de febrero su intención de abrir una investigación por crímenes “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania”.Los procedimientos propuestos por la Fiscalía de La Haya necesitan habitualmente del visto bueno de una sala de cuestiones preliminares compuesta por tres jueces.No obstante, la remisión presentada por 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Australia Colombia y Costa Rica, entre otros, elimina el requisito de la autorización de los magistrados y permite la Fiscalía de la CPI comenzar automáticamente con las pesquisas.“Mi Oficina ha encontrado una base razonable para creer que se han cometido delitos dentro de la jurisdicción de la Corte, y ha identificado posibles casos que serían admisibles”, advirtió el fiscal jefe.“Reitero mi llamamiento a todos los que participan en las hostilidades en Ucrania para que se adhieran estrictamente a las normas aplicables del derecho internacional humanitario”, añadió Khan, que reiteró que ninguna de las partes “tiene licencia para cometer delitos dentro de la jurisdicción de la CPI”.Ni Rusia ni Ucrania son Estados Parte de la CPI, pero Kiev presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, con las que aceptó la jurisdicción del tribunal.La antecesora del actual fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, advirtió en diciembre de 2020 de su intención de abrir una investigación por crímenes cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania.No obstante, el fiscal jefe Khan aclaró hoy que las pesquisas comienzan desde el 21 de noviembre de 2013 “en adelante”, por lo que su jurisdicción abarca “cualquier acusación pasada y presente de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio”.El anuncio de la CPI se produce cinco días antes del comienzo del juicio por la demanda de Ucrania a Rusia por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU.Ambos tribunales se encuentran en la ciudad neerlandesa de La Haya. La CPI procesa la responsabilidad penal de individuos, mientras que la CIJ trata litigios entre Estados. Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Algunos representantes de víctimas acreditados en el caso 03, falsos positivos, elevaron una solicitud a la JEP para que impute tortura y genocidio a 15 militares que pertenecieron al Batallón La Popa.Dichos militares, ya fueron imputados bajo el delito de falsos positivos.Sin embargo, según lo que informó la Sala de Reconocimiento de la JEP, después de haber hecho un análisis no se puede evidenciar que en estos casos de falsos positivos se haya presentado esta conducta, pues no se pudo determinar que en los cuerpos de las víctimas hubiera ocurrido este tipo de maltratos. Sin embargo resaltan que tendrán en cuenta estas observaciones de las víctimas.“No fue claro si las heridas encontradas en los cadáveres fueron causadas antes de los homicidios o después, ya sea en las maniobras de encubrimiento que buscaban simular combates o en los traslados de los cuerpos que realizaron los militares en varios casos”, señaló la Sala de Reconocimiento de la JEPPor otro lado, se refieren a otra observación según la cual los 15 imputados fueron muy pocos. Y aclaran que: “la Sala imputó en el Auto 128 a aquellas personas respecto de las cuales, dado el material probatorio obrante en el caso para el momento procesal en el que fue emitido, se podía predicar dicha máxima responsabilidad bien por su liderazgo o por su participación determinante”.Sin embargo la JEP confirmó su imputación contra los coroneles (r) Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, excomandantes del Batallón La Popa, así como de los otros 13 militares.Escuche el podcast El Camerino:
El periodista Felipe Zuleta, quien se desempeñó como consejero de Comunicaciones de la Presidencia durante el mandato de Virgilio Barco, rechazó la columna del periodista Alberto Donadío en la que se acusa al fallecido exmandatario de reunirse secretamente con el espía israelí Rafi Eitan, quien le habría aconsejado exterminar a miembros del partido Unión Patriótica. El escrito de Donadío, titulado 'Virgilio Barco y el exterminio de la UP', fue publicado este domingo por el portal "Los Danieles", creado por los periodistas Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina "Yo respeto mucho a Donadío, me leí la columna diez veces porque no podía creerlo. La columna me parece una canallada con el expresidente Virgilio Barco. Usted no puede acusar de genocida a nadie sin tener pruebas, simplemente reservándose una fuente, que no se sabe quién es y quien supuestamente, el señor Eitan, fue pagado con un contrato que tampoco existió. No es verosímil. No hay rigor periodístico", agregó. De acuerdo con Zuleta, el expresidente Virgilio Barco sufría por cada muerto que dejaba el conflicto y él mismo tuvo que salir del país asediado por la violencia. "Yo vi a Barco sufrir cuando mataron a Jaime Pardo Leal. Barco era el último liberal radical que quedaba en este país. Fue víctima de la violencia, él personalmente tuvo que salir de Colombia hacia los Estados Unidos donde hizo sus estudios de Economía en MIT y en Boston. A Barco le dolía cada muerto", añadió. Escuche el análisis de esta noticia en Mañanas BLU:
El exministro de Defensa general (r) Rafael Samudio Molina, dijo a BLU Radio que detrás de las acusaciones en contra del fallecido expresidente Virgilio Barco, por su supuesto conocimiento de un plan de exterminio contra miembros del partido Unión Patriótica, podría haber intereses electorales de cara a las campañas de 2022."No voy a entrar a referirme en detalle, interrogan primero a otras fuentes de más alto valor que deben también sentirse con una responsabilidad de decir quién fue el presidente Barco, un hombre al que el país le debe muchísimo, un gran patriota", indicó el ministro. "Hay otras personas y otras entidades que deben guardar la memoria histórica de un expresidente de la República tan destacado, como Barco, que no lo pueden descalificar de una manera tan ligera", añadió. Según el general (r) Samudio Molina, los señalamientos, 35 años después, generan suspicacias. "Empiezan ahora a divagar, a hacer memorias históricas por todas partes y conjeturas", reprochó el general (r) Samudio. "Aquí ya inició una campaña de la extrema izquierda y la reelección, no sé, de algún senador o aspiraciones para candidatos presidenciales", añadió el oficial en retiro. Según el exministro de Defensa, al expresidente Virgilio Barco, fallecido en 1997 no se le debería cuestionar de una manera "tan ligera" y es sospechoso que se difundan versiones sobre su actuación tanto tiempo después. "Después de 35 años, hasta ahora vienen a descubrir, entre comillas, estas situaciones", cuestionó. "Es contenido eminentemente político, interesado, mezquino, todos los calificativos caben, después de 35 años de ocurridos estos hechos, como parece pues que se hubiese podido dar alguna situación con el partido de la UP", declaró el alto oficial retirado. La columnaEste domingo, el periodista Alberto Donadío publicó una columna en el portal 'Los Danieles', en la que citó a una fuente de alta credibilidad que le contó que el expresidente Virgilio Barco, fallecido en 1997, tuvo contacto con un mercenario israelí llamado Rafi Eitan, quien le recomendó "eliminar a los miembros de la Unión Patriótica". Donadio, en su escrito, asegura que una de sus fuentes le dijo que "Barco no cuestionó la recomendación ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas".La Unión Patriótica se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes ese partido fue víctima de un exterminio en el que fueron asesinados más de 5.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).Según la columna, Barco conoció a Eitan cuando fue embajador de Colombia en Washington (1977-1980), tiempo en el cual hicieron "buena amistad"."Barco se interesó en el tipo de trabajos que desarrollaba Eitan y el contacto se convirtió en una operación secreta" cuando, en 1986 fue elegido presidente, dice el artículo.Eitan, que nació en 1926 y falleció en Tel Aviv en 2019, participó en el "secuestro del criminal de guerra nazi" Adolf Eichmann en Buenos Aires, realizado por el Mossad, y en "la cacería y eliminación de los palestinos que asesinaron en Múnich a los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972.Escuche al general (r) Rafael Samudio en entrevista con BLU Radio:
Ruanda recuerda este domingo a las 800.000 víctimas del genocidio desencadenado en el país tras el asesinato del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, hace 25 años, y trata de evitar que caigan en el olvido."2019 marca la vigésimo quinta conmemoración del genocidio contra los tutsis, conocido localmente como Kwibuka25", recordó hoy a Efe el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Genocidio (CNLG), Jean-Damascène Bizimana."Eso ofrece una oportunidad importante para recordar a las víctimas, preservar su recuerdo y educar sobre su historia y las lecciones que Ruanda ha aprendido y el progreso del país en los últimos 25 años", añadió Bizimana, en alusión a la actual estabilidad y prosperidad de este pequeño país africano.El responsable de la CNLG hizo esas declaraciones a Efe justo el día en que se cumple un cuarto de siglo de la muerte de Habyarimana, cuyo avión, en el que viajaba junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado por dos misiles antes de su aterrizaje en Kigali, donde murieron ambos, de la etnia hutu.El suceso, ocurrido el 6 de abril de 1994 por la noche, provocó un genocidio impulsado por la mayoría hutu contra la minoría tutsi, enfrentadas por una agria disputa histórica, que se desarrolló durante cien días y segó la vida de unas 800.000 personas, casi todas tutsis, pero también hutus moderados.Con este recuerdo, la conmemoración de este domingo movilizará a los ruandeses en actividades que se celebrarán en todo el país, aunque el epicentro de ese ejercicio de memoria colectivo estará en Kigali.Le puede interesar: Ruanda se convierte en el quinto país de África afectado con el brote de ébola Allí, en el Monumento al Genocidio, el presidente del país, Paul Kagame, se dirigirá al pueblo ruandés y precederá a las familias que depositarán coronas de flores donde están sepultadas más de 250.000 víctimas.Será "el momento para recordar honrando la memoria de más de un millón de víctimas, unirse a través de la fuerza y la dignidad de nuestra nación y revisar nuestra determinación de construir un futuro próspero para futuras generaciones", adelantó a Efe Bizimana.Asimismo, tendrá lugar por la tarde una marcha solemne desde el Parlamento ruandés hasta el estadio nacional Amahoro -seguida de una vigilia nocturna- como parte de un programa de actividades que se extenderán hasta el 13 de abril y que incluye charlas y conferencias sobre cuestiones como el revisionismo y negacionismo del genocidio.Decenas de jefes de Estado y de Gobierno han sido invitados a estos eventos, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, algo inaudito a causa de la tensa relación que mantiene Ruanda con ese país al que acusa de complicidad en la masacre.Desde 1994, Ruanda ha acusado repetidamente a Francia de proporcionar entrenamiento militar, armamento o experiencia técnica a las milicias hutu Interahamwe, que desempeñaron un papel clave en las masacres del genocidio, si bien París niega las acusaciones.Macron, que no acudirá, estará representado por el legislador francés de ascendencia ruandesa y presidente del partido La République en Marche, Hervé Berville, según confirmó a Efe el viceministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier Nduhungirehe.Sin embargo, en un nuevo intento por esclarecer los hechos, el Gobierno francés creó este viernes una comisión de ocho investigadores e historiadores que indagarán sobre las acciones llevadas a cabo por Francia en Ruanda durante el genocidio, y cuyos resultados serán usados en programas educativos.El grupo de expertos "tendrá la tarea de consultar todos los archivos de Francia relacionados con el genocidio (...) para analizar el papel y el compromiso del país durante ese período", especificó la Presidencia francesa en un comunicado.Una investigación francesa acusó en 2006 a siete miembros del Frente Patriótico de Ruanda (RPF), milicia lideraba por el actual jefe de Estado ruandés, el tutsi Paul Kagame, del asesinato de Habyarimana, algo que el gobernante ruandés ha negado siempre.Años después, en diciembre de 2018, los jueces abandonaron por falta de pruebas esta investigación, que -según Ruanda- se basaba en testimonios falsos para desviar deliberadamente la atención mundial del papel que supuestamente jugó Francia en este suceso.
Las autoridades migratorias de Colombia y Estados Unidos trabajan mancomunadamente para combatir la explotación sexual que involucra a menores de edad en el país andino, que en 2023 inadmitió a 41 extranjeros que tenían anotaciones judiciales por delitos sexuales."Seguiremos colaborando con todas las entidades pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar un entorno seguro y protector para toda nuestra población", aseguró este viernes el director de Migración Colombia, Fernando García, citado en un comunicado de su despacho.El funcionario destacó que la protección de niños y adolescentes es "una responsabilidad compartida".La ciudad de Medellín ha estado en el centro de la atención pública después de conocerse varios casos en los que ciudadanos estadounidenses intentaron explotar sexualmente a menores de edad.A propósito, este jueves las autoridades detuvieron en Medellín a un estadounidense, del que no se ha revelado su identidad, que estaba con una menor de edad en una vivienda alquilada.Por lo anterior el extranjero fue capturado por los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años. Mientras que la niña fue dejada a disposición de la Comisaría de Familia local para el restablecimiento de derechos.García aseguró este viernes que Migración trabaja de forma coordinada y articulada con el Departamento de Justicia y el Homeland Security de los Estados Unidos, así como con diversas agencias internacionales, intensificando los esfuerzos para identificar y evitar la entrada al país de posibles agresores sexuales.Además, estableció una red de cooperación internacional que incluye la interconexión con plataformas de intercambio de información en otros países y el acceso a bases de datos públicas a nivel nacional e internacional.Asimismo, utiliza el sistema de información ‘Angel Watch’ de Estados Unidos para monitorear y alertar sobre los viajes de pedófilos o agresores sexuales.Por último recordó que Migración Colombia colabora estrechamente con Interpol para el intercambio de información relevante.
En la vereda El Vergel, en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca, hombres del Ejército conocieron cómo funcionan los artefactos explosivos por medio de drones. Así mismo, destruyeron 197 artefactos explosivos y una granada de 60 milímetros que iban a ser usados en contra de la población y los miembros de la fuerza pública que hacen presencia en este sector."De acuerdo con información suministrada por los organismos de inteligencia este material sería usado para afectar en contra de la infraestructura del Estado y de los mismos miembros de la fuerza pública en el departamento del Putumayo", aseguró el coronel José Ángel Albino Álvarez, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Vigésima Séptima Brigada de la Selva.¿Cómo funciona?Para empezar, este artefacto detona cuando impacta contra el suelo, el sistema interno funciona por medio de un percutor, un resorte que le da resistencia, una munición de un cartucho de 9 milímetros y una capsula de un detonador, elementos que están armados dentro del artefacto explosivo.En esta operación militar estuvo a cargo personal de inteligencia de varios organismos de seguridad, quienes ayudaron a ubicar en el terreno a los soldados del Batallón de Infantería N.° 25, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 30, la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía, para dar con la ubicación de este depósito ilegal con artefactos explosivos, que presuntamente pertenecerían a la Segunda Marquetalia.
La Secretaría de Educación del Distrito junto con la Agencia Distrital para la Educación Superior, La Ciencia y la Tecnología -Atenea- invitan a participar en la primera convocatoria del programa de Jóvenes a la E. Esta convocatoria estará abierta desde este viernes 26 de abril hasta el próximo 3 de mayo.El programa ofrece becas para educación superior y para el trabajo, 100 % financiadas por el Distrito. En su primera versión habrá disponibles cerca de 2.700 becas con una oferta de 413 programas entre universitarios, técnicos profesionales y tecnólogos, en 44 Instituciones de Educación Superior.La mayoría de los programas están orientados a las áreas de conocimiento de: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (1.242 cupos)Economía, administración, contaduría y afines (479 cupos); bellas artes (215 cupos)Ciencias sociales y humanas (162 cupos)Matemáticas y ciencias naturales (109) Ciencias de la salud (93)Requisitos de participaciónSer bachiller de un colegio ubicado en Bogotá o haber presentado la prueba de validación en esta ciudad.Haber presentado la prueba Saber 11° o pruebas ICFES.Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria.Pueden participar los estudiantes graduados de TyT; y egresados(as) o estudiantes del SENA en etapa práctica.No pueden participar egresados(as) de un programa de nivel profesional universitario o quienes hayan sido beneficiarios(as) de un programa de educación superior del Distrito.¿Cómo inscribirse?Las y los jóvenes interesados en acceder a una de las cerca de 2.700 becas deberán seguir los siguientes cinco pasos para poder quedar inscritos:Leer los términos y condiciones que están en https://agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-jovenes-a-la-eCrear un usuario y contraseña en https://sicore.agenciaatenea.gov.co/Diligenciar la hoja de vida (datos personales, de contacto, resultados de pruebas Saber –ICFES, situación laboral, el certificado del Ministerio del Interior si pertenece a una comunidad étnica (negra, afrodescendiente, raizal, rom, palenquera, indígena), entre otros. El proceso no termina hasta que no valide su hoja de vida.Las y los aspirantes podrán postularse a tres programas: un técnico profesional o una tecnología, un universitario y la tercera elección es libre.Finalmente, para saber que el proceso fue exitoso, al correo llegará la confirmación de la inscripción.Por último, el director Saavedra anunció que durante este año se abrirán las dos primeras convocatorias de Jóvenes a la E, que otorgarán cerca de 8.650 becas, la mitad de ellas orientadas a carreras profesionales (4.300), el 27 % a carreras técnicas y tecnológicas (2.350), y 23 % a educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (2.000). Todas estas becas incluirán un apoyo de sostenimiento de un salario mínimo por semestre.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este viernes, 26 de abril, en Blog Deportivo.Deportivo Cali planea convertirse en sociedad anónima. Habló el presidente Guido Jaramillo.Millonarios: las razones de su bajo rendimiento en la Copa Libertadores, según Mario Vanemerak.Calendario de la fecha 19 de la liga colombiana para definir los clasificados a cuadrangualres.
El pasado 17 de abril la representante Olga Lucía, del Partido Alianza Verde, presentó ante la Plenaria del Congreso de la República un proyecto de ley donde busca que reevalúen los requisitos que deben cumplir los funcionarios del Gobierno para el caso de ministros, senadores y representantes a la Cámara, garantizando así "una gestión eficaz y ética en las instituciones públicas".Según la funcionaria, el proyecto de acto legislativo "Por medio del cual se modifican los artículos 207, 172 y 177 de la Constitución Política de Colombia" mejorará la idoneidad técnica, formación académica, solvencia ética y competencias blandas de las personas que ocupen cargos públicos."Además, se establecen requisitos específicos para aspirar a ser elegido como senador de la república y representante a la cámara, incluyendo la edad mínima y la solvencia ética y académica requerida", explicaron.Se establecen criterios claros para demostrar la idoneidad técnica, incluyendo experiencia y conocimientos relevantes en el área específica del cargo. Además, se exige la posesión de un título universitario y de posgrado relacionado con el campo de trabajo, asegurando una sólida formación académica.Más allá de la formación y experiencia técnica, se pone énfasis en la solvencia ética de los candidatos. Se espera que mantengan altos estándares de integridad, honestidad y apego a las normativas éticas establecidas en su desempeño laboral y profesional. Adicionalmente, se valoran competencias blandas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de problemas, la creatividad y la adaptabilidad, esenciales para un liderazgo efectivo en la gestión pública.