Una nueva polémica desató el presidente Gustavo Petro durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y Pedro Julio Mahecha, en la tarde de este viernes en la Casa de Nariño.En medio del discurso, el primer mandatario calificó al partido Conservador de ser culpables de un genocidio en una extraña comparación entre la guerra en Gaza y la violencia política que vivió el país durante buena parte del siglo XX.“Ahora podemos medir en Gazas los genocidios, porque lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables, partido Conservador y sus presidentes. Podría decir Partido Liberal y no, porque los liberales lo único que hicieron fue defender sus vidas. De tal manera y de manera tan ignorante, algunos, que terminaron pareciéndose al genocidio”.La respuesta por parte del histórico partido fue a través de su cuenta de X en el que le acusan al presidente de que califique la historia del país por sus prejuicios, sesgos, oficios y frustraciones.“Le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo, como si nunca hubiera pertenecido a un grupo criminal que él romantiza, un grupo que mató, secuestró, extorsionó y dejó una herida imborrable al asesinar a miembros de las Altas Cortes”, se lee en la publicación del partido Conservador.Por su parte, para el expresidente del Congreso y senador conservador Efraín Cepeda, quien ha cometido crímenes es el hoy jefe de Estado.“El genocida es usted, usted se le olvidó cómo eliminaron, cómo asesinaron los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia. A usted se le olvidó cuando portaba armas con el M-19, que secuestraba, que extorsionaba, que realmente le produjo mucho dolor al país y usted se escuda ahora en una amnistía cuando no hubo reparación de víctimas (...) El partido Conservador ha sido un partido grande, que ha escrito la historia de Colombia de 175 años, mientras usted, hoy presidente Petro, engrosaba las filas de la guerrilla, extorsionaba, reclutaba menores (...) No vaya a distorsionar una historia que ha sido historia de gloria solo porque impedimos a usted los excesos”, dijo Cepeda.Desde el conservatismo concluyeron que estos ataques contra su colectividad reflejan el temor del presidente Petro de que le ganen con fuerza en las elecciones del próximo año.
En medio de su viaje por Europa, el presidente Gustavo Petro se refirió al acuerdo entre Israel y Hamás sobre la guerra en Gaza. Aseguró que se debió a la presión del mundo y las manifestaciones, lo que llevó a las partes a un acuerdo. Petro insistió que la presión internacional, incluyendo su propio discurso anti-Trump, fue crucial para lograr un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes entre Israel y Hamás en el Medio Oriente, un acuerdo que él califica de tregua o cese del genocidio. El presidente también insiste en que la solución a largo plazo es el reconocimiento de dos estados, el israelí y el palestino. Además, Petro mezcla la diplomacia de Oriente Medio al solicitar que Qatar, mediador en el conflicto de Gaza, extienda su mediación a negociaciones internas en Colombia con grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo. Finalmente, Petro pide que Estados Unidos cese su despliegue militar en el Mar Caribe para acorralar a los narcotraficantes, argumentando que esta región es "tierra santa para la paz".¿Presión mundial como detonante del acuerdo?El presidente Petro fue enfático al calificar la situación en la región no como una guerra, sino como un genocidio, sosteniendo que solo la movilización global podía detenerlo. Atribuyó el éxito de la tregua a la soberbia del expresidente Donald Trump, quien finalmente tuvo que ceder ante el peso de la opinión global.Esta es la declaración completa del presidente Gustavo Petro desde Bruselas:"Ahí no hay guerra, hay un genocidio y lo que hay que detener es el genocidio. Y sabíamos muchos pueblos del mundo, entre esos Colombia que fue de los primeros en que solo la presión de la humanidad podría detener ese geno cívico. Que solo las grandes movilizaciones que acabamos de ver en Europa las presiones diplomáticas de América Latina, que nunca votó por en contra de un cese al fuego, las presiones de África que nunca votó en contra de un cese al fuego, más las posiciones asiáticas harían que los países, la mitad de los países de lo tal más Estados Unidos iban a quedar aislados apoyando a Israel". Y agregó: "Creo que Trump ha aprendido, digamos, a pesar de su soberbia y los golpes que ha dado, ha aprendido que es la presión mundial la que lo lleva a decirles no a Israel y a imponer junto a otros mediadores que son Qatar, Egipto, la necesidad de una tregua". "La tregua ojalá siga por el intercambio de rehenes. Miles del lado de Israel, palestinos, decenas del lado de Palestina en manos de jamás. Y siga Asia. Y ese es el un objetivo en la humanidad hacia lograr que dos estados se respeten en la misma región, el Estado de Israel y el Estado Palestino, que es el objetivo y el trato que se hizo hace décadas entre figuras muy insignes del pueblo israelí y de el pueblo palestino".El mandatario insistió en que la arrogancia del señor Trump se impuso, logrando, a su juicio, "arrodillar seguramente también al gobierno israelí que al principio no quería" y terminar montado en el acuerdo de paz.El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que el encuentro entre Europa, Latinoamérica y el Caribe hace 500 años, cuando el Viejo Continente colonizó esos territorios, fue "un genocidio", y también afirmó que Estados Unidos está llevando a cabo "una agresión militar en el Caribe" y "una guerra represiva interna en las ciudades norteamericanas" contra los latinoamericanos."Nuestro encuentro entre Europa, América Latina y el Caribe fue violentísimo, fue también un genocidio", declaró en un discurso pronunciado durante el foro 'Global Gateway' que se celebra hoy en Bruselas.'Global Gateway' es la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el sudeste asiático y África.Petro, que preside temporalmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se refirió a la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea que se celebrará en la ciudad de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.Afirmó que Santa Marta fue "la primera ciudad que europeos hicieron hace 500 años en América, solo que el intento de hacerlo duró un siglo completo de guerra con los indígenas del lugar".Agregó que los castellanos y portugueses que llegaron a América "no exportaron democracia, sino esclavitud y servidumbre"."Este es el momento de rehacer las cosas, de darnos la mano, de construir una paz, de derrotar los arcontes que están ahora en otras partes asesinando niños, y de mirar una humanidad que salve del colapso climático a través de fuertes inversiones, que son rentables", explicó.También dijo que el pueblo de Estados Unidos tiene que decidir "si quiere el aislamiento máximo o unirse a la humanidad"."Hoy por hoy la realidad es que se quieren aislar y está produciendo una agresión militar en el Caribe, y he pedido a todos los cancilleres caribeños que nos reunamos, porque lo que suenan ya son los misiles y una guerra represiva interna en las ciudades norteamericanas contra una etnia, varias etnias, que son las latinoamericanas", comentó.Agregó que mientras "Estados Unidos no quiera juntarse con el mundo" el resto de los continentes pueden unirse mediante un proyecto de fibra óptica que ya conecta a Brasil y Colombia a través de la selva amazónica.También le puede interesar:
La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ana Caterina Heyck, dio un paso controversial al presentar una denuncia de extinción de dominio ante la fiscal general. Esta acción, realizada en su calidad de ciudadana y no como funcionaria de la JEP, busca la extinción de bienes, ingresos y ganancias de empresas radicadas en Colombia.Específicamente, Drummond y Glencore, por su presunta relación con el genocidio en Gaza. La magistrada subrayó que actúa en cumplimiento de un deber legal y constitucional. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó que el objetivo principal de esta denuncia es que los bienes de las empresas señaladas sean objeto de extinción de dominio.Detalló que es "una acción patrimonial independiente de la penal", que busca despojar de la propiedad a quienes se han lucrado "impunemente" con actividades ilícitas. La base de la denuncia es el informe de la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese, titulado "De la economía de genocidio a la economía de ocupación".Dicho informe identifica a diversas empresas en diferentes sectores (armas, informática, infraestructura) y señala directamente a Drummond y Glencore, establecidas en Colombia. Según la relatora, y retomado por Heyck, las exportaciones de carbón de estas empresas han "incidido o afectado" y "han permitido" que el genocidio continúe, haciendo que sea "lucrativo para muchas empresas".Y es que el carbón colombiano representa el 60 % de las importaciones energéticas de Israel, un insumo clave que, según la relatora, ha incentivado la continuidad de estas acciones.Sustento jurídico y deber ciudadanoLa denuncia de la magistrada Heyck tiene un sustento jurídico. Se apoya en la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), que "establece la obligación de denunciar bienes relacionados con conductas ilícitas", según indicó. Aunque la exportación de carbón no es ilegal en sí misma, Heyck argumentó que sí fomenta o permite la realización de actividades ilícitas como el genocidio, entonces se torna ilegal. Comparó esta lógica con el narcotráfico, donde "nadie cuestiona la extinción de propiedades relacionadas con actividades ilícitas", aplicando el mismo principio a crímenes de carácter internacional.“Vender maquinaria o vender insumos que, a su turno, son utilizados en una actividad ilegal lo torna en ilícita”, precisó.La Corte Constitucional ha respaldado que la extinción de dominio es viable, incluso, para bienes inicialmente lícitos si tienen relación con actividades ilegales.Además, la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Colombia, es un pilar fundamental, según añadió la magistrada. Esta convención es obligatoria para los estados signatarios, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha establecido que un genocidio está ocurriendo allí, "obligando a los estados a romper relaciones comerciales que lo fomenten".Ana Caterina Heyck enfatizó que, aunque actúa como ciudadana, su formación y su rol como magistrada de la JEP, cuya referencia jurídica es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, le otorgan un deber superior de denuncia.Para ella, no puede ser indiferente ante un genocidio que ocurre "ante los ojos de la humanidad entera" en tiempo presente, a diferencia de eventos históricos como el Holocausto, que no contaban con la misma visibilidad global."Llevo mucho tiempo sintiendo una impotencia y nosotros, los magistrados de la JEP, tenemos de referente jurídico que es el Derecho Internacional Humanitario (...)", puntualizó.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a calificar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "genocida" y sostuvo que es necesario que la comunidad internacional "lo detenga" para evitar más muertes."Creo que los países que le dan sustento al discurso de Netanyahu deben hacer un esfuerzo mayor para que ese genocida se detenga", declaró Lula en Nueva York, en una rueda de prensa tras su participación en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.El presidente brasileño condenó "de la forma más vehemente" la ofensiva de Israel sobre el grupo Hezbolá en el Líbano y lamentó los casi 600 muertos que ha dejado en los últimos días, entre los cuales dijo que hay "94 mujeres y 50 niños", según los datos de que dispone."Todo eso se suma a lo que yo llamó de genocidio en Gaza", agregó Lula, quien lamentó la incapacidad de la comunidad internacional y de la propia ONU para "contener" a Israel."Varias propuestas para un cese del fuego fueron aprobadas", pero Netanyahu "no las cumple", reclamó el presidente brasileño, quien en ese marco volvió a exigir una reforma de los organismos globales, de la propia ONU y, en especial, de su Consejo de Seguridad.Lula también reiteró su condena al terrorismo del grupo Hamás y dijo que Brasil, junto el resto de la comunidad internacional, está "peleando para que libere a los rehenes" israelíes que aún mantiene en su poder.Según Lula, quien se dijo convencido de que "la mayor parte del pueblo de Israel no concuerda con ese genocidio" y la escalada militar, "la humanidad no puede convivir ni aceptar con normalidad lo que está pasando" en Oriente Medio.Lula, quien mantiene una dura posición crítica sobre la respuesta de Israel a los atentados de octubre de 2023, ya había condenado la escalada del conflicto en su discurso ante la Asamblea General de la ONU."Lo que comenzó como una acción terrorista de fanáticos contra civiles israelíes inocentes se ha convertido en el castigo colectivo de todo el pueblo palestino", afirmó Lula este martes ante la Asamblea General.Por sus airadas críticas a la ofensiva israelí sobre Gaza, Lula ha sido declarado "persona non grata" por el Gobierno de Netanyahu, a lo que respondió retirando al embajador de Brasil en Israel y reduciendo a mínimos las relaciones con ese país.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que suspenderá las exportaciones de carbón a Israel. “Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, dijo el mandatario en la publicación.La medida, según el documento, no aplicaría para los negocios efectuados antes del 30 de abril del 2024. Además, tampoco contempla a “las mercancías que, antes de la entrada en vigor de este decreto, estén amparadas con una Solicitud de Autorización de Embarque debidamente presentada y aceptada por la DIAN, o con un Formulario de Movimiento de Mercancías debidamente autorizado por el usuario operador”.Esta decisión entrará en vigor cinco días después de la publicación del Decreto y durará hasta que se cumplan las órdenes de medidas emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.Hasta la fecha, Colombia e Israel tienen un Tratado de Libre Comercio vigente desde el 2020. Además, y siendo un dato no menor, el país exportó el año pasado unos tres millones de toneladas a Israel, lo que representó un 5,4% de las ventas externas totales. Incluso, es el quinto exportador de carbón a nivel mundial.Con todo esto, vale la pena recordar que hace unos días La Asociación Colombiana de Minería (ACM) advirtió que dicha decisión podría ser una violación a los acuerdos internacionales y pondría en riesgo la confianza de los mercados y la inversión extranjera en el país.“Este tipo de medidas debe sopesar las implicaciones económicas y sociales para el país y las regiones. Israel es un destino clave para las exportaciones de carbón térmico de Colombia, representa en impuestos, regalías y contribuciones 650.000 millones de pesos cada año”, afirmó el comunicado emitido por dicha asociación.Cabe agregar que esta decisión se suma al rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel anunciada el 1 de mayo y, según el presidente, por las acciones ofensivas de ese país en contra del pueblo palestino.
El presidente Gustavo Petro ha designado a los embajadores Juan José Quintana Aranguren y Carolina Olarte como representantes del país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ambos diplomáticos tendrán la responsabilidad de respaldar la intervención de Colombia en la demanda presentada por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel.La demanda, interpuesta el 29 de diciembre de 2023, se centra en presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, relacionadas con los acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El Gobierno nacional ha decidido intervenir en este caso, amparándose en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.Con el objetivo de garantizar una representación, el presidente Petro emitió un decreto en el que nombró al embajador Juan José Quintana Aranguren como Agente y a la embajadora Carolina Olarte como Coagente. Ambos funcionarios, con grados 25 y acreditados con códigos 0036, son reconocidos por su experiencia en asuntos diplomáticos.El Artículo 1 del decreto formaliza el nombramiento de Juan José Quintana Aranguren como Agente para representar los intereses de Colombia en la mencionada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por su parte, el Artículo 2 nombra a Carolina Olarte como Coagente para desempeñar la misma función de representación del país en este proceso legal.El decreto también resalta que, al ser ambos embajadores funcionarios públicos de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, este nombramiento no generará erogaciones para el tesoro nacional.Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza ante tribunal de la ONUSudáfrica acusó formalmente a Israel ante la máxima instancia judicial de la ONU de violar la Convención para la Prevención de Genocidios, argumentando que la campaña militar israelí en Gaza, desencadenada por la masacre de Hamás el 7 de octubre, sobrepasa cualquier justificación. El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, expresó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que "ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica que se vulnere la convención". Aseguró que la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre superó este límite, dando lugar a violaciones de la convención.En contraposición, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó las acusaciones, defendiendo la lucha del Estado hebreo contra Hamás como una respuesta al "genocidio". La guerra entre Israel y Hamás se desató tras el mencionado ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí, dejando aproximadamente 1.140 muertos, mayoritariamente civiles, según cifras de la AFP basadas en datos oficiales israelíes. Entre las víctimas, se contabilizan más de 300 militares.Como consecuencia, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y ha continuado bombardeando intensamente Gaza, que permanece bajo un asedio riguroso. El saldo de la ofensiva, según el Ministerio de Salud del movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, asciende a al menos 23.469 personas fallecidas, principalmente mujeres y menores de edad.La acusación de Sudáfrica se fundamenta en la presunta violación de Israel a sus obligaciones según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado establecido en 1948 como respuesta al Holocausto, en el cual los nazis y sus colaboradores exterminaron a seis millones de judíos europeos. El caso presentado ante la CIJ refleja las tensiones y divergencias en la interpretación de los eventos en la región, planteando interrogantes sobre la aplicación y respeto de normativas internacionales en situaciones conflictivas.
Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de incumplir la Convención para la Prevención de Genocidios, afirmando que ni siquiera la masacre de Hamás del 7 de octubre justifica el alcance de la respuesta israelí en la Franja de Gaza.El Gobierno colombiano anunció a través de un comunicado que acompañará y respaldará la demanda pues es “un valiente paso en la dirección correcta”.Para hablar sobre las consecuencias que puede tener la acusación de Sudáfrica a Israel se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Raúl Eduardo Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Penal Internacional y en sistemas internacionales de justicia penal.“Sudáfrica lo que ha hecho es presentar, en primer lugar, una demanda en la cual ha solicitado unas medidas cautelares que significa que no se va a esperar una decisión o una sentencia fina, sino que lo que se dices es: ‘Desde ya tome una serie de medidas que eviten, justamente lo que está pasando’. Entonces, básicamente, el Estado de Sudáfrica puede solicitar dentro de esas medidas cautelares varias cosas, primero, que cesen los actos de guerra; según puede pedir que se permita el paso de medicinas con la finalidad de que se tenga una ayuda humanitaria”, señaló.Según el, experto, por lo que se ha evidenciado en los diferentes reportes de prensa nacional e internacional, los funcionarios del Estado de Israel han cometido tres delitos en contra del pueblo paletino; “en primer lugar el genocidio; en segundo lugar, crímenes de lesa humanidad y tercer lugar, crímenes de guerra”.“El Estado de Israel presentará sus argumentos jurídicos, en primer lugar puede atacar la legitimidad del demandante, Sudáfrica, pero insisto, ya hay ejemplos jurisprudenciales al interior de la corte de justicia que da legitimidad a terceros estados para que presenten sus demandas (...) Sin embargo, serán los jueces los encargados de tomar una decisión como terceros imparciales y objetivos”, expresó.Por otro lado, Sánchez indicó que el Derecho Internacional Humanitario establece quienes son los objetivos militares legítimos, que en este caso de la guerra son los funcionarios, los combatientes y los insurgentes, es decir todos los que tomen parte activa y de forma directa las hostilidades. Al mismo tiempo, señala que la población civil no puede ser un objetivo.Por su parte, el Estado de Colombia indicó a través de un comunicado que apoyará la demanda.“Básicamente lo que se puede hacer es algún tipo de acumulación de demandas o puede presentar sus propias demandas o puede prestar apoyo jurídico, internacional en este caso”, agregó.Vea la entrevista completa:
El papa Francisco reconoció que se cometió un "genocidio" contra los indígenas de Canadá al regresar este sábado a Roma de una agotadora visita de seis días a ese país al término de la cual admitió que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse "a un lado".El pontífice argentino, al que se vio con frecuencia agotado y en silla ruedas por sus problemas de rodilla, hizo un balance de su viaje ante los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso a Roma."No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo Francisco, de 85 años."Honestamente no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa. Se puede cambiar. No es un problema", añadió al hablar de sus problemas de salud. Su predecesor, Benedicto XVI, renunció en 2013, a los 85 años."Creo que debo limitarme un poco, con estos esfuerzos", dijo el papa, que repitió que la puerta está "abierta" a una posible renuncia.El pontífice confesó que consideraba su viaje a Canadá una suerte de "test" para evaluar si mantener su agenda de desplazamientos, que incluyen Kazajistán en septiembre, y si es posible Ucrania así como República Democrática del Congo y Sudán del Sur."Buscaré seguir haciendo viajes y estar cercano a la gente, porque creo que la cercanía es un modo de servir", dijo.Le puede interesar:- Un "genocidio" -Desde su llegada el pasado lunes a Canadá el pontífice argentino pidió disculpas por el "mal" causado a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante décadas en las instituciones católicas.Ante los periodistas, Francisco no dudo en reconocer que el trato a los indígenas en Canadá equivalía a un "genocidio", palabra que no pronunció durante su viaje "penitencial"."No pronuncié la palabra (en Canadá) porque no me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio", aclaró el papa."Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, cambiar la mentalidad, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio", reiteró.Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió forzadamente a unos 150.000 niños indígenas a internados a cargo de la Iglesia católica.Muchos sufrieron allí abusos físicos y sexuales y se cree que miles murieron por desnutrición, enfermedades, maltrato o negligencia.- "Equivocada" e "injusta" -En cada una de las etapas de su viaje, varios sobrevivientes y descendientes de víctimas admitieron que esperaban un gesto de condena más contundente por parte del máximo líder de la iglesia católica.Algunos pidieron la devolución de objetos de arte indígena que se encuentran en el Vaticano y la apertura de los archivos de los internados. También pidieron que Francisco derogue los decretos papales que dieron lugar a la llamada "doctrina del descubrimiento".Esto se refiere a los edictos papales del siglo XV que autorizaron a las potencias europeas a colonizar tierras y pueblos no cristianos. Preguntado al respecto en el avión, Francisco calificó de "equivocada" e "injusta" esta "doctrina de la colonización"."Esta mentalidad de que somos superiores y los indígenas no cuentan es grave. Por ello, debemos trabajar en esta dirección. Debemos volver atrás y limpiar todo lo que se hizo mal, pero debemos ser conscientes de que el mismo colonialismo existe hoy", afirmó.Para algunos, como Kilikvak Kabloona, presidente de la organización Nunavut Tunngavik, que representa a los Inuit de Nunavut, "la disculpa del Papa no fue completa" porque no abordó directamente los "abusos sexuales" sufridos por los indígenas.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los cambios que vendrán para varios políticos después de este 7 de agosto:
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado que pueda ser juzgado en España el paramilitar colombiano Carlos Arturo Romero Cuartas por delitos de torturas y lesa humanidad por el asesinato, en 2001, del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, como pedía uno de sus hijos.En una sentencia, el Alto Tribunal español desestima el recurso de casación presentado por el hijo de la víctima y ratifica que España no tiene jurisdicción para juzgar el caso, según la legislación nacional que regula actualmente la justicia universal."La querella no se dirige ni contra un español ni contra un ciudadano extranjero con residencia habitual en España. Tampoco contra un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas", argumenta el TS.La posibilidad de juzgar en España un delito de genocidio o lesa humanidad cometido en el extranjero fue recortada en 2009 para reducirla a los casos en las que los víctimas o los presuntos autores fueran españoles.En 2014 se restringió aún más y, desde entonces, se exige que el acusado se encuentre en España y que su extradición haya sido denegada.La Sala de lo Penal del Supremo repasa la legislación española y las sucesivas reformas y ratifica su constitucionalidad y su acomodo a los tratados internacionales suscritos por el país, por lo que concluye que no cabe juzgar este caso en España."La insatisfacción del querellante con lo actuado por la Justicia del fuero del lugar, siempre preferente, no puede sustentar la jurisdicción universal absoluta en contra de nuestra normativa interna", aduce también el TS.Acaba así la batalla judicial iniciada en España por Jorge Enrique Freytter, hijo de un profesor, abogado y sindicalista colombiano secuestrado en su vivienda de Barranquilla (Colombia) en agosto de 2001, torturado y asesinado.En 2020, el Estado colombiano pidió perdón por este asesinato, perpetrado por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la complicidad de miembros de la fuerza pública.El hijo, con nacionalidad española, reclamó investigar la estructura y organización que ordenó el crimen y apeló a la Justicia española, algo que pero primero rechazó un juzgado central de instrucción, después la Audiencia Nacional y ahora el TS.Freytter sostenía en este recurso que el asesinato de su padre se enmarcó en una estrategia violenta contra determinados sectores de la población y era, por tanto, un delito de lesa humanidad que la comunidad internacional estaba obligada a investigar y perseguir.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
El presidente Iván Duque dejó en un limbo las relaciones con Rusia al asegurar que no se puede dialogar con un país que está cometiendo actos de genocidio contra Ucrania.“Lo que estamos viendo acá es un genocidio, un crimen de lesa humanidad, un oprobio total. Entonces, ¿cuál relación? Ninguna. ¿Cómo puede el mundo tener un relacionamiento mientras está pasando esto? La comunidad internacional tiene que decir con claridad que no puede haber relaciones hasta que no cese este oprobio”, explicó el presidente Duque en una entrevista con el Diario El Universal de Cartagena.Advirtió, además, que Colombia no es solamente un país que defiende la soberanía y la integridad, sino los derechos y los valores que constituyen parte esencial del orden global.“Si alguien quiere tener relaciones formales o melifluas mientras se cometen semejantes delitos en las narices del mundo, lo que estamos terminando es siendo presos de unas formalidades que poco o nada sirven”, concluyó.Colombia ha defendido la integridad del territorio de Ucrania, incluso desde el 2014 cuando el país apoyó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos. A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.
