"El problema no son solamente es de multinacionales. Nosotros manejamos varios internados que son el recurso para la educación del pueblo wayúu. En uno de esos internados, a 20 minutos de Riohacha, pasa el tubo que transporta el gas hasta Neiva, pero en el internado no hay gas”, denunció al afirmar que esa es una pequeña muestra de lo que pasa en la región. De otro lado, monseñor dijo que es la clase política la principal responsable de que en La Guajira se estén muriendo los niños por desnutrición: “La clase política no ha tenido la generosidad y la claridad de que su primera obligación es velar por el bien integral de la población”. Sin embargo, manifestó que hay otras causas que han acrecentado la crisis, como es el caso del cierre de la frontera por parte de Venezuela. “Ellos son binacionales y tenían la posibilidad de conseguir los alimentos a precios económicos”, indicó. Además, dijo que la sequía es otro factor que está afectando seriamente a la población porque no ha podido cultivar la tierra como tradicionalmente lo hacía.
Para muchos ciudadanos, el pago de las facturas llega a ser un dolor de cabeza, y es que justo con la temporada de calor que golpea al país, el consumo de energía ha incrementado, lo que lleva a que las facturas lleguen mucho más costosas.Ante ello, las empresas de Bogotá tendrán una nueva herramienta para controlar su consumo de electricidad y evitar el recargo de hasta 70 % que contempla el programa transitorio de ahorro de energía que entró en vigencia el primero de septiembre.La iniciativa fue lanzada por Vértebra y permitirá a las compañías monitorear su consumo, conocer el límite que tienen establecido y recibir alertas cuando estén cerca de superarlo. El acceso a la plataforma será gratuito durante los seis meses de aplicación de la medida.El programa está dirigido a empresas que buscan anticiparse a los cambios en sus facturas y tomar medidas antes de que los cobros adicionales sean aplicados.¿Cómo funciona el recargo del 70 % en la energía?La medida establecida mediante la Resolución 101 120 de 2026 busca promover un menor consumo de electricidad y proteger los embalses ante el riesgo de un Fenómeno de El Niño. Su duración inicial será de seis meses y cada hogar, comercio y empresa tendrá una meta individual calculada con base en el consumo de los últimos 12 meses.El esquema contempla dos escenarios:Si una empresa supera en más de 10 % su referencia de consumo, deberá pagar un recargo del 70 % sobre la energía que exceda ese límite.Si logra reducir su consumo en más de 10 %, podrá recibir un saldo a favor al finalizar el programa.Por eso, la propuesta de Vértebra no consiste en reducir directamente el 70 % de toda la factura, sino en ayudar a las compañías a evitar el cobro adicional asociado al consumo que supere el límite.¿Cómo pueden las empresas aplicar al programa gratuito?Las compañías interesadas podrán acceder sin costo a la plataforma de monitoreo durante los seis meses de vigencia del programa, incluso si todavía no son clientes de Vértebra. La convocatoria está dirigida a gerentes generales, financieros, de operaciones y responsables del manejo energético.Para inscribirse, pueden enviar un correo a ahorraresganar@vertebra.tech.La herramienta permitirá revisar el comportamiento del consumo y recibir alertas cuando la empresa se acerque al tope establecido.“Esta es la ventana que tienen las empresas para conocer su meta, medir su consumo y hacer ajustes antes de que los cobros sean efectivos”, señaló Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra.El programa será presentado el 30 de septiembre a las 3:00 p. m. en el Hotel Dann Carlton de Bogotá. Además, el primer ciclo de facturación será pedagógico: no se aplicarán recargos, aunque los ahorros obtenidos sí serán contabilizados.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de una ley de sometimiento o acogimiento para integrantes de grupos armados ilegales, con la expectativa de presentar una primera muestra de su aplicación durante las próximas dos semanas.El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la propuesta se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio del Interior, la Presidencia y entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los procesos que ya se encuentran en revisión están los relacionados con estructuras como los Comandos de la Frontera.Cancino fue enfático en que el mecanismo estará sometido a la ley y no abrirá la puerta a negociaciones políticas. “No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, aseguró.El funcionario señaló que quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones y consecuencias establecidas por el Estado. “Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, afirmó.Dentro de la discusión también está la Ley 418, que contempla, entre otros asuntos, mecanismos de protección para testigos y cuya vigencia vence en noviembre. Según Cancino, el Gobierno analiza cómo prorrogarla.Aunque se contempla un trato diferenciado para quienes abandonen las actividades ilegales, el ministro insistió en que este no podrá convertirse en un mecanismo de impunidad. “Ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación”, sostuvo.La iniciativa deberá avanzar en el Congreso y ser discutida en el marco del Consejo Superior de Política Criminal, mientras el Gobierno prepara los mecanismos jurídicos para concretar los primeros procesos de sometimiento.
Coincidentemente con la polémica por la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de declarar insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la bancada del Centro Democrático presentó un proyecto de ley que busca modificar la forma cómo se nombra a la cabeza de la principal entidad estadística del país.De aprobarse la iniciativa, el director del DANE será seleccionado por una terna presentada por el Banco de la República al presidente, estableciendo un filtro de selección que garantice mayor calidad y capacidad técnica de las personas designadas.Ahora bien, el proyecto no toca la capacidad, de nominación y de declaratoria de subsistencia del presidente, ya que para discutir la autonomía total del DANE, se requiere una reforma constitucional.“El filtro que se hace previo es por parte del Banco de la República, que evalúa unas condiciones mínimas establecidas para acceder a ese cargo, y no queda básicamente a cualquier discrecionalidad, sino que viene precedida de una entidad que tiene el mayor respaldo y rigor en el Estado colombiano, que es el Banco de la República. Se crea ese instrumento mixto y permitirá que al final del día toda la capacidad de información estadística del Estado colombiano sea la mayor calidad y de la mayor certeza”, agregó Cadavid.
La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol aprobó este martes, 15 de septiembre, la elección integral de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la compañía para lo que resta del periodo institucional 2025-2029. El nuevo órgano directivo tendrá seis nuevos miembros, mientras que tres continuarán en sus cargos.La plancha fue presentada a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e incluyó los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos, de los diez accionistas minoritarios con mayor participación y el candidato postulado por los trabajadores de Ecopetrol.Nueva Junta DirectivaLa nueva Junta Directiva quedó conformada por Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee, César Eduardo Loza Arenas, José Camilo Manzur Jattin, Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapatero y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.Tras la elección, Luis Felipe Henao Cardona, quien asumió la presidencia de la Junta Directiva, expuso los principales desafíos que, a su juicio, deberá afrontar la compañía en esta nueva etapa.Retos de EcopetrolUno de los primeros retos señalados por Henao es el fortalecimiento de la transparencia dentro de Ecopetrol. El presidente de la junta planteó la auditoría forense como una herramienta para revisar las actuaciones y contratos de la compañía y fortalecer la confianza de sus accionistas y de los colombianos.Henao sostuvo que este proceso no debe entenderse como un simple ajuste administrativo, sino como un mecanismo para establecer controles y garantizar que las decisiones y contratos de la petrolera puedan ser sometidos a revisión.El segundo desafío está relacionado con el abastecimiento energético. Henao señaló como una prioridad recuperar la autosuficiencia de Colombia en materia de gas, al considerar que el país enfrenta un escenario en el que la producción nacional no alcanza para cubrir completamente las necesidades internas.Para el presidente de la Junta, Ecopetrol debe concentrar parte de sus esfuerzos en aumentar la producción necesaria para atender la demanda de los hogares, la industria y el Estado.Y por otro lado, la exploración de nuevos yacimientos constituye el tercer desafío señalado por Henao. Su planteamiento parte de una relación directa entre la búsqueda de nuevas reservas, la capacidad de producción futura y los ingresos que genera Ecopetrol.Según el presidente de la junta, reducir la exploración implica un riesgo para las reservas disponibles en el mediano y largo plazo. En ese sentido, defendió la necesidad de mantener actividades exploratorias para garantizar recursos que permitan sostener la operación de la compañía y sus aportes al Estado.Con seis nuevos integrantes en su Junta Directiva, Ecopetrol inicia una etapa en la que la dirección de la compañía tendrá que responder simultáneamente a desafíos operativos, energéticos, financieros y de gobierno corporativo y prepararse para la elección de un nuevo presidente.
Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos admitió oficialmente que mantiene armas desplegadas en el espacio exterior. La confirmación, realizada este lunes por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, es un cambio significativo en la postura estratégica de Washington y ha encendido las alarmas en el ámbito geopolítico internacional.Según lo declarado por Meink, este despliegue tiene como objetivo principal la defensa de las fuerzas estadounidenses ante posibles amenazas. El alto funcionario subrayó que Estados Unidos está "preparado para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan", consolidando una política de disuasión que trasciende la atmósfera terrestre.Aunque el gobierno estadounidense ha reconocido la existencia de estas capacidades de control espacial en órbita, no se han ofrecido detalles técnicos, cifras exactas sobre el arsenal ni las fechas precisas en las que estos sistemas fueron desplegados. La revelación ha sido interpretada por analistas y medios internacionales como un mensaje deliberado hacia sus principales competidores, específicamente Rusia y China.Tensión internacionalLa confirmación de Washington ha provocado una rápida y contundente reacción de las autoridades en Beijing y Moscú. Ambos países denunciaron la medida, advirtiendo que esta decisión impulsa una peligrosa carrera armamentística espacial.China instó explícitamente a Estados Unidos a cesar los preparativos para una eventual guerra en el espacio exterior y exigió que Washington actúe para "mantener la estabilidad estratégica". Por su parte, la postura oficial de Rusia, reflejada en reportes de prensa, ha insistido en que la órbita terrestre debe permanecer libre de armas para garantizar la seguridad global. El espacio como nuevo teatro de operacionesEste anuncio público del Pentágono pone fin a años de especulaciones y marca un hito en la militarización del espacio, un dominio que hasta ahora se había mantenido bajo una tensa vigilancia diplomática. Según análisis de expertos, esta revelación oficial podría desencadenar una espiral de proliferación armamentística, incentivando a otras naciones a acelerar sus propios programas de defensa y ataque en órbita.El secretario Meink justificó esta medida ante la creciente sofisticación de los sistemas de defensa y ataque de sus rivales geopolíticos. Para el Pentágono, el despliegue es respuesta a una realidad donde el espacio se ha convertido en un teatro de operaciones crítico para la seguridad nacional estadounidense.El reconocimiento ha generado discusiones sobre la viabilidad de mantener tratados internacionales que prohíban la militarización del espacio exterior, mientras la comunidad global observa con cautela cómo la competencia entre grandes potencias se extiende más allá de los límites terrestres. Por el momento, el Departamento de Defensa estadounidense no ha anunciado medidas adicionales ni ha dado pistas sobre el alcance futuro de este despliegue, limitándose a enfatizar la faceta defensiva de su nueva arquitectura espacial.
