La exfiscal Ana Catalina Noguera ha sido sentenciada a cumplir una pena de 3 años y 8 meses de prisión domiciliaria por haber ordenado, con la colaboración del narcotraficante Ramón Esteban Peña, conocido como "El Médico", la interceptación ilegal del teléfono de la novia de su expareja, Carolina Vélez López. En una reciente audiencia, el abogado de Noguera solicitó la nulidad del proceso; sin embargo, el fiscal Mario Burgos instó al juez a rechazar cualquier intento de invalidar el caso.Este escándalo comenzó en febrero de 2023, cuando Noguera fue detenida en el marco de la investigación denominada 'Perla Negra'. La indagación reveló que abusó de su posición para realizar seguimientos ilegales. La exfiscal admitió haber cometido delitos como fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales.La Fiscalía ha indicado que Noguera se comunicó con Carlos Ramón Zapata, alias “El Médico”, un antiguo líder del Cartel del Norte del Valle, para que tres de sus contactos en la Dijín llevaran a cabo la interceptación.Noguera utilizó los recursos del Estado, incluso manipulando un documento del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), para intervenir el teléfono de una mujer y verificar si mantenía una relación sentimental. “Catalina Noguera Toro es responsable de los delitos de violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales, al haber instruido tanto a Ramón Esteban como a John Fredy Ramos Bautista para realizar la interceptación ilegal y al inducir al error a un funcionario policial, lo que permitió obtener información de manera ilícita”, afirmó la Fiscalía durante audiencia.Además, Noguera está bajo investigación por otros asuntos. En octubre del año pasado, la Fiscalía inició un proceso en el que se alega que formaba parte de una red criminal dedicada a extorsionar a personas con problemas legales, bloqueando su extradición a Estados Unidos.Se le imputa la interceptación ilegal de varias personas con el apoyo de un policía y la celebración de reuniones con narcotraficantes para solicitar grandes sumas de dinero a cambio de favores judiciales. Noguera, quien fue coordinadora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General, habría utilizado su posición y contactos para acceder a información confidencial.
La Procuraduría Judicial 158 de Asuntos Administrativos le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander una sanción de desacato contra el director del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) debido al incumplimiento en el cronograma de pavimentación de la vía Curos-Málaga, un proyecto que ha sido objeto de una acción popular. Según la entidad, Invías no ha avanzado de manera significativa en los trabajos exigidos por una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2019, lo que pone en riesgo los derechos colectivos de los habitantes de la provincia de García Rovira.La Procuraduría argumenta que, aunque el Invías presentó un cronograma de pavimentación, este es insuficiente. De los 123 kilómetros totales de la vía, solo 18 kilómetros serían pavimentados entre 2024 y 2027, mientras que la mayor parte del trabajo (45 kilómetros) se dejaría para los últimos dos años del cronograma, en 2028 y 2029. Esto, según la Procuraduría, genera un alto riesgo de incumplimiento.Además, el Invías “redujo su compromiso para el año 2024, pasando de 6,4 kilómetros inicialmente prometidos a 4,5 kilómetros, justificando la disminución por la falta de recursos” dice la solicitud.Otro punto que preocupa a la Procuraduría es la falta de intervención en los puntos críticos de la vía. En años como 2025 y 2027, no se ha programado ninguna acción para mitigar los riesgos en estos sitios. La Procuraduría ha señalado esta situación en varias ocasiones desde 2019, pero las autoridades aún no han dado una respuesta clara.Danil Velandia, personero de Santa Bárbara y accionante en el caso, también expresó su descontento por la falta de avances. Velandia recordó que en 2019 el Consejo de Estado ordenó la pavimentación total de la vía y la atención de los puntos críticos, pero desde el inicio del contrato, en el año 2021 cuando ya estaban pavimentados 60 kilómetros de los 123 en total, solo se han pavimentado 4 kilómetros y se ha intervenido un punto crítico que va en un 90% de siete que hay en toda la vía."El éxito del proceso ha sido del 0%", señaló Velandia, agregando que la inversión ha superado los $90.000 millones sin resultados significativos. "A este ritmo, terminarán en 2050", añadió.Dijo que en 11 oportunidades, como accionante, ha hecho 11 solicitudes de incidente de desacato, de sanción contra el director de Invías y demás responsables de la pavimentación.“Eso ha ocurrido con el tema de Invías, entonces lo que el ministerio público, Procuraduría, pide es totalmente cierto. El Estado dice que va a pavimentar 15 km a 2026 quedarían faltando 45 km en cuatro años se han pavimentado de a un kilómetro por año y ningún punto crítico que nos deja”, puntualizó Velandia.Finalmente, la Procuraduría sugirió la realización de mesas técnicas con los alcaldes de los municipios afectados, como San Andrés, Guaca y Santa Bárbara, para verificar el avance real de la pavimentación y la solución de los puntos críticos.
Desde horas de la mañana de este miércoles, 9 de octubre, Luz Ángel Parra se unió a otros cuidadores, pacientes y familiares de enfermedades raras y huérfanas a las afueras del Ministerio de Salud, exigiendo al Gobierno una solución al grave desabastecimiento de medicamentos.Parra es madre de Juan Manuel, un niño de 11 años que falleció mientras esperaba la entrega de sus tratamientos esenciales. La manifestación tenía como objetivo que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atendiera sus demandas, pero solo recibieron la respuesta de que “el funcionario no tenía tiempo para ellos”. En su lugar, fue el viceministro de Salud, Jaime Urrego, quien se acercó a dialogar.Entre lágrimas, Luz Parra suplicó al viceministro por respuestas. “No quiero que más niños mueran por esto. Por favor ayúdenos”, fue lo que le dijo al viceministro Jaime Urrego; por su parte, él solo la abrazó y le dio sus condolencias.Más casos por falta de medicamentosOtro de los partícipes es Luis Lara, otra víctima de esta situación, que aseguró que el día del funeral de su hijo recibió la llamada para reclamar el tratamiento que había estado esperando durante siete meses. "Mi hijo falleció por la falta de medicamentos, demoraron 7 meses para poderlo entregar. Estamos luchando por otros niños, pero la situación sigue siendo crítica", afirmó.Por su parte, Carmen Aleida Calixto, madre de Laila Giselle, quien padece mucopolisacaridosis, se sumó a las voces de protesta. Su hija lleva más de un mes sin recibir medicamentos vitales, que son importados y de alto costo. "Mi hija y otros niños están muriendo. Necesitamos soluciones inmediatas, no más mesas de diálogo", reclamó Calixto, visiblemente angustiada por el deterioro de la salud de su hija.Otro testimonio fue el de Leonor Blanco, madre de un paciente con enfermedad huérfana, que agregó que la falta de suministro de medicamentos está causando muertes. "Exigimos claridad sobre dónde está el cuello de botella en la distribución. La EPS dice que es responsabilidad del Ministerio, y el Ministerio culpa a la EPS. Nunca hay respuestas claras", expresó a Blu Radio.El único pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud fue un comunicado en el que lamenta las muertes recientes de dos menores y aseguró que el caso ha sido objeto de seguimiento continuo. Sin embargo, las familias insisten en que requieren respuestas y soluciones inmediatas, antes de que más vidas se pierdan por la falta de tratamientos esenciales.
Menos de 24 horas después de que en Barranquilla y el municipio de Sabanagrande se reportara el asesinato de tres mujeres en medio de ataques a bala, un nuevo caso de violencia involucra a una joven que se debate entre la vida y la muerte, esta vez en medio de un intento de feminicidio.Los hechos ocurrieron en la calle 42 con la carrera 5B del barrio La Magdalena, suroriente de Barranquilla. Según el reporte de la Policía, la víctima, identificada como Yulieth Peña Olmos, de 24 años, estaba discutiendo con su pareja, quien terminó atacándola con un cuchillo en el rostro, en el pecho y en la mano izquierda cuando intentó meterla para defenderse.Gravemente herida fue trasladada al paso Murillo. La vivienda donde ocurrieron los hechos fue rodeada por decenas de ciudadanos que esperaban que saliera el señalado agresor para tomar justicia con sus manos, sin embargo, la presencia de varias patrullas de la Policía lo impidieron.Finalmente, el hombre fue capturado y llevado a la URI de la Fiscalía para que responda por el delito de tentativa de feminicidio.Mujeres asesinadas en Barranquilla.La noche del martes en Barranquilla fueron asesinadas dos mujeres. Una de ellas es Linda Julieth Santander Angulo, de 21 años, quien fue baleada en el barrio Rebolo, suroccidente de la ciudad, a donde al parecer había llegado para entregar unas prendas deportivas a un amigo.La otra víctima es una Yuranis Herrera Jiménez, asesinada a tiros en la urbanización Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla, en medio de un atentado en el que también perdió la vida su pareja sentimental identificado como Osvaldo Sarmiento Maestre, hechos que según la Policía podrían estar relacionados con veta de estupefacientes.Entre tanto, en el municipio de Sabanagrande fue asesinada Ana Lucia Vergara Barros, a quien hombres en moto le dispararon cuando se encontraba en inmediaciones de una cancha de fútbol.El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Policía Atlántico, indicó que está investigando el móvil de este crimen: “El móvil de este hecho aún es materia de investigación. Tenemos personal recopilando toda la información para esclarecer los hechos”, señaló el oficial.
Se trata del artículo 35, que estipula que el trabajo familiar y comunitario, cuando se desarrolle por más de 15 horas a la semana, estará sujeto a las reglas del contrato de trabajo agropecuario. Es decir, la retribución pactada no podrá ser inferior a un salario mínimo y deberá contar con todas las prestaciones y garantías salariales."Es considerado trabajo familiar o comunitario aquel que se desarrolla, con o sin remuneración, con el objetivo de obtener medios para la subsistencia y la reproducción de la vida familiar o comunitaria. (...) En todo caso, se reconocerá la existencia de trabajo de cuidado remunerado cuando concurran los elementos que determinen la existencia de una relación laboral. Son consideradas actividades del trabajo familiar y comunitario, entre otras, las mingas, el trabajo en acueductos comunitarios, el mantenimiento de edificios, redes eléctricas, calles, caminos y el cuidado de cultivos y animales destinados al consumo de las familias o comunidades", dice la reforma.>>> Lea también: Reforma laboral: ¿cuántos días podrían pedir las mujeres por licencia menstrual?Muchos congresistas aseguran que esto se traduce en que, dentro del contexto familiar, si una persona, como una hija, le ayuda al padre o una esposa le ayuda al esposo a atender, por ejemplo, un negocio familiar durante 2 horas al día, este deberá pagar el salario mínimo y todas las prestaciones de ley. Esto ha generado una gran crítica, ya que varios representantes afirman que podría llevar a la quiebra a pequeños negocios."El Gobierno Nacional sigue legislando en contra de miles de familias colombianas. Al aprobar este artículo, plantean que en cualquier negocio de carácter familiar, donde uno de sus miembros trabaje más de 15 horas a la semana, lo que equivale a 2 horas al día, se deberá generar un contrato formal entre el padre y el hijo. Esto nos parece un despropósito; a pesar de nuestras advertencias, el gobierno insistió en esto", dijo el representante Andrés Forero.Hasta el momento, esta reforma laboral avanza por buen camino. Solo faltan 14 artículos para ser aprobada en su segundo debate en la Cámara de Representantes.
