Juan Carlos Ortiz deberá pagar siete años de detención domiciliaria y una multa de 2.000 salarios mínimos tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía al reconocer que se habría apropiado de dineros de inversionistas por lo que el ente acusador le imputó el delito de captación masiva y no habitual de dinero y no reintegro en calidad de cómplice.Para la juez, la aceptación de cargos y la colaboración con la justicia se ha evidenciado por lo cual consideró era un argumento convincente para conceder la prisión domiciliaria agregando que el empresario no es un peligro para la sociedad ya que ha cumplido con el llamado por parte de las autoridades.Al término de la diligencia en el complejo judicial de Paloquemao, Ortiz, quien no quiso hablar con los medios de comunicación, celebró la decisión con su abogado José Ignacio Lombana, quien dijo que el compromiso de su cliente con las víctimas demuestra la disposición y actitud que ha tenido.Lea también: Suspenden principio de oportunidad a Tomás Jaramillo y Juan Carlos OrtizAdemás, Juan Carlos Ortiz deberá pagar 400.000.000 millones de pesos como indemnización a las víctimas que se reconocieron dentro del proceso y que, según el interventor, ya han sido reparadas en su totalidad.Con esta decisión, los dos cerebros del Fondo Premium, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, fueron condenados por un proceso que comenzó hace más de cinco años, tras varias denuncias de inversionistas por el no pago de sus dividendos y haber perdido el dinero que depositaron y confiaron en la comisionista de bolsa.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró que la pena impuesta a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, responsables de la defraudación del caso de Interbolsa, no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas, por lo que pidió aumentar la condena. Así lo señaló a través de un agente especial del Ministerio Público, quien solicitó que se revoque la pena impuesta a los socios gestores de dicha compañía, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, condenados a 71 meses de prisión, y al pago de una multa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Jaramillo y Ortiz fueron condenados por los delitos de estafa agravada y masiva, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional. El Ministerio Público acogió las inconformidades de las víctimas e indicó que la pena impuesta no es consecuente con la gravedad de las conductas realizadas que defraudaron la confianza de más de mil ciudadanos, quienes depositaron sus recursos económicos en esta sociedad para ser invertidos en el mercado de valores. La Procuraduría no compartió, además, que se les haya dado el beneficio de casa por cárcel, pues no se tuvieron en cuenta todas las exigencias que demanda nuestro ordenamiento penal. Víctimas inconformes El abogado de las víctimas del caso InterBolsa, Francisco José Sintura, se mostró en total desacuerdo de la pena de 5 años y nueve meses de cárcel impuesta contra Jaramillo y Ortiz, quienes aceptaron su responsabilidad por el caso InterBolsa. “Tengo que expresar mi desacuerdo enérgico pues no consulta esa decisión a la proporcionalidad ante la gravedad de los delitos que se sancionaban”, expresó. Añadió que una pena de 5 años no es para nada proporcional al hecho que se cometió. “No podemos olvidar que estas personas admitieron haber estafado a 1.028 personas en más de 400 mil millones de pesos”, enfatizó. Sintura dijo que, tal como están las cosas, este mismo año los condenados podrían salir de la cárcel. “Llevan ellos en detención dos años y sumarán rebajas adicionales de un día de descuento por cada dos de trabajo en la cárcel, más descuentos cuando cumplan las dos quintas partes de la pena. Eso va a ocurrir en menos de un año”, dijo. El jurista criticó que la Fiscalía se haya mostrado conforme con esta decisión, “en contravía de lo expuesto por el fiscal general de la Nación”. “Muy probablemente la libertad la recuperen en menos de tres meses, a menos que se produzcan decisiones en los otros casos que están pendientes: lavado de activos y manipulación de especies”, puntualizó. Escuche en este audio más información sobre: -Sigue el drama para los mocoenses que no han podido encontrar a sus familiares desaparecidos tras la avalancha. -En tres semanas estarían listos los lotes para iniciar la reconstrucción de Mocoa, según el ministerio de Vivienda. -Subió a rojo el nivel de medición de contaminación del aire en Medellín en algunas estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá. -El Gobierno buscará que el programa Ser Pilo Paga se convierta en una política de estado a través de un proyecto de ley. -Comenzó en Estados Unidos el esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino. -El lateral Santiago Arias fue titular en el empate del PSV en el fútbol de Holanda. -Miles de mensajes de apoyo a Sebastián Pérez han sido enviados a través de las redes sociales tras confirmarse su lesión. -La Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional abrieron el Concurso Internacional de Ideas para el diseño conceptual arquitectónico de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
