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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró que la pena impuesta a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, responsables de la defraudación del caso de Interbolsa, no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas, por lo que pidió aumentar la condena.
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Así lo señaló a través de un agente especial del Ministerio Público, quien solicitó que se revoque la pena impuesta a los socios gestores de dicha compañía, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, condenados a 71 meses de prisión, y al pago de una multa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes.
Jaramillo y Ortiz fueron condenados por los delitos de estafa agravada y masiva, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional.
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El Ministerio Público acogió las inconformidades de las víctimas e indicó que la pena impuesta no es consecuente con la gravedad de las conductas realizadas que defraudaron la confianza de más de mil ciudadanos, quienes depositaron sus recursos económicos en esta sociedad para ser invertidos en el mercado de valores.
La Procuraduría no compartió, además, que se les haya dado el beneficio de casa por cárcel, pues no se tuvieron en cuenta todas las exigencias que demanda nuestro ordenamiento penal.
Víctimas inconformes
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El abogado de las víctimas del caso InterBolsa, Francisco José Sintura, se mostró en total desacuerdo de la pena de 5 años y nueve meses de cárcel impuesta contra Jaramillo y Ortiz, quienes aceptaron su responsabilidad por el caso InterBolsa.
“Tengo que expresar mi desacuerdo enérgico pues no consulta esa decisión a la proporcionalidad ante la gravedad de los delitos que se sancionaban”, expresó.
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Añadió que una pena de 5 años no es para nada proporcional al hecho que se cometió.
“No podemos olvidar que estas personas admitieron haber estafado a 1.028 personas en más de 400 mil millones de pesos”, enfatizó.
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Sintura dijo que, tal como están las cosas, este mismo año los condenados podrían salir de la cárcel.
“Llevan ellos en detención dos años y sumarán rebajas adicionales de un día de descuento por cada dos de trabajo en la cárcel, más descuentos cuando cumplan las dos quintas partes de la pena. Eso va a ocurrir en menos de un año”, dijo.
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El jurista criticó que la Fiscalía se haya mostrado conforme con esta decisión, “en contravía de lo expuesto por el fiscal general de la Nación”.
“Muy probablemente la libertad la recuperen en menos de tres meses, a menos que se produzcan decisiones en los otros casos que están pendientes: lavado de activos y manipulación de especies”, puntualizó.
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