Actualmente Jaramillo paga una pena de 5 años en su residencia por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones, por lo que fue condenado en el 2017.Le puede interesar: Víctimas culpan a la judicatura por la prescripción de los delitos de caso Interbolsa La juez 39 de conocimiento condenó al empresario Tomás Jaramillo Botero a una pena de 85 meses (7 años y un mes) de detención domiciliaria y una multa de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el delito de captación masiva y habitual de dinero en el descalabro de 350.000 millones del fondo Premium comisionista de Interbolsa.Jaramillo había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, donde se comprometía a pagar 400 millones de pesos, además de una reparación previa a las víctimas.A cambio, la Fiscalía cambiaba su condición de coautor y cómplice, lo que derivó en esta condena.Las víctimas no se opusieron al preacuerdo firmado entre las partes y en la condena no se presentó apelación al fallo.Vea también: En España le dan con toda a Nairo Quintana tras discreto desempeño en el Tour El empresario está vinculado a estos hechos, ocurridos en el año 2012, por lo cual la Fiscalía lleva procesos penales contra él desde mayo de 2015.El socio de Tomás Jaramillo en el descalabro bursátil al Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en los mismos términos, donde pagaría 400 millones en acciones de Azul y Blanco y tendría una pena de 85 meses de prisión, declarándose culpable en calidad de cómplice del delito de captación masiva y habitual de dinero.Este preacuerdo fue presentado ante la juez de conocimiento y el 25 de julio se decide si se avala o no. Ese mismo día se podría conocer la condena final.
El juzgado 45 de garantías de Bogotá concedió la libertad a Tomás Jaramillo porque después de 6 años de actividad judicial el juicio no ha comenzado por los delitos que no aceptó en la imputación de cargos, que son los de captación ilegal y no reintegro.Vea también Juzgado ordena captura de expresidente salvadoreño Mauricio Funes Francisco Sintura, representante de las víctimas de Interbolsa, dijo que nadie apeló en la diligencia porque fue una libertad simbólica, pues actualmente Jaramillo paga prisión domiciliaria por una condena de 12 años por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones.“Como en la audiencia Tomás Jaramillo fue condenado a 12 años de prisión por haber estafado masivamente a inversores del Fondo Premium, la pena la debe seguir cumpliendo en su domicilio, prisión domiciliaria”, dijo.Sin embargo, aseguró que las victimas esperan que el juicio pueda iniciarse pronto para que se esclarezca la responsabilidad de Jaramillo en la captación y así, que se resarzan las víctimas y que los delitos no prescriban.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró que la pena impuesta a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, responsables de la defraudación del caso de Interbolsa, no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas, por lo que pidió aumentar la condena. Así lo señaló a través de un agente especial del Ministerio Público, quien solicitó que se revoque la pena impuesta a los socios gestores de dicha compañía, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, condenados a 71 meses de prisión, y al pago de una multa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Jaramillo y Ortiz fueron condenados por los delitos de estafa agravada y masiva, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional. El Ministerio Público acogió las inconformidades de las víctimas e indicó que la pena impuesta no es consecuente con la gravedad de las conductas realizadas que defraudaron la confianza de más de mil ciudadanos, quienes depositaron sus recursos económicos en esta sociedad para ser invertidos en el mercado de valores. La Procuraduría no compartió, además, que se les haya dado el beneficio de casa por cárcel, pues no se tuvieron en cuenta todas las exigencias que demanda nuestro ordenamiento penal. Víctimas inconformes El abogado de las víctimas del caso InterBolsa, Francisco José Sintura, se mostró en total desacuerdo de la pena de 5 años y nueve meses de cárcel impuesta contra Jaramillo y Ortiz, quienes aceptaron su responsabilidad por el caso InterBolsa. “Tengo que expresar mi desacuerdo enérgico pues no consulta esa decisión a la proporcionalidad ante la gravedad de los delitos que se sancionaban”, expresó. Añadió que una pena de 5 años no es para nada proporcional al hecho que se cometió. “No podemos olvidar que estas personas admitieron haber estafado a 1.028 personas en más de 400 mil millones de pesos”, enfatizó. Sintura dijo que, tal como están las cosas, este mismo año los condenados podrían salir de la cárcel. “Llevan ellos en detención dos años y sumarán rebajas adicionales de un día de descuento por cada dos de trabajo en la cárcel, más descuentos cuando cumplan las dos quintas partes de la pena. Eso va a ocurrir en menos de un año”, dijo. El jurista criticó que la Fiscalía se haya mostrado conforme con esta decisión, “en contravía de lo expuesto por el fiscal general de la Nación”. “Muy probablemente la libertad la recuperen en menos de tres meses, a menos que se produzcan decisiones en los otros casos que están pendientes: lavado de activos y manipulación de especies”, puntualizó. Escuche en este audio más información sobre: -Sigue el drama para los mocoenses que no han podido encontrar a sus familiares desaparecidos tras la avalancha. -En tres semanas estarían listos los lotes para iniciar la reconstrucción de Mocoa, según el ministerio de Vivienda. -Subió a rojo el nivel de medición de contaminación del aire en Medellín en algunas estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá. -El Gobierno buscará que el programa Ser Pilo Paga se convierta en una política de estado a través de un proyecto de ley. -Comenzó en Estados Unidos el esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino. -El lateral Santiago Arias fue titular en el empate del PSV en el fútbol de Holanda. -Miles de mensajes de apoyo a Sebastián Pérez han sido enviados a través de las redes sociales tras confirmarse su lesión. -La Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional abrieron el Concurso Internacional de Ideas para el diseño conceptual arquitectónico de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
El juez 48 del circuito penal de conocimiento estableció está nueva fecha del 31 de marzo a las 10:00 de la mañana para fijar la condena a tres de los máximos responsables del fraude relacionado con el descalabro de Interbolsa. Se trata de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, altos directivos de Fondo Premium, y Ricardo Emilo Martínez, quien se desempeñaba como tesorero de Andean Capital Markets, ambas empresas filiales de Interbolsa. Los tres procesados ya habían aceptado cargos por los delitos de: concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro Nacional y estafa agravada. Por lo que sólo se espera se imponga los años de prisión que deben pagar por estos hechos. Durante la audiencia donde se esperaba la imposición de dicha condena, los procesados reiteraron su pedido de perdón a las víctimas del desfalco y advirtieron que van a reparar en un ciento por ciento a todos los que resultaron afectados, igualmente presentaron su solicitud de tener como lugar de reclusión, sus lugares de residencia. Es de anotar que ni la Fiscalía ni el Ministerio Público pidieron severidad en la pena y sí dejaron a consideración del juez las respectivas rebajas, teniendo en cuenta que los tres implicados aceptaron los delitos desde la imputación de los cargos y el principio de oportunidad concedido a Ricardo Martínez.
Una vez el fiscal Néstor Humberto Martínez dejó sin efecto el principio de oportunidad que el ente investigador había suscrito con Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del desfalco al Fondo Premium, la Fiscalía se alista para presentar la próxima semana el escrito de acusación por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro. "Al negarse el principio de oportunidad pues no van a obtener el beneficio de inmunidad por esa conducta delictiva, es decir que deben ser acusados y con fundamento en la acusación serán objeto de una pena severa, por los delitos de captación masiva y no reintegro", señaló Francisco José Sintura, abogado de las víictimas de Interbolsa. Por medio de una resolución, el jefe del ente acusador determinó que no es legal que los dos empresarios continúen con ese beneficio hasta que esté solucionado el capítulo de reparación a las víctimas. "Resolución 2803 de 12 de agosto de 2016. La información que aportarían Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz es innecesaria porque la Fiscalía ya cuenta con la fortaleza probatoria para acreditar su participación en el entramado que crearon fuera del país para desviar los recursos de los clientes", señala el texto. "Sería desproporcionado conceder ese tipo de beneficios a personas sobre las cuales hay suficientes evidencias", agregó la resolución que dejó sin efecto el principio de oportunidad. Durante el periodo de Eduardo Montealegre la Fiscalía insistió en que fuera avalado el principio de oportunidad firmado con Ortiz y Jaramillo, a cambio de que ellos brindaran información relevante para el proceso. Dicho acuerdo consistía en exonerar a Ortiz y Jaramillo de la responsabilidad por el delito de captación masiva y habitual de dinero. Los empresarios ya habían sido condenados por manipulación fraudulenta de especie, estafa agravada y concierto para delinquir. El monto de la pena no ha sido definido. Escuche en este audio más información sobre: -Movistar está adelantando el protocolo para iniciar la devolución de más de 600 mil millones de pesos a los usuarios a quienes les cobró por el cambio de plan de postpago a prepago. -El Gobierno de EE.UU. anunció que destinará 17 millones de dólares a combatir la adicción a la heroína y los opiáceos, cuyo consumo en el país ha crecido mucho en los últimos años, con iniciativas en las llamadas Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas -A esta hora se disputa la segunda tanda de partidos de ida de la última ronda previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones. En el partido más destacado, el Mónaco, sin Falcao, que se recupera de una lesión, visita al Villarreal, que tiene al colombiano Rafael Santos Borré debutando como titular.
El fiscal, Néstor Humberto Martínez, tumbó el principio de oportunidad otorgado a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, considerados cerebros del escándalo de Interbolsa. “La información que aportarían y Juan Carlos Ortiz es innecesaria porque la Fiscalía cuenta con la fortaleza probatoria para acreditar su participación en el entramado que crearon fuera del país para desviar los recursos de los clientes (…) Sería desproporcionado conceder ese tipo de beneficios a personas sobre las cuales hay suficientes evidencias”, indica la resolución firmada por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Cabe señalar que la Fiscalía había decidido suspender el principio de oportunidad a los empresarios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, hasta que el proceso fuera revisado por el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien reemplazó a Eduardo Montealegre, encargado de otorgar el principio de oportunidad a los empresarios, y el cual ha generado el rechazo de las víctimas del desfalco a Interbolsa y el Fondo Premium. El acuerdo tumbado por Martínez comprometía comprometía a Jaramillo y Ortiz a ser testigos de la Fiscalía contra los demás vinculados al proceso, con el fin de recibir beneficios jurídicos en el proceso por el delito de captación masiva de dinero.
La Fiscalía decidió suspender el principio de oportunidad a los empresarios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, vinculados a la investigación por el descalabro del Fondo Premium. Los argumentos del ente acusador radican en que el proceso debe ser revisado por el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien reemplazará a Eduardo Montealegre y quien fue el encargado de otorgar el principio de oportunidad a los empresarios, y el cual ha generado el rechazo de las víctimas del desfalco a Interbolsa y el Fondo Premium. El acuerdo al que llegarían los involucrados en el desfalco de InterBolsa y el Fondo Premium, los compromete a ser testigos de la Fiscalía contra los demás vinculado al proceso, con el fin de que Jaramillo y Ortiz reciban beneficios jurídicos en el proceso por el delito de captación masiva de dinero. La Fiscal Alexandra Ladino aseguró que la audiencia en la que se avalaría o negaría este acuerdo será aplazada hasta que el nuevo fiscal revise el proceso que se adelanta en por el descalabro financiero al Fondo Premium. "Es una solicitud que se hizo por parte de las víctimas por eso debemos esperar hasta que el doctor Néstor Humberto Martínez revise el principio de oportunidad", señaló la fiscal Alexandra Ladino. Víctimas rechazan preacuerdo El abogado Francisco José Sintura señaló en Blu Radio que sus representados consideran que es un despropósito que la Fiscalía General de la Nación otorgue un principio de oportunidad a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, principales responsables del descalabro del Fondo Premium. Para Sintura, este compromiso firmado por el ente acusador no cumple con el objetivo para el cual fue creado y agregó que se estaría premiando a estas dos personas garantizándoles que la justicia no los va a seguir persiguiendo. “Más que un tema de garantías lo que nosotros hemos considerado es que otorgar un principio de oportunidad a estas personas, dos cabecillas que se dedicaron a estafar a un gran número de colombianos, no entendemos por qué otorgarle la inmunidad por parte de la Fiscalía, no solo es un ofrecimiento ilegal, sino inconveniente e innecesario”, dijo Sintura. Así mismo, este abogado considera que es conveniente que el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, revise este acuerdo para establecer si fue apropiado el uso de esta figura. “Debería ser el fiscal electo Néstor Humberto Martínez quien valore la pertinencia, la legitimidad, la legalidad, de otorgar un principio en las condiciones que la Fiscalía lo está ofreciendo”, agregó. “El fin del principio de oportunidad es desarticular organizaciones criminales como un reconocimiento de la inoperancia del aparato de justicia ofreciendo inmunidad a quien delatara cómo operaba la organización criminal, y aquí ya los cabecillas se han delatado (…) No puede ocurrir que exista impunidad sin que exista reparación total a las víctimas”, agregó el apoderado. Sintura señaló que los agentes liquidadores en ambos casos, Interbolsa y Fondo Premium, solo poseen los bienes que fueron embargados y que hacían parte de los activos de ambas firmas, y aseguró que del patrimonio personal de los implicados, Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, no se ha recuperado ningún bien para reparar a las víctimas. “Que Ortiz, Jaramillo y Maldonado devuelvan con sus propios bienes, eso no ha ocurrido, de sus propios patrimonios nada, solo lo que ha sido parte de embargo pro las autoridades, acciones de algunas compañías, un apartamento a Jaramillo, los bienes que se encontraban en el momento de liquidación como activos de Interbolsa y activos del Fondo Premium, pero voluntariamente no han devuelto nada”, dijo Sintura.
El proceso que realiza la Superintendencia de Sociedades para liquidar los bienes y activos del Fondo Premium se ha visto frenado por parte de uno de sus dueños, Tomás Jaramillo Botero, quién no ha asistido a las audiencias citadas por el agente liquidador para terminar de definir las deudas y los acreedores de la compañía. Aunque Jaramillo Botero se encuentra detenido, debe colaborar en los trámites que se adelantan para liquidar el Fondo Premium, firma con la que captaron millonarios recursos de inversionistas que ahora esperan a que les devuelvan su dinero. Sin embargo, Blu Radio conoció una carta enviada por Jaramillo Botero, uno de los implicados en el descalabro bursátil de Interbolsa, al delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, en la que argumenta que le había sido imposible asistir a la citación que le hizo el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, porque se encuentra privado de la libertad y debieron citarlo con al menos dos semanas de anticipación y no a él precisamente, sino en oficio directamente dirigido al director del INPEC, para que éste diera la orden de remisión al lugar de la citación. Frente esta comunicación, el agente liquidador aseguró que el proceso se realizó cómo lo define la ley y se envió la citación no sólo al Inpec, sino también a su abogado con copia a su abogado defensor en el proceso penal, Jaime Lombana, pero no hubo respuesta, ni tampoco asistió. Ante estas acciones que entorpecen el desarrollo de la liquidación del Fondo Premium, varios representantes de víctimas pideron al Superintendente Delegado y al Agente Liquidador hacer caso omiso a las peticiones de Tomás Jaramillo, pues señalan que su condición de privación de la libertad no le da derecho a saltarse las normas sobre insolvencia y denunciaron que no es más que otra acción dilatoria. Sin embargo, este no es el único palo en la rueda de este proceso, hay 5 millones de dólares en una cuenta bancaria en Curaçao que no han sido entregados al agente liquidador del proceso a pesar de las solicitudes formales echas por las autoridades colombianas al Banco Central de ese país que aún no da el visto bueno para el desembolso de los recursos cercanos a los 15 mil millones de pesos que también servirían para reparar a las víctimas del Fondo Premium.
Los empresarios habrían logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios penales a cambio de aceptar tres delitos y entregar información que ayude al proceso contra Víctor Maldonado. Según conoció Blu Radio, el exfiscal Eduardo Montealgre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers) En este escenario, Jaramillo y Ortiz recibirían importantes beneficios penales por el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, esto a cambio de testimonios y documentos que demuestren la participación de Maldonado en este escándalo financiero. Así mismo, aceptaron cargos por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies, casos en los cuales solo se leería sentencia y evitarían ir a juicio. Sin embargo, contra Jaramillo y Ortiz continua una investigación que los llevaría a juicio por el delito de no reintegro de dineros captados al público. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con la familia de alias ‘Marquitos’. La hija del exparamilitar denunció amenazas en su contra y pidió garantías en el proceso de su padre. -El Gobierno anunció que el proceso de restitución de tierras será priorizado en los departamentos afectados por la presencia de las guerrillas de las Farc y el ELN. -Algunos sectores del partido Conservador pidieron al ELN liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder para continuar con las negociaciones de paz y dar inicio al primer ciclo de conversación. -En diferentes regiones de Antioquia se lanzará el plan piloto del programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía y el Gobierno Nacional. -La Defensoría del Pueblo pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar al gerente del Fondo de Salud para las cárceles por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. -La esperada reglamentación de servicio de taxis de lujo establece condiciones de cobro de tarifas, distintivos de los vehículos y obliga a los conductores a certificarse en universidades o en el Sena. -Los jueces y notarios del país, se comprometieron a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que les ordena celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. -Una persona murió luego de que las fuertes lluvias provocaran la caída de una carpa en la Plaza Alfonso López de Valledupar. -En alerta naranja se encuentran los organismos de socorro del departamento del Meta por el posible desbordamiento de varios ríos. -Los ingresos por microtráfico en Bogotá superan los $15 mil millones de pesos al año. Las drogas más incautadas son marihuana, bazuco y base de Coca. -Más de 1 millón de firmas logró la oposición en la primera etapa de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
Este sábado 27 de junio el corazón de Cali está de celebración por los 107 años del tradicional e icónico barrio Obrero, cuna de la pasión por la salsa en la capital vallecaucana y uno de los principales referentes de la ciudad, y en el marco de esta fiesta se tiene una variada programación.Las actividades inician a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, e incluye presentaciones en vivo de artistas de la salsa, encuentro de melómanos, oferta gastronómica, una vitrina empresarial, además de una 'Ruta de la Maceta' que busca mezclar la tradición de la celebración del día de los Ahijados con el cumpleaños del Obrero. Para este sábado también se tiene programada la iniciativa 'Borondiando Ando' y el broche de oro es la 'FanZone' donde se transmitirá el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial."Vamos a tener programación todo el día desde el mediodía, incluyendo la 'fan zone' con pantallas gigantes para el partido de Colombia y Portugal, donde Colombia Dios mediante vencerá y pasaremos de primeros en el grupo. Entonces, a los caleños que que todavía no han no han estrenado la obra, los invito a que vayan, que gocen este distrito cultural y turístico nuevo de nuestra ciudad, y a que pasemos un día sabroso en el Obrero", indicó el alcalde, Alejandro Eder.La apuesta musical de la celebración será liderada por la orquesta Clandeskina, y estará acompañada de bailadores y bailarines, que interactuarán con el público. La fiesta del Obrero se realizará por todo el Recorrido Patrimonial de la Salsa en la calle 22A con carrera 11B."Tendremos también mano a mano de melómanos de reconocidas salsotecas y también lugares emblemáticos del barrio Obrero que con sus melodías deleitarán al público. También vamos a tener un fortalecimiento de todo el ecosistema salsero con la feria empresarial donde podemos encontrar calzado, LPs, vinilos, instrumentos, souvenirs evocando la cultura salsera y por supuesto nuestra cocina tradicional, popular, caleña y el mecato valluno" dijo Ángela Villalobos, gerente del proyecto de renovación del Barrio Obrero.
