Actualmente Jaramillo paga una pena de 5 años en su residencia por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones, por lo que fue condenado en el 2017.Le puede interesar: Víctimas culpan a la judicatura por la prescripción de los delitos de caso Interbolsa La juez 39 de conocimiento condenó al empresario Tomás Jaramillo Botero a una pena de 85 meses (7 años y un mes) de detención domiciliaria y una multa de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el delito de captación masiva y habitual de dinero en el descalabro de 350.000 millones del fondo Premium comisionista de Interbolsa.Jaramillo había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, donde se comprometía a pagar 400 millones de pesos, además de una reparación previa a las víctimas.A cambio, la Fiscalía cambiaba su condición de coautor y cómplice, lo que derivó en esta condena.Las víctimas no se opusieron al preacuerdo firmado entre las partes y en la condena no se presentó apelación al fallo.Vea también: En España le dan con toda a Nairo Quintana tras discreto desempeño en el Tour El empresario está vinculado a estos hechos, ocurridos en el año 2012, por lo cual la Fiscalía lleva procesos penales contra él desde mayo de 2015.El socio de Tomás Jaramillo en el descalabro bursátil al Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en los mismos términos, donde pagaría 400 millones en acciones de Azul y Blanco y tendría una pena de 85 meses de prisión, declarándose culpable en calidad de cómplice del delito de captación masiva y habitual de dinero.Este preacuerdo fue presentado ante la juez de conocimiento y el 25 de julio se decide si se avala o no. Ese mismo día se podría conocer la condena final.
El juzgado 45 de garantías de Bogotá concedió la libertad a Tomás Jaramillo porque después de 6 años de actividad judicial el juicio no ha comenzado por los delitos que no aceptó en la imputación de cargos, que son los de captación ilegal y no reintegro.Vea también Juzgado ordena captura de expresidente salvadoreño Mauricio Funes Francisco Sintura, representante de las víctimas de Interbolsa, dijo que nadie apeló en la diligencia porque fue una libertad simbólica, pues actualmente Jaramillo paga prisión domiciliaria por una condena de 12 años por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones.“Como en la audiencia Tomás Jaramillo fue condenado a 12 años de prisión por haber estafado masivamente a inversores del Fondo Premium, la pena la debe seguir cumpliendo en su domicilio, prisión domiciliaria”, dijo.Sin embargo, aseguró que las victimas esperan que el juicio pueda iniciarse pronto para que se esclarezca la responsabilidad de Jaramillo en la captación y así, que se resarzan las víctimas y que los delitos no prescriban.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró que la pena impuesta a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, responsables de la defraudación del caso de Interbolsa, no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas, por lo que pidió aumentar la condena. Así lo señaló a través de un agente especial del Ministerio Público, quien solicitó que se revoque la pena impuesta a los socios gestores de dicha compañía, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, condenados a 71 meses de prisión, y al pago de una multa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Jaramillo y Ortiz fueron condenados por los delitos de estafa agravada y masiva, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional. El Ministerio Público acogió las inconformidades de las víctimas e indicó que la pena impuesta no es consecuente con la gravedad de las conductas realizadas que defraudaron la confianza de más de mil ciudadanos, quienes depositaron sus recursos económicos en esta sociedad para ser invertidos en el mercado de valores. La Procuraduría no compartió, además, que se les haya dado el beneficio de casa por cárcel, pues no se tuvieron en cuenta todas las exigencias que demanda nuestro ordenamiento penal. Víctimas inconformes El abogado de las víctimas del caso InterBolsa, Francisco José Sintura, se mostró en total desacuerdo de la pena de 5 años y nueve meses de cárcel impuesta contra Jaramillo y Ortiz, quienes aceptaron su responsabilidad por el caso InterBolsa. “Tengo que expresar mi desacuerdo enérgico pues no consulta esa decisión a la proporcionalidad ante la gravedad de los delitos que se sancionaban”, expresó. Añadió que una pena de 5 años no es para nada proporcional al hecho que se cometió. “No podemos olvidar que estas personas admitieron haber estafado a 1.028 personas en más de 400 mil millones de pesos”, enfatizó. Sintura dijo que, tal como están las cosas, este mismo año los condenados podrían salir de la cárcel. “Llevan ellos en detención dos años y sumarán rebajas adicionales de un día de descuento por cada dos de trabajo en la cárcel, más descuentos cuando cumplan las dos quintas partes de la pena. Eso va a ocurrir en menos de un año”, dijo. El jurista criticó que la Fiscalía se haya mostrado conforme con esta decisión, “en contravía de lo expuesto por el fiscal general de la Nación”. “Muy probablemente la libertad la recuperen en menos de tres meses, a menos que se produzcan decisiones en los otros casos que están pendientes: lavado de activos y manipulación de especies”, puntualizó. Escuche en este audio más información sobre: -Sigue el drama para los mocoenses que no han podido encontrar a sus familiares desaparecidos tras la avalancha. -En tres semanas estarían listos los lotes para iniciar la reconstrucción de Mocoa, según el ministerio de Vivienda. -Subió a rojo el nivel de medición de contaminación del aire en Medellín en algunas estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá. -El Gobierno buscará que el programa Ser Pilo Paga se convierta en una política de estado a través de un proyecto de ley. -Comenzó en Estados Unidos el esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino. -El lateral Santiago Arias fue titular en el empate del PSV en el fútbol de Holanda. -Miles de mensajes de apoyo a Sebastián Pérez han sido enviados a través de las redes sociales tras confirmarse su lesión. -La Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional abrieron el Concurso Internacional de Ideas para el diseño conceptual arquitectónico de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
El juez 48 del circuito penal de conocimiento estableció está nueva fecha del 31 de marzo a las 10:00 de la mañana para fijar la condena a tres de los máximos responsables del fraude relacionado con el descalabro de Interbolsa. Se trata de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, altos directivos de Fondo Premium, y Ricardo Emilo Martínez, quien se desempeñaba como tesorero de Andean Capital Markets, ambas empresas filiales de Interbolsa. Los tres procesados ya habían aceptado cargos por los delitos de: concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro Nacional y estafa agravada. Por lo que sólo se espera se imponga los años de prisión que deben pagar por estos hechos. Durante la audiencia donde se esperaba la imposición de dicha condena, los procesados reiteraron su pedido de perdón a las víctimas del desfalco y advirtieron que van a reparar en un ciento por ciento a todos los que resultaron afectados, igualmente presentaron su solicitud de tener como lugar de reclusión, sus lugares de residencia. Es de anotar que ni la Fiscalía ni el Ministerio Público pidieron severidad en la pena y sí dejaron a consideración del juez las respectivas rebajas, teniendo en cuenta que los tres implicados aceptaron los delitos desde la imputación de los cargos y el principio de oportunidad concedido a Ricardo Martínez.
Una vez el fiscal Néstor Humberto Martínez dejó sin efecto el principio de oportunidad que el ente investigador había suscrito con Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del desfalco al Fondo Premium, la Fiscalía se alista para presentar la próxima semana el escrito de acusación por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro. "Al negarse el principio de oportunidad pues no van a obtener el beneficio de inmunidad por esa conducta delictiva, es decir que deben ser acusados y con fundamento en la acusación serán objeto de una pena severa, por los delitos de captación masiva y no reintegro", señaló Francisco José Sintura, abogado de las víictimas de Interbolsa. Por medio de una resolución, el jefe del ente acusador determinó que no es legal que los dos empresarios continúen con ese beneficio hasta que esté solucionado el capítulo de reparación a las víctimas. "Resolución 2803 de 12 de agosto de 2016. La información que aportarían Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz es innecesaria porque la Fiscalía ya cuenta con la fortaleza probatoria para acreditar su participación en el entramado que crearon fuera del país para desviar los recursos de los clientes", señala el texto. "Sería desproporcionado conceder ese tipo de beneficios a personas sobre las cuales hay suficientes evidencias", agregó la resolución que dejó sin efecto el principio de oportunidad. Durante el periodo de Eduardo Montealegre la Fiscalía insistió en que fuera avalado el principio de oportunidad firmado con Ortiz y Jaramillo, a cambio de que ellos brindaran información relevante para el proceso. Dicho acuerdo consistía en exonerar a Ortiz y Jaramillo de la responsabilidad por el delito de captación masiva y habitual de dinero. Los empresarios ya habían sido condenados por manipulación fraudulenta de especie, estafa agravada y concierto para delinquir. El monto de la pena no ha sido definido. Escuche en este audio más información sobre: -Movistar está adelantando el protocolo para iniciar la devolución de más de 600 mil millones de pesos a los usuarios a quienes les cobró por el cambio de plan de postpago a prepago. -El Gobierno de EE.UU. anunció que destinará 17 millones de dólares a combatir la adicción a la heroína y los opiáceos, cuyo consumo en el país ha crecido mucho en los últimos años, con iniciativas en las llamadas Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas -A esta hora se disputa la segunda tanda de partidos de ida de la última ronda previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones. En el partido más destacado, el Mónaco, sin Falcao, que se recupera de una lesión, visita al Villarreal, que tiene al colombiano Rafael Santos Borré debutando como titular.
El fiscal, Néstor Humberto Martínez, tumbó el principio de oportunidad otorgado a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, considerados cerebros del escándalo de Interbolsa. “La información que aportarían y Juan Carlos Ortiz es innecesaria porque la Fiscalía cuenta con la fortaleza probatoria para acreditar su participación en el entramado que crearon fuera del país para desviar los recursos de los clientes (…) Sería desproporcionado conceder ese tipo de beneficios a personas sobre las cuales hay suficientes evidencias”, indica la resolución firmada por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Cabe señalar que la Fiscalía había decidido suspender el principio de oportunidad a los empresarios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, hasta que el proceso fuera revisado por el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien reemplazó a Eduardo Montealegre, encargado de otorgar el principio de oportunidad a los empresarios, y el cual ha generado el rechazo de las víctimas del desfalco a Interbolsa y el Fondo Premium. El acuerdo tumbado por Martínez comprometía comprometía a Jaramillo y Ortiz a ser testigos de la Fiscalía contra los demás vinculados al proceso, con el fin de recibir beneficios jurídicos en el proceso por el delito de captación masiva de dinero.
La Fiscalía decidió suspender el principio de oportunidad a los empresarios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, vinculados a la investigación por el descalabro del Fondo Premium. Los argumentos del ente acusador radican en que el proceso debe ser revisado por el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien reemplazará a Eduardo Montealegre y quien fue el encargado de otorgar el principio de oportunidad a los empresarios, y el cual ha generado el rechazo de las víctimas del desfalco a Interbolsa y el Fondo Premium. El acuerdo al que llegarían los involucrados en el desfalco de InterBolsa y el Fondo Premium, los compromete a ser testigos de la Fiscalía contra los demás vinculado al proceso, con el fin de que Jaramillo y Ortiz reciban beneficios jurídicos en el proceso por el delito de captación masiva de dinero. La Fiscal Alexandra Ladino aseguró que la audiencia en la que se avalaría o negaría este acuerdo será aplazada hasta que el nuevo fiscal revise el proceso que se adelanta en por el descalabro financiero al Fondo Premium. "Es una solicitud que se hizo por parte de las víctimas por eso debemos esperar hasta que el doctor Néstor Humberto Martínez revise el principio de oportunidad", señaló la fiscal Alexandra Ladino. Víctimas rechazan preacuerdo El abogado Francisco José Sintura señaló en Blu Radio que sus representados consideran que es un despropósito que la Fiscalía General de la Nación otorgue un principio de oportunidad a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, principales responsables del descalabro del Fondo Premium. Para Sintura, este compromiso firmado por el ente acusador no cumple con el objetivo para el cual fue creado y agregó que se estaría premiando a estas dos personas garantizándoles que la justicia no los va a seguir persiguiendo. “Más que un tema de garantías lo que nosotros hemos considerado es que otorgar un principio de oportunidad a estas personas, dos cabecillas que se dedicaron a estafar a un gran número de colombianos, no entendemos por qué otorgarle la inmunidad por parte de la Fiscalía, no solo es un ofrecimiento ilegal, sino inconveniente e innecesario”, dijo Sintura. Así mismo, este abogado considera que es conveniente que el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, revise este acuerdo para establecer si fue apropiado el uso de esta figura. “Debería ser el fiscal electo Néstor Humberto Martínez quien valore la pertinencia, la legitimidad, la legalidad, de otorgar un principio en las condiciones que la Fiscalía lo está ofreciendo”, agregó. “El fin del principio de oportunidad es desarticular organizaciones criminales como un reconocimiento de la inoperancia del aparato de justicia ofreciendo inmunidad a quien delatara cómo operaba la organización criminal, y aquí ya los cabecillas se han delatado (…) No puede ocurrir que exista impunidad sin que exista reparación total a las víctimas”, agregó el apoderado. Sintura señaló que los agentes liquidadores en ambos casos, Interbolsa y Fondo Premium, solo poseen los bienes que fueron embargados y que hacían parte de los activos de ambas firmas, y aseguró que del patrimonio personal de los implicados, Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, no se ha recuperado ningún bien para reparar a las víctimas. “Que Ortiz, Jaramillo y Maldonado devuelvan con sus propios bienes, eso no ha ocurrido, de sus propios patrimonios nada, solo lo que ha sido parte de embargo pro las autoridades, acciones de algunas compañías, un apartamento a Jaramillo, los bienes que se encontraban en el momento de liquidación como activos de Interbolsa y activos del Fondo Premium, pero voluntariamente no han devuelto nada”, dijo Sintura.
El proceso que realiza la Superintendencia de Sociedades para liquidar los bienes y activos del Fondo Premium se ha visto frenado por parte de uno de sus dueños, Tomás Jaramillo Botero, quién no ha asistido a las audiencias citadas por el agente liquidador para terminar de definir las deudas y los acreedores de la compañía. Aunque Jaramillo Botero se encuentra detenido, debe colaborar en los trámites que se adelantan para liquidar el Fondo Premium, firma con la que captaron millonarios recursos de inversionistas que ahora esperan a que les devuelvan su dinero. Sin embargo, Blu Radio conoció una carta enviada por Jaramillo Botero, uno de los implicados en el descalabro bursátil de Interbolsa, al delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, en la que argumenta que le había sido imposible asistir a la citación que le hizo el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, porque se encuentra privado de la libertad y debieron citarlo con al menos dos semanas de anticipación y no a él precisamente, sino en oficio directamente dirigido al director del INPEC, para que éste diera la orden de remisión al lugar de la citación. Frente esta comunicación, el agente liquidador aseguró que el proceso se realizó cómo lo define la ley y se envió la citación no sólo al Inpec, sino también a su abogado con copia a su abogado defensor en el proceso penal, Jaime Lombana, pero no hubo respuesta, ni tampoco asistió. Ante estas acciones que entorpecen el desarrollo de la liquidación del Fondo Premium, varios representantes de víctimas pideron al Superintendente Delegado y al Agente Liquidador hacer caso omiso a las peticiones de Tomás Jaramillo, pues señalan que su condición de privación de la libertad no le da derecho a saltarse las normas sobre insolvencia y denunciaron que no es más que otra acción dilatoria. Sin embargo, este no es el único palo en la rueda de este proceso, hay 5 millones de dólares en una cuenta bancaria en Curaçao que no han sido entregados al agente liquidador del proceso a pesar de las solicitudes formales echas por las autoridades colombianas al Banco Central de ese país que aún no da el visto bueno para el desembolso de los recursos cercanos a los 15 mil millones de pesos que también servirían para reparar a las víctimas del Fondo Premium.
Los empresarios habrían logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios penales a cambio de aceptar tres delitos y entregar información que ayude al proceso contra Víctor Maldonado. Según conoció Blu Radio, el exfiscal Eduardo Montealgre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers) En este escenario, Jaramillo y Ortiz recibirían importantes beneficios penales por el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, esto a cambio de testimonios y documentos que demuestren la participación de Maldonado en este escándalo financiero. Así mismo, aceptaron cargos por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies, casos en los cuales solo se leería sentencia y evitarían ir a juicio. Sin embargo, contra Jaramillo y Ortiz continua una investigación que los llevaría a juicio por el delito de no reintegro de dineros captados al público. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con la familia de alias ‘Marquitos’. La hija del exparamilitar denunció amenazas en su contra y pidió garantías en el proceso de su padre. -El Gobierno anunció que el proceso de restitución de tierras será priorizado en los departamentos afectados por la presencia de las guerrillas de las Farc y el ELN. -Algunos sectores del partido Conservador pidieron al ELN liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder para continuar con las negociaciones de paz y dar inicio al primer ciclo de conversación. -En diferentes regiones de Antioquia se lanzará el plan piloto del programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía y el Gobierno Nacional. -La Defensoría del Pueblo pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar al gerente del Fondo de Salud para las cárceles por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. -La esperada reglamentación de servicio de taxis de lujo establece condiciones de cobro de tarifas, distintivos de los vehículos y obliga a los conductores a certificarse en universidades o en el Sena. -Los jueces y notarios del país, se comprometieron a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que les ordena celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. -Una persona murió luego de que las fuertes lluvias provocaran la caída de una carpa en la Plaza Alfonso López de Valledupar. -En alerta naranja se encuentran los organismos de socorro del departamento del Meta por el posible desbordamiento de varios ríos. -Los ingresos por microtráfico en Bogotá superan los $15 mil millones de pesos al año. Las drogas más incautadas son marihuana, bazuco y base de Coca. -Más de 1 millón de firmas logró la oposición en la primera etapa de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los operadores seleccionados para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Antioquia han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias. El anuncio se conoció en medio de la controversia que generó por la suspensión de servicios en varios hogares infantiles, que ha dejado a cerca de 3.000 niños y niñas sin atención, punto que fue resuelto en las últimas horas.A través de un comunicado, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que existe la posibilidad de continuidad laboral para las madres comunitarias e insistió en que deben conocer directamente las condiciones de contratación y las garantías de sus derechos laborales.Sin embargo, manifestó su preocupación por reportes según los cuales desde organizaciones sindicales se estaría pidiendo a las trabajadoras que no acepten esas vinculaciones. Por eso, invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente esa situación. También aclaró que la selección de los operadores es competencia del Instituto y no puede ser condicionada por las organizaciones de madres comunitarias.La directora del ICBF agregó que la entidad verifica reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones e invitó a denunciar estos hechos.El Instituto anunció que mantendrá diálogos directos con las madres comunitarias y exigirá a los nuevos operadores el cumplimiento de sus obligaciones.Así fueron las afectacionesEn Medellín, uno de los casos que evidenció las dificultades es el del Hogar Infantil Capullos, en el barrio Calasanz, donde 110 niños, entre los 18 meses y los cinco años, quedaron sin atención tras la suspensión del servicio el pasado 31 de octubre, por la falta de renovación del contrato. La situación también dejó sin vinculación laboral a 15 trabajadoras y colaboradoras, como lo dijo la directora del centro, Aidé González."Prestamos un servicio de tiempo completo. La verdad no sabemos, no hay una fecha probable de inicio. Eh, ya se montaron pues como a la carpeta del ICBF. Sería aproximadamente de unos 70 millones de pesos contando pues liquidaciones y todos los pagos pues que se le que se realizan a la institución", manifestó González cuando se presentaron las afectaciones.
A menos de una semana, en las últimas horas se conocieron nuevos avances en las investigaciones por el crimen del patrullero de la Policía Nacional Jamilton Andrés Santa en medio de un cruce de disparos en el barrio Estación Villa en el centro de Medellín.Un juez de control de garantías de la capital antioqueña decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelarios solo contra uno de los dos capturados como posibles responsables del hecho durante diligencias realizadas en Medellín e Itagüí.Alias ‘Costeño’ deberá ir a la cárcel, mientras que alias ‘Ratón’, permanecerá en libertad, aunque vinculado a las etapas posteriores del proceso judicial en el que fueron imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.Según el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, los ahora judicializados lograron ser capturados tras una extensa labor investigativa por cuatro días con análisis de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas y reconocimientos fotográficos."En tan solo cuatro días, nuestros investigadores lograron resultados decisivos. Un trabajo que fue más allá de los procedimientos técnicos y que estuvo marcado por el compromiso y la determinación de hombres y mujeres que asumieron este caso como un asunto de honor institucional", indicpo Fajardo.Quien también reaccionó a la captura de los responsables fue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien recalcó que el caso no quedará en la impunidad.“Quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, expresó en su cuenta de X.Sobre la muerte del integrante de la fuerza pública, hasta ahora se conoce que ocurrió en medio de posibles confrontaciones relacionadas con disputas por el control de plazas de vicio en esa zona de la ciudad. El intercambio de disparos dejó otras dos víctimas mortales identificadas como Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y Lauris Rafael Lugo Ferrozo, de 39.
Una explosión en una planta siderúrgica, que trata el hierro, cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía, dejó este lunes al menos 17 muertos, informó el gobierno.La potente explosión se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en la planta Habas Demir Celik, en Aliaga, a unos 60 kilómetros al norte de Izmir, luego de que una grúa se desplomara sobre un horno industrial.El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió esclarecer las circunstancias del accidente."Se determinarán las circunstancias de este trágico incidente (...), en particular las razones por las que ocurrió, la posible existencia de negligencia y la identidad de los responsables", declaró el presidente en televisión, en medio de la profunda conmoción que provocó el suceso.Inicialmente se informó de 16 fallecidos, pero luego el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, elevó a 17 la cifra, debido a que uno de los heridos críticos falleció."Durante una operación de reemplazo de una caldera (...), el puente grúa cayó y los materiales que se desprendieron terminaron dentro del horno de arco eléctrico, lo que provocó una explosión en la acería situada detrás", explicó el gobernador de Izmir, Suleyman Elban.Las imágenes de la agencia DHA mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo azul, mientras las llamas parecían envolver una estructura de gran altura dentro de la planta.Deniz Ulker, testigo del accidente, describió unas vibraciones similares a las de un terremoto."El suelo se movía bajo nuestros pies y creí que era un terremoto. Cuando miré hacia la fábrica del otro lado de la calle, salía de ella una densa humareda negra. Se había desatado un incendio a la altura de la chimenea", relató a la agencia estatal de noticias Anadolu.Según el alcalde de Izmir, Cemil Tugay, los equipos de rescate trabajaban para "despejar la plataforma que se derrumbó". Todas las víctimas eran trabajadores de la planta.El ministro de Trabajo, Vedat Isıkhan, y el de Energía, Alparslan Bayraktar, se trasladaron al lugar a última hora de la tarde, confirmó el presidente Erdogan."Las causas de la explosión, cualquier negligencia y cualquier falla en la supervisión deben esclarecerse con total transparencia, y ningún responsable debe quedar impune", exigió el partido opositor DEM, tercera fuerza política del país.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
