"El arte sí transforma vidas" y así lo expresan con convicción las internas del Centro de Rehabilitación El Buen Pastor en Barranquilla, quienes a través de actividades artísticas y lúdicas avanzan en su proceso de resocialización.En un emotivo encuentro, las mujeres privadas de la libertad expresaron su perdón por los actos que cometieron en el pasado y se mostraron dispuestas a darle un nuevo rumbo a sus vidas.Algunas se animaron a mostrar sus talentos y, a través de dramatizados, cantos y bailes, protagonizaron la clausura del programa 'Restaurando Corazones' y enviaron un sentido mensaje a sus compañeras, familias y sociedad en general.'Restaurando Corazones' es un programa de justicia restaurativa que lidera la juez sexta de ejecución de penas Carmen Terán, desde la rama judicial del Atlántico y con apoyo de la dirección de la cárcel El Buen Pastor y la Alcaldía de Barranquilla.El programa comenzó hace dos años y a él se han vinculado 60 mujeres privadas de la libertad, a quienes una vez a la semana les realizan actividades terapéuticas con un grupo interdisciplinario de psicólogos y funcionarios de la rama judicial.La jueza Terán aseguró que con esto buscan garantizar que se cumpla el fin de la pena, que es la resocialización.Barranquilla
En el marco de la segunda fase de entrega de bienes acordada entre el Fondo para la Reparación a las Víctimas y la Fiscalía, esta última entidad entregó un total de 83 propiedades relacionadas con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC que en su conjunto ascienden a más de 66.202 millones de pesos.Durante las últimas dos semanas, se han entregado 10 predios ubicados en diferentes regiones del país, incluyendo Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, con un valor estimado de 20.830 millones de pesos.Previo a su entrega, los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional solicitaron medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estas propiedades, las cuales fueron impuestas por magistrados de Justicia y Paz de diversos tribunales superiores.Entre esos vienes están:Finca La Piscina o Santa Ana, en Envigado (Antioquia), que haría parte del patrimonio ilícito de Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, exjefe de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’. Este inmueble, avaluado en 1.605 millones de pesos, estaba en manos de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro. En esta finca fueron asesinados cinco hombres y cuatro mujeres, el 31 de diciembre de 2013, entre ellos alias Morro y una reconocida modelo.• 168 lotes en Ricaurte (Cundinamarca), ubicados en el condominio “Reservas Del Paguey”, que estarían a nombre de terceros que tendrían vínculos con José Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcángel, excabecilla del Bloque Centauros. El valor de estos bienes supera los 10.440 millones de pesos.• Predio denominado el Mirador, localizado en Santa Rosa de Sur (Bolívar), cuyo avalúo supera los 3.552 millones de pesos. Este inmueble perteneció a Edwin Ferney Uribe Téllez, alias El Cabezón, excabecilla del Bloque Central Bolívar.• Hacienda Guamal, ubicada en la vereda El Salado, en San Luis (Tolima). El predio tiene una extensión total de 367 hectáreas y su valor se aproxima a los 2.500 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que esta propiedad habría servido como centro de planeación de las actividades criminales del Bloque Tolima y como punto de acopio de armamento.• Predio Malokas, en zona rural de San Lucía (Tolima). Se trata de un globo de terreno conformado por tres bienes avaluados en más de 2.069 millones de pesos. Este lugar, al parecer, fue utilizado como asentamiento por varias estructuras armadas del Bloque Tolima y se usó para instalar antenas de comunicaciones.En los últimos 40 meses, la Dirección de Justicia Transicional ha entregado al Fondo para la Reparación a las Víctimas un total de 1.079 bienes, cuyo valor conjunto asciende a 854.805 millones de pesos, para su administración.Le puede interesar:
El pasado 31 de enero el juzgado primero laboral de Cartagena resolvió una acción de tutela con la ayuda de la famosa inteligencia artificial conocida como ChatGPT, argumentando que aplicó la Ley 2213 de 2022, la cual dice que en determinados casos se puede utilizar estas herramientas virtuales.En diálogo con Mañanas Blu, el juez Juan Manuel Padilla García habló sobre la sentencia que se emitió con apoyo de la inteligencia artificial ChatGPT en Cartagena.“Los jueces necesitamos estar pendientes a la evolución de la justicia y de las tecnologías. Desde la pandemia, en Colombia, empezamos a implementar las tecnologías en la justicia y esto es una ventana inmensa, hoy puede ser ChatGPT, pero más adelante pueden surgir más herramientas para que los jueces se apoyen. Esta inteligencia artificial nos ayuda a sacar sentencias muy entendibles, con buena redacción y demás”, explicó.Según el juez, el ChatGPT es una herramienta que le ahorra tiempo a los jueces, por eso la misma ley permite utilizarla.“Incluso, ChatGPT puede anticipar la decisión que pueda tomar un juzgado, ya que están soportado al principio de igualdad en el uso de precedentes, es decir que, sirve como parámetro para anteceder en esta decisión. De igual forma, el hecho de utilizar esta y demás herramientas no hacen a un juez perezoso, la decisión sigue siendo autónoma y propia”, aclaró.¿El ChatGPT toma la decisión de un juez?Tras la famosa acción de tutela que se resolvió en Cartagena con inteligencia artificial, Juan Manuel Padilla aclaró que, aunque ChatGPT es una herramienta bastante buena, la sentencia al final es una decisión propia y privada del juez.“Es la primera sentencia a nivel nacional que ha utilizado la inteligencia artificial, por lo que estoy sorprendido, sin embargo, entendiendo la preocupación de muchos, mi decisión es completamente personal, privada y autónoma, pero la inteligencia artificial ayuda a construir una cadena de textos que ayuda a sacar la sentencia y a tomar la decisión”, aseveró.Asimismo, aclaró que hay muchos jueces que en un futuro pueden seguir apoyándose de esta y demás inteligencias para sus sentencias.“Yo conozco un grupo de jueces y amigos que están muy contentos, porque sabemos que este sistema nos puede ayudar a transcribir cosas que hay en internet y traerlo de manera muy lógica y corta a lo que necesitamos”, manifestó.Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?
Desde el martes, 6 de septiembre, iniciaron las conversaciones territoriales para la construcción de la paz con el conversatorio “Justicia y reparación integral para las víctimas, desde las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, en el auditorio Alfonso Quintana de la Universidad Javeriana, en Bogotá.El propósito de estos espacios es poder brindarles las herramientas necesarias a los consejeros y consejeras de paz del país, para que fortalezcan las capacidades a través de las recomendaciones dadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.Para este miércoles, 7 de septiembre, se tendrá el conversatorio “Sustitución voluntaria de cultivos, cambio de la política de Estado frente a la política del narcotráfico”, de 4:00 a 6:00 p.m; para el jueves, 8 de septiembre y en el mismo horario, se hablará del enfoque diferencial y de género, mientras que para el viernes, 9 de septiembre, se centrarán en los diálogos regionales para la construcción de paz y solución pacífica de conflictos a través de la dejación de armas y la participación política.Cada conversatorio contará con la exposición de consejeros territoriales de paz de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Arauca. Además, los consejeros de paz tendrán la oportunidad de exponer su perspectiva territorial sobre las recomendaciones de la comisión de la verdad.Cabe recordar que el programa CONPAZ de la Fundación Instituto para la construcción de la paz-FICONPAZ- y la pontificia Universidad Javeriana, son los encargados de realizar estos conversatorios. Escuche aquí el podcast de Cómo como y mejore su alimentación:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, desató una fuerte polémica tras dar un ejemplo del concepto de justicia restaurativa en el que planteó que un ladrón de celulares podría no ir a la cárcel si devuelve el dispositivo hurtado y se compromete a pagarle el plan por seis meses a la víctima. Los abogados penalistas Francisco Sintura, Iván Cancino y Santiago Trespalacios opinaron sobre el tema en Mañanas Blu. De acuerdo con el abogado Francisco Sintura, está parcialmente de acuerdo con la propuesta. "La justicia restaurativa debe ser un programa de arreglo de conflictos penales entre la víctima y el victimario, eso ya está en nuestra ley, pero de bienes jurídicos de los que pueda ser razonable y proporcional su disposición por las personas", indicó el jurista. Según el abogado Sintura, la respuesta no necesariamente debería ser la cárcel, sino que podría apelarse a otras consideraciones de compensación, pero que en casos de abuso sexual, recursos públicos o la vida misma, no podría plantearse fórmulas desde la justicia restaurativa. En los casos en que sí pueda caber la posibilidad, dijo, debería haber consecuencias si no se cumplen los acuerdos. "Necesariamente se tiene que considerar que la víctima y el victimario obren con un consentimiento libre e informado, pero además que las obligaciones que se impongan sean proporcionadas y razonables, que si se incumplen tiene que haber una serie de consecuencias", complementó. El abogado Iván Cancino, por su parte, dijo estár totalmente de acuerdo con la idea de justicia restaurativa y recordó que no se trata de una idea novedosa, sino que actualmente está vigente, en el concepto de "terminación del proceso por indemnización integral". "El Código Penal actual trae un capítulo completo de justicia restaurativa donde aplica la mediación y también se aplica como una causal del principio de oportunidad. Lo que el ministro propone es hacer una amalgama de todas esas normatividades", sostuvo el abogado Cancino. Según el penalista Santiago Trespalacios, la propuesta del ministro de Justicia es viable y debe extrapolarse para llevarse a mucho a muchos más casos. "Tenemos que eliminar el fetiche que tenemos con la cárcel. La sociedad cree que tener unas personas atiborradas, con vulneración total de su dignidad humana en unos centros desde donde es más fácil incluso seguir delinquiendo, es sentido de justicia. Sin embargo, tenemos una población carcelaria exagerada, de 171.000 presos y tenemos, por ejemplo, por hurto en prisión 17.000 personas", declaró Trespalacios.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
