A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en Sala De Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, habló Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño Odebrecht.“Se esperaba que la justicia colombiana, sobre todo a nivel de la Fiscalía General de la Nación hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación más importante que sobrepasara los linderos de Jorge Elías Melo y de algunas personas involucradas en los hechos de Ocaña-Gamarra, que hubiese enfilado baterías desde hace seis años desde que inició este escándalo y que hubiera procesado, creo yo, a los verdaderos responsables que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora los está vinculando la Fiscalía y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval. Creo que históricamente la Fiscalía está en deuda con los colombianos”, señaló.Robledo habló sobre las alertas que se emitieron en su momento sobre la investigación del caso Odebrecht y si se ignoraron dichas informaciones. Además, habló de los temas de corrupción en la Ruta del Sol II y la terminación de los contratos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero resaltó que no se ha llegado al fondo del asunto.“Parece ser que, en el caso particular de Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y de otros altos directivos del Grupo Aval hubiese como, además, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad judicial frente a ellos porque nadie quiere mirar el tema en detalle y lo desvían a Odebrecht, que, si bien está hasta el tuétano comprometido, pero también el Grupo Sarmiento. A nadie le pueden decir que los señores Sarmiento nunca vieron nada y que esto fue por iniciativa del presidente de una de sus compañías”, indicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl exsuperintendente se refirió a la administración de los Sarmiento y al por qué el acuerdo se hizo en Estados Unidos y si con esta decisión se cierra el caso Odebrecht en Colombia.“No se puede cerrar el capítulo en Colombia, porque una cosa es confesar ante las autoridades de Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre las infracciones que implica violación de las normas de EE. UU. y otra cosa es la responsabilidad de esas mismas acciones en Colombia. Aquí estamos en mora de hacer un inventario de lo que no se ha investigado cómo la responsabilidad de altos funcionarios de Grupo Aval en los sobornos”, enfatizó.Finalmente, Robledo indicó que las autoridades deben enfilar las investigaciones que hacen falta y las responsabilidades a las que deben responder y si sirve de algo que los cerebros de este caso les imputen cargos.“Creo que nunca es tarde, hubiera preferido que fuera más temprano. Ahora lo que preocupas es que ya son 10 años y y existe la prescripción u es como muchas veces terminan los procesos penales. Lo que sí no puede ser es que la Fiscalía General de la Nación haga algo a medias y sea selectiva y entonces es implacable con Odebrecht, como debe ser, pero absolutamente ciega frente a lo del Grupo Aval y sus empresas y directivos; también implacable con los de la ANI, pero ciega con los altos directivos del Grupo Aval, cuando ya declaró toda la responsabilidad de actos ilegales”, puntualizó.Le puede interesar:
Sigue la correría política por la segunda vuelta presidencial y Rodolfo Hernández continúa recibiendo varios apoyos. Los dos más recientes son el de Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, y el de Rodolfo Palomino, general en retiro y exdirector de la Policía.“Hoy en reunión con el ingeniero Rodolfo Hernández le manifesté mi adhesión y apoyo a su candidatura presidencial. Nos une la certidumbre de que la corrupción es el problema más grave que aqueja a Colombia”, escribió Pablo Felipe Robledo en su cuenta de Twitter.Por su parte, el exdirector de la Policía también manifestó su apoyo.“Le estamos diciendo que estamos jugados por Rodolfo Hernández, que hoy incorpora no solamente un sello de transparencia, pulcritud, sino también un signo de esperanza”, dijo Rodolfo Palomino.
Mediante un comunicado, el grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corficolombiana S.A. y Episol S.A.S. se pronunciaron frente a las declaraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por pliego de cargos formulados por la entidad respecto al proyecto Ruta del Sol Sector 2.Al respecto, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, manifestó que, cuando Odebrecht confesó sus prácticas en varios países del mundo, dijo que la superintendencia basó la acusación con base al acuerdo de culpabilidad de la multinacional en Estados Unidos.Lea acá también: No hay pruebas de participación de Aval en sobornos Odebrecht: empresa se defiende“La superintendencia, después de esos 20 meses de investigación, le formula pliego de cargos. Investigando el soborno incluso se da cuenta de otras presuntas prácticas anticompetitivas y finalmente el viernes anterior dimos a conocer la medida”, expresó en Mañanas BLU.En las investigaciones, según Robledo, se pudo establecer que el pago de soborno por la Ruta del Sol 2 salió del consorcio de Odebrecht y Corficolombiana: “Todas las empresas que hacen parte del Grupo Aval están involucradas, salvo la que se llama Grupo Aval, en la que es presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Es decir, la Superintendencia por el tema de soborno a Gabriel García Morales, en ese momento viceministro, le imputa responsabilidades derivadas del soborno a la concesionaria, a Episol y fundamentalmente a Corficolombiana, en donde era presidente José Elías Melo”.Añadió que hay evidencia de que Luis Antonio Bueno Junior se reunió con el viceministro García Morales en un apartamento del norte de Bogotá, donde frecuentemente se reunían con los emisarios de Odebrecht, y ahí se acordó el pago de 6.5 millones de dólares.“Dicen los brasileros que, inmediatamente aprobado el pago, se reunió Luis Antonio Bueno Junior con José Elías Melo, presidente de Corficolombiana. Ahí se habrían acordado dos cosas: la primera, que el soborno sería sufragado por Odebrecht y por Corficolombiana. (…), la segunda, no contarle nada a Carlos Solarte porque su participación, no lo digo yo, lo dicen ellos, del 5% es absolutamente irrelevante. Para ponerlo gráficamente, valía más que Carlos Solarte no supiera del soborno que lo que tendría que poner en la bolsa para pagarlo”, explicó.Escuche aquí la entrevista completa
En un informe entregado a la Superintendencia de Industria y Comercio por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, se recomienda a la entidad que sancione a varias empresas que estarían implicadas en un presunto ‘cartel del cemento’. De acuerdo al informe, de cerca de 400 páginas, desde el año 2013 se habrían alterado los precios del concreto hasta en un 30 % más del valor real por parte de las compañías Cementos Argos, Cemex Colombia y Holcim Colombia S.A. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, analizará este informe y tomará la última decisión de si sanciona o no, con multas que pueden llegar hasta los 70 mil millones de pesos, a estas tres empresas y a los representantes legales de las mismas. En diálogo con Mañanas BLU, Robledo aseguró que, de acuerdo a dicho informe, las compañías habrían incurrido en dos competencias anticompetitivas: fijación de precios y reparto geográfico del mercado del cemento en el país. Le puede interesar: Estas son las empresas investigadas por el presunto ‘cartel del cemento’. Agregó que estas cementeras ya conocen el informe motivado y tendrán un plazo de 20 días para manifestarse y, posteriormente, se convocará a un consejo asesor de competencia para tomar una decisión final. “No conozco muy bien el informe, por eso de hoy a los próximos dos meses nos encargaremos de entender muy bien esta investigación, mirar las pruebas y decidir lo que haya que decidir”, precisó. “Esta es una investigación que empezó en 2013 y ya se han escuchado a las partes, esto no es de ahora”, agregó Robledo. Dijo, además, que la sanción que puede darse a las empresas en mención es de 100 mil salarios mínimos por cada competencia anticompetitiva. Teniendo en cuenta que son dos sanciones, la multa para cada empresa, explicó, sería máximo de 150 mil millones de pesos. Finalmente, precisó que el cartel de precios en el sector privado en Colombia no es delito, aunque se está estudiando su penalización. Por su parte, el representante a la Cámara, David Barguil, sostuvo que en el año 2013 se hizo el debate público y la denuncia ante la superintendencia frente al ‘Cartel del cemento’ porque se trata de “una situación que ha vivido el país en los últimos 20 años”. “La primera investigación se dio en el año 1997 y no terminó en nada porque hay una figura perversa en la ley de competencia que se llama el acuerdo de garantías, que permite que cuando se abre investigación a algún sector por estas prácticas anticompetitivas, los implicados tienen la posibilidad de ir a la superintendencia y asegurar que no va a seguir incurriendo en ello, firmar el acuerdo y se cierra la investigación”, explicó. Asimismo, puntualizó que lo peor es que esto no es propio de las cementeras, sino de varios sectores económicos del país, por lo que le hizo un llamado a Robledo para que no cesen sus esfuerzos en acabar con la fijación de precios y la cartelización del mercado.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, envió una carta al ministro Cárdenas y al ministro Arce para solicitar la eliminación del artículo 347 de la Reforma Tributaria, el cual contempla la obligatoriedad de que sea establecido un precio mínimo al ACPM y la gasolina tres meses después de que entre a regir dicha reforma. Para el funcionario, esta medida es anticonstitucional y perjudica la libre competitividad, porque limita la rivalidad natural que "debe existir entre competidores independientes y por supuesto la limitación o privación de todas las bondades que ello implica".
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, señaló que la entidad está preparando un proyecto de ley que presentará en marzo al Senado de la República, para modificar el régimen de libre competencia económica en Colombia, con el propósito de que las sanciones que impongan sean calculadas sobre los ingresos y las ventas anuales de la compañías que incurran en cartelización. El funcionario explicó que con esto buscarán aumentar la capacidad sancionatoria para infracciones, pues actualmente la normatividad permite multas que no sobrepasen los $70 mil millones de pesos, lo que según él puede ser una suma muy baja para lo que "merecerían" algunas empresas que incurren en irregularidades. "La experiencia en Colombia nos ha mostrado que ese tope máximo es adeucado para sancionar buena partre de los casos que hemos investigado, pero, en toros casos, las sanciones no han podido ser más grandes como algunos de los sancionados lo merecerían", comentó Robledo. Detalló que por ejemplo en Europa un cartel empresarial se sanciona con el 30% del valor de las ventas anuales, por cada año de cartelización. "Eso hacen que en gran parte del mundo estén tranquilos los Gobierno", indicó el superintendente. Las declaraciones las dio en el marco de su participación en el Congreso Nacional de Libre Competencia, el cual es realizado por segundo año consecutivo en Barranquilla.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, explicó en BLU Radio cómo pueden los usuarios reclamar el dinero que debe devolver Movistar tras la sanción interpuesta por el organismo. (Vea acá también: Histórica sanción a Movistar por cobrar a usuarios que se pasaron a prepago). “En los próximos 20 días, Movistar debe confeccionar la lista con las 208 mil personas a las que hemos hecho referencia. (…) Esa lista debe ir firmada por el representante legal y el auditor de Movistar”, dijo. (Lea acá también: Así obligaba Movistar a los clientes a pagar por cambiarse de pospago a prepago). Agregó que esa lista será publicada por en la página web de la empresa y en la de la SuperIndustria y en un diario de amplia circulación. Además manifestó que la persona debe verificar que su nombre aparece en la lista y acercarse a un centro de atención de Movistar para reclamar el dinero. “Pide sus 30.000 pesos que los tienen que dar en efectivo o abonárselo a una cuenta”, expresó. El funcionario enfatizó en que esos 30 mil pesos no pueden pagarse ni con besitos ni con palmadidas en la espalda.
La comisión segunda de la Cámara de Representantes archivó el polémico proyecto de ley que buscaba regular el sector de vigilancia y seguridad privada en el país. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, había advertido sobre “micos” en el articulado que buscaban favorecer a empresas investigadas por presunta cartelización y al conocido ‘zar de la vigilancia’, Jorge Arturo Moreno. “En el texto aprobado en Senado había un artículo, el 85, que tenía una disposición que ponía en alto riesgo las investigaciones que hoy tiene la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta cartelización, y que también las tiene la Fiscalía. Una investigación contra 8 empresas y contra el conocido ‘zar de la seguridad privada’ Jorge Arturo Moreno Ojeda. No sé si ese señor tenía interés o había hecho algo para introducir este artículo, pero lo que puedo decir es que lo favorecía”, explicó. Robledo aseguró que sí se necesita regular el sector de vigilancia con miras a proteger la inversión extranjera y la libre competencia, pero señaló que este proyecto no le servía al país pues buscaba restringirla y quitarle facultades al superintendente de Vigilancia. “El Gobierno Nacional celebra con total contundencia que la Comisión Segunda haya adoptado una decisión sensata que fue la de aprobar el archivo del proyecto de ley”, dijo. Escuche en este audio más información sobre: -El gobierno denunció que Eln estaría utilizando menores de edad en el bloqueo de vías en medio del paro agrario que ya completa más de ocho días. -El Parlamento Europeo (PE) pedirá la liberación de "todos los presos políticos" en Venezuela, en una resolución que votará mañana miércoles y que ya ha sido pactada por los cuatro partidos más importantes. La selección Colombia de fútbol se prepara para jugar su segundo partido de la Copa América Centenario esta noche frente al seleccionado de Paraguay. La gran duda es la aparición de James Rodríguez en el equipo titular. El jugador del Real Madrid entrenó ayer sin problemas con el resto del grupo, pero José Pékerman fue cauto y no lo confirmó en el once inicial.
Según el informe de a través de reuniones periódicas en varias ciudades y a través de correos electrónicos se realizaron los acuerdos de precios por parte de las empresas involucradas. (Lea también: Por cartel de pañales sancionarían a Kimberly, Productos Familia y Tecnoquímicas). A propósito, en entrevista con BLU Al Derecho, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, confirmó que en las próximas semanas tomará una decisión en torno a los presuntos carteles del papel higiénico, los cuadernos y los pañales. “La Superintendencia ha venido adelantando un trabajo muy importante en investigaciones de cartelización en cuadernos, papel higiénico y pañales, en donde en un mes o mes y medio vamos a tener una decisión definitiva”, enfatizó. *Escuche en el audio adjunto la declaración del superintendente Luis Felipe Robledo y el resto del programa completo de BLU Al Derecho.
Robledo lleva tres años y medio en ese cargo, desde octubre del 2012, y ha tenido una destacada labor. “El Gobierno se la ha jugado totalmente, una de las entidades que más ha fortalecido es la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy tenemos tres veces más presupuesto, tres veces más gente, cincuenta veces más capacidad sancionatoria. Hoy tenemos como darle buenos resultados del país”, dijo. El superintendente confesó que su labor lo ha llevado a tener varios enemigos pero también le ha dejado muchos amigos. “Se dice que el superinentendente es el coco de los empresarios, que los persigue, pero el año pasado el diario económico La Republica publicó una encuesta hecha a 530 empresarios, que supuestamente podrían tener una animadversión por el trabajo de la Superintendencia, y califican al superintendente como el mejor funcionario del Gobierno”, expresó. “No lo digo con el ánimo de echarme flores sino de demostrar cómo esos hechos lo que revelan es que la clase empresarial colombiana entiende que esta lucha también es a favor de ellos y que es la correcta”, enfatizó. Escuche la entrevista completa aquí.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.
