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Procuraduría pone lupa a contrato de $310.000 millones en vía Duitama – Charalá – San Gil

La actuación se produce luego de las denuncias, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría a Charalá.

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Vía San Gil - Charalá - Duitama
// Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.

Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.

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La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.

Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.

En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.

Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.

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La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.

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