En un informe entregado a la Superintendencia de Industria y Comercio por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, se recomienda a la entidad que sancione a varias empresas que estarían implicadas en un presunto ‘cartel del cemento’.
De acuerdo al informe, de cerca de 400 páginas, desde el año 2013 se habrían alterado los precios del concreto hasta en un 30 % más del valor real por parte de las compañías Cementos Argos, Cemex Colombia y Holcim Colombia S.A.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, analizará este informe y tomará la última decisión de si sanciona o no, con multas que pueden llegar hasta los 70 mil millones de pesos, a estas tres empresas y a los representantes legales de las mismas.
En diálogo con Mañanas BLU, Robledo aseguró que, de acuerdo a dicho informe, las compañías habrían incurrido en dos competencias anticompetitivas: fijación de precios y reparto geográfico del mercado del cemento en el país.
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Agregó que estas cementeras ya conocen el informe motivado y tendrán un plazo de 20 días para manifestarse y, posteriormente, se convocará a un consejo asesor de competencia para tomar una decisión final.
“No conozco muy bien el informe, por eso de hoy a los próximos dos meses nos encargaremos de entender muy bien esta investigación, mirar las pruebas y decidir lo que haya que decidir”, precisó.
“Esta es una investigación que empezó en 2013 y ya se han escuchado a las partes, esto no es de ahora”, agregó Robledo.
Dijo, además, que la sanción que puede darse a las empresas en mención es de 100 mil salarios mínimos por cada competencia anticompetitiva.
Teniendo en cuenta que son dos sanciones, la multa para cada empresa, explicó, sería máximo de 150 mil millones de pesos.
Finalmente, precisó que el cartel de precios en el sector privado en Colombia no es delito, aunque se está estudiando su penalización.
Por su parte, el representante a la Cámara, David Barguil, sostuvo que en el año 2013 se hizo el debate público y la denuncia ante la superintendencia frente al ‘Cartel del cemento’ porque se trata de “una situación que ha vivido el país en los últimos 20 años”.
“La primera investigación se dio en el año 1997 y no terminó en nada porque hay una figura perversa en la ley de competencia que se llama el acuerdo de garantías, que permite que cuando se abre investigación a algún sector por estas prácticas anticompetitivas, los implicados tienen la posibilidad de ir a la superintendencia y asegurar que no va a seguir incurriendo en ello, firmar el acuerdo y se cierra la investigación”, explicó.
Asimismo, puntualizó que lo peor es que esto no es propio de las cementeras, sino de varios sectores económicos del país, por lo que le hizo un llamado a Robledo para que no cesen sus esfuerzos en acabar con la fijación de precios y la cartelización del mercado.
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